En la tarde noche de este miércoles quedaron habilitados los siete aparatos para la realización de actividad física en el Paseo del Arroyo, además de cuatro nuevas luces LED que se agregan a las existentes en ese sector de la ciudad.
Además se puso en marcha el recambio de la luminaria al sistema LED de 18 luces altas en la calle Libertad. Este trabajo contempla a la totalidad del tendido eléctrico ubicado sobre esa arteria (luces altas y globas), donde también se llevan adelante las tareas en el marco de la construcción de pavimento, bicisenda y boulevard.
El Intendente Marcelo Orazi recorrió ayer ambos sectores.
La Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos el cuidado de estos bienes públicos.
El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Regina Guillermo Carricavur participó el miércoles del acto de asunción del arquitecto Pedro Molina como Director del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPLADE). En la oportunidad estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, los concejales integrantes de la Comisión de Planificación…
La cancillería metió ruido a la relación de Javier Milei con Israel. Esta tarde emitió un duro comunicado contra las empresas petroleras Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited por su exploración de petroleo en las Islas Malvinas
Ambas son licenciatarias para el desarrollo del yacimiento «Sea Lion» de la Cuenca Malvinas Norte, ubicada en la costa afuera de las islas y habían sido repudiadas cuando comenzaron con el plan de extracción.
LPO adelantó en abril de 2022 que la asociación de estas dos gigantes petroleras para la explotación de León Marino se compone de una participación del 65% para la israelí Navia y el restante 35 para la inglesa Rockhopper. Las estimaciones del entonces gobierno de Boris Johnson indicaban que León Marino y sus yacimientos satélites, contienen recursos contingentes de aproximadamente 520 mmbbl.
Cabe recordar que mas allá del rechazo del gobierno a la actividad de Navitas, Milei no hizo mención del tema en la reunión que tuvo con Benjamín Netanhayu en septiembre de este año. Por eso, el tono comunicado de Cancillería podría traerle con uno de los aliados más importantes del Presidente en la agenda internacional y considera como «el bastión de occidente». En ese mismo sentido, crecen las críticas de los que ponen en cuestionamiento la incondicionalidad de la alianza con Israel porque no expresa reciprocidad en apoyos básicos como la soberanía de las Malvinas en ningún ámbito.
El texto publicado por el ministerio de Pablo Quirno califica a las empresas de «ilegítimas», destaca la falta de autorización para esa exploración y repudia «la pretendida Decisión Final de Inversión» decididas por estas firmas.
«La Argentina recuerda que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización», remarca el comunicado.
Asimismo, sostiene que «dichos instrumentos reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, e instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones a fin de alcanzar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia».
«El rechazo argentino se hace extensivo a todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto, incluyendo la adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas», agrega.
Milei con Netanhayu en la visita a Israel de septiembre.
Estas medidas, insiste, «constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas».
El rechazo argentino se hace extensivo a todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto, incluyendo la adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas
«Dicho accionar unilateral resulta manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico argentino, en particular a lo dispuesto por las Leyes N° 26.659 y N° 26.915, conforme a las cuales no pueden realizarse actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la totalidad de la plataforma continental argentina sin contar con la debida autorización de la autoridad competente argentina», puntualiza.
En otro tramo, el gobierno recordó que ambas compañías han sido oportunamente sancionadas. Rockhopper Exploration Plc fue declarada clandestina y sus actividades ilegales por medio de la Resolución de la Secretaría de Energía y se dispuso su inhabilitación para operar en el país por un plazo de 20 años .
Las áreas de explotación petrolera en torno a las Malvinas.
Por su parte, Navitas Petroleum Lp fue pasible de idénticas sanciones mediante la por desarrollar operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin la debida autorización de las autoridades competentes.
En ese contexto, el Gobierno reitera que «no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas y hace saber a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, incluyendo empresas, entidades financieras, proveedores de servicios, aseguradoras y demás actores involucrados en estos proyectos, que toda participación directa o indirecta en actividades de exploración o explotación hidrocarburífera no autorizadas en las áreas en disputa constituye un acto ilícito a la luz del derecho internacional y del ordenamiento jurídico argentino, y que tomará todas las acciones pertinentes».
Quienes intervengan o faciliten dichas actividades quedarán expuestos a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales
En consecuencia, advierte que «quienes intervengan o faciliten dichas actividades quedarán expuestos a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales».
Por último, el comunicado sostiene que «Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos».
«Los nuevos anuncios sobre la intención de dar inicio a las actividades de explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa constituyen un nuevo acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles, teniendo en cuenta que se trata de recursos naturales no renovables. Argentina profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos», concluye.
La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina Luisa Ibarra participó de la reunión con la Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género de Río Negro Luz Val Heredia y el Consejo Local de la Mujer. Estuvieron también la Directora de Promoción Social Adriana Torres y la titular del…
Mientras rechaza aranceles para proteger a la industria nacional en nombre de la “libertad”, el Gobierno acaba de aplicar una bonificación selectiva y retroactiva en un peaje clave de la Vía Navegable Troncal. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, beneficia a grandes operadores del comercio exterior y expone una intervención estatal quirúrgica, lejos del discurso oficial.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó este lunes, mediante la Resolución 65/2025, una bonificación del 16,7% en la tarifa de peaje para los buques que utilicen el Canal Martín García, en el tramo comprendido entre las secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal. La decisión no solo es temporal, sino también retroactiva: se aplica desde el 5 de diciembre y rige por 30 días corridos.
El texto firmado por Iñaki Miguel Arreseygor repite, casi sin cambios, una bonificación idéntica dispuesta en noviembre, lo que deja en evidencia que no se trata de un hecho excepcional sino de una política de parche reiterada, aplicada en plena transición del esquema de concesiones.
Una bonificación selectiva, no una política general
El primer dato político es claro: no hay una rebaja general de peajes, ni un alivio para todo el sistema portuario. El beneficio es puntual y direccionado: solo alcanza a los buques que eligen el Canal Martín García, una traza que en los últimos años perdió competitividad frente a otras rutas por mayores costos de mantenimiento y dragado.
En los hechos, el Estado absorbe parte del costo operativo para que ese canal siga siendo utilizado. El porcentaje elegido —16,7%— no es caprichoso: equivale a compensar el diferencial que hoy empuja a muchos operadores a evitar esa vía. Sin la bonificación, el tráfico tendería a desviarse.
La retroactividad agrega un elemento sensible: no incentiva conductas futuras, sino que premia operaciones ya realizadas, reduciendo ingresos que el Estado ya había devengado.
Quiénes ganan y quiénes pierden
Los principales beneficiados por la medida son actores altamente concentrados del comercio exterior:
Navieras internacionales de ultramar, como MSC, Maersk y CMA CGM, para quienes una baja de peaje impacta directamente en el costo por viaje y en la planificación de rutas.
El complejo agroexportador, principal usuario estructural de la Vía Navegable Troncal, que ve reducido un costo logístico sin que eso se traduzca en mejores precios internos ni en estímulos a la producción nacional.
El tráfico fluvial internacional proveniente de Paraguay y Bolivia, que utiliza el canal para barcazas de granos, minerales y combustibles.
Del otro lado quedan los perjudicados:
El Estado, que resigna recaudación sin debate público ni una estrategia de largo plazo.
El principio de neutralidad tarifaria, ya que se favorece una traza específica frente a otras.
La industria nacional y las pymes, que no reciben ningún alivio comparable cuando compiten con importaciones.
La contradicción: liberalismo para algunos, intervención para otros
Aquí aparece el núcleo político de la resolución. El mismo Gobierno que se niega a aplicar aranceles o medidas de protección para sectores industriales golpeados por importaciones —porque eso “distorsiona el mercado”— interviene sin pudor cuando se trata de sostener la rentabilidad y el flujo del comercio exterior concentrado.
No es ausencia de Estado: es intervención selectiva. No es libertad económica: es priorización de intereses.
La bonificación al Canal Martín García no responde a una política industrial ni a un plan de desarrollo. Es una herramienta transitoria para llegar sin sobresaltos al nuevo esquema concesionario, aun a costa de resignar recursos públicos y de profundizar asimetrías.
Un Estado presente, pero para los de siempre
La Resolución 65/2025 muestra que el problema no es si el Estado interviene o no. La pregunta real es para quién interviene. Mientras la industria nacional queda librada a la “libre competencia” con productos importados, los grandes jugadores del comercio exterior reciben alivios tarifarios hechos a medida, discretos y retroactivos.
Una vez más, el discurso va por un carril y las decisiones reales por otro. Y el peaje, como casi siempre, lo termina pagando el mismo de siempre.
El máximo tribunal paraguayo rechazó la apelación de la defensa del exsenador entrerriano y de su entonces secretaria, y dejó firme la elevación a juicio oral prevista para abril de 2026. La causa se originó tras la detención de Kueider con más de 200 mil dólares sin declarar en la triple frontera.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Imagen: Info24RG
La Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del exsenador argentino Edgardo Kueider y de su entonces secretaria Iara Guinsel, confirmando que la causa por contrabando de divisas será elevada a juicio oral en abril de 2026. La decisión deja sin efecto el intento de frenar el proceso judicial iniciado tras un episodio que generó fuerte impacto político y judicial en la región.
El recurso había sido presentado por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, quienes pretendían que se revisara la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal del Paraguay y, en ese marco, solicitaban el sobreseimiento definitivo de los imputados. Sin embargo, el Máximo Tribunal consideró que el planteo no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva, condición necesaria para habilitar la instancia de apelación.
Los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera fueron categóricos al sostener que la defensa intentaba avanzar sobre una figura legal inexistente, y remarcaron que habilitar ese tipo de recursos podría abrir la puerta a un uso abusivo de las herramientas procesales, dilatando indebidamente los tiempos judiciales.
Un revés judicial que deja el juicio firme
La resolución de la Corte Suprema ratificó decisiones previas del sistema judicial paraguayo. En primera instancia, el planteo ya había sido rechazado por el juez Humberto Otazú, del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, y luego confirmado por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en crimen organizado. Con este nuevo fallo, el camino hacia el juicio oral quedó definitivamente despejado.
De este modo, doce meses después de su detención, Edgardo Kueider deberá enfrentar un proceso judicial por contrabando de divisas, una figura penal que en Paraguay contempla sanciones severas, especialmente cuando se trata de montos elevados y maniobras transfronterizas.
La detención en la triple frontera
Kueider fue detenido en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 en el Puente de la Amistad, en plena triple frontera. Agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay encontraron en el vehículo en el que viajaba —una Chevrolet Trailblazer— más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos, distribuidos en bolsos y compartimentos ocultos.
El exsenador entrerriano se desplazaba desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este, sin haber declarado el dinero transportado, lo que activó de inmediato el procedimiento por contrabando. El caso expuso, además, los vínculos entre poder político, circulación ilegal de divisas y zonas históricamente sensibles para el delito económico.
La confirmación del juicio representa un nuevo golpe judicial para Kueider y refuerza la gravedad de una causa que, lejos de diluirse con el paso del tiempo, avanza hacia su etapa decisiva.
Una emotiva presentación de la Filarmónica de Río Negro se vivió en la tarde del sábado último en el emblemático cine teatro Círculo Italiano. Con la presencia de Clara Parodi como directora invitada, la orquesta de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia abordó obras de Strauss, Dukas, Britten,Copland y Wagner; integrando también…
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