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MÁS CANDIDATO QUE NUNCA

El piloto reginense Facundo Aldrighetti metió un doblete soñado este fin de semana en Paraná y ahora depende de él mismo para conseguir el campeonato.

“Facu” cumplió con todos los pronósticos previos a las carreras en el “Club volantes entrerrianos” al subirse a lo más alto del podio tanto el sábado como el domingo. El “Misil del Alto Valle” había anticipado que iba por todo y que no le pesa ser uno de los “firmes candidatos”. Detrás del rionegrino se ubicaron los otros 4 pilotos que luchan por campeonar, lo que dejó un epílogo cerradísimo para la última fecha que se correrá en Buenos Aires a fines de febrero.

Finalizada la 5° fecha del TopRace Series las posiciones del campeonato quedaron del siguiente modo: 1° Ian Reutemann 103 puntos, 2° Facundo Aldrighetti 86, 3° Franco Morillo 86, 4° Stefano Di Palma 83 y 5° Baltazar Leguizamón 74. Pero la competencia exige el descarte de dos carreras por lo que no sólo se achican las diferencias entre los 5 pilotos de arriba si no que también los puestos varían quedando la tabla extraoficialmente de la siguiente manera: 1° Facu Aldrighetti 71 puntos, 2° Reuteman 69, 3° Morillo 63, 4° Leguizamon 58 y 5° Di Palma 55. La última fecha pone 54 puntos en juego.

Sin embargo el dueño del equipo JLS Motorsport Luciano Sarbag asegura que el 1er puesto está igualado entre Aldrighetti y Reuteman. Respecto a puntajes y tabla de posiciones este lunes todos los equipos deberán presentar que carreras descartan y de ese modo los puntajes quedarán oficializados de cara a la última fecha.

En la semana el piloto reginense había anticipado que el hecho de conocer la pista entrerriana era un condimento que le daba mucha confianza “Estabamos confiados porque Paraná la conocíamos bien”. Facu tiene la desventaja de no competir todos los fines de semana como si lo hacen los demás pilotos que llegan con posibilidades de ser campeones del Top Race Series y explica “el sólo hecho de subirse a un auto todos los findes es un plus, estás continuamente en contacto con un auto lo que te permite estar más fino y no perder la sensibilidad”.

La competencia, que fue a 30 minutos más una vuelta compartiendo pista con el TRV6, estuvo picante y tuvo la maniobra polémica de Ian Reuteman en la carrera del día domingo que fue sancionada por los comisarios y le permitió al piloto reginense de la escuadra JLS Motorsport subir a lo más alto del podio. Aldrighetti estuvo de acuerdo con la sanción y explicó, “me lleva dos veces para afuera y la última maniobra fue alevosa, estaba todo el auto afuera y es como que me ve y se empieza a cerrar y me lleva al pasto, hasta él mismo lo dijo”.

Resta poco más de un mes para que se defina el campeonato en la última fecha y el piloto rionegrino que corre en el Mercedez Benz ya quiere que llegue “ya estuvimos hablando con Luciano Sarbag para empezar a preparar lo que viene”, la confianza y el esfuerzo contante son características de Aldrighetti “si no se labura no se corre, esa es la ley acá”, cierra Facu en un audio enviado desde la chacra con el motor del tractor como sonido de fondo.

Se viene un cierre de competencia con todos los ingredientes que anticipan un final cerradísimo no apto para cardíacos.

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  • El mercado intuye devaluación y obliga a Caputo a emitir un récord de deuda atada al dólar

     

    Hace un año y medio el Gobierno celebraba que los instrumentos de deuda en pesos como el dólar linked no tuvieran demanda, porque lo interpretaba como una señal de confianza en el ancla cambiaria del programa económico.

    Bueno esa situación cambió. La demanda de cobertura cambiaria obligó a Toto Caputo a convalidar esa preferencia para poder financiarse. En julio, Economía colocó $8,1 billones en instrumentos atados al dólar oficial -entre bonos dólar linked y duales-, el mayor volumen desde el inicio de la gestión y más del doble del récord anterior, registrado en septiembre de 2025 con $3,9 billones.

    El dato marca un cambio en el humor del mercado. Mientras durante buena parte de 2025 la mayor parte del financiamiento se concentraba en instrumentos en pesos, en los últimos meses los inversores comenzaron a privilegiar activos que los protegen frente a una eventual aceleración del tipo de cambio oficial, que anunció el vocero presidencial, Adrián Ravier, cuando dijo que «en unos meses» el dólar cotizará en torno a los $1.800.

    También coincide con la afirmación de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que en su encuentro con empresarios argentinos dijo que el dólar debería estar mas alto, como reveló en exclusiva LPO.

    Georgieva sugirió en una reunión con empresarios que el dólar tiene que estar más alto

    La situación contrasta con el mensaje que el propio Gobierno transmitía al comienzo de su programa económico. En febrero de 2025, luego de una licitación en la que el Tesoro ofreció un bono dólar linked con vencimiento en enero de 2026, el ministro Caputo, celebró que el instrumento prácticamente no hubiera tenido demanda. «Ofrecimos un dólar link para los que veían atraso cambiario, pero no tuvo demanda», escribió.

    En julio, Economía colocó $8,1 billones en instrumentos atados al dólar oficial -entre bonos dólar linked y duales-, el mayor volumen desde el inicio de la gestión y más del doble del récord anterior, registrado en septiembre de 2025 con $3,9 billones.

    El presidente Javier Milei reforzó aquella lectura con una respuesta que rápidamente se viralizó: «No apto para econochantas». Poco después, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, agregó: «Hoy ofrecimos dólar linked a enero 2026… y no vino casi nadie. Adjudicamos 80.000 palos pesos a devaluación +5%. Una cosa son los que opinan, otra el mercado».

    Un año y medio después, ese mismo mercado parece haber cambiado de postura. Las colocaciones de deuda atada al dólar crecieron de manera sostenida durante 2026 hasta alcanzar en julio un máximo histórico. El informe que sigue la evolución de las licitaciones sostiene que el fenómeno responde a una mayor demanda de cobertura cambiaria y a un menor interés por los instrumentos tradicionales en pesos.

    «El mensaje no es necesariamente que el mercado espere una devaluación brusca en el corto plazo. Lo que muestra es que aumentó la necesidad de cubrir riesgos. Muchos inversores prefieren resignar algo de rendimiento antes que quedar totalmente expuestos a una corrección cambiaria», explicó a LPO un operador financiero que participa habitualmente de las licitaciones del Tesoro.

    El analista sostuvo que la estrategia también tiene beneficios para el Gobierno. «Mientras logra renovar los vencimientos ofreciendo cobertura cambiaria, evita tener que convalidar tasas en pesos todavía más altas. El problema es que va acumulando una deuda cuyo costo aumenta automáticamente si el dólar oficial acelera su ritmo de suba», señaló.

    Los números muestran con claridad esa tendencia. Después de varios meses con emisiones reducidas de deuda dólar linked, el volumen comenzó a incrementarse desde mayo y terminó explotando en julio. La colocación de $8,1 billones no sólo duplicó el máximo anterior sino que consolidó a estos instrumentos como uno de los principales vehículos de financiamiento del Tesoro.

    En paralelo, las expectativas del mercado también comenzaron a reflejar un sendero de depreciación más pronunciado para los próximos meses. Tanto las curvas de futuros como las proyecciones de distintas consultoras descuentan un deslizamiento gradual del tipo de cambio oficial, lo que aumenta el atractivo de los bonos que ajustan por esa variable.

    Tanto las curvas de futuros como las proyecciones de distintas consultoras descuentan un deslizamiento gradual del tipo de cambio oficial, lo que aumenta el atractivo de los bonos que ajustan por esa variable.

    Para el Gobierno, el esquema permite mantener el financiamiento en pesos sin generar una presión inmediata sobre las reservas o sobre el mercado cambiario. Sin embargo, la contracara es que crece la exposición del Estado a una eventual aceleración del dólar. Cuanto mayor sea la deuda indexada, mayor será también el costo financiero de cualquier corrección cambiaria.

    La paradoja es evidente. En febrero de 2025 el oficialismo exhibía la escasa demanda por un bono dollar linked como una prueba de la confianza del mercado en su estrategia económica. Dieciocho meses después, el récord de colocaciones muestra exactamente lo contrario: para seguir financiando al Tesoro, los inversores vuelven a exigir una cobertura frente al riesgo cambiario. Esa transformación, más que cualquier declaración, refleja cómo cambió la percepción del mercado sobre el dólar.

     

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    La hidrovía de Milei: una privatización bajo sospecha que terminó exactamente como se había denunciado

     

    La adjudicación definitiva de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus cerró formalmente una licitación que, lejos de convertirse en el ejemplo de transparencia prometido por el Gobierno, acumuló cuestionamientos desde su misma concepción. Denuncias judiciales por presunto direccionamiento, observaciones técnicas, vínculos empresariales y la entrega por 25 años del principal corredor exportador del país conforman un escenario que vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿quién controla uno de los activos estratégicos más importantes de la Argentina y en beneficio de quién?

    Por Roque Pérez para NLI

    La firma del contrato mediante el cual el Gobierno de Javier Milei entregó la administración de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por Jan De Nul y Servimagnus no representa el final de una licitación, sino el comienzo de una nueva controversia política, económica y judicial. La Hidrovía no es una obra pública más: constituye la arteria por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente la producción agroindustrial que sale hacia los mercados internacionales. Quien administra ese corredor no solamente realiza tareas de dragado y balizamiento, sino que interviene sobre uno de los circuitos económicos más sensibles del país. Por esa razón, la decisión del Ejecutivo de volver a concesionar su explotación durante 25 años, con posibilidad de prórroga, excede ampliamente una discusión técnica y se inscribe dentro del proceso de retiro del Estado de áreas consideradas estratégicas, una de las principales banderas del programa libertario.

    Sin embargo, lejos de consolidarse como una licitación modelo, el proceso quedó atravesado por sospechas prácticamente desde el primer día. En NLI se siguió cada una de las etapas de la convocatoria y se advirtió tempranamente que varios de los requisitos incorporados al pliego parecían restringir la competencia en lugar de ampliarla. Aquellas observaciones, que en su momento fueron descartadas por el Gobierno como críticas interesadas, hoy vuelven a cobrar fuerza luego de que la adjudicación terminara beneficiando precisamente a la empresa que numerosos especialistas señalaban desde el inicio como la principal favorecida por las condiciones impuestas en el concurso.

    Una licitación cuestionada desde el diseño de los pliegos

    El principal cuestionamiento nunca estuvo dirigido únicamente al resultado, sino al modo en que fue construido el proceso licitatorio. Diversos especialistas en infraestructura portuaria, ex funcionarios del área y empresas interesadas advirtieron que varios de los requisitos técnicos incorporados al pliego reducían drásticamente la posibilidad de una competencia real. Entre ellos sobresalía la exigencia de disponer de equipamiento capaz de operar inmediatamente con 44 pies de profundidad, una condición que, según denunciaron distintos actores del sector, solamente podía acreditar quien ya contaba con una estructura instalada sobre la propia Hidrovía. De esa manera, una licitación internacional que en teoría debía convocar a las principales dragadoras del mundo terminaba favoreciendo objetivamente a quienes ya tenían presencia histórica en el corredor fluvial.

    Las consecuencias de ese diseño no tardaron en aparecer. Empresas internacionales que inicialmente habían manifestado interés fueron quedando fuera del proceso a medida que avanzaban las distintas etapas de evaluación. Algunas fueron descartadas por cuestiones formales, mientras que otras quedaron relegadas durante la valoración técnica. Finalmente, la adjudicación terminó recayendo sobre el consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, confirmando el desenlace que muchos de los cuestionamientos anticipaban desde hacía meses. Para el Gobierno, ello demuestra que ganó la mejor oferta disponible; para quienes impugnaron la licitación, en cambio, constituye la confirmación de que las reglas del concurso fueron diseñadas para conducir precisamente a ese resultado.

    En paralelo comenzaron a multiplicarse las denuncias judiciales. La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una acción penal en la que solicitó investigar la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. La denuncia sostiene que el pliego habría sido confeccionado con cláusulas dirigidas a favorecer a un oferente determinado y advierte que el eventual perjuicio económico para el Estado podría alcanzar miles de millones de dólares a lo largo de la concesión. También la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió actuaciones para analizar distintos aspectos del procedimiento, aunque ninguna de esas presentaciones impidió que el Ejecutivo avanzara con la adjudicación definitiva.

    Un negocio multimillonario que vuelve a quedar en manos privadas

    La importancia de esta concesión resulta difícil de exagerar. La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye el principal corredor logístico de la Argentina y uno de los más relevantes de América del Sur. A través de sus puertos se canalizan las exportaciones de soja, maíz, trigo, aceites y derivados industriales que generan buena parte de los dólares que ingresan al país. El dragado permanente, el balizamiento y el mantenimiento de esa infraestructura representan un negocio que mueve cientos de millones de dólares por año y cuya proyección para un contrato de veinticinco años supera ampliamente los 15.000 millones de dólares.

    Pero el debate no gira únicamente alrededor del monto económico de la concesión. También involucra la decisión política de volver a delegar en operadores privados funciones que durante los últimos años habían recuperado una mayor presencia estatal. Uno de los aspectos más discutidos del nuevo esquema es el regreso del cobro privado del peaje que pagan las embarcaciones para utilizar la vía navegable. Los críticos sostienen que ello implica resignar capacidad de control sobre una fuente de ingresos estratégica y limita las posibilidades del Estado de fiscalizar tanto la recaudación como la efectiva ejecución de las obras comprometidas por el concesionario.

    Las observaciones también alcanzan al proceso de elaboración de los pliegos y a la conducción política del área. Distintas versiones señalaron que funcionarios y técnicos que habían planteado reparos respecto de determinadas condiciones del concurso fueron desplazados o perdieron influencia durante el desarrollo de la licitación. Si bien el Gobierno niega cualquier irregularidad y afirma que todo el procedimiento respetó las normas nacionales e internacionales, la acumulación de cuestionamientos terminó alimentando un clima de desconfianza que hoy continúa proyectándose sobre la nueva concesión.

    Mucho más que una obra pública

    La controversia alrededor de la Hidrovía también tiene una dimensión política. La adjudicación se inscribe en la estrategia de privatizaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei desde la aprobación de la Ley Bases y constituye uno de los ejemplos más importantes de transferencia al sector privado de un servicio considerado estratégico para la economía nacional. No se trata simplemente de decidir quién draga un río: se trata de determinar quién administra el corredor por donde circula la mayor parte de las exportaciones argentinas, quién controla el flujo logístico del comercio exterior y bajo qué mecanismos el Estado conserva —o resigna— capacidad de supervisión sobre un negocio multimillonario.

    En ese contexto, también comenzaron a observarse con atención los vínculos empresariales de algunas de las firmas involucradas en la adjudicación. Diversas investigaciones periodísticas señalaron relaciones entre Servimagnus y grupos empresarios mencionados por su cercanía con sectores del oficialismo, particularmente con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Aunque hasta el momento no existe ninguna resolución judicial que acredite conductas ilícitas derivadas de esos vínculos, las revelaciones contribuyeron a reforzar las sospechas sobre un proceso que ya venía siendo observado por especialistas y organismos de control.

    La historia reciente de la Hidrovía demuestra que cada discusión sobre su administración termina reflejando un debate mucho más profundo acerca del modelo de desarrollo del país. Mientras el Gobierno sostiene que la participación privada garantiza eficiencia, inversiones y reducción del gasto público, sus críticos advierten que la concesión consolida un esquema donde el Estado pierde herramientas para controlar uno de los principales circuitos de generación de divisas de la Argentina. La adjudicación firmada esta semana no clausura esa discusión; por el contrario, la reabre en un escenario donde continúan vigentes las denuncias judiciales, las investigaciones administrativas y las preguntas sobre la transparencia de una licitación que, para muchos, terminó exactamente como se había anticipado desde el comienzo.

     

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  • Passalacqua le corta al dueño de Blender un negocio millonario en Misiones

     

    La guerra entre

    Hugo Passalacqua y Carlos Rovira escaló hasta el punto de no retorno. Tras quedarse con gran parte de su aparato político, el gobernador de Misiones empezó a atacar el poder económico del otrora hombre fuerte de la provincia y cortó un contrato millonario que beneficiaba directamente al dueño de los streaming Blender y Carajo, Augusto Marini.

    Se trata del contrato con la aplicación de telemedicina Alegramed que es parte de CaleGroup, el

    holding de empresas del libertario Marini. La app Alegramed fue puesta en marcha durante la pandemia y a través de ella los misioneros podían sacar turnos en el sistema de salud público.

    En Misiones dicen que Alegramed es la principal fuente de financiamiento de Marini y creen que con ella sostiene los streaming porteños, que como quedó claro en la crisis de Blender le dan pérdida. 

    El gobierno misionero le pagaba a Alegramed alrededor de 9 dólares mensuales por cada uno de los 350 mil usuarios que tenía. Un negocio fenomenal que algunos creen era del propio Rovira, el padrino de Marini.

    Ahora, el gobierno de Passalacqua está desarrollando su propia aplicación y los misioneros empezaron a ser avisados que Alegramed será dada de baja a fin de mes. La versión en la provincia es que ya se cortaron los pagos a la empresa de Marini, que ahora depende de los contratos ferroviarios que le empezó a dar el gobierno nacional.

    Intentan una mediación urgente entre Rovira y Passalacqua para no perder Misiones

    El fin del contrato con Alegramed es parte de un avance de Passalacqua sobre las cajas de Rovira, en una confirmación de que la guerra política entre los caudillos misioneros no tiene retorno.

    Días atrás, Passalacqua le sacó a Rovira el control de dos de las principales cajas económicas de la provincia: la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) y Energía de Misiones SA (EMSA), la distribuidora de energía. Ambas estaban en manos de alfiles del exgobernador, que fueron desplazados al igual que todas las segundas líneas.

    Passalacqua también había cortado la concesión de un hotel del Instituto de Previsión Social en Posadas, que manejaba un grupo empresario al que también ligan a Rovira. Otras proveedoras del Estado provincial tendrían el mismo destino que la app de Marini.

    Carlos Rovira

    La disputa entre Rovira y Passalacqua comenzó cuando el gobernador anunció su intención de buscar un nuevo mandato

    en 2027, contra los deseos del caudillo provincial que quería mantener la potestad de elegir al candidato del oficialismo.

    La histórica estrategia de Rovira -que dejó la gobernación en 2007 pero controlaba políticamente la provincia desde la Legislatura- fue darles un mandato a los elegidos para impedir un crecimiento que amenace su poder. Por eso su plan era imponer en 2027 al vicegobernador Lucas Romero Spinelli. 

    Pero Passalacqua se retobó y consiguió el apoyo de casi 70 intendentes que antes respondían a Rovira. El caudillo entonces avisó que ponía fin al sello Frente Renovador de la Concordia y lanzó Encuentro Misionero. Desde el sector gobernador se dieron por fuera del espacio y avanzaron con un armado propio.

    LPO reveló días atrás que dirigentes importantes del oficialismo misionero estaban intentando un acercamiento entre Passalacqua y Rovira, que habría dado algunas señales de que aceptaría un nuevo mandato del actual gobernador. Pero la mediación por ahora no avanzó y Passalacqua decidió ir a fondo contra el poder económico del rovirismo.

     

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  • Con ‘Suelo urbano’ se dotará de servicios a loteo Barazzutti

    El Intendente Marcelo Orazi firmó con la Gobernadora Arabela Carreras el convenio para la implementación del programa ‘Suelo Urbano’ que contempla la obra de infraestructura básica para 107 terrenos del loteo Barazzutti con una inversión $21.615.872,05. De esta manera se dotará de los servicios de red de agua, eléctrica y alumbrado público a este sector…

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