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CALLARSE NO ES UNA OPCIÓN

Después de un mes de aprobarse por unanimidad la LEY Micaela en el Concejo Deliberante (CD) de #VillaRegina, Agustina Fernandez edil del bloque de Juntos Somos Rio Negro (JSRN) denunció públicamente en una entrevista que brindó a Radio90 recibir violencia de género dentro de su propio bloque. A menos de una semana de esa denuncia la concejala Gabriela Figueroa del Frente de Todos (FdT) sufrió una situación de igual carácter por parte del presidente del CD Edgardo Vega durante la reunión realizada en el Galpón de Bellas Artes en conjunto entre los concejales y representantes de los trabajadores rurales.

En este caso particular la acción se hizo pública ya que la edil Figueroa le presentó una nota en repudio a su accionar directamente al Presidente. Nota que fue acompañada por firmas de algunos de los presentes durante esa reunión, pero llamativamente de solo tres concejales, Eugenia Paillapí de Somos Villa Regina (SVR), Hugo Cerda del FdT y Agustina Fernandez de JSRN.

Durante la sesión del jueves pasado y previo a iniciar con la orden del día, los ediles, presentes todos, se expresaron sobre lo acontecido.

En el comienzo Edgardo Vega puso en contexto la situación, leyó la nota y pidió disculpas (haciéndose cargo de su mal accionar) inclusive aclarando que quiso hacerlo ni bien finalizó la reunión con los rurales pero que por otros motivo no pudo. A su vez, expresó que por un hecho aislado no merecía semejante descalificación y menos aún por escrito. Tanto su intención de disculparse luego de la reunión como afirmar que fue un hecho aislado, sostienen el relato de la concejal del FdT.

Sin embargo, los concejales (varones) que se expresaron luego hicieron todos sus esfuerzos para justificar y resguardar la investidura del Presidente, maquillando la situación dada mediante micro mensajes patriarcales que ya no alcanzan para solapar actitudes que no se toleran más, desvalorizando el sentimiento ajeno frente a palabras, tonos, y gestos dominantes; minimizando un accionar repudiable dentro de un espacio democrático como lo es el CD aduciendo que en la política se levanta la voz, se discute con pasión y verborragia.

Un órgano donde se debe proclamar el respeto por las personas y por lo democrático, llevando a la nulidad total el autoritarismo nefasto de quienes las posiciones jerárquicas los sitúan por encima del resto.


A  continuación compartimos fragmentos (en orden cronológico) del debate donde cada uno de los ediles se expresó respecto a dicha situación de violencia.

Edgardo Vega – JSRN

Gabriela Figueroa – FdT

María Eugenia Paillapí – SVR

Agustina Fernández – JSRN

Silvio Rodriguez – JSRN

Carlos Rodriguez – SVR

Agustina Fernández – JSRN

Martín Vesprini – FdT


La naturalización de acciones violentas que se maquillan bajo una falsa realidad donde la política permite o genera el diálogo mediante ciertos sentimientos que conllevan exaltación mezclada con pasión, es ni más ni menos un escondite para acciones violentas que ya la sociedad no permite, y no deja pasar por alto. El polvo no se barre más bajo la alfombra…

Es tiempo de plantarse, no hay que ser tibios frente a esta problemática.
¿Cómo erradicar la violencia de género en la sociedad si quienes definen nuestros intereses y dirigen nuestro destino como comunidad son los que pretenden barrerla debajo de la alfombra?.
¿Con qué tupé levantan la mano para aprobar una ley que se quiebra inmediatamente puertas adentro?.
El patriarcado instalado en órganos tan importantes como el CD muestran la hipocrecía que reina dentro de la política en torno a esta problemática social.
¿Quieren realmente erradicar la violencia machista y patriarcal o solo surfean la ola porque la fuerza del movimiento los empuja?

Escribe: Emiliano Piccinini
Portada: Germán Busin

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    Corre fuerte por estas horas en los pasillos tribunalicios la versión de un «acuerdo» entre Luis Armella y el gobierno de Javier Milei que implica la designación como funcionarios de personas allegadas al juez federal de Quilmes.

    Fuentes judiciales señalaron a LPO que recientes nombramientos en el estratégico Hospital El Cruce de Florencio Varela tienen un estrecho vínculo con el juez que actualmente subroga el Juzgado Federal N°2 de Lomas que lleva la causa Insaurralde.

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    Allí, se designó por cuatro años a Javier Gustavo Mendoza, un ex juez de Cámara que en el ámbito judicial lo ubican muy cercano a Armella desde finales de los 90, cuando ambos eran fiscales en Quilmes.

    El ahora representante del Ministerio de Salud en el Hospital El Cruce fue fiscal en el Departamento Judicial Quilmes, desde 1999 hasta fines de 2009, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli lo nombró jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.

    Incluso, hay quienes recuerdan que a mediados de 2000, en pleno fulgor del caso que investigaba la muerte del cantante cuartetero Rodrigo Bueno, el fiscal Armella, por entonces a cargo de la investigación, se tomó licencia por estrés y fue suplantado por Mendoza.

    El ahora representante del Ministerio de Salud en el Hospital El Cruce fue fiscal en el Departamento Judicial Quilmes, desde 1999 hasta fines de 2009, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli lo nombró jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.

    Mendoza abandonó el control de las cárceles de la provincia en 2011, cuando la misma gestión sciolista lo promovió como juez de Cámara en Mar del Plata.

    Mendoza junto a Scioli en tiempos donde era jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.

    «Así se cierra el círculo de relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Mendoza provenía de la justicia provincial al momento de ocupar un cargo estratégico en el Ejecutivo. Luego de tomar decisiones que implicaron fuertes retrocesos y debilitamientos del control judicial de los actos de gobierno, termina la gestión con un ascenso en la carrera judicial», denunció un informe del Cels en 2012.

    El 1 de diciembre de 2018 Mendoza renunció con fines jubilatorios como juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata.

    Preocupado por la movilidad jubilatoria en tiempos de Milei, en noviembre de 2025 Mendoza fue uno de los firmantes del comunicado de ex jueces contra la acordada de la Suprema Corte que incrementa la brecha de haberes de los pasivos y los salarios del Poder Judicial.

    Mendoza (izq.) en la presentación de los nuevos representantes del gobierno de Milei en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.

    Puntualmente, cruzaron el acuerdo 4191 de junio de 2025 que implementó un aumento de haberes a quienes se encuentran en actividad en el Poder Judicial bonaerense pero que no se aplicó a los jubilados de ese sector.

    Es en ese contexto que Mendoza llega al Consejo de Administración del Hospital El Cruce que está compuesto por seis integrantes: dos miembros del Ministerio de Salud Nacional, dos por la cartera sanitaria bonaerense y los dos restantes por parte de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

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