Se colocarán divisores de carriles frente a la Ciudad Judicial

 

El gobernador bonaerense brindó una conferencia de prensa luego de la resolución de la jueza Loretta Preska.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió al fallo de la Justicia de Estados Unidos que ordenó a la Argentina que transfiera el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la causa que impulsa el fondo Burford Capital y advirtió al presidente Javier Milei que la petrolera «no se vende y menos se entrega o se regala».

En una conferencia de prensa en La Plata, Kicillof advirtió por la postura del jefe de Estado con respecto al conflicto por YPF: «Lo que dijo Milei es que se va a apelar la decisión pero sostiene que la culpa la tengo yo o los que participamos en la decisión de la expropiación. Es contradictorio y peligroso porque le da la razón a los demandantes y contradice la defensa del interés nacional».

«Responsabilizo a Milei de cualquier decisión que tome que ponga en riesgo la soberanía energética y a YPF. Milei tendría que defender YPF y a la Argentina, pero entró como un topo a destruir el Estado. A YPF hay que defenderla. Se lo advierto a Milei: YPF no se vende y menos se entrega o regala. Lo grave es que hoy quien gobierna la Argentina es Milei y sus fuerzas políticas están de acuerdo en regalar todo», enfatizó en esta línea.

En tal sentido, cargó contra el fallo de la jueza Loretta Preska, que integra el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York: «No tengo dudas de que la Argentina tiene que apelar. Estoy convencido de que ningún juez argentino, por más de que sea simpatizante de un sector o el otro, puede estar de acuerdo con que asiste la razón y el derecho al fallo que obtuvo un fondo buitre en Nueva York. Esta sentencia es un disparate jurídico».

En tanto, marcó una intromisión de la Justicia estadounidense sobre la Constitución Nacional. «Se intenta prevalecer intereses de un fondo buitre en base a un estatuto de la compañía sobre la potestad de expropiación. El fallo que obtuvo un fondo buitre en Nueva York está por fuera de la competencia, de las atribuciones y del sentido jurídico. La jueza no tiene razón en hacer prevalecer el estatuto de una empresa privada sobre la Constitución Nacional», aseveró Kicillof.

«La jueza Preska le dio la razón a Burford y pone un monto de la sentencia que también está cuestionado y no tiene nada que ver con las acciones de YPF. Este fallo es absolutamente insólito. Se convierte en una agresión a la soberanía argentina. Una jueza de Nueva York no tiene derecho a decir que nuestra Constitución vale menos que un papelito votado en una asamblea de accionistas. Esto puede traer muchas consecuencias internacionales», enfatizó.

Axel Kicillof destacó la estatización de YPF: «La producción de petróleo y gas creció»

Por otro lado, el gobernador bonaerense recordó las consecuencias de la privatización de YPF en la década de noventa: «Particularmente en la época de Repsol, privatizarla fue una verdadera desgracia para YPF, la Argentina y las posibilidades de desarrollo de nuestro país. YPF quedó bajo el control de Repsol a partir de 1999. Durante la gestión de Repsol, la producción de petróleo se redujo casi a la mitad».

En este marco, alertó que cuando era privada, la empresa redujo su productividad. «YPF pasó a ser la mitad de lo que era antes de esta situación. La producción de gas tuvo un primer momento de incremento pero termina, a partir de 2004, con una caída del 43%. En petróleo y gas, lo de Repsol controlando YPF fue una desgracia y una catástrofe. Esta situación también se reflejó en la caída de las reservas de petróleo», afirmó.

«Con la caída de la capacidad productiva de YPF, el país perdió su autoabastecimiento energético y tuvo que comenzar un proceso de importación de energía de diversas formas, a través de combustibles y de barcos que traían gas. La Argentina se convirtió en 2011 en un país deficitario. Por responsabilidad de la gestión de Repsol en YPF, también faltaron divisas y se generó la necesidad de importación de combustible a un precio que en aquel momento estaba aproximadamente u$s100 por barril, lo que generó un problema», agregó el gobernador bonaerense.

En tanto, recordó los contactos que mantuvo con las autoridades de Repsol: «Como viceministro de Economía tuve varias conversaciones y se le planteó el desastre. Ellos sostenían que es una empresa privada, que podía perjudicar a la Argentina pero no era problema de ellos. Repsol, teniendo Vaca Muerta, no hizo nada. Pusieron en venta Vaca Muerta en pedacitos. No hubo intención en invertir en producción ni grandes inversiones que requieren los yacimientos no convencionales».

También explicó la estatización de la compañía, que se produjo en 2012: «Sin recuperación de YPF, no había Vaca Muerta y sin Vaca Muerta no había puesta en marcha y recuperación de hidrocarburos. hoy, las tendencias que observamos de caída estrepitosa se revirtieron. La producción de petróleo creció un 78%, la de gas un 18% y no sería algo inalcanzable que en muy pocos años se produzcan un millón de barriles en Argentina».

 

 

Hay cerca de 60 despidos que afectan a la Procuración.

Cerca de 60 funcionarios de la estratégica Procuración del Tesoro de la Nación del gobierno de Milei fueron despedidos. Se trata de los abogados del Estado en litigios tan delicados como el que se ventila en Nueva York por la expropiación de YPF.

Según informa el periodista José Calero desde Noticias Argentinas, todo comenzó cuando desde la Procuración empezaron a darse cuenta de que parte de las estrategias jurídicas que analizaba la República parecían ser anticipadas por los poderosos bufetes de abogados que litigan contra la Argentina. 

Por ahora, el Gobierno justificó los despidos en el marco de una «reestructuración que responde a una mayor eficiencia del organismo».

Pero la preocupación en la Casa Rosada es mayúscula, ya que este mega juicio llevó a la controversial jueza de Nueva York Loretta Preska a condenar a la Argentina a pagarle USD 16.100 millones a los fondos buitres, un monto inédito en la historia de los litigios de este tipo.

Ahora, los abogados del Estado argentino intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina, que pretende que la República entregue el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.

Hasta ahora, la Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, no confirmó las versiones que circularon durante la jornada entre funcionarios de la Casa Rosada sobre supuestas filtraciones. Solo informaron los cambios en la estructura del organismo encabezado por Santiago Castro Videla.

Salvavidas

Algo de alivio llegó en las últimas horas cuando el gobierno de Donald Trump decidió intervenir en la disputa judicial y sumarse como “amicus curiae”, un formato que le posibilita a otro país soberano presentarse y dar su opinión sobre la marcha de una causa tan sensible como esta.

En el Ministerio de Economía y otras dependencias oficiales también consideran que hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial argentina.

Se sospecha que esas supuestas filtraciones pudieron haber beneficiado al polémico fondo Burford -especialistas en este tipo de litigos-, que encabeza la demanda contra la Argentina por la polémica estatización de YPF, en 2013.

En el marco del achique, la Procuración pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales, y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. 

Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela.

Además, se anunciaron nuevas desvinculaciones de personal, que acumulan a más de 60 funcionarios del organismo desde el inicio de la gestión Milei. 

Entre los principales cambios se destaca la “reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales”.

Por ahora, Castro Videla seguiría, porque tiene como poderoso padrino a Santiago Caputo, uno de los integrantes del Triángulo de hierro de Milei. 

Pero, el nombramiento en su momento de Castro Videla, “llamó la atención, dado que es socio de un constitucionalista que apoyó la postura del fondo Burford contra YPF, en el litigio en el que que está en juego el pago de los 16 mil millones de dólares, el juicio más grande que afronta el Estado argentino”, señalan desde el propio diario Clarín

Ese medio también indicó que el jefe de los abogados del Estado “pertenece al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que colaboró con un bufete de abogados norteamericanos que llevó el juicio en Nueva York ante la jueza Preska”. 

En su momento, Burford presentó al constitucionalista Alberto Bianchi -el socio de Castro Videla- y los juristas Alejandro Garro y Alfredo Rovira, para que explicaran el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del Estado. 

En estos casos, la figura del testigo no es la un testigo ocular, como en juicios penales, si no en la de un experto que explica los alcances de la legislación argentina, según Clarín.

Este martes el Gobierno logró que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de las acciones de YPF, informó la Procuración. 

El tribunal bloqueó temporalmente la orden de la jueza Preska, que había ordenado que Argentina entregue su 51% en YPF a los demandantes en un caso de 16.000 millones de dólares.

La suspensión administrativa emitida por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito permanecerá en vigor hasta que el panel de apelación pueda decidir si concede o no una suspensión definitiva, mientras Argentina apela la orden del 30 de junio dictada por la polémica magistrada.