Finalmente la ordenanza 14/20 que fue vetada ayer por el intendente Marcelo Orazi, hoy fue aprobada en tratamiento excepcional por el Concejo Deliberante, los ediles no aceptaron el veto al proyecto con una votación de 8-2. Desde el lunes rige la ordenanza con el cronograma de días y salidas por terminación de DNI.
El Art 35 de la Carta Orgánica dice que el proyecto “vuelve con sus objeciones al Concejo, este lo trata nuevamente y si lo confirma por una mayoría de los dos tercios de los miembros presentes, el proyecto de Ordenanza pasa al Departamento Ejecutivo para su promulgación y publicación”…
El viernes 17 fue aprobada en el Concejo Deliberante con 8 votos a favor y 2 en contra. Las concejales María Eugenia Paillapíde Somos Villa Regina y Agustina Fernandez de Juntos Somos Rio Negro se plantaron frente a un proyecto innecesario, con contradicciones y más prohibitivo que el decreto del presidente, el intendente luego coincidió. La postura de Fernandez movilizó las bases dentro del bloque pero luego se sostuvo en la decisión del intendente.
Sostengo que el proyecto es innecesario, arbitrario y contradictorio. Con fallas desde un inicio intentando poner en manos de ciudadanos comunes un poder de policía. Siendo más prohibitivo que el decreto nacional 297/20 firmado por el presidente. Hay que seguir los lineamientos de Provincia y de Nación, hay que ser mesurado. No es momento para inventar nada. ¿El proyecto terminó siendo una lucha de egos dentro de Juntos? ¿Por qué no fueron funcionales a la decisión del intendente?
Los demás ediles oficialistas debían encolumnarse detrás de Fernandez (23) que marcó el camino correcto desde un principio, idea que se sostuvo luego con el veto del ejecutivo, la aceptación del veto si no era por convencimiento debía ser por funcionalidad. Con los 4 votos oficialistas más el de Paillapí alcanzaba. Pero no lo hicieron, la votación del tratamiento de la devolución de Orazi tuvo el mismo resultado que en un principio (8-2). La ordenanza fue aprobada. Exponiendo cierta rispidez y evidenciando cortocircuitos dentro del partido.
El beneficio de contar con mayoría en el CD es poder consensuar con el ejecutivo para decidir. Aquí, el bloque de concejales (menos Fernandez) no coincidió con la decisión del Intendente y le plantaron cara. Mal momento para hacerlo.
Estamos de acuerdo si decimos que en Villa Regina desde que inició la cuarentena casi no hubo control en la vía pública previo a las 23hs. El aislamiento, de algún modo es una medida autoregulable que apela principalmente a la conciencia de la gente, y en ese sentido Regina tuvo sus altos y sus bajos, por momentos parecía que a las 15hs bajaba la circulación después no. Luego vino el efecto boomerang del tapabocas que confundió a la gente que volvió a salir a la calle pensando que con una tela en la trucha alcanzaba para evitar el contagio. Lo cierto es que más allá de la irresponsabilidad de la gente el control no existió. Y con algo de control evitábamos esta medida que pone a la policía a controlar a la ciudad.
Entonces debíamos empezar por ahí, durante esta semana se pudo ver control de tránsito en algunas arterias principales. Controlando que en los vehículos no vayan más de dos personas, que en la calle caminen solas o respetando el distanciamiento, haciendo un control siempre pedagógico y con mucha paciencia debería alcanzar para disminuir la circulación a un ritmo preventivo, sin seguir coartando derechos que perdemos por la falta de empatía, solidaridad y conciencia de una parte de la sociedad que no cumple con el aislamiento.
Portada: Germán Busin
Todo el seguimiento al tratamiento de la ordenanza 14/20 lo podés ver en mi cuenta personal de facebook: Emiliano Piccinini.
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El RA-10, proyecto iniciado en 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner, entra en su etapa final y podría transformar la producción argentina de radioisótopos para medicina nuclear.
Por Ignacia Fratelint para NLI
Un proyecto científico que comenzó hace 16 años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, está entrando finalmente en su etapa decisiva. El Reactor Argentino Multipropósito RA-10, una de las mayores apuestas tecnológicas de la historia reciente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), alcanzó un 96% de avance en su montaje y el Gobierno confirmó que antes de fin de 2026 comenzará el proceso de puesta en marcha, con el objetivo de completarlo durante los primeros meses de 2027. Detrás de esa obra hay una infraestructura destinada a producir radioisótopos para medicina nuclear, desarrollar tecnología para la industria y la ciencia y, potencialmente, convertir a la Argentina en uno de los principales proveedores internacionales de estos insumos estratégicos.
El dato político y temporal es importante porque el RA-10 no nació durante la actual administración ni fue concebido como respuesta a una necesidad coyuntural. El proyecto comenzó en 2010, cuando la CNEA inició el diseño de un nuevo reactor multipropósito destinado fundamentalmente a ampliar la producción nacional de radioisótopos. En aquel momento gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y la Argentina atravesaba una etapa de fuerte impulso a la ciencia, la tecnología y el desarrollo de capacidades nucleares nacionales. Cuatro años después, en 2014, la Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó la licencia de construcción y en marzo de 2016 comenzó la obra civil en el Centro Atómico Ezeiza.
Lo que está ocurriendo ahora, por lo tanto, es el cierre de un ciclo iniciado mucho antes. El reactor atravesó diferentes administraciones, etapas presupuestarias, modificaciones y períodos de distinto ritmo de ejecución hasta llegar al estado actual, en el que la obra civil ya está terminada y se realizan los ensayos preoperacionales necesarios para comprobar que todos sus sistemas funcionen de acuerdo con los parámetros previstos. La propia CNEA informa que el diseño demandó más de un millón de horas-hombre y más de 10.000 documentos técnicos, una dimensión que permite comprender que no se trata simplemente de levantar una construcción, sino de desarrollar y ensamblar una infraestructura tecnológica extremadamente compleja.
De un proyecto de 2010 a una herramienta contra la dependencia sanitaria
El RA-10 no es una central eléctrica. Es un reactor multipropósito de investigación y producción de 30 megavatios, diseñado para aprovechar los neutrones generados por la fisión nuclear en aplicaciones médicas, científicas e industriales. Una de sus funciones centrales será fabricar radioisótopos utilizados en medicina nuclear, entre ellos molibdeno-99, del que se obtiene tecnecio-99m, ampliamente utilizado para realizar estudios de diagnóstico por imágenes. También producirá lutecio-177, utilizado en terapias oncológicas dirigidas, e iridio-192, empleado tanto en medicina como en aplicaciones industriales.
La importancia de esta capacidad aparece con claridad cuando se observa cómo funciona actualmente el mercado internacional. La propia documentación de la CNEA señala que la provisión mundial de molibdeno-99 está fuertemente concentrada y que cinco empresas dominan más del 80% de la producción, mientras buena parte de los reactores utilizados para obtenerlo tienen más de tres décadas de operación. Las fallas y paradas de esas instalaciones pueden generar episodios de escasez que afectan directamente a los sistemas de salud que dependen de estos radioisótopos. Argentina logró históricamente sostener su abastecimiento mediante el reactor RA-3 de Ezeiza, pero ese reactor ya tiene más de 40 años, de modo que el RA-10 fue concebido precisamente para garantizar y ampliar esa capacidad en el futuro.
Ahí aparece una de las dimensiones menos visibles del proyecto: la soberanía sanitaria también depende de capacidades tecnológicas que casi nunca aparecen en las discusiones cotidianas sobre salud pública. Un hospital puede contar con médicos especializados y equipos de diagnóstico de última generación, pero determinados procedimientos requieren radioisótopos cuya producción depende de instalaciones nucleares altamente sofisticadas. Tener la posibilidad de producirlos localmente significa reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones internacionales y, al mismo tiempo, construir una capacidad científica que puede proyectarse hacia otros países.
Las cifras proyectadas son particularmente importantes. El RA-10 podrá producir hasta 3.000 curies de molibdeno-99 por semana, una cantidad que la CNEA estima equivalente a aproximadamente una cuarta parte de la demanda mundial; también tendrá capacidad para producir hasta 6.000 curies mensuales de lutecio-177 y hasta 20.000 curies mensuales de iridio-192 medicinal. La capacidad prevista supera las necesidades internas proyectadas, por lo que el reactor fue pensado desde su origen no solamente como una herramienta para garantizar el abastecimiento argentino, sino también como una plataforma capaz de exportar productos de alto valor tecnológico.
La etapa que falta y el debate sobre la inversión privada
El anuncio realizado esta semana introduce, sin embargo, una nueva discusión. El Gobierno confirmó que la puesta en marcha del reactor comenzará antes de fin de año, pero también explicó que para transformar la producción del RA-10 en una actividad comercial a gran escala será necesaria una planta asociada destinada a procesar los materiales irradiados y obtener los radioisótopos. Para financiar su construcción y desarrollar las actividades productivas y comerciales vinculadas con ella, la Secretaría de Asuntos Nucleares anunció un esquema que permitirá incorporar capital privado. El Estado conservará la conducción de la política nuclear y las funciones regulatorias, de seguridad y fiscalización.
Es precisamente allí donde aparece una cuestión que merece discusión más allá de las posiciones políticas coyunturales. El RA-10 es producto de una acumulación de conocimiento científico y tecnológico desarrollada durante décadas por instituciones públicas, particularmente la CNEA, y cuenta además con la participación de INVAP en la gestión y los servicios especializados de ingeniería. Que una empresa privada participe posteriormente en la explotación comercial no borra ese origen, pero sí obliga a preguntarse de qué manera se distribuirá el valor generado por una tecnología que fue concebida, investigada y desarrollada con una fuerte participación estatal. La cuestión no es menor si el reactor efectivamente logra posicionar a la Argentina en un mercado internacional de altas barreras tecnológicas.
La propia historia del proyecto ofrece, además, una respuesta frente a la idea de que las políticas científicas pueden medirse únicamente por resultados inmediatos. Desde el comienzo del RA-10 hasta su puesta en marcha habrán transcurrido alrededor de 17 años, atravesados por distintos gobiernos, ciclos económicos y decisiones presupuestarias. La construcción de capacidades estratégicas requiere precisamente esa mirada de largo plazo: un reactor nuclear no se diseña ni se construye en cuatro años, y tampoco se puede reemplazar de manera rápida el conocimiento acumulado por equipos científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores especializados. El RA-10 es, en ese sentido, también una muestra de cuánto tiempo puede demandar convertir una decisión de política científica en una infraestructura operativa.
El reactor tampoco se limitará a la medicina. Entre sus capacidades figura la producción de silicio dopado mediante transmutación neutrónica, un insumo utilizado para fabricar semiconductores de alta potencia destinados a sistemas eléctricos, transporte, energías renovables y otras aplicaciones industriales. También podrá realizar irradiación y ensayos de materiales y análisis por activación neutrónica para investigación y desarrollo. Es decir, detrás de los radioisótopos que pueden terminar en un hospital existe una plataforma tecnológica mucho más amplia, capaz de vincular salud, industria, ciencia y formación de profesionales.
El RA-10 llega así a su última etapa con una historia que permite mirar mucho más allá del anuncio de su futura inauguración. Fue concebido en 2010, comenzó a construirse en 2016 y ahora, en 2026, está a las puertas de su puesta en marcha, después de atravesar más de una década y media de desarrollo. La actual administración puede reivindicar haber llevado el proyecto hasta su fase final y tiene por delante la responsabilidad de ponerlo efectivamente en funcionamiento, pero la tecnología que está a punto de comenzar a operar pertenece a una trayectoria mucho más larga, en la que participaron sucesivos gobiernos, científicos, técnicos e instituciones del Estado argentino.
Si todo el proceso culmina como está previsto, la Argentina tendrá una nueva herramienta para producir medicamentos e insumos esenciales para la medicina nuclear, reducir su dependencia de proveedores externos, abastecer a sus hospitales y competir en un mercado internacional de altísima especialización. Esa posibilidad es, quizás, la dimensión más importante de una obra que durante años permaneció lejos de los grandes titulares. El reactor que comenzó a pensarse durante el gobierno de Cristina Kirchner está finalmente a punto de entrar en servicio, y su verdadero resultado no se medirá solamente por la inauguración de una instalación científica, sino por la capacidad de transformar ese conocimiento acumulado en salud, tecnología, industria y soberanía para las próximas décadas.
La Cámara de Diputados sancionó por amplia mayoría (sumó 155 votos a favor, 56 en contra, registró 19 abstenciones y se computaron 25 ausencias) la ley regulatoria de producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Todos los detalles que tiene la nueva legislación que promete crear un mercado de u$s 500 millones y fomentar más…
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