Río Negro adhiere al Plan Nacional «Argentina Construye»

Mediante un encuentro virtual con Nación, la provincia de Río Negro adhirió al convenio marco del plan de obras, vivienda e infraestructura de emergencia «Argentina Construye«.

La gobernadora Arabela Carreras, en comunicación con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, acordó suscribir al plan de contingencia presentado, el cual inyectará 28.000 millones de pesos a todo el territorio nacional y generará miles de puestos de trabajo.

Entre los distintos ejes del programa “Argentina Construye”, se proponen líneas para la construcción de viviendas, refacción de unidades habitacionales, subsidios para la compra de materiales, fabricación de núcleos sanitarios, dotación de equipamiento comunitario para atender la emergencia y generación de lotes urbanos con servicios disponibles para construcción de viviendas, como también líneas para la conexión a redes formales de cloacas y gas.

750.000
nuevos puestos de trabajo en todo el país.
$28.000 millones
inversión para dinamizar la construcción y levantar la economía.

Al respecto, la mandataria destacó la importancia de estos lineamientos que traerán respuesta a la necesidad de vivienda de muchas familias, proveerán de espacios adecuados para enfrentar la emergencia sanitaria, y brindará la oportunidad “a tantos vecinos, por ejemplo, de la Región Sur, que podrán mediante esta propuesta conectarse en un menor tiempo al gasoducto que se está construyendo”.

Por otro lado, la ministra Bielsa presentó a Carreras el programa “Argentina Construye Solidaria”. Se trata de un Plan Federal de Inversión Pública que posibilitará que distintas instituciones de la comunidad (ONGs, fundaciones, cooperativas, mutuales, etcétera), se inscriban a través de la web y puedan obtener una tarjeta para la compra de materiales destinados a la refacción de los espacios físicos.

En la ocasión, la gobernadora junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri y la interventora del IPPV, Inés Pérez Raventos, detallaron los protocolos que se llevan adelante en la obra pública provincial en el marco de la pandemia, cuidando de todos los trabajadores y sus familias.

¿Qué es Argentina Construye?

Argentina Construye es un programa federal de inversión pública que llevará adelante el Estado Nacional, para generar 750.000 puestos nuevos de trabajo, con una inversión de 28.000 millones de pesos. Las obras serán articuladas con los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la comunidad.

El programa está diseñado para responder ante la emergencia, atendiendo los déficits de vivienda, de infraestructura sanitaria y de equipamiento urbano. Permitirá dinamizar la obra pública, privada y de todas las industrias relacionadas a la construcción, para que miles de argentinos y argentinas puedan volver a trabajar rápidamente.

El Estado presente para mejorar el hábitat y generar empleo junto a las comunidades locales

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat pone en marcha este plan en articulación con pymes, cooperativas, gremios, empresas de servicios públicos, gobiernos locales, mutuales, trabajadores independientes y autoconstrucción.

El trabajo en conjunto permitirá la construcción de 5.500 nuevas viviendas que se suman a las 30 mil en las que el ministerio ya viene trabajando, la refacción de 42.900 unidades habitacionales, la entrega de 200.000 créditos y 4.000 subsidios para la compra de materiales, la fabricación de 1.250 núcleos sanitarios, la dotación de equipamiento comunitario para atender la emergencia y la generación de 2.000 lotes urbanos con servicios disponibles para construcción de viviendas.

De esta manera, se brinda una perspectiva federal a la problemática de acceso a la vivienda, revalorizando la tarea de las organizaciones barriales, y brindando dos beneficios inmediatos a través de la construcción de viviendas e infraestructura pública: empleo genuino para quienes construyen y un hogar digno para quienes las habitarán.

Construcción, ampliación y refacción de viviendas

Este eje incluye la construcción de 1.500 viviendas en barrios de todo el país, a construirse junto a Pymes, cooperativas, sindicatos y gobiernos locales. Contempla también el otorgamiento de créditos para compra de materiales, previendo una intervención en aproximadamente 30.000 viviendas. Asimismo, se incluyen los lotes con servicios aptos para la construcción de viviendas para sectores medios y populares. Estas líneas generarán más de 310.000 puestos de trabajo para reactivar la economía mediante la construcción.

Créditos y subsidios para la compra de materiales

Se brindarán 200.000 créditos y 4.000 subsidios para la compra de materiales y equipamiento. Esta iniciativa sumará 78.000 nuevos empleos para trabajadores de la construcción e industrias relacionadas a la construcción.

Refacción y dotación de núcleos sanitarios

Este eje se compone por las líneas de infraestructura sanitaria y conexión a redes formales, créditos para ampliación de viviendas en sectores medios y populares, la línea refacción con créditos para mejorar las condiciones habitacionales en sectores medios y populares y microcréditos para instalación domiciliaria de gas de red en hogares. Se llevarán adelante más de 115.000 obras, que agilizarán el sector de la construcción con la creación de miles de empleos genuinos.

Equipamiento público

El eje de equipamiento público atiende directamente al contexto de emergencia con la construcción de 30 equipamientos aptos para múltiples propósitos durante la emergencia y su salida. A su vez, garantiza 2.500 conexiones de electricidad, gas, agua y red cloacal asegurando condiciones dignas de higiene en los lugares a intervenir.

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  • Bausili renovó el swap con China al mismo tiempo que Lamelas agrava la tensión con el gigante asiático

     

    La disputa entre Estados Unidos y China volvió a colocar a la Argentina en el medio del tablero. En menos de 24 horas quedaron expuestas dos señales que muestran la tensión. Por un lado, el Banco Central de Santiago Bausili renovó el swap con el Banco Popular de China y destacó la cooperación entre ambos países. Por el otro, la embajada estadounidense endureció su postura y advirtió que podría cancelar las visas de directivos de una cooperativa eléctrica de Neuquén si avanzan con un proyecto junto a Huawei.

    La decisión del Banco Central representa un gesto político de peso. El Banco Popular de China y el BCRA acordaron renovar el swap de monedas por un monto de 130.000 millones de yuanes equivalentes a 18.000 millones de dólares. 

    El nuevo convenio modifica una condición relevante: el plazo pasa de tres a cinco años, lo que extiende la vigencia del acuerdo y le da mayor previsibilidad a una herramienta que el Gobierno considera clave para la estabilidad financiera.

    El entendimiento también mantiene activa la utilización de 35.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 5.000 millones de dólares, habilitados desde comienzos de 2023.

    En el comunicado oficial, el Central resaltó que la renovación consolida la cooperación entre ambas entidades y recordó que la relación bilateral ya suma 17 años desde el primer convenio firmado en 2009. El mensaje no pasó inadvertido en Washington, donde la administración de Donald Trump viene intensificando su presión para limitar la expansión china en América Latina.

    La coincidencia temporal con el conflicto en Neuquén alimentó las lecturas políticas. La embajada de Estados Unidos hizo llegar una advertencia a los integrantes de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), la principal distribuidora eléctrica de la Patagonia. El mensaje fue claro: si la entidad concreta un acuerdo con Huawei para desarrollar un data center en la provincia, los directivos involucrados podrían perder el derecho a ingresar a territorio estadounidense.

    La información fue confirmada por el propio embajador Peter Lamelas, quien sostuvo que la decisión no implica una intromisión en la soberanía argentina sino una medida vinculada exclusivamente con la seguridad nacional de Estados Unidos. 

    En Washington consideran a Huawei un actor estratégico del Estado chino. Sostienen que, pese a presentarse como una empresa privada, mantiene vínculos con el Partido Comunista y con el Ejército Popular de Liberación, por lo que su tecnología podría utilizarse con fines de inteligencia.

    El conflicto salió a la luz cuando el portal patagónico Sur Política reveló que funcionarios de la embajada habían transmitido informalmente la advertencia a CALF. La cooperativa evitó hacer declaraciones públicas en ese momento, aunque envió una nota formal a la representación diplomática estadounidense y otra copia a la Cancillería para solicitar precisiones sobre el alcance de la advertencia. Según fuentes de la entidad, los potencialmente alcanzados serían los 16 integrantes del consejo de administración, además de un síndico titular y otro suplente. En total, 18 directivos.

    Lamelas defendió la postura de su país y aseguró que la preocupación está concentrada únicamente en el posible acuerdo entre CALF y Huawei. Citó además una frase del secretario de Estado, Marco Rubio: «Ingresar a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho». En esa línea, desde la embajada remarcaron que las autoridades estadounidenses revisan de manera permanente la elegibilidad de las visas y que quienes, a su criterio, realicen acciones que afecten la seguridad nacional pueden perder ese beneficio.

    El diplomático sostuvo además que fue la cooperativa la que impulsó el acercamiento con Huawei y que la embajada simplemente intentó abrir un canal de diálogo para entender por qué empresas estadounidenses no habían sido consideradas para el proyecto. Según esa versión, los representantes de CALF evitaron mantener ese contacto por tratarse de un asunto especialmente delicado para Washington.

    La advertencia encuentra respaldo en una ampliación de la política de restricciones migratorias anunciada por el Departamento de Estado el 16 de abril. La medida amplía los supuestos para cancelar o negar visas a ciudadanos del hemisferio occidental que, según la interpretación de Washington, actúen en representación de gobiernos considerados adversarios o de empresas vinculadas a ellos. La política también alcanza a quienes autoricen, financien o colaboren de manera significativa con esas actividades.

    El episodio provocó reacciones políticas. El parlamentario del Mercosur por Neuquén de La Libertad Avanza, Fabricio Cascino, cuestionó las amenazas y defendió la búsqueda de un proveedor con mejores condiciones económicas. 

    «En ningún momento CALF fue a hablar con la embajada de China para hacer una sociedad geopolítica. Lo único que buscó fue una empresa con tecnología de punta, calidad y mejor precio», afirmó. 

    Sin embargo, medios patagónicos recordaron que directivos de la cooperativa viajaron a China invitados por Huawei en abril para avanzar en el proyecto del futuro data center regional y analizar la compra de equipamiento.

    Lejos de retroceder, CALF difundió este miércoles un comunicado dirigido a sus usuarios. La cooperativa confirmó que recibió advertencias informales vinculadas con las visas, precisó que el único contacto fue un mensaje de WhatsApp y recordó que el 29 de julio presentó una nota formal tanto ante la embajada estadounidense como ante la Cancillería argentina. También afirmó que nunca recibió objeciones técnicas por los canales institucionales y ratificó que continuará definiendo sus compras según criterios de calidad, precio y financiamiento.

     

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