La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que este fin de semana se retoma la actividad de las Ligas de Fútbol Femenino y Futsal, según el siguiente cronograma:
Fútbol femenino (sábado 17)
13 horas: Las Inter vs. Las Botis
14 horas: Santa Rita vs. Alto Valle
15 horas: Las Queens vs. Las Kaitos
16 horas: Regina vs. Las Perlas
Futsal:
Sábado 17:
17 horas: La Tribu vs Los Cabezas
18 horas: Regina Futsal vs Hidrovalle
19 horas: El Sauce vs Unidos
20 horas: Las Chivas vs Al-Vino
Domingo 18:
16 horas: Farmacia Regina vs FALP “A”
17 horas: La Casita vs Barrio Nuevo
18 horas: Romano vs Huergo
19 horas: Dist. Torres vs FALP “B”
20 horas: Oktubre vs Atlético
Deportes recuerda que estas actividades se realizan bajo los protocolos sanitarios establecidos para la prevención de COVID-19.
El reconocimiento debido no es sólo una cortesía que debemos a los demás: es una necesidad humana vital Charles Taylor La ciencia ha impuesto como debemos vivir. Dicha imposición está centrada en el cuerpo y en la individualidad. El ser humano está atravesado por los mandatos de la neurociencia, la psicología cognitiva y la informatización…
Los ‘Domingos de Plaza’ invitan a disfrutar de la música de los artistas reginenses. En este caso, a partir de las 21 horas, se presentarán Vero Obreque, Marea y La Locura en la Plaza de los Próceres. Además se contará con Francisca y Zoe que con sus trocitos de arte, regalarán una dulce melodía y…
Durante tres días, niños y niñas de Villa Regina disfrutaron de las actividades propuestas en las Jornadas de recreación artística para la niñez que se desarrollaron en los barrios 25 de Mayo, 201 Viviendas y Progreso. La propuesta estuvo destinada a chicos y chicas de entre 5 y 13 años y fueron organizadas por la…
La causa que investiga el desvío de más de 60 millones de dólares de ahorristas estafados por el financista Luis Herrera y dos de sus hijos entró en zona de turbulencia desde que la fiscalía trata de cerrar el caso con un juicio abreviado que deja a las puertas de la libertad a los implicados, como adelantó LPO.
El acuerdo que impulsa el fiscal Sebastián Narvaja deja en libertad condicional a los dos hijos de Herrera con una condena de tres años y cinco años de prisión efectiva para el padre que está pronto a cumplir 70 y obtendría la domiciliaria. La situación generó tal alboroto que este lunes el Fiscal Regional de Rosario, Matías Merlo, convocó a los querellantes a una reunión para ponerse al tanto del tema.
Sucede que los querellantes detectaron que el financista resarcirá la estafa millonaria a más de 400 ahorristas con patrimonio ínfimo disponible que se reduce a dos departamentos de menor valor, un Volkswagen Golf modelo 2016 y un Honda TN Acty de 1980. Una de las querellantes calculó el patrimonio que podría quedar afectado a la distribución y no supera los 700 mil dólares, «no llega al 2 por ciento del monto de la estafa», dijo.
Todo surge del borrador del juicio abreviado al cual accedió en exclusiva LPO donde se enumeran todos los bienes y vehículos de los Herreras «cuyo decomiso se requerirá», dice el fiscal Narvaja. Sin embargo, los bienes más valiosos pertenecen a Luis Herrera que se declaró en quiebra «lo que torna dichos bienes jurídicamente indisponibles y priva a la reparación de idoneidad jurídica real», explicó a LPO una de las querellantes.
Luis Herrera
Esto significa que los bienes afectados a la quiebra «no son de Herrera, son de la quiebra», agregó uno de los letrados que representa a uno de los damnificados. Según el abogado, hay jurisprudencia de sobra donde la quiebra tiene preponderancia sobre los bienes por encima de cualquier otro requerimiento judicial.
Todos estos delitos son de una gravedad extraordinaria que significaría un pésimo mensaje a la sociedad que se resuelva con un abreviado que los deje en libertad y que en un año puedan disfrutar de los millones choreados
«Del listado de bienes surge que más del 95% del universo patrimonial ofrecido corresponde a Luis Alberto Herrera, incluyendo inmuebles, vehículos, embarcación, acciones societarias, dividendos, fondos bancarios y armamento. Dichos bienes constituyen el núcleo sustancial de la supuesta capacidad reparadora», señaló una abogada al tanto del expediente que habló con este medio y subrayó que «los bienes pertenecientes a Ignacio Luis Herrera y Diego Francisco Herrera se reducen a un número muy acotado de inmuebles, un 50% indiviso en uno de ellos y dos vehículos, configurando un universo patrimonial marginal dentro del esquema propuesto».
Algunos damnificados cuestionaron que el Ministerio Público de la Acusación haya validado a deudores que habían hecho depósitos en negro sin ninguna discriminación con aquellos inversores que tenían depósitos declarados y que tributaban impuestos.
En definitiva, «son dos mangos», ilustró un abogado querellante sobre el patrimonio que deberá repartirse entre los damnificados. Además, algunos damnificados cuestionaron que el Ministerio Público de la Acusación haya validado a deudores que habían hecho depósitos en negro sin ninguna discriminación con aquellos inversores que tenían depósitos declarados y que tributaban impuestos.
Lo cierto es que el tema amenaza con disparar un conflicto judicial de dimensiones: «hacer un abreviado con el caso Herrera es como haber hecho un abreviado con Alvarado (narco) o con la muerte de Kennedy», consideró un funcionario judicial de la provincia en diálogo con LPO.
Es que el caso es asimilable al de Vicentín por la cantidad de estafados y por los montos sospechados de haber sido desviados a cuentas off shore que siguen controlando los Herreras, dicen los ahorristas. De hecho, el abreviado significa que se declaran culpable de los delitos que se los acusa.
A Luis Herrera y a dos de sus hijos, Ignacio Luis y diego Francisco, se los señala como responsables de un plan fraudulento en el que acumularon delitos en un listado escalofriante en el que se los acusa de asociación ilícita, administración fraudulenta en 554 hechos, estafa en 26 casos, quiebra fraudulenta y lavado de activos de origen lícito todo en concurso real.
A Luis Herrera y a dos de sus hijos, Ignacio Luis y diego Francisco, se los señala como responsables de un plan fraudulento en el que acumularon delitos en un listado escalofriante en el que se los acusa de asociación ilícita, administración fraudulenta en 554 hechos, estafa en 26 casos, quiebra fraudulenta y lavado de activos de origen lícito todo en concurso real.
«Todos estos delitos son de una gravedad extraordinaria que significaría un pésimo mensaje a la sociedad que se resuelva con un abreviado que los deje en libertad y que en un año puedan disfrutar de los millones choreados», dijo uno de los afectados que pidió preservar su nombre.
A su turno, el abogado Mariano Ramos, que representa a algunos ahorristas insistió en diálogo con LPO que «Herrera y sus hijos siguen mintiendo porque hasta hace pocas semanas repetían a sus clientes que la plata estaba y que no la podían traer al país por culpa de la persecución de los fiscales y ahora resulta que se esfumó», dijo.
Lo cierto es que los damnificados dijeron a LPO que «la familia Herrera sigue viviendo a lo grande. Nadie sabe de qué trabajan los otros hijos pero tienen gastos millonarios en tarjetas de crédito. Aca en Rosario podés estafar a medio mundo y después andar como si nada por Alberdi», dijo a LPO un ahorrista indignado.
El Grupo IDS, uno de los principales fabricantes de suelas de caucho del país, ejecutó en las últimas horas más de una decena de despidos en su planta de Chivilcoy, la cual redujo a una dotación de 25 operarios, la más exigua desde que opera en el parque industrial de esa ciudad.
La empresa argumentó esa decisión a la drástica caída de la producción a partir de la apertura de productos importados por parte del gobierno de Javier Milei, que golpeó muy fuerte a todo el sector de indumentaria, donde se agrupan textiles y calzado.
Establecida desde 2011 en Chivilcoy, IDS Suelas había sufrido una primera crisis en 2018, que logró sortear a partir de la fusión de dos plantas.
Pero, ahora, en el sector sostienen que esta crisis es más fuerte ya que las importaciones dispara la caída de clientes fuertes, lo que extrema la capacidad ociosa de la planta.
La empresa adujo entre los principales golpes el retiro de firmas como Puma, uno de los clientes estratégico para la operatividad de la planta de Chivilcoy. A eso, se suma el desplome del consumo y la reducción de aranceles para abrir la canilla al ingreso de calzados extranjeros.
Según la Cámara del Calzado, la actividad sectorial sufre una baja interanual de entre el 30% y el 40%.
En el gremio UTICRA denunciaron un panorama creciente de despidos y cierres en distintos puntos del pais, tal como los 150 cesanteos en la planta de Dass de Eldorado, Misiones.
Por los despidos en IDS, el gremio hizo una presentación ante la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense, reclamando la intervención del Estado para garantizar el cumplimiento de los acuerdos laborales y el pago de las indemnizaciones. Además, anticiparon acciones gremiales y judiciales.
La líder de la Coalición Cívica deberá presentarse mañana ante la Justicia luego de que el fiscal Germán Camafreita denunciara haber sido intimidado tras ordenar allanamientos en una causa sensible. El expediente expone audios, llamados y un patrón de aprietes que vuelve a poner a Carrió en el centro de la escena judicial.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Justicia citó para este martes a Elisa Carrió para que dé explicaciones luego de la denuncia presentada por el fiscal Germán Camafreita, quien aseguró haber sido amenazado por la exdiputada nacional tras los allanamientos al domicilio de Matías Yofe, en el marco de una causa que investiga a una presunta banda dedicada a denuncias falsas y extorsiones.
Según consta en el informe elevado por el funcionario judicial, Carrió lo llamó telefónicamente el 2 de enero, pocas horas después de los procedimientos realizados en una vivienda ubicada en Pilar, y lanzó una serie de advertencias que quedaron asentadas en el expediente.
“No sabés en qué te estás metiendo”
De acuerdo al relato de Camafreita, durante esa primera comunicación Carrió le dijo que “no sabía en qué me estaba metiendo”, que “iba a terminar preso” y que ella avanzaría “en forma despiadada” contra él. Incluso, según el fiscal, la exlegisladora aseguró que al día siguiente sería “portada de todos los medios nacionales”.
En el mismo llamado, Carrió cuestionó el allanamiento, afirmó que “se violaban derechos fundamentales” y sostuvo que se trataba de una “causa armada”, en un tono que el fiscal describió como intimidante.
Minutos después, siempre según el informe judicial, la dirigente de la Coalición Cívica volvió a comunicarse, esta vez a los gritos, para advertirle que lo denunciaría en el Juzgado Federal.
Llamados, disculpas a medias y nuevas amenazas
El episodio no terminó ahí. Dos horas más tarde, luego de que se le facilitara el número de expediente para que pudiera interiorizarse formalmente de la causa, Carrió volvió a llamar. En esa comunicación ensayó una especie de disculpa, pero inmediatamente retomó el tono confrontativo.
Camafreita dejó asentado que la exdiputada le dijo que Prefectura Naval Argentina radicaría una denuncia por el allanamiento ilegal, insistiendo en la supuesta irregularidad del procedimiento y reforzando la presión sobre el fiscal interviniente.
Denuncia formal y un posible “modus operandi”
La escalada derivó en una presentación formal. La semana pasada, la Fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar denunció a Elisa Carrió y a la abogada Albana Zoppolo ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro, por las amenazas y presiones sufridas durante el desarrollo del procedimiento judicial.
En el oficio, el fiscal puso a disposición todas las actuaciones labradas para que el Colegio evalúe la conducta profesional de ambas letradas durante los hechos denunciados.
En paralelo, en tribunales se investiga algo todavía más delicado: la posible existencia de un “modus operandi” por parte de dirigentes políticos que, ante causas que los incomodan, recurrirían a amenazas, aprietes y denuncias cruzadas para condicionar el accionar de fiscales y jueces.
La citación judicial a Carrió abre un capítulo incómodo para una dirigente que construyó su figura pública enarbolando banderas de ética y transparencia. Esta vez, sin discursos ni micrófonos, deberá responder ante la Justicia.
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