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ZOMBIE PERFORMANCE

El reconocimiento debido no es sólo una cortesía que debemos a los demás: es una necesidad humana vital

Charles Taylor

La ciencia ha impuesto como debemos vivir. Dicha imposición está centrada en el cuerpo y en la individualidad. El ser humano está atravesado por los mandatos de la neurociencia, la psicología cognitiva y la informatización digital.

Pasamos a configurarnos como seres neurales conectados a la red digital, en un individualismo atroz que espera mejorarse con los performances físicos y virtuales que solo tiene que ver con uno mismo.

Lo social ha quedado relegado al subsuelo de los intereses propios de los modelos actuales. Sin embargo, nuestra subjetividad o construcción emocional está enraizada en la identificación con el otro, un otro que comienza a internalizarse desde la infancia. Una infancia que se ve ocupada por los artefactos tecnológicos nos ubica por fuera del vínculo con esos otros fundamentales para la constitución psíquica.

El predominio del performance físico-neuronal y digital nos aleja de la íntima relación con los demás y la naturaleza. El cambio climático del comportamiento está padeciendo los estragos de la indiferencia hacia el reconocimiento del otro.

No es casualidad que hoy en día dominen los modelos de desvalorización social, y que emerjan como zombies las estructuras ideológicas del razismo, la segregación y el odio desenfrenado de grupos extremistas religiosos o políticos.

El reconocimiento no es un halago como dice Taylor, es vital para la formación de nuestra identidad. La jerarquía de lo individual se ve reflejada en el predominio de poderes monárquicos disfrazados con una máscara democrática que socava la comprensión de las relaciones humanas.

La imagen del zombie buscando devorar al otro es un ejemplo del individualismo actual. El zombie no dialoga, solo quiere comernos como las horas transcurridas en el ámbito digital o el performance individual, o inclusive el tiempo de las políticas discriminatorias y antisociales.

El reconocimiento ha sido substituido por la ciencia y la tecnología planteando una manera de vivir distante y relegada a formatos económicos virtuales de control mental dominado por una razón instrumental, por una disolución de los horizontes morales, y una pérdida de la libertad por el afán de autodeterminación del yo.

Hay un desentendimiento de cuestiones que están por fuera del «yo zombie», como son los valores, la historia, la cultura, la familia, etc. Taylor refiere al respecto:

¿Puede hablarse razonablemente a las personas asentadas en un blando relativismo, o a quienes no parecen aceptar lealtad más alta que su propio desarrollo, a aquellos, por así decir, que parecen dispuestos a arrojar por la borda el amor, hijos o solidaridad democrática por el bien progreso de sus carreras».

La propuesta de Taylor para salir de esta encrucijada zombie es la sustitución de la noción de honor propia de la sociedad jerarquizada basada en la carnívora desigualdad por la noción de dignidad ligada al reconocimiento. No podemos encontrar reconocimiento en un zombie, en alguien determinado a autorealizarse sin palabras, y así mantener su auténtico ser zombie. Da la impresión que la política y el resto de los performance zombie lleva a los sujetos por este camino de la autorealización sin límites claros, de ahí el miedo que nos invade a la hora de las elecciones , ¿ hasta dónde o hasta cuándo estos zombies nos van morfar? ¿Hasta cuándo nos metemos adentro nuestro hasta convertirnos en zombies?

Agradecimientos a Agustín Moreno por la foto, quien además es uno de los creadores del movimiento Zombie Walk en Argentina.https://www.welcomeargentina.com/ciudadbuenosaires/zombie-walk-argentina.html


Referencia bibliografica: Racionalidad en la epistemología social y en la filosofía práctica, Fabiana Erazun.
Multiculturalismo y la política del reconocimiento, Charles  Taylor.

Diseño Portada: Germán Busin
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    «No hay más secundario»: empresas de colectivos descargan la crisis sobre los estudiantes y ponen en jaque un derecho conquistado

     

    La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?

    Cuando la crisis la pagan los estudiantes

    El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.

    Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.

    La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.

    La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.

    El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados

    La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.

    Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.

    Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.

    El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.

    Un nuevo golpe contra la educación pública

    La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.

    Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.

    Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.

    Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.

     

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