Un nuevo DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES TRABAJADORAS y, una vez más, nos movilizan las injusticias y las violencias. Por eso paramos y nos manifestamos, con la fuerza de esta organización colectiva, para recuperar las calles nuevamente. La consigna desde NI UNA MENOS este año es «La deuda es con nosotres y nosotras. ¡Que la paguen los que la fugaron!», para marcar cuáles son las deudas que el Estado y el gobierno tienen con las mujeres y las disidencias, y que deben ser priorizadas ante cualquier pago de deuda externa.
#8M NI UNA MENOS
Hay muchas reivindicaciones: las trabajadoras de la economía popular que vienen remarcando que fueron las que estuvieron en la primera línea de la pandemia y necesitan remuneración por sus trabajos, las compañeras con trabajos registrados que están pidiendo salarios que le ganen a la inflación y las compañeras travestis trans que están pidiendo la aplicación del cupo laboral, entre otras.
Llegamos a este #8M en medio de la conmoción causada por la violación grupal en Palermo (Bs. As.) a plena luz del día, una vez más, recordamos que esto pasa a diario en nuestro país. NO son hechos aislados, NO son excepciones.
«La indignación y la rabia nos inunda porque el crimen de la violación colectiva pone en evidencia una escena de impunidad. Los detalles que se repiten, a plena luz del día, en un barrio muy transitado, no hacen más que subrayar eso: que parece no haber límite para el sentimiento de impunidad. Es prioridad reforzar la Educación Sexual Integral en las escuelas, seguir impulsando la fuerza feminista para cuestionar esas formas de masculinidad y desarmar esas relaciones de poder»
NI UNA MENOS
UN FEMICIDIO CADA 28 HORAS EN EL 2022
El observatorio AHORA QUE SI NOS VEN dio a conocer las cifras de femicidios en lo que va del 2022, cifras elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. Datos que nos ayudan a dimensionar la problemática social: el femicidio es la expresión más radical de la violencia de género, pero esta violencia está presente en todos los ámbitos.
1 femicidio cada 28 horas en lo que va del 2022
2 transfemicidios/travesticidios
59% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas
55% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima
2 de los femicidas pertenecen a la policía
6 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 4 tenían medidas de protección
43 niñes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en lo que va del 2022
Observatorio AHORA QUE SÍ NOS VEN
En nuestra ciudad, Villa Regina, este #8M la movilización se concentra en la Plaza de los Próceres, con música, actividades y seguridad en el tránsito a la hora de marchar. Comienza desde las 18:30 hs con el Taller «El derecho a abortar es ley», 19:30 hs la marcha por las calles de Regina y 20:15 hs el encuentro será en La Hormiga Circular con una radio abierta. Todas las actividades fueron coordinadas por Socorro Rosa Villa Regina, Mu.Ge.Re.S y el Consejo Local de las Mujeres.
Nos reencontramos en las calles para gritar ¡vivas, libres y desendeudadas nos queremos!
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El ex juez federal Marcelo Bailaque tuvo el peor inicio en la audiencia donde se determina si va a juicio por connivencia con el narcotráfico. Al arrancar la sesión, una información inesperada sacudió a los que escuchaban. Y es que Gabriel Mizzau, que era contador en empresas del traficante Esteban Alvarado y a la vez asesor contable del propio magistrado bajo sospecha, aceptó una condena en este mismo trámite. Y algo más: convertirse en imputado colaborador en el caso que tiene a Bailaque como acusado de este y otros delitos.
La novedad produjo conmoción dentro y fuera de la sala de la Cámara Federal de Rosario donde el vocal Aníbal Pineda presidía el acto. El fiscal jefe de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias, reveló que Mizzau había suscripto horas antes un acuerdo pleno donde se reconoce la culpabilidad y con pena definida y a homologar más adalenta, además de un convenio de colaboración como imputado, en el marco del artículo 41 ter, que admite el aporte de información a cambio de una moderación en la condena a aplicar. Ese acuerdo fue admitido por el juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz
Bailaque está en prisión domiciliaria y no se presentó personalmente a la audiencia. Está imputado en tres causas distintas. La que más interesó este miércoles, que formalizó el fiscal federal Matías Scilabra, es haber generado una omisión inaceptable al rechazar tres medidas pedidas en 2013 contra Esteban Alvarado, que recién sería condenado por narcotráfico en 2022. Lo que se remarca en esa causa es que el juez tenía como contador a Mizzau, un amigo que había sido su compañero de colegio, quien era a la vez contador en al menos dos empresas del grupo de Alvarado.
El reproche a Bailaque es haber negado medidas cruciales, hacia 2013, contra actores del grupo delictivo de Alvarado, en una causa que resultó paralizada en el juzgado federal que controlaba. Parte de los datos que se acumularon en ese expediente, que no avanzó, sirvieron en la Justicia provincial de Santa Fe para condenar a Alvarado y miembros de su organización a penas de prisión siete años después.
Mizzau es el tercer imputado en causas ligadas a Bailaque que se convierte en lo que en jerga extrajurídica se llama arrepentido. Los anteriores fueron el ex director regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario Carlos Vaudagna, y el financista rosarino Fernando Whpei. Sus revelaciones sobre causas que conciernen a ellos y a Bailaque comprometen al ex juez federal de Rosario, al que le fue aceptada su renuncia el año pasado.
«Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos, la calificación jurídica y se postergó el dictado de la pena. Entendemos que la audiencia de control de acusación a Mizzau ha devenido abstracta», dijo el fiscal Iglesias. Lo hizo porque ahora, tras la admisión de su conducta, lo único que resta para Mizzau es que le fijen el monto de la condena.
Mizzau es el tercer imputado en causas ligadas a Bailaque que se convierte en lo que en jerga extrajurídica se llama arrepentido. Los anteriores fueron el ex director regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario Carlos Vaudagna, y el financista rosarino Fernando Whpei
El contador público Mizzau era quien firmaba los estados contables de Logística Santino, empresa de Alvarado. Según fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA) también fue él quien gestionó el pedido de habilitación municipal para el instituto geriátrico Sagrado Corazón de María SRL, una empresa integrada por Viviana Alvarado y Daniel Martín. Según los fiscales provinciales, y para los jueces que condenaron, este geriátrico era una firma de Esteban Alvarado, quien figuraba como empleado para simular ingresos legales.
El hijo de este contador que certificó balances o gestionó permisos comerciales para el grupo de Alvarado se llama Sebastián Mizzau y es empleado de la Justicia Federal de Rosario. Mizzau hijo entró en 2017 como empleado del juzgado federal a cargo de Marcelo Bailaque sin rendir concurso, como una buena cantidad de empleados, en base a la relación de amistad que su padre mantiene con el magistrado federal. Trabajó en ese juzgado hasta 2024, momento en que fue ascendido como integrante de la dotación del Tribunal Federal Oral 3 de Rosario.
Fernando Whpei
Mizzau era también, como lo reconoció el mismo juez, quien llevaba las cuentas personales de Bailaque, quien dijo jamás haber sabido de la relación de su contador y amigo con el grupo de Alvarado. La intervención de Mizzau como asistente profesional de Alvarado aparecía en anexos que estaban en la causa que el mismo Bailaque llevaba contra el narcotraficante que está condenado a perpetua por comercio de droga y como ideólogo de homicidio.
Además de este caso Bailaque está acusado en otros dos legajos. Otra imputación es haber participado junto al entonces director de la AFIP Vaudagna y el financista Whpei del armado de una causa, a partir de un anónimo genérico, contra dos empresarios bursátiles, Claudio Iglesias y Jorge Oneto, a fin de pedirles dinero para cesar la persecución. Esta acusación la generaron los fiscales Juan Argibay Molina y Diego Velasco de la Procuración contra el Lavado de Activos (Procelac).
El tercer hecho es haber orquestado una transferencia de mil millones de pesos en 2021 hacia la mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, bajo la esfera del grupo financiero Unión que controlaban dos empresarios, los hermanos Guillermo y Fernando Whpei. Esos fondos eran de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín y habían quedado inmovilizados por una causa de lavado de dinero contra sus directivos. El juez Bailaque resolvió transferir ese monto multimillonario a la mutual, contra lo usual que es que entidades oficiales cautelen fondos judiciales bajo litigio. El argumento que les dio Fernando Whpei a miembros de la cooperativa enfrentados a su conducción fue, según estos, que Bailaque era su amigo y que el dinero manejado en la mutual reportaría mejor interés. Esta imputación es del fiscal federal Federico Reynares Solari.
El gobierno de Milei aceptó la renuncia de Bailaque en julio del año pasado cuando el Consejo de la Magistratura, tras una demora de dos años, estaba a punto de girar su caso al plenario, lo que podía llevarlo a un juicio político con destitución.
Los fiscales que investigan una trama de corrupción que incluye actores institucionales pidieron diez años de prisión
para Bailaque por acciones que le atribuyen y que implican extorsión, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, recepción de dádivas y lavado de dinero. También solicitaron cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, multa equivalente a cinco veces el monto de la operación de lavado y a tres veces el de las dádivas.
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