El radical Leandro Zdero entró en pánico ante un posible triunfo de su predecesor, Jorge Capitnanich, que le abriría un escenario tortuoso para los dos años que le quedan de mandato.
En las elecciones de 2023, Zdero se impuso a «Coqui» en primera vuelta con el 46,1% de los votos contra el 41,1%. En las elecciones provinciales de mayo de este año, la diferencia entre el peronismo y los radicales, que sumaron el apoyo de los libertarios, se agrandó a 10 puntos.
Los libertarios no le sumaron mucho caudal a Zdero en mayo, ya que de hecho sacó un punto menos que en 2023, pero fue clave la ruptura del peronismo. Capitanich encabezó la lista que salió segunda y la también peronista Magda Ayala fue con otra boleta que sacó 11 puntos.
Para las elecciones del próximo domingo, sin embargo, Capitanich y Ayala, que responde al riojano Ricardo Quintela, acordaron una lista de unidad.
Los radicales temen que la sumatoria entre las dos facciones peronistas que ahoran van unidas sea suficiente para derrotar al gobernador. La diferencia de al menos un voto es clave ya que el primero se quedará con dos bancas para el Senado y el segundo sólo con una.
«Le va a armar una carpa en la puerta de la gobernación», dijeron a LPO en el peronismo chaqueño, que anticipan un escenario combativo en las calles a partir del lunes y hasta 2027, cuando se espera que Capitanich se tome revancha de la derrota de 2023.
Semanas después de recortar a la mitad los recursos para recostruir la ciudad tras el trágico temporal de marzo, ahora el gobierno de Javier Milei le pasa factura al municipio de Bahía Blanca por el uso de dos puentes de emergencia que el Ejército colocó tras los derrumbes provocados por la crecida del arroyo Maldonado.
En las últimas horas, a partir de su publicación en el Boletín Oficial Municipal (ver abajo), se conocieron los convenios que el municipio bahiense firmó con el Ejército y por los cuales la comuna tiene que pagar cada tres meses una suma superior a los 43 millones de pesos por la prestación de dos puentes bailey, más el seguro.
El tema generó malestar en Bahía Blanca, donde cuestionan que el Gobierno nacional no haya realizado un convenio de cesión sino un alquiler por el uso de estos puentes modulares, vitales para la conectividad de una ciudad devastada en materia de infraestructura tras la histórica inundación.
La revelación se da en paralelo al reclamo de concejales bahienses a Milei por la omisión de obras significativas para la ciudad en el presupuesto nacional 2026 y otras que, a pesar de estar incluidas, muestran evidentes inconsistencias.
En marzo pasado, Petri había destacado en sus redes que el Ejército había instalado en «tiempo récord» los puentes modulares. «Nunca vamos a dejar a los bahienses solos», dijo el ministro en aquel posteo donde omitió hablar de un alquiler de 35 millones
De acuerdo a los decretos 2188 y 2189 del municipio a cargo del peronista Federico Susbielles, el convenio por tres meses con opción a prórroga establece que la comuna debe pagar 17.670.949 pesos por cada puente bailey y casi 8.5 millones en concepto de seguro.
En marzo pasado, el ministro de Defensa Luis Petri había destacado en sus redes que el Ejército había instalado en «tiempo récord» los puentes modulares. «Nunca vamos a dejar a los bahienses solos», dijo Petri en aquel posteo donde omitió hablar de un alquiler.
El Ejército al instalar uno de los puentes modulares en Bahía.
A la par, en Bahía Blanca surgen reclamos al Gobierno por omitir en el presupuesto 2026 obras significativas y por las incosistencias que aparecen en las obras que sí figuran en las proyecciones del Gobierno.
Sobre ésto último, resulta llamativo que las dos obras relacionadas a Bahía que figuran contempladas por la Nación tienen el mismo monto presupuestado y, además, sus ejecuciones aparecen por goteo en la proyección de los próximos años, con solo un 10% de avance para 2026.
Se trata de la reconstrucción del puente de la Ruta Nacional 35 que cruza el Arroyo Chasicó y del puente de la Ruta Nacional 3 que cruza el Arroyo Maldonado, ambos arrasados por la crecida del agua en marzo. Con esas obras pendientes, en la actualidad se tienen que realizar desvíos de tránsito en esos tramos.
En tanto, el concejal radical Pablo Daguerre presentó un proyecto para que el Ejecutivo Nacional incorpore en sus proyecciones la reactivación de los trabajos en la autopista Paso Urbano, clave para Bahía y la región.
Similar presentación harán concejales de toda la Sexta Sección. «Se trata de un proyecto clave para el desarrollo productivo, portuario e industrial del sudoeste bonaerense, que no puede seguir postergado», dijo Daguerre.
El concejal recordó que entre 2022 y 2023 el Paso Urbano fue una de las obras viales de mayor presupuesto del país y que, pese a las modificaciones posteriores para hacerla más viable, no se registraron avances concretos. También Daguerre impulsa la incorporación en el presupuesto de obras viales necesarias y trabajos de mantenimiento en ocho rutas nacionales de la región.
Homicidios, abusos, femicidios , mecheras, motochorros, pungas a punta de cuchillo, robos, accidentes viales a la orden del día, narcos; conceptos que se instalan en la sociedad ante una justicia nefasta que indefectiblemente no desentona ni con sus leyes, ni con quienes las ejecutan. Y para coronar toda esta parafernalia realista y triste la ignorancia…
El nombre de Santiago Pérez Teruel empezó a sonar fuerte como candidato de Axel Kicillof para ocupar un sillón de la Corte bonaerense. El propio gobernador lo habría planteado hace semanas en algunas reuniones informales donde se empezó a conversar el tema.
Pérez Teruel es un incondicional de Kicillof y forma parte del escaso grupo de funcionarios considerados «puros». Conoció a Kicillof en 2010 y unos años más tarde cuando fue subdirector general de Asuntos Jurídicos del ministerio de Economía y después ascendió a director.
En 2015, tras el triunfo de Mauricio Macri, una parte importante del grupo chico del ahora gobernador se refugió en cátedras de la recién creada Universidad de José C. Paz. Pérez Teruel fue uno de ellos.
En 2019, cuando Kicillof llegó a la provincia lo designó al frente de la Asesoría de Gobierno. Allí coordina todo el asesoramiento jurídico de la administración pública bonaerense y lidera un equipo de 300 personas que analizan las juridicidad de cada uno de los actos que hace el gobernador. Son unos 70.000 expedientes por año.
En los últimos meses estuvo al frente del convenio que el gobierno provincial firmó con la AFA para que la selección de fútbol pueda utilizar el Estadio Único de La Plata.
También trabajó en el reordenamiento de la feria La Salada donde coordinó con la Justicia Federal el fin de la intervención. Teruel coordinó el despliegue de las fuerzas provinciales para asegurar la seguridad en el predio de Lomas, como también avanzar en un censo a los feriantes y sumar Cuenta DNI en cada uno de los puestos.
Santiago Pérez Teruel.
«La Suprema Corte es un tribunal político que garantizan el cumplimiento de la legalidad», dijo Pérez Teruel en septiembre en una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco. «Es muy importante que los candidatos sean idóneos, pero también que lleguen con un fuerte consenso político», agregó.
En esa entrevista fue consultado sobre si podría ser uno de los candidatos. «Yo formo parte de un espacio y me siento útil donde estoy. No me desvela (ser candidato a la Corte) y creo que hay compañeros muy preparados para esos cargos», dijo en respuesta con formalidad extrema.
Pérez Teruel es especialista en Abogacía del Estado y no cuenta con una carrera judicial. Pero ya él mismo lo dejó claro: la Suprema Corte bonaerense es un tribunal político.
De confirmarse su designación será el segundo funcionario de Kicillof que quedará en la provincia con un cargo de por vida. El primero fue Federico Thea -otro joven funcionario del grupo chico del gobernador- que pasó a presidir el Tribunal de Cuentas.
Aunque meses atrás desde Casa de Gobierno sostenían que la candidata iba a ser una mujer, una eventual designación de Pérez Teruel tendría como objetivo dejar a incondicionales del gobernador en los resortes más importantes del Estado bonaerense durante años.
Federico Thea.
LPO adelantó la semana pasada que Kicillof dio la orden de iniciar una demorada negociación para ocupar los cuatro asientos vacantes de la Corte. El Máximo Tribunal bonaerense funciona con apenas tres de los siete jueces que la componen, una anormalidad institucional que preocupa en todos los ámbitos políticos.
Hasta ahora el gobernador se negaba a abrir esa negociación, pero en los últimos días trascendió que la jueza Hilda Kogan habría adelantado al gobierno sus intenciones de tramitar su jubilación.
A Kogan le tocó estar al frente de la elección desdoblada de septiembre. Ocurre que la presidencia de la Suprema Corte es anual y rotativa, y quien ostenta la presidencia de la Corte queda como presidente de la Junta Electoral bonaerense. Allí estaba Kogan cuando Kicillof desdobló la elección provincial y por tanto fue la principal responsable de garantizar una elección casi inédita en la historia reciente de la provincia. «Hasta acá llegué», dijo días después.
Quienes siguen el tema aseguran que será una negociación larga y que excederá por lejos los tiempos del presupuesto. En los primeros borradores los tres sectores mayoritarios del peronismo (axelismo, kirchnerismo y massismo) se quedarán con un asiento cada uno, el cuarto quedará para La Libertad Avanza.
Los libertarios serán la segunda minoría en la Legislatura y tendrán la llave para la mayoría calificada (los dos tercios). LPO adelantó en septiembre el poder que consolidó Sebastián Pareja al tener los mejores lugares en las listas de la elección desdoblada. Serán unos 20 legisladores propios, que más allá del paraguas de La Libertad Avanza, responderán a su jefe más cercano: Pareja.
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