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#YOMESUMO REGINA LIBRE DE PIROTECNIA

La Tapa relanza el hashtag #YOMESUMO para que en estas fiestas la pirotecnia se la metan en el c… cajón! y te invitamos a utilizarlo en todas las publicaciones que hagas en referencia a “Regina ciudad libre de pirotecnia” para lograr definitivamente una maduración social a través del compromiso y la empatía, respetando a todo aquel al que los fuegos de artificio le generen algún tipo de trastorno.

Celebramos que desde el 2012 esté vigente la ordenanza 125/2012 que así lo demanda, pero queremos ir un poco más allá, conseguir algo más, QUEREMOS QUE SE CUMPLA.

Para esto exigimos que la hagan cumplir: primero al ciudadano común, apelando a la empatía para con los demás y el compromiso social; y luego al mismo municipio llevando a cabo las tareas de control y haciendo funcionar (no solo habilitando, sino también atendiendo) números para recibir denuncias.

Es cierto que en estos siete años el uso de la pirotecnia ha mermado principalmente por la toma de consciencia individual y también por el trabajo de control, que Gral Roca se haya declarado ciudad libre de pirotecnia colaboró con declive en el uso de fuegos de artificio.

Celular: (0298) 154 61 00 07
Mail: [email protected]

Si bien en la publicación del blog oficial del municipio “Regina libre de pirotecnia” se aclara:

Asimismo se recuerda la prohibición del uso doméstico de pirotecnia en la vía pública, instituciones privadas, clubes, eventos deportivos, musicales, entre otros. En este sentido se recuerda que personal de Bromatología realiza recorridos diarios con el objetivo de dar cumplimiento a la Ordenanza y, en caso contrario, labrar actas de infracción correspondientes.”

No se dan a conocer cuáles son los números para realizar denuncias, sin embargo quien lleva a cabo el control es el área de Bromatología y recibe denuncias en horario de atención de 07:30 a 14:00 horas. Su número es: 2984 227153.

Las líneas deben existir y deberían ser gratuitas. NO deben ser líneas fantasmas, o “teléfonos descolgados” cual teléfono fijo en los noventa cuando los viejos dormían la siesta.

A su vez volvemos a insistir en la modificación de la ordenanza vigente anulando directamente el artículo VI que dice «Exceptúese de la presente Ordenanza los espectáculos de fuegos de artificios a los efectos exclusivamente visuales para el entretenimiento  de la comunidad por conmemoraciones o eventos especiales realizados y/o autorizados previamente por el Ejecutivo Municipal, sujeto en todos  los casos a los controles necesarios, el manejo por personas idóneas y responsables, y supervisado por organismos de control de incendios.».

Una ciudad libre de pirotecnia, no permite su uso en ningún caso y sin ninguna excepción.

No sólo debemos hacer hincapié en la problemática que genera en los animales, sino también en las personas con autismo. El Trastorno del Espectro Autista (TEA) tiene entre sus síntomas la hipersensibilidad en sus sentidos, especialmente el auditivo, es por eso que sienten pánico, ansiedad y estrés frente a esta práctica recreativa.

Podemos pensar en el problema como algo minoritario, ya que no afecta a gran parte de la comunidad pero también podríamos verlo desde una óptica que prime la solidaridad ante quien necesita ese gesto de sensibilidad y compromiso social.

Aprovechamos a compartir el artículo “Perro, no aprendemos más”, te invitamos a visitar esta nota informativa sobre consecuencias y cuidados para los animales durante las fiestas. También contiene entrevistas audiovisuales a Mariana Bustos, veterinaria de la ciudad y de la ONG local APAN.

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    La hermana presidencial esperaba una convocatoria de entre 7 y 10 mil personas, número en el que -calculaba- se lograría una foto aérea de aceptable volumen, muy distante del potrero a medio llenar que desató su ira, que comenzó a llamar personalmente a segundas líneas del Nene Vera para que le rindan cuentas.

    La pregunta que impera en los chats libertarios es qué pasó con los dólares destinados a asegurar una convocatoria cuatro veces más grande de la que efectivamente se dio.

    Ante eso, algunas respuestas apuntan directo a Vera y otras atribuyen porciones de responsabilidad a María Luz Bambaci, que secunda a Diego Valenzuela en la lista al Senado que, por su extrema cercanía a Sebastián Pareja, también maneja parte de la coordinación en la Primera.

    Karina esperaba una convocatoria de entre 7 y 10 mil personas, número en el que -calculaba- se lograría una foto aérea de aceptable volumen, muy distante del potrero a medio llenar que desató su ira 

    Fuentes del armado libertario en la Primera señalaron a LPO que algunos llamados de Karina generaron pánico ante una posible “caza de brujas” en busca de responsables del fracaso del cierre y del paradero de los recursos destinados.

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    Relegados del cierre de listas, Las Fuerzas de Cielo también fueron corridas del acto organizado por Pareja y Vera, blanco constante de los trolls de Caputo, que lo definen como un puntero del peronismo.

     La pregunta que impera en los chats libertarios es qué pasó con los dólares destinados a asegurar una convocatoria cuatro veces más grande de la que efectivamente se dio. 

    “Muchos de los dos mil que asistieron fue gente local a la que le pagaron y que no banca a Javi y muchos se fueron antes”, dijo a LPO un miembro de Las Fuerzas del Cielo.

    Como en toda la provincia, el armado de Caputo fue relegado del cierre de listas, pero en la Primera ese corrimiento fue más drástico, considerando que es la sección de base de Agustín Romo, uno de los más cercanos al asesor presidencial, que no pudo meter candidatos en la lista seccional y tuvo que refugiar a sus candidatos en la boleta de concejales que, de todos modos, tuvo que ceder lugares al PRO y Pareja.

    Ese desplazamiento fue fruto de un cierre caliente en la Primera, en el que el Nene Vera dispuso una guardia personal de diez patovicas en la puerta de su búnker en Moreno.

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    ¿Fue entonces una elección donde se probaron los límites morales de la sociedad? Hay que recordar que el Congreso acompañó el veto presidencial al aumento para los jubilados, pero luego lo rechazó y también aprobó la emergencia en discapacidad. Puso un límite y Milei lo desoyó al politizar el veto y amenazar con no cumplir y judicializar esa ley. Esa es la política de la crueldad en estado puro, con su doble cara de ceguera ideológica y estrategia de legitimación para canalizar resentimientos sociales. 

    En este caso, la política de la crueldad de Milei falló y encontró un límite gracias a la participación activa de las familias afectadas. Ellas ocuparon el espacio público y lograron que fragmentos de la historia de la institucionalización de sus derechos traspasaran la espesa cobertura de noticias falsas y distorsiones que había lanzado el Gobierno. Así, se supo que el incremento en el número de beneficiarios por discapacidad se debía al cumplimiento de obligaciones jurídicas que habían sido exigidas por la ONU. El contenido de estas recomendaciones, que estaban escritas con la supuesta frialdad del lenguaje de los expertos jurídicos y los procesos del derecho internacional, se traducía muy fácil al lenguaje ordinario de cualquier ciudadano capaz de reflexionar moralmente sobre asuntos públicos: “no consideren sólo a las personas incapaces para trabajar como los únicos individuos susceptibles de ser ayudados para enfrentar situaciones de discapacidad”. Esta recomendación va en el sentido de la tan mitificada “cultura del trabajo” que defienden los sectores conservadores y promueve beneficios generales para el conjunto de la población. Pero estas historias de los derechos sociales no pueden ser entendidas ni desde el vértigo de la bolsa de valores, ni desde la ideología discriminatoria de las derechas radicales contemporáneas.   

    Pudimos constatar de qué está hecha una buena parte de la legitimación política del Gobierno al día siguiente de la derrota electoral. Espontáneamente empezaron a fluir en público, sin pudor, todos los tropos del neo-fascismo. Los adherentes al gobierno de Milei comentaban que usaron mensajes violentos para llamar la atención y para expresar la rabia por el fracaso político. El que se destacó en esas faenas fue el empresario cordobes Lucas Salim, simpatizante “apolítico” del gobierno de Milei. Después de acusar de burros y brutos a los ciudadanos bonaerenses, pidió para todos ellos “25% de inflación, desabastecimiento y más desnutrición infantil”. Todas estas obsesiones perversas hacia la vida de los otros tienen explicaciones psico-sociales que son pertinentes y deben ser analizadas, pero desde el punto de vista político terminan encarnando en la vida pública el reservorio subjetivo para el resurgimiento de regímenes autoritarios. Si observamos los resultados electorales del domingo enfocándonos en el 33 por ciento de La Libertad Avanza, queda claro el desafío que representa para el sistema político el hecho de que se haya tornado habitual que entre un tercio y un cuarto de la población participe del juego democrático promoviendo abiertamente creencias anti-democráticas. 

    Hay que reconocerlo: el peronismo cumplió un papel clave en la defensa de la democracia. En un contexto en el que el Gobierno sólo quería hablar de finanzas y del control de la inflación, el peronismo bonaerense logró articular una sensibilidad múltiple hacia el malestar económico y construyó una voluntad política que le puso un freno a Milei. Frente a un presidente despiadadamente monotemático, creció la voz polifónica del gobernador Axel Kicillof, que no sólo legitimó una gestión pública contrapuesta a la de Milei, sino que logró abrir el espacio para otra lógica de construcción política. 

    Muchos partidos políticos del centro hacia la derecha ya habían sucumbido a la idea de que la política se iba a dirimir entre Milei y alguna alternativa que propusiera la misma política de Milei pero sin la crueldad. En cambio, Kicillof logró que la sociedad de la provincia de Buenas Aires encontrara el canal institucional adecuado para señalar con mucha nitidez que la política de Milei es la crueldad y una alternativa real a todo el daño que provocó no puede partir de sus mismas bases. Con ese posicionamiento también se logró que la participación ciudadana —el 63 por ciento del padrón— fuera superior a la de elecciones locales anteriores. 

    El desafío sigue abierto. El fantasma del autoritarismo no es una eventualidad del futuro. Ya estamos dentro de un proceso de autocratización en marcha y para enfrentarlo hay que ser muy claros en el diagnóstico de todos sus desvaríos institucionales. Quienes siguen el deterioro de la calidad democrática y de la vigencia de los derechos humanos en nuestro país registraron durante 2025 más de 20 eventos graves. Sólo en julio de este año el gobierno cometió cinco violaciones de principios democráticos que incluyeron: 1) represión, detención y respuestas desproporcionadas frente a la protesta social; 2) sus simpatizantes y funcionarios realizaron amenazas abiertas al orden democrático; 3) continuaron los ataques y asedios sistemáticos del presidente y otros dirigentes políticos del partido de gobierno contra el periodismo; 4) se reportó el aumento de los crímenes de odio contra la comunidad LGBT+; y 5) la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados denunció en su informe los reiterados ataques del gobierno de Milei sobre los jueces que fallaron contra la policía para hacer respetar el estado de derecho.

    Este proceso de deterioro de la democracia responde también a causas globales que son fáciles de entender pero difíciles de enfrentar. Muchas de ellas inciden sobre la vida cotidiana de las personas: provocan temores y ansiedades económicas que luego son canalizados por el mesianismo autoritario de las extremas derechas, tal como está sucediendo en muchos países, desde los Estados Unidos de Trump hasta la resiliencia del bolsonarismo en Brasil. Dos de estas causas están muy activas en la actualidad: la globalización sin normas de la economía y el cambio tecnológico acelerado. Ambos procesos ponen a los trabajadores de los países democráticos frente a la experiencia radical de su propia fungibilidad, la amenaza de poder ser reemplazados sin pérdidas funcionales para el sistema y sin noticias de los daños subjetivos que esa sustitución provoca. En el plano de la regulación del proceso económico ambos fenómenos hacen posible que las grandes empresas diseñen estrategias que se basan en lo que los economistas denominan “race to the bottom” (se podría traducir como “carrera hacia el abismo”): atraer inversiones promoviendo cada vez peores regulaciones, especialmente en materia de presión tributaria y justicia fiscal, derechos laborales, libertad sindical, vigencia de los derechos humanos en las cadenas de valor y protección del medio ambiente. Hace tiempo que se volvió relativamente evidente que el race to the bottom económico iba a terminar provocando un race to the bottom institucional en el sistema político democrático. Y es finalmente esto lo que estamos viviendo a nivel global en las diferentes historias de debilitamiento y fractura de la legitimidad de la democracia. 

    Para decirlo de un modo simplificado: si las democracias no les pueden subir los impuestos a los billonarios para financiar al Estado y no pueden regular los daños que provoca el proceso productivo sobre el mundo de la vida de los trabajadores, efectivamente el contrato democrático se debilita y el espacio público parece hundirse en discusiones farsescas sobre la solución de los problemas económicos a través de las deportaciones masivas o la reducción de los servicios sociales de las personas con discapacidad. 

    En la Argentina a esta problemática general se le agrega la necesidad de reducir los escandalosos niveles de informalidad económica, las demandas para volver más razonables y eficaces las políticas del Estado de bienestar y la urgencia de poder contar con una política monetaria realmente profesionalizada. Pero encauzar esta discusión, la experiencia reciente así lo demuestra, no es nada fácil. Para regular democráticamente al sistema económico global se requiere, al mismo tiempo, participación ciudadana en temas poco atractivos como la política tributaria o la política comercial, coordinación internacional en un momento de desconfianza geopolítica y un compromiso por parte de los dirigentes con reformas que no siempre responden a sus intereses políticos de corto plazo. Para poner sólo un ejemplo entre muchos: los impuestos a las compañías globales (el intento que comienza a regir lentamente de imponer un 15 por ciento sobre sus ganancias) o a los super-billonarios (la idea de un tributo que logre recaudar el 3 por ciento sobre su patrimonio) avanzan mucho más lentos que el malestar social que genera la desigualdad y la precarización.    

    Esta es la encrucijada en la que se encuentran los ciudadanos y los dirigentes políticos de las democracias contemporáneas. Ya no pueden seguir jugando –sin consecuencias catastróficas– el juego de la política habitual, pero tampoco disponen de las herramientas institucionales para resolver los problemas del sistema económico que están a la vista de todos. 

    En un escenario relativamente parecido a este, en la política del siglo XX apareció una gran disyuntiva: recurrir a un líder extraordinario que sea capaz de proveer con su decisión inescrutable aquello de lo que la realidad objetiva carece o abocarse a la experimentación de la construcción democrática de nuevas instituciones. En la escena política contemporánea vemos que, un siglo después, algunos de nuestros dilemas políticos vuelven a ser muy similares a los de las grandes crisis del siglo XX. 

    La entrada Un límite a la brutalidad se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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