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#VOTOCOLLAGE

Este 16 de abril hay #Elecciones en #RioNegro. En este contenido te muestro de manera sencilla como hacerlo.

✂️Cortá prolijo sobre la línea punteada sin interferir el número de lista ni el símbolo del partido.
✂️ Todos los tramos tienen que estar representados.
✂️ No podés agregar dos tramos iguales de distintos partidos.
✂️ Para no confundirte lo que no usás descartalo en el tacho de basura.

Votos válidos:

A. VOTOS AFIRMATIVOS:

  • Se emite mediante boleta oficializada de una misma agrupación (o lista) para todas las categorías de cargos.
  • Para cada categoría de cargos a elegir se emiten boletas oficializadas de diferentes agrupaciones (o listas).
  • La boleta oficializada tiene tachaduras, agregados, roturas o sustituciones (borratina), siempre que el encabezado se encuentre intacto.
  • En el sobre hay más boletas oficializadas de la misma lista y categorías de cargos. Sólo se computará una y se destruirán las restantes.

B. VOTO EN BLANCO

  • El sobre se encuentra vacío.
  • El sobre contiene un papel (de cualquier color), sin imágenes, textos ni objetos extraños.
  • El sobre contiene una boleta oficializada, pero le falta el cuerpo correspondiente a una categoría. En ese caso, se considerará ¨voto en blanco¨ solo para dicha categoría

C. VOTO NULO:

  • Se emite mediante boleta no oficializada. Por ejemplo, boletas de elecciones anteriores y/o de otros distritos.
  • En el sobre junto con la boleta se hallan incluidos objetos extraños a ella, tales como monedas, estampitas, etcétera.
  • Boletas oficializadas de distintas agrupaciones para un mismo cargo.
  • Boletas oficializadas de distintas listas de una misma agrupación política para la misma categoría de cargos.
  • Boletas oficializadas que por destrucción parcial, defecto o tachaduras, no contengan, por lo menos, el nombre del partido y la categoría de cargos a elegir.
  • Boletas oficializadas que contienen inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo en los casos de tachaduras, agregados o sustituciones.

Votos recurridos:

Son aquellos cuya validez o nulidad fuera cuestionada en el escrutinio de mesa por algún fiscal. En estos casos el fiscal que recurre:

a. Deberá fundamentar su pedido con una “expresión concreta de la causa”;

b. Asentará tales motivos en el formulario especial provisto por la Justicia Nacional Electoral;

c. Consignará sus datos, nombre y apellido, número de documento cívico, domicilio y agrupación política (o lista), y firmará el formulario.

El formulario se adjuntará a la boleta y al sobre respectivo para ser enviado al Juzgado Federal con competencia electoral o a la Junta Electoral Nacional respectivamente.

Votos de identidad impugnada:

  • Voto sobre el cual Usted, el Vicepresidente (vocal auxiliar) o los/as fiscales consideran que el votante no es el titular del documento cívico que presenta.
  • Debe seguir este procedimiento en el caso de que se presente un elector identificado –con un grisado- en el padrón como “ausente por desaparición forzada”.
  • Los votos de identidad impugnada serán contabilizados, pero no abiertos ni escrutados en la mesa.
  • Se enviarán cerrados a la Justicia Nacional Electoral para que ésta decida sobre su validez o nulidad.

PADRÓN ELECTORAL RIONEGINO

https://www.jusrionegro.gov.ar/web/institucional/tribunal-electoral/padron-definitivo-buscar.php

Características del voto. Como elector o electora tenés derecho a ejercer el voto de manera libre. Las características del sufragio son las siguientes:

Universal: todos los argentinos y argentinas, independientemente de su sexo, raza, religión, etc., son titulares del derecho al sufragio a partir de los 16 años de edad. En las Elecciones Primarias, los electores o electoras que aún no hayan cumplido los 16 años pero que los vayan a cumplir hasta el día de la elección nacional, inclusive, tienen también derecho a votar. Los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, tienen derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos.

Igual: el voto de todas las personas tiene el mismo valor. Este principio se expresa de la siguiente manera: «un ciudadano, un voto».

Secreto: el voto se emite en ciertas condiciones que impiden conocer qué eligió cada elector o electora y nadie puede ser obligado, antes o después del acto electoral, a revelar su voto.

Libre: ninguna persona puede ser forzada a votar a favor o en contra de alguna agrupación política o candidatura determinada.

Obligatorio: todo elector o electora que se encuentre habilitado está obligado a votar.

El ejercicio del voto es un deber cívico también para los electores o electoras de 16 y 17 años y para los mayores de 70, aunque quienes tengan esas edades no serán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar en caso de no emitir el sufragio.

¿Es obligatorio que todos los electores y electoras concurran a votar?

Todos los electores o electoras as que tengan 16 años o más a la fecha de la elección nacional, tienen el derecho y el deber cívico de votar en las Elecciones Primarias y en las Elecciones Generales. Esto significa que quienes tengan 15 años pero cumplan los 16 hasta el día de las Elecciones Generales, inclusive, deberán concurrir a votar.

Sin embargo, los menores de 18 y los mayores de 70 no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, en caso de no presentarse a sufragar.

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  • Bronca en la UIA por que Milei les quiere cobrar USD 3.000 millones de impuestos

     

     La controversia fiscal desatada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al bloquear la actualización por inflación de los quebrantos impositivos (las pérdidas que las empresas utilizan para compensar futuros impuestos a las ganancias) se consolidó como un eje de conflicto entre el Estado y los principales agentes económicos del país. 

    Lo que comenzó como un ajuste técnico terminó en una crisis política y empresarial de envergadura que pone en juego no solo recursos, sino también la percepción de certeza jurídica para la inversión en la Argentina.

    En el centro de este escándalo tributario aparece YPF, que decidió alinearse con la postura de ARCA y admitió una deuda fiscal millonaria por no haber actualizado sus quebrantos. Esta decisión, interpretada por algunos sectores como un acto de obediencia política más que de seguridad jurídica, la convierte en la única empresa de gran porte que aceptó la interpretación del organismo recaudador, lo que la posiciona en un lugar delicado frente a pares y ante la opinión pública empresarial. 

    Desde la perspectiva del riesgo inversor, esto eleva el premio por incertidumbre jurídica

    Pazo tiene preparada su renuncia a ARCA y le buscan un nuevo lugar en el gobierno

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    Aunque no hay cifras oficiales consolidadas, circula la estimación de que las obligaciones en disputa podrían ascender a cerca de USD 3.000 millones agregados entre las principales firmas afectadas. 

    Las compañías consideran que esta exigencia significaría pagar impuestos sobre ganancias ficticias, lo que no solo afecta su competitividad sino que equivale, en términos reales, a una confiscación fiscal. 

    Aunque no hay cifras oficiales consolidadas, circula la estimación de que las obligaciones en disputa podrían ascender a cerca de USD 3.000 millones. Varias empresas analizan llevar el conflicto a la Justicia argumentando que la interpretación de ARCA lesiona derechos adquiridos y contradice precedentes jurisprudenciales que reconocen actualización por inflación ante efectos confiscatorios del impuesto.

    El titular de ARCA, Juan Pazo.

    Esta disputa alcanza un nuevo punto de tensión con las versiones de renuncia anticipada de Juan Pazo, el titular de ARCA. Tal como reveló LPO, Pazo ya comunicó su decisión y el Gobierno le busca una nueva ubicación, posiblemente en el Banco Nación o en otra dependencia vinculada al sistema financiero. Su salida ocurre en medio del creciente malestar empresario y de fricciones con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Esta última proviene del massimo. Ambos funcionarios impulsaron el bloqueo a la actualización de quebrantos.

    El malestar empresario se centra en el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Esta última proviene del massimo. Ambos funcionarios impulsaron el bloqueo a la actualización de quebrantos.

    En los despachos de Economía reconocen que la medida, que prometía recaudar varios miles de millones de dólares para compensar la caída de ingresos y cumplir metas con el FMI, terminó en un boomerang político: desató resistencia de las principales corporaciones, reacciones judiciales y una crisis interna que expuso el desorden de la gestión tributaria.

    ¿Quién paga la baja de impuesto a las ganancias de las grandes empresas? 

    Pazo, cercano al mundo de los seguros y con vínculos previos en el sector financiero, había sido uno de los interlocutores predilectos de Luis Caputo, pero su figura se desgastó en paralelo al conflicto. En los pasillos del Palacio de Hacienda reconocen que la «operación quebrantos» dejó heridos y que su desenlace probablemente derive en un rediseño del esquema recaudatorio. La medida de ARCA puede leerse como una expresión de la contradicción entre la urgencia fiscal del Estado y la llegada de inversiones, en el marco de una inflación persistente y la falta de actualización real de las variables nominales. 

    Es contradictoria además con la anunciada baja de Ganancias a los grandes grupos empresarios, incluida en la reforma laboral.

     

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    Por Decreto, Milei transformó a Economía en un superministerio: más tarifazos, privatizaciones y entrega

     

    Milei reordenó por decreto el corazón del Estado y dejó a un solo ministerio a cargo de la energía, el transporte, la obra pública, Vialidad, los organismos de control y hasta el sector nuclear. La concentración inédita de funciones anticipa tarifazos, privatizaciones encubiertas y una entrega abierta de áreas estratégicas que afectará de lleno a los argentinos.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Una arquitectura diseñada para el mercado

    El Decreto 866/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, reescribió de punta a punta la estructura del Ministerio de Economía y lo convirtió en un superministerio. Donde antes había áreas divididas entre producción, obra pública, transporte, minería, energía o infraestructura, ahora todo se ordena bajo un único mando político.

    Según el nuevo organigrama, Energía, Minería, Transporte, Obras Públicas, Infraestructura, Asuntos Nucleares y Agua quedan dentro del mismo paquete administrativo. También se incorporan organismos clave como la CNRT, la ANSV, la ANAC, el ORSNA, la Junta de Seguridad en el Transporte, Vialidad Nacional, el Instituto Nacional del Agua y el Tribunal de Tasaciones.

    El movimiento no es técnico: es político. Con esta estructura, el Gobierno se asegura que las decisiones sobre precios, subsidios, obras, concesiones, contratos, privatizaciones y energía dependan de una sola mesa, sin controles cruzados ni miradas divergentes. Un modelo estatal hecho a la medida de la desregulación.


    Energía y transporte: lo que viene para el bolsillo

    El rediseño de la Secretaría de Energía —con nuevas subsecretarías para electricidad, combustibles líquidos, gas y transición energética— arma el terreno para nuevos aumentos de tarifas, segmentación más agresiva y liberalización de precios.

    La presencia de áreas específicas para cada mercado energético es funcional a un objetivo: acomodar regulaciones y contratos para que los valores finales reflejen “precios de mercado”, es decir, más altos. La estructura está pensada para que nada frene ese proceso.

    En transporte será similar. La Secretaría de Transporte, que reúne trenes, colectivos, logística y aviación civil, aparece diseñada para reducir subsidios, avanzar hacia tarifas plenas y preparar nuevas concesiones. Con la CNRT y la ANSV bajo la órbita de Economía, el ministerio controla la regulación, la supervisión y la operación de todos los sistemas.

    El impacto para los argentinos será concreto: boletos más caros, servicios más inestables y un avance de privados sobre rutas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.


    Obras públicas: disciplina para gobernadores y un freno a la inversión

    Al incorporar Obras Públicas, Vialidad Nacional, ORSEP y el Tribunal de Tasaciones, el superministerio queda a cargo de toda la infraestructura del país. Desde rutas y puentes hasta sistemas de agua, mantenimiento de represas y proyectos urbanos.

    Esto le da a Milei, en la figura de Toto Caputo, un instrumento político directo: decidir qué provincia recibe obra, cuál no y cuáles proyectos quedan paralizados. En un contexto de recorte extremo, la obra pública será la herramienta para disciplinar gobernadores y avanzar con modelos de privatización de corredores viales, cobro de peajes o concesiones largas.

    La nueva estructura no incorpora áreas para planificación o desarrollo federal, lo que confirma el enfoque: menos Estado, más mercado, menos coordinación territorial.


    Sector nuclear: un giro silencioso que abre dudas

    En un movimiento inesperado, el decreto crea la Secretaría de Asuntos Nucleares, con dos subsecretarías propias. El sector nuclear vuelve a tener rango político, pero sin el fortalecimiento técnico de siempre. La novedad es que la agenda se orienta a aplicaciones comerciales, exportaciones tecnológicas y articulación con empresas privadas.

    Sin referencias fuertes a Atucha III, al CAREM o a la planta de agua pesada, el riesgo es claro: postergación de proyectos estratégicos, pérdida de capacidades del sistema científico y apertura a la participación privada en un área históricamente controlada por el Estado.
    Otro gesto de entrega en un campo donde Argentina es líder mundial.


    Un Estado mínimo para un modelo concentrado

    La reorganización del Ministerio de Economía no sólo cambia nombres: reordena el poder real. Concentra presupuesto, organismos técnicos, infraestructura, energía, transporte y minería en un único espacio político. No existe antecedente reciente de algo semejante.

    Mientras Milei proclama achicar el Estado, la reforma hace lo contrario: lo centraliza. Pero lo centraliza para liberar precios, desregular mercados, acelerar privatizaciones y desplazar el rol público en áreas estratégicas.

    Los argentinos verán sus efectos en el bolsillo, en las tarifas, en la obra pública frenada, en la infraestructura privatizada, en la energía dolarizada y en servicios básicos cada vez más caros y más lejos del control democrático.

    El nuevo superministerio es, en los hechos, el Estado mínimo que sueña Milei: concentrado arriba, privatizado abajo y hecho a medida del mercado.

     

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    Libro: «Los crímenes de Alicia» de Guillermo Martínez

    Si nos propusieran el desafío intelectual de establecer puntos de contacto entre la literatura y el mundo de las matemáticas, ¿Hacia dónde se dispararían nuestros razonamientos? ¿De qué manera pueden congeniar estas disciplinas a simple vista opuestas? Un posible nexo vinculante puede ser esta novela policial de Guillermo Martínez, donde la lógica recurrente invita a…

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