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Una cadena de 70 locales que creció de la noche a la mañana, inversiones millonarias sin respaldo claro, y vínculos directos con Patricia Bullrich. ¿Negocio familiar o una fachada para blanquear dinero?

Por Osvaldo Peralta para EnOrsai

Mientras la ministra de Seguridad Patricia Bullrich predica orden, legalidad y transparencia, su entorno íntimo levanta sospechas cada vez más graves. Con una cadena de cafeterías que brotó como hongos en todo el país, surge la pregunta inevitable: ¿de dónde salió el dinero para montar un emporio valuado en decenas de millones de dólares? El silencio de la justicia y de los medios tradicionales solo refuerza la sospecha.

La denuncia fue realizada en el programa de investigación periodística, «TLN Denuncia», conducido por Tomás Méndez, que se emite por Canal 9.

¿Puede una persona pasar de monotributista a empresario gastronómico multimillonario en apenas unos años, sin antecedentes comerciales, sin trayectoria previa, sin capital declarado y sin siquiera levantar una ceja del sistema judicial o los grandes medios? En la Argentina de Javier Milei, sí. Si además se tiene como madre a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las preguntas no solo se hacen más incómodas: se convierten en un riesgo político.

La historia que rodea a la cadena de bares Tostado Café Club no es nueva, pero la acumulación de hechos, documentos y omisiones construye un relato cada vez más difícil de justificar. El punto de partida es tan insólito como revelador: en 2015, cuando aún no se había formalizado ninguna sociedad, Patricia Bullrich promocionaba entusiasta en sus redes sociales a Tostado, al que calificaba como “el bar más rico de Buenos Aires, Córdoba y Paraná”. No era una reseña desinteresada. Era, sin más, un mensaje publicitario con tono de campaña personal.

La sociedad Tostado Franquicia S.A. se crea oficialmente en 2021. ¿Quién aparece como presidente y titular de la firma? El hijo de la ministra. ¿Quién aparece como director suplente? Magalí Oppenheimer, quien un año más tarde cede sus acciones a Fernando Goijman. Resultado: el hijo de Bullrich queda como socio mayoritario con 3.325 cuotas, contra 175 de su nuevo socio.

En paralelo, se constituye Tostado Branding S.A., otra sociedad con domicilio declarado en Beruti 3822, es decir, la misma dirección de Patricia Bullrich. Los firmantes vuelven a ser los mismos: su hijo como director titular y Goijman como director suplente. Todo queda entre amigos. O entre familia.

Hasta aquí, podría decirse que se trata de una jugada comercial audaz y bien ejecutada. Pero la historia empieza a crujir cuando se mira con lupa la magnitud del emprendimiento. Hoy la cadena cuenta con 70 locales distribuidos en todo el país: shoppings, aeropuertos, zonas premium de CABA, Córdoba, Mendoza y Posadas. Una expansión que, según estimaciones conservadoras, demandó al menos 37 millones de dólares en inversión. ¿De dónde salió semejante flujo de capital?

El hijo de la ministra, que inició su carrera como monotributista en una dependencia estatal durante el macrismo, no registra ningún otro emprendimiento comercial que justifique ese nivel de fondos. A menos que uno acepte sin chistar el cuento oficial de las “franquicias”. Esa figura jurídica puede servir como pantalla para justificar crecimiento acelerado y desproporcionado. Pero incluso el modelo franquiciado requiere una inversión inicial significativa, una marca consolidada y un respaldo financiero que justifique el desembarco masivo en distintos puntos del país.

Más aún: en 2024, apenas unas semanas después de que Bullrich consolidara su alianza con el presidente Javier Milei, los titulares de Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A. renuncian a sus cargos y transfieren las empresas a “familiares directos”. El movimiento fue fechado el 22 de enero. ¿Casualidad o maniobra preventiva ante posibles investigaciones futuras?

Una escena grabada durante la investigación del programa TLN Denuncia en 2023 es especialmente ilustrativa: un productor entra a uno de los locales Tostado en plena construcción y, al preguntar por la ministra, se encuentra cara a cara con su hijo, dirigiendo las obras. ¿Qué empresario millonario supervisa la colocación de mampostería en persona? ¿O es que estamos ante un emprendimiento tan “familiar” que no se puede delegar?

No se trata solo de percepción pública o sospechas mediáticas. Hay una denuncia penal presentada por un abogado televidente del programa. Sin embargo, como suele pasar cuando el poder está involucrado, la causa duerme en un cajón judicial. Está “freezada”, como si el frío procesal sirviera para que las pruebas se desvanezcan. El patrón es conocido: justicia selectiva, que reacciona con celeridad ante ciertas figuras políticas, pero que se paraliza ante otras.

El caso de la familia Kirchner, con las causas Hotesur y Los Sauces, sirve como parámetro. Allí también se investigó lavado de dinero y admisión de dádivas a través de empresas familiares. Pero mientras a Cristina Fernández y a su hijo Máximo los cubrieron con un manto de sospechas judiciales y persecución mediática sistemática durante años, la historia de los Tostado de Bullrich apenas se rozó en algunos medios. Y fue rápidamente silenciada.

¿Será que el poder real, ese que Javier Milei finge no ver mientras lo cultiva, se protege a sí mismo? ¿Será que no hay voluntad de investigar porque hacerlo sería tocar las fibras de una red mucho más grande de blanqueo, retornos y negocios cruzados entre funcionarios, empresarios y lobbistas?

La omisión en las declaraciones juradas de la ministra y de su hijo es otro punto crítico. ¿Cómo se explica que un emprendimiento de tal magnitud, con domicilio declarado en la casa de la funcionaria, ni siquiera figure en los documentos oficiales? La respuesta es simple: no se puede explicar. Es una irregularidad flagrante, que en otro país dispararía una investigación inmediata.

Pero aquí no pasa nada. Los periodistas que se animaron a tocar el tema fueron la excepción. La mayoría de los grandes medios prefirió mirar para otro lado. No vaya a ser cosa que, al investigar demasiado, terminen afectando intereses de quienes hoy manejan la botonera del poder.

Este caso pone al descubierto una trama que excede a la ministra. Es un síntoma de algo mucho más profundo: la connivencia entre política, negocios y estructuras de impunidad. Mientras se ajusta a la sociedad, se achica el Estado y se militariza la protesta, las redes del privilegio siguen operando con absoluta impunidad. Porque Tostado no es solo una cafetería de moda. Es la postal de un país partido en dos: el de los que pagan con lo justo, y el de los que facturan sin rendir cuentas.