El Intendente Marcelo Orazi recorrió junto al Ministro de Salud de Río Negro Fabian Zgaib el vacunatorio que funciona en la Universidad Nacional de Río Negro.
En el encuentro dialogaron sobre la campaña de vacunación contra el COVID-19 que se lleva adelante en Río Negro y especialmente en la ciudad y resaltaron la necesidad de continuar con la estrategia de que ningún adulto mayor a 70 años quede sin vacunar.
En tal sentido desde el Gobierno de Río Negro se propuso desarrollar una acción concreta de llegar a este sector etario que todavía no se vacunó por no poder inscribirse por diferentes razones de manera de garantizar que reciba la dosis correspondiente.
El ministro Zgaib también destacó el rol del Municipio de colaborar con personal y espacio físico en la inscripción de adultos mayores y de personas de riesgo para recibir la vacuna contra el COVID-19, como además el esfuerzo y compromiso de los trabajadores de Salud del Hospital local.
Participaron del encuentro la Legisladora Silvia Morales, el Director del Hospital local Osvaldo Ruiz Díaz, la Directora del Hospital de General Roca Ana Senesi, Natali Cambruzzi del Departamento de Gestión de Medicamentos y Suministros del Ministerio de Salud y el Coordinador de Salud Ambiental Marcos Seleiman.
En forma previa el Ministro Zgaib había visitado las instalaciones del Hospital local para evaluar los trabajos realizados en sus instalaciones. Hay que destacar que la semana pasada el Intendente Orazi recorrió el nosocomio con el objetivo de verificar los mismos.
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Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El Gobierno formalizó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. El Decreto 695/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, habilita la venta del 44% de las acciones a través de una licitación nacional e internacional.
Un paso más en la entrega de recursos estratégicos
La medida, que había sido anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni, deja al Estado con el 51% del capital accionario —a través de la Secretaría de Energía y la CNEA— y un 5% destinado a trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada.
Nucleoeléctrica fue creada en 1994 mediante el Decreto 1540/94, asumiendo la generación de energía en Atucha I y Embalse, además de la construcción de Atucha II. Su rol siempre fue estratégico: garantizar la soberanía energética y mantener bajo control estatal el manejo de la energía nuclear, un recurso sensible no solo por razones económicas sino también de seguridad nacional.
La lógica privatizadora de Milei
El decreto justifica la medida con los mismos argumentos que en los ’90: la supuesta “ineficiencia estatal” y la necesidad de “incorporar capitales privados”. El texto afirma que la intervención del Estado “no ha dado los resultados esperados”, desconociendo que Nucleoeléctrica alcanzó en 2024 un récord histórico de generación de más de 10.4 millones de MWh netos, con un factor de carga del 73,3%, un indicador de excelencia en términos internacionales.
Pese a esa performance, el Gobierno insiste en que es necesario privatizar parte de la compañía para “diversificar riesgos” y “fortalecer su gestión”, abriendo las puertas a capitales nacionales y extranjeros en un sector clave de la matriz energética.
Riesgos de perder soberanía
El avance privatizador sobre Nucleoeléctrica se suma a la ofensiva de Milei contra Empresas públicas estratégicas en áreas como energía, comunicaciones y transporte. La decisión no es neutra: mientras se transfieren recursos vitales al mercado, se compromete la soberanía tecnológica y la capacidad del Estado de definir su política energética a largo plazo.
La energía nuclear no es un rubro cualquiera. Atucha y Embalse no solo garantizan suministro eléctrico a millones de hogares, sino que forman parte de un entramado científico y tecnológico que costó décadas de inversión pública. Entregar acciones a privados significa exponer información, decisiones operativas y proyectos estratégicos a intereses ajenos al país.
En la década del ’90, bajo el menemismo, ya se había declarado sujeta a privatización la generación nucleoeléctrica. Sin embargo, las resistencias políticas y sociales impidieron que se concretara por completo. Con la llegada de los gobiernos kirchneristas, se retomaron obras paralizadas y se reimpulsó el sector nuclear argentino como ejemplo de política de desarrollo con autonomía.
Hoy, Milei intenta retomar el libreto noventista: abrir al capital privado incluso aquellas áreas que fueron protegidas durante décadas como patrimonio estratégico nacional.
El decreto en detalle
El artículo 1 del Decreto 695/2025 autoriza la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica mediante licitación pública nacional e internacional. El artículo 2 instruye al Ministerio de Economía y a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a organizar el proceso de privatización y el programa de propiedad participada. El artículo 3 faculta a la cartera económica a dictar normas complementarias.
El texto también instruye transferencias internas de acciones entre ENARSA y la Secretaría de Energía, con el objetivo de reordenar la composición societaria antes de la licitación.
El futuro de Atucha y Embalse en manos privadas
El decreto menciona la necesidad de financiamiento externo para proyectos como la Extensión de Vida de Atucha I y el Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados II (ASECG II). Pero en lugar de garantizarlo con fondos estatales —como ocurrió históricamente—, se opta por abrir la puerta a la privatización parcial de la empresa.
En palabras simples: el Gobierno reconoce la capacidad técnica y operativa de Nucleoeléctrica, pero en lugar de fortalecerla, decide vender parte de ella para atraer capitales.
Otra pieza del rompecabezas del ajuste
La privatización parcial de Nucleoeléctrica no es un hecho aislado. Forma parte del plan de desguace del Estado que Milei viene ejecutando desde el inicio de su gestión, bajo la bandera del “equilibrio fiscal”. El resultado: pérdida de soberanía, transferencia de activos públicos a privados y una política energética atada a intereses de mercado.
El futuro de la energía nuclear argentina, que supo ser orgullo regional y motor de desarrollo científico, queda ahora condicionado a la lógica privatizadora de Milei y Caputo.
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