Pedro Mairal nació en Buenos Aires en 1970. Cursó la carrera de letras en la Universidad del Salvador.
Su primera novela, Una noche con Sabrina Love, ganó el Premio Clarín en el año 1998 y fue llevada al cine en el 2000. En el 2007 fue incluido por el jurado Bogotá 39 entre los mejores escritores jóvenes latinoamericanos. Su narrativa ha sido publicada en más de once países.
«Una noche con Sabrina Love» fue llevada al cine por el director Alejandro Agresti, con las actuaciones de Cecila Roth y un joven Tomás Fonzi (disponible en la plataforma Flow)
La Uruguaya, novela publicada en 2016, fue muy bien recibida por el público lector y la crítica literaria. Estas repercusiones hicieron que Emecé reeditara Salvatierra, en este libro el autor postula una suerte de ideal artístico y vital:
«Disfrutar haciendo la obra y después lanzarla al mundo para que los demás hagan con ella lo que quieran»
En el ocaso de su vida, luego de pintar por más de sesenta años de manera ininterrumpida, Juan Salvatierra comienza a vislumbrar el esplendor de su obra y la originalidad de su técnica.
Todo inicia con un episodio trágico, el protagonista con tan sólo nueve años sufre un terrible accidente cuando su caballo se desboca y lo arrastra brutalmente hasta dejarlo en un estado de inconsciencia. En este punto hacen su ingreso a escena dos personajes marginales para sacarlo de este estado y augurar un futuro prometedor. Una vieja tuerta lo abriga, le lava las heridas con un mejunje, lo mete en cama y le habla al oído con la intención de mantenerlo conectado al mundo. Recién al día siguiente aparece un médico borracho que por suerte ni lo tocó a Salvatierra, sólo dijo «hay que esperar».
Con el tiempo el nene se recupera y la única secuela complicada es una mudez permanente. Con este nuevo escenario y bajo un accionar piadoso la familia aísla a Juan, alejándolo de una vida pueblerina en el interior de la provincia de Entre Ríos. Así crece sin ir a la escuela y siendo un faro de dudoso afecto en el seno familiar.
En su adolescencia conoce a un bohemio, quien le enseña las técnicas básicas de la pintura. Al tiempo este referente plástico abandona el pueblo y Juan comienza a perfeccionar su estilo a través de los libros que encuentra en la biblioteca del lugar.
Pedro Mairal en el 2011 condujo el programa de televisión sobre libros «Impreso en Argentina»
El tiempo transcurre y Juan disfruta su vida bajo los patrones normales de la época: matrimonio, hijos y trabajo mientras que, en forma paralela, pinta de manera infatigable. El arte se convierte en su lenguaje y a través de sus producciones puede darle sentido a su mundo emocional.
El día de su muerte llega y sus hijos viajan desde Buenos Aires al pueblo para hacerse cargo de la colorida herencia: un viejo galpón atestado de rollos pintados por Salvatierra a los largo de seis décadas.
Uno de los hijos se interesa por la obra y pronto descubre que todas las pinceladas se ajustan a una continuidad temporal que refleja la vida de cada integrante de la familia Salvatierra.
La decodificación de las escenas retratadas sacan a la luz eventos conocidos por los allegados y secretos oscuros que pueden manchar la figura impoluta de Juan Salvatierra.
La historia se carga de suspenso con la desaparición del rollo que reproduce las vivencias del año 1961, ¿Qué pasó con esta pieza? ¿Por qué desapareció? ¿Qué secretos puede llegar a destapar?
Estos interrogantes alimentan un flujo de sensaciones que llevan al lector a pasar las páginas sin evidenciar síntomas de aburrimiento y fatiga lectora.
La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.
El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.
Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.
El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.
José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.
Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».
El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.
La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.
Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.
En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.
Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.
También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.
Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.
Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.
El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.
El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.
El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.
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Digamos que, en un tiempo absurdo y sin sentido, ya no hay nada para contar… Uno ni pierde ni gana ante el desgano. No me siento triste ni alegre, tampoco podría decir que estoy indiferente u ofuscado por algo o por alguien. Estoy como distorsionado ante tanta información. El orden me apabulla mientras…
El Consejo de Administración de la Fundación Miradas…por una pedagogía en y para la diversidad (pers. Jurídica Nro. 3286) y el organizador comunican que debido a la situación (hecho fortuito y extraordinario) de pandemia mundial por Covid 19 y actuando en consonancia con las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno nacional por el decreto (DNI)…
Abril trajo cierto alivio a los bancos, después de meses de tensión por el deterioro del crédito. Tras el salto de la mora registrado durante el verano, abril habría mostrado los primeros indicios de estabilización en los incumplimientos de familias y empresas. Pero el mercado advierte que la mora deja de crecer porque se redujeron los préstamos.
La discusión quedó expuesta durante el encuentro AIFI26, donde referentes del sistema financiero coincidieron en que marzo habría sido el pico de deterioro y que abril marcó un cambio de tendencia. El CEO de Banco Macro, Juan Parma, aseguró que la irregularidad comenzó a «normalizarse». En la misma línea habló Gustavo Manríquez, gerente General de Banco Supervielle.
El tenue giro aparece después de meses donde el crédito empezó a mostrar señales de fatiga. La combinación entre tasas elevadas, caída del consumo y pérdida de ingresos reales disparó el atraso en pagos, especialmente entre familias de ingresos medios y bajos.
Según datos de la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu), la irregularidad en el crédito a familias subió del 11,2 por ciento en febrero al 11,5 por ciento en marzo, un nuevo récord desde 2004, aunque se trató del incremento mensual más pequeño del último año.
En privado, sin embargo, dentro de las propias entidades relativizan el giro. Un especialista en riesgo de un banco explicó a LPO que la mejora no responde a una recuperación genuina del sistema sino al endurecimiento extremo de las políticas de otorgamiento. «El crédito no crece. Están endurecidas las políticas y hay muchas refinanciaciones. No crece la mora porque no se está colocando», resumió.
La definición pega directo sobre el corazón del relato financiero del Gobierno. Porque el supuesto «ordenamiento» del crédito aparece acompañado por una fuerte desaceleración de nuevos préstamos. Los bancos comenzaron a seleccionar mucho más a quién prestan, redujeron montos y endurecieron scoring para evitar un deterioro mayor de las carteras.
El crédito no crece. Están endurecidas las políticas y hay muchas refinanciaciones. No crece la mora porque no se está colocando.
En ese contexto, varias entidades empezaron a desplegar herramientas de inteligencia artificial para detectar potenciales incumplimientos antes de que ocurran. El gerente General de Banco Hipotecario, Manuel Herrera, explicó que el banco trabaja con sistemas predictivos que permiten anticipar comportamientos futuros de los clientes.
«Anteriormente trabajábamos evaluando patrones previos para prevenir la irregularidad. Pero ahora los agentes permiten anticiparnos a conductas futuras del cliente, como su voluntad de pago o comportamientos de financiamiento», explicó Herrera.
El deterioro fue mucho más fuerte en el ecosistema fintech. Según el Informe de Crédito Fintech elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y la Cámara Argentina Fintech, la morosidad total trepó al 30,5 por ciento en febrero de 2026.
El informe, sin embargo, detectó algunas señales de estabilización. La llamada «mora operativa», que excluye los incobrables de más de un año, se ubicó en 22,7 por ciento y mostró una desaceleración respecto del cierre de 2025. En diciembre se ubicaba en 21,1 por ciento y en enero había subido a 22,2.
También comenzó a estabilizarse el denominado «roll rate», el indicador que mide cuántos créditos pasan de situación normal a atraso de entre 30 y 90 días. Ese ratio funcionó como una alarma temprana durante toda la crisis crediticia: en octubre de 2025 había llegado a 3,5 por ciento y en febrero bajó a 3,2.
Para Diego Demarco, director de la Maestría en Fintech del ITBA, el fenómeno todavía está lejos de consolidarse. «Los roll rates de mora temprana evidencian signos de estabilización desde octubre-noviembre de 2025, un comportamiento incipiente que requerirá seguimiento para convalidar un cambio de tendencia», sostuvo.
De la misma manera que ocurrió semanas atrás con la crisis de Pami o el reclamo por los incumplimientos en discapacidad, el cordobesismo encontró un nuevo factor para tomar distancia del gobierno de Milei con la marcha federal universitaria. Más aún, si se considera el símbolo que significa para la idiosincrasia mediterránea la Universidad Nacional de Córdoba.
Desde bien temprano, el exgobernador y actual diputado nacional, Juan Schiaretti se mostró a favor de la marcha y la consigna de la movilización. «Apoyamos el justo reclamo de las universidades públicas ante el ajuste presupuestario y el recorte del financiamiento por parte del Gobierno nacional. Por eso acompañamos la realización de la marcha que de manera masiva se realiza a lo largo del país», dijo.
Y agregó que «la educación pública y gratuita es la inversión más grande que puede realizar un país por su futuro. Defender el presupuesto universitario es defender que los hijos de familias de todos los estratos sociales puedan acceder a la educación, a una formación y a un título con el que puedan transitar sus vidas con posibilidades de crecimiento».
Cuestión que le sirvió para mostrar la segunda diferencia profunda en lo que va del 2026 con la gestión libertaria. La anterior fue hace algunas semanas atrás cuando decidió no acompañar la Ley de Glaciares en Diputados, en una votación en la que el cordobesismo se mostró dividido.
Apoyamos el justo reclamo de las universidades públicas ante el ajuste presupuestario y el recorte del financiamiento por parte del Gobierno nacional.Por eso acompañamos la realización de la marcha que de manera masiva se realiza a lo largo del país.La educación pública y…
Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti estuvo en la marcha en Córdoba junto a llaryoristas como el diputado nacional Ignacio García Aresca, o el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano. En la movilización, la senadora se mostró con la consigna «la universidad pública es la justicia social del siglo XXI», en la columna de la marcha que estaba representada la estructura del PJ cordobés.
En tanto, Llaryora que compartió una actividad con su par santafesino, Maximiliano Pullaro también adhirió a las consignas de la movilización.
Hace semanas tuvo un duro reclamo por discapacidad y las partidas de Pami, y este mismo lunes comparó el escenario actual con la previa a la crisis del 2001 al sostener: «en aquella época también nos quisieron volver a convencer de que la Argentina no debía tener industria y que solo debía estar condenada a los servicios o a la producción primaria. Las etapas se repiten», dijo Llaryora en el arranque de la semana en San Francisco.
El respaldo, y la reacción enfática a la defensa de la protesta universitaria también le rinde en términos electorales al cordobesismo debido a que el principal oponente de Llaryora, el diputado libertario Gabriel Bornoroni queda enganchado con los Milei en esta cuestión. Al igual que en los reclamos por discapacidad o Pami.
Y porque, además, existe un silencio del resto de la oposición como es el caso de Luis Juez, para no esmerilar su vínculo con los Milei en la carrera por el 2027.
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