El personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Villa Regina recibió nueva indumentaria que incluye zapatillas Funcional (calzado de seguridad), pantalones tipo cargo y chalecos reflectivos.
De acuerdo a lo explicado por el responsable del área Mario Figueroa, los pantalones y chalecos fueron adquiridos con el fondo que se genera mensualmente en el Centro Emisor de Licencias de Conducir. En este sentido, a partir de un convenio firmado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Municipalidad, por cada certificado de antecedentes de tránsito que se extiende le corresponde el 35% al Municipio. Con este fondo, en anteriores oportunidades, se adquirió equipamiento informático.
Mientras tanto, el calzado de seguridad fue comprado con el fondo municipal.
La aprobación del proyecto que reestablece las reelecciones indefinidas para legisladores entra en tierras pantanosas en la provincia. Tras la aprobación del Senado, el peronismo tiene dificultades para juntar los votos en Diputados.
El peronismo en tiene 37 diputados, pero diez responden a Sergio Massa quien tiene una postura histórica en rechazo a las reelecciones. Otra banca ocupada por Lucía Klug pertenece al armado de Juan Grabois, que tampoco acompaña la iniciativa.
El peronismo tendría unos 26 votos propios y podría sumar a los ocho aliados de Unión, Renovación y Fe. No hay bloques desde donde sumar, salvo algunas voluntades individuales. Una senadora de Margarita Stolbizer ayudó con el quórum en el Senado por lo que se puede inferir que algo similar ocurra con la diputada Natalia Dziakowski.
Lo mismo con la diputada Silvina Vaccarezza que responde a Emilio Monzó. En el Senado, Marcelo Daletto, un diputado muy cercano a Monzó bajó a dar el quórum e hizo además una fuerte defensa de las reelecciones indefinidas.
Con todo, son voluntades individuales que hoy complican la posibilidad de llegar a los 46 votos necesarios para aprobar el proyecto.
Tras la votación en el Senado había optimismo en Diputados. Incluso se barajó este jueves la posibilidad de convocar a una sesión para el miércoles de la semana próxima. Allí el proyecto de reelecciones que llegó del Senado tomaría Estado parlamentario. Sin embargo, las consultas a los bloques arrojaron un resultado pesimista y finalmente no hubo -hasta el momento- un llamado a sesionar.
En la Legislatura entienden que a medida que corran los días las posibilidades de aprobar el proyecto son menores toda vez que se acerca el cierre de listas y arranca la campaña electoral de cara a la elección de septiembre.
Pero además, la votación del Senado dejó secuelas. Quienes colaboraron con el peronismo para votar el proyecto de reelecciones sintieron que pagaron un costo demasiado grande. Entienden que los medios se enfocaron en esas “ayudas” en lugar de apuntar al peronismo. No creen que el peronismo haya sido ajeno a la lluvia de críticas mediáticas sobre los bloques menores.
Eso pesa ahora sobre la votación en Diputados. Los posibles aliados temen ser el blanco de las críticas si ayudan al peronismo. Por lo pronto, en las últimas horas, el bloque Unión, Renovación y Fe -conformado por libertarios que rompieron con Milei tras la PASO de 2023- sufrieron una baja. La diputada Constanza Moragues Santos se abrió de esa bancada y formó su propio bloque que lleva por nombre Desafío Bonaerense.
El martes, el peronismo consiguió el martes en el Senado aprobar las reelecciones indefinidas para legisladores en una votación empatada en la que tuvo que definir Verónica Magario.
Alexis Guerrera.
La votación dispuso 22 votos a favor y 22 en contra. Una abstención y un ausente. La vicegobernadora desempató sin vueltas: “a diferencia de lo que pasó hace unos largos años en Argentina, mi voto es positivo”, dijo en referencia al voto de Julio Cobos en el Senado de la Nación en 2008.
Fue una sesión accidentada que arrancó con tensiones. Magario mantiene cerrado el Palco de Prensa y los periodistas acreditados tuvieron que seguir la sesión desde un televisor, en un salón sin internet.
Por eso, Florencia Arietto en empezó a transmitir en vivo desde su banca. “¿Terminamos de filmar y hacemos nuestra tarea?”, le dijo Magario a Arietto. “¿Va a filmar toda la sesión?”, continuó. Arietto sostenía que seguiría filmando y la vicegobernadora pidió revisar el reglamento. La sesión estuvo interrumpida por unos minutos hasta que Sergio Berni pidió la palabra y dijo que si Arietto quería filmar estaba en todo su derecho.
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Hay cerca de 60 despidos que afectan a la Procuración.
Cerca de 60 funcionarios de la estratégica Procuración del Tesoro de la Nación del gobierno de Milei fueron despedidos. Se trata de los abogados del Estado en litigios tan delicados como el que se ventila en Nueva York por la expropiación de YPF.
Según informa el periodista José Calero desde Noticias Argentinas, todo comenzó cuando desde la Procuración empezaron a darse cuenta de que parte de las estrategias jurídicas que analizaba la República parecían ser anticipadas por los poderosos bufetes de abogados que litigan contra la Argentina.
Por ahora, el Gobierno justificó los despidos en el marco de una «reestructuración que responde a una mayor eficiencia del organismo».
Pero la preocupación en la Casa Rosada es mayúscula, ya que este mega juicio llevó a la controversial jueza de Nueva York Loretta Preska a condenar a la Argentina a pagarle USD 16.100 millones a los fondos buitres, un monto inédito en la historia de los litigios de este tipo.
Ahora, los abogados del Estado argentino intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina, que pretende que la República entregue el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.
Hasta ahora, la Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, no confirmó las versiones que circularon durante la jornada entre funcionarios de la Casa Rosada sobre supuestas filtraciones. Solo informaron los cambios en la estructura del organismo encabezado por Santiago Castro Videla.
Salvavidas
Algo de alivio llegó en las últimas horas cuando el gobierno de Donald Trump decidió intervenir en la disputa judicial y sumarse como “amicus curiae”, un formato que le posibilita a otro país soberano presentarse y dar su opinión sobre la marcha de una causa tan sensible como esta.
En el Ministerio de Economía y otras dependencias oficiales también consideran que hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial argentina.
Se sospecha que esas supuestas filtraciones pudieron haber beneficiado al polémico fondo Burford -especialistas en este tipo de litigos-, que encabeza la demanda contra la Argentina por la polémica estatización de YPF, en 2013.
En el marco del achique, la Procuración pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales, y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela.
Además, se anunciaron nuevas desvinculaciones de personal, que acumulan a más de 60 funcionarios del organismo desde el inicio de la gestión Milei.
Entre los principales cambios se destaca la “reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales”.
Por ahora, Castro Videla seguiría, porque tiene como poderoso padrino a Santiago Caputo, uno de los integrantes del Triángulo de hierro de Milei.
Pero, el nombramiento en su momento de Castro Videla, “llamó la atención, dado que es socio de un constitucionalista que apoyó la postura del fondo Burford contra YPF, en el litigio en el que que está en juego el pago de los 16 mil millones de dólares, el juicio más grande que afronta el Estado argentino”, señalan desde el propio diario Clarín
Ese medio también indicó que el jefe de los abogados del Estado “pertenece al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que colaboró con un bufete de abogados norteamericanos que llevó el juicio en Nueva York ante la jueza Preska”.
En su momento, Burford presentó al constitucionalista Alberto Bianchi -el socio de Castro Videla- y los juristas Alejandro Garro y Alfredo Rovira, para que explicaran el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del Estado.
En estos casos, la figura del testigo no es la un testigo ocular, como en juicios penales, si no en la de un experto que explica los alcances de la legislación argentina, según Clarín.
Este martes el Gobierno logró que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de las acciones de YPF, informó la Procuración.
El tribunal bloqueó temporalmente la orden de la jueza Preska, que había ordenado que Argentina entregue su 51% en YPF a los demandantes en un caso de 16.000 millones de dólares.
La suspensión administrativa emitida por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito permanecerá en vigor hasta que el panel de apelación pueda decidir si concede o no una suspensión definitiva, mientras Argentina apela la orden del 30 de junio dictada por la polémica magistrada.
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