Homicidios, abusos, femicidios , mecheras, motochorros, pungas a punta de cuchillo, robos, accidentes viales a la orden del día, narcos; conceptos que se instalan en la sociedad ante una justicia nefasta que indefectiblemente no desentona ni con sus leyes, ni con quienes las ejecutan. Y para coronar toda esta parafernalia realista y triste la ignorancia latente sobre las leyes que rigen nuestra sociedad, propias de un mundillo que justamente eso es lo que demanda, ignaros. Un combo que nos desangra día a día.
El estado de violencia prima. La violencia social es un estado emocional y corpóreo en nuestra comunidad, un tatoo difícil de borrar. Porque no sólo es una cuestión interna, personal; si no que también es una coacción externa instalada y apropiada.
Sin dudas que los medios, locales y nacionales, traccionan de diferentes formas en torno a esta problemática, inciden y coaccionan en muchas variables de relación con la inseguridad. Generan odio, separatismo, juzgamiento, miedo, avivan giles, sesgan, hacen sus negocios, etc. La inseguridad como tantos otros males, en nuestro país garpa y, además, corta transversalmente todos los estratos sociales y todo el territorio nacional. Nadie queda exento.
Villa Regina, como cualquier otra ciudad, no escapa del común denominador de inseguridad a nivel nacional, cosechamos lo que sembraron otros, pero nosotros regamos a diario.
Mano dura, perpetua, reinserción social, pena de muerte, entra y sale por la puerta giratoria, el fiscal no labura, el juez es amigo del dealer, la policía libera la zona… Se repite acá y en cualquier extremo del país como latiguillos vacíos.
No existe el juicio de valor sobre el libre pensamiento de cada persona, que piensa y construye una idea dentro de un contexto propio, distinto al de los demás aunque puede también, que parecido al de muchos otros.
La respuesta a todo mal siempre es la Educación, todo lo demás es transitorio, son paliativos que no erradican. Pero ¿a quién le reditúa este sacrilegio educativo? A ninguno que no quiera cambiar, a ninguno que se encuentre cómodo en esta espiral de violencia.
Este proceso de largo trecho, que no da votos y menos aún guita, sí libera a ese sector del país que se hace tangible en la voz de sus ciudadanos que no se conforman con la situación actual. A esos que no se conforman con lo que hay, a los que no se dejan vapulear, a los que no duermen entregados a la buena de un dios que hoy puede ser cualquier gil que elija disfrazarse de Moiras decidiendo sobre el destino ajeno.
La apuesta es la educación porque sin ella el camino por el que transitamos hoy, seguirá siendo lineal y sin bifurcación alguna que en el horizonte nos vislumbre una realidad, apacible y pacificadora.
La Municipalidad de Villa Regina, a través del trabajo conjunto de diferentes áreas, invita a disfrutar de las actividades que se realizarán mañana en la Isla 58 para recibir la primavera y festejar el día del estudiante. Será a partir de las 15 horas en el escenario ubicado frente a la Escuela de Canotaje con…
Desde mañana (miércoles 2) se podrán inscribir en el sistema de vacunación todas las personas de entre 50 y 59 años de edad que no presenten factores de riesgo y deseen recibir una dosis contra el COVID-19. Así lo confirmó la Gobernadora, Arabela Carreras. El jueves 3 llegarán a la provincia 33.600 dosis de Astrazeneca,…
La decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026 mantiene bloqueado el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país. El Gobierno defiende la desregulación como una apertura a la competencia, mientras el sector denuncia un intento de desmantelar una actividad estratégica y anticipa una batalla judicial.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La política de desregulación impulsada por el gobierno de Milei abrió un nuevo frente de conflicto con impacto directo sobre uno de los sectores más sensibles de la economía argentina. Desde el fin de semana, los prácticos de buques mantienen una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de embarcaciones de ultramar en los principales puertos del país, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario, corazón de las exportaciones nacionales.
La protesta surgió inmediatamente después de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno modificó de manera integral el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas. Para el Ejecutivo, la normativa elimina privilegios corporativos, reduce costos logísticos y favorece la competencia. Para los profesionales del sector, en cambio, representa una desregulación que compromete la seguridad de la navegación y destruye un esquema construido sobre criterios técnicos antes que comerciales.
Una actividad clave para que funcione el comercio exterior
El práctico es el profesional que asesora al capitán de un buque durante las maniobras de ingreso, navegación y salida de puertos, ríos y canales. Su intervención es obligatoria en gran parte del sistema fluvial argentino debido a la complejidad de la navegación en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en otros corredores estratégicos.
Sin ese servicio resulta prácticamente imposible que numerosos buques puedan operar con normalidad. Por esa razón, la decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios comenzó a paralizar progresivamente la operatoria portuaria, con riesgo de afectar exportaciones de granos, aceites, harinas, combustibles y otras cargas de enorme importancia para el ingreso de divisas.
El conflicto adquiere además una dimensión macroeconómica. Argentina depende en gran medida del complejo agroexportador para generar dólares, por lo que cualquier interrupción prolongada en la logística portuaria puede traducirse en demoras comerciales, mayores costos y dificultades para cumplir contratos internacionales.
Qué cambia el decreto de Milei
El Decreto 690/2026 elimina buena parte del esquema regulatorio vigente desde comienzos de los años noventa.
Entre sus principales modificaciones aparecen la apertura del registro de prácticos sin cupos, la libre contratación de profesionales independientes, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros con experiencia acreditada naveguen sin contratar prácticos argentinos, la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la liberalización del transporte utilizado para el embarque y desembarque de los profesionales.
El Gobierno sostiene que el régimen anterior generaba barreras artificiales de ingreso, favorecía posiciones dominantes y encarecía innecesariamente los costos logísticos del comercio exterior.
Sin embargo, desde el sector cuestionan que la actividad sea tratada como un mercado cualquiera. Argumentan que el practicaje constituye un servicio altamente especializado, vinculado directamente con la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la prevención de accidentes en una de las principales rutas comerciales del país.
Una pulseada que excede el conflicto gremial
Aunque el Gobierno presenta la medida como una disputa con sectores corporativos, el conflicto tiene un alcance mucho mayor.
La desregulación del practicaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración libertaria para modificar numerosos mercados considerados «cerrados» o «sobre regulados». La lógica oficial consiste en eliminar restricciones, abrir la competencia y reducir la intervención estatal.
Los críticos de esa estrategia sostienen que el mismo criterio se está aplicando sobre actividades cuya regulación no responde únicamente a razones económicas sino también a cuestiones de seguridad pública, infraestructura estratégica y soberanía sobre vías navegables.
En ese contexto, la discusión deja de ser exclusivamente laboral para transformarse en un debate sobre cuál debe ser el papel del Estado en la administración de servicios considerados esenciales para el funcionamiento del país.
El Gobierno prepara reemplazos y el conflicto podría escalar
Previendo una prolongación del conflicto, el decreto incorporó mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio.
Entre ellos figura la posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina puedan intervenir de manera excepcional para prestar servicios de practicaje, además de habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona en situaciones de emergencia.
No obstante, distintas informaciones periodísticas indican que los intentos oficiales para encontrar reemplazos inmediatos encontraron resistencia y que los propios capitanes consultados señalaron que no cuentan con las habilitaciones específicas para asumir esa función.
Mientras tanto, los prácticos adelantaron que además del lock-out impulsarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del decreto, por considerar que vulnera aspectos centrales de la actividad y modifica de manera unilateral un sistema construido durante décadas.
La pulseada recién comienza. Pero mientras el Gobierno apuesta a sostener una de las desregulaciones más profundas del sector marítimo, cada jornada con los puertos parcialmente paralizados incrementa la incertidumbre sobre el comercio exterior argentino y vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre las reformas económicas y el funcionamiento efectivo de actividades estratégicas para el país.
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