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VOS SABÉS QUIÉN SOY YO??

Se conoció la decisión del fiscal municipal Juan Carlos Giménez de solicitar el beneficio previsional, por lo que a su vez solicitó licencia con goce sueldo hasta que el trámite se apruebe en ANSES. La nota fue elevada al Intendente Municipal el día 3 de marzo y aceptada el 15 del mismo mes. Más de 35 años se mantuvo en el cargo el fiscal (86), una figura reconocida en la interna, no tanto en la comunidad, pero de una personalidad fuerte puertas adentro mediante mecanismos que hoy debieran ser obsoletos en la política. «Si sos intendente te conviene tenerlo de tu lado, porque si se te cruza es complicado», me dijo un ex intendente sobre la figura del fiscal.

Soberbio, altanero, supo navegar tres décadas sin que nadie le toque la cola, la del pelo. ¿Vos sabés quién soy yo?, su carta de presentación en los momentos calientes o la reacción ante una respuesta que no le gustaba en la cotidiana. Se está terminando una etapa que agoniza hace ya un tiempo, que a la vez deja muchos interrogantes. En este contenido, desandamos algunos.

«El más fuerte no es nunca lo bastante fuerte para ser siempre el dueño si no transforma su fuerza en derecho y la obediencia en poder«
Jean Jacques Russeau

CRÍTICAS EN EL CD: UN DECRETO QUE CERRÓ GRIETAS

Uno de los temas que se disparan después que el Fiscal tome la decisión de dejar su cargo, tiene que ver con la elección de su sustituta provisoria la Dra. Carolina Cailly que se concretó mediante decreto del Intendente Municipal. En el marco regulatorio legal el artículo 81 de la Carta Orgánica (CO) nada dice respecto a la sustitución interina del Fiscal Municipal. En cuanto al nombramiento del cargo expresa: “El Fiscal Municipal será nombrado por el Intendente previo concurso de antecedentes con acuerdo del Concejo Deliberante, y tendrá la misma remuneración, jerarquía, inhabilidades e incompatibilidades que los Secretarios del Departamento Ejecutivo. Podrá ser removido por mal desempeño en sus funciones en la misma forma como fue designado.”

Decreto del Intendente Marcelo Orazi

En su solicitud, el Fiscal saliente expresa lo siguiente: “Próximo a cumplir 87 años de edad y en pleno uso de mis facultades intelectuales -anque no tanto físicas- y con la seguridad plena que brinda al instituto la Dra. Carolina Cailly he decidido acogerme al beneficio de la previsión social…”. En la búsqueda informativa, todas las personas idóneas con las que me comuniqué consultando sobre la decisión sobre quien da continuidad al trabajo de fiscalía, coinciden en que es correcta, Carolina Cailly trabaja en asesoría legal hace más de un lustro y conoce el paño. Desde lo conceptual el nombramiento parece ser acertado.

Nota solicitud de licencia Fiscal Giménez

Sobre el procedimiento de cómo se designo en el cargo a la Dra. Cailly, el intendente Marcelo Orazi logró cerrar la grieta en el Concejo Deliberante (CD) local. Tanto el bloque de Juntos Somos Rio Negro (JSRN) como el del Frente de Todos (FdT), no estuvieron de acuerdo en las formas argumentando en ambos casos (por distintos motivos) que no se cumplió con los mecanismos establecidos por Ley.

El intendente sólo puede conceder la licencia y el decreto nos llamó la atención porque la designación de Cailly consideramos que es una atribución del propio fiscal porque está vigente la ordenanza 23/17. El fiscal, mientras está en uso de la licencia, puede delegar él directamente sus atribuciones en otro abogado de la Fiscalía (Cailly es personal de la Fiscalía) y eso está bien porque el Poder Ejecutivo no puede quedar en una situación de indefensión

Edgardo Vega presidente del CD (JSRN) en el diario LCR. 

El intendente comete el error de designar un fiscal, en principio, sin tener el aval del Concejo Deliberante, y al mismo tiempo equivocando el mecanismo, porque lo hace mediante un decreto, considerando lo que establece la Carta Orgánica en el capítulo referido al nombramiento de los secretarios que dependen del Departamento Ejecutivo”.

Hugo Cerda concejal del FdT en el diario RN

El intendente es el encargado de llamar a concurso, y debería ser antes que concluya la licencia del Fiscal Giménez, un presunto problema a corto plazo sobre el llamado a concurso es la experiencia previa. Si establecemos que las formas para designar un juez de faltas es la misma que la de un fiscal municipal podemos vislumbrar un problema a corto plazo, el NO llamado a concurso para cubrir el juez de faltas desde el inicio de esta gestión municipal nos da la posibilidad de pensar que este concurso tampoco se haga.

Sin embargo, si por el contrario pensamos en la diferencia de peso específico político que tienen los cargos, y entendiendo también que la afinidad política de la interina no es afín al gobierno de turno, podemos presuponer que la inacción política de no llamar a concurso puede ser de un coste político elevado para el oficialismo.

 “Para desempeñar correctamente este cargo es fundamental la estabilidad y la legitimidad de quien lo ocupa

Carolina Cailly, fiscal municipal provisoria

En concordancia con esta última opinión es que se espera que el llamado a concurso no se demore.

REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA: ES UN BUEN MOMENTO!

Un ítem que el bloque de JSRN del CD de Villa Regina planteó como objetivo en su gestión, y de manera acertada, fue el de la reforma de la CO. Un muy buen eje para trabajar ya que está desactualizada en varios capítulos, pero lo cierto es que todavía no ha tenido grandes avances.

Esta falta de presura en la reforma nos posibilita proponer otros puntos a modificar o reestructurar ya que en el planteo inicial ninguno incluía nada referido a la fiscalía municipal. Es una buena oportunidad para además de tratar temas, como el exceso de ediles en nuestra ciudad pasando de 10 a 6, ya que la cantidad actual en relación a otras ciudades de la región demuestra ser un exceso, más allá que la cantidad no se resignifique en calidad, sería oportuno reestructurar, como mencionaba, (entre otros) los artículos del capítulo décimo cuarto que corresponden al fiscal municipal, determinando por ejemplo como puede ser removido siendo más claro y objetivo, alejándonos de la abstracción de la única mención al mal desempeño, y estipulando que la gestión no pueda ser por tiempo indefinido.

El Artículo 193 de la Constitución provincial (CP) dice que “El fiscal de estado y el contador general son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Duran en sus funciones el mismo período constitucional que el gobernador y pueden ser redesignados. Son removidos por las causales y procedimientos del juicio político”. Esta es una opción viable para resignificar el cargo quitándole la posibilidad al profesional de enquistase en el poder, como lo fue el caso de Jimenez.  

La CP ofrece una salida respecto al tiempo de gestión, sin embargo me animo a agregar que a un cargo tan importante le daría transparencia, además de predeterminar plazos en sus funciones. (4-6-8 años y un nuevo llamado a concurso), intentar que esas gestiones no estén ligadas a las elecciones municipales, para que la selección de un fiscal sea parte de dos mandatos comunales consecutivos que pueden variar en su definición política, desprendiéndose de algún modo de decisiones meramente partidarias.

Párrafo a parte, ¿se reavivarán las denuncias por incompatibilidades en la función pública? En el siguiente enlace la info sobre el tema:
https://latapa.com.ar/precesion-giroscopica-efecto-boomerang/

DENUNCIA EN LA JUSTICIA ORDINARIA: EL TIRO DEL FINAL

A fines del año pasado los vocales del Tribunal de Cuentas del bloque del Frente de Todos, Vallejos y Cerda presentaron en la fiscalía de Villa Regina una denuncia para poner en conocimiento a la autoridad de la presunta comisión de un delito por parte del fiscal municipal Giménez contra el patrimonio municipal.

Durante meses, el Tribunal de Cuentas informó haber solicitado información a distintas áreas del Municipio respecto al funcionamiento de la Fiscalía Municipal y los fondos que debía ingresar a las cuentas municipales con motivo de lo dispuesto por la ordenanza que reglamenta las funciones del fiscal municipal (023/2017).

En la mencionada ordenanza, el Fiscal Municipal al momento de percibir sus honorarios por representar a la Municipalidad, debe destinar el 50% de lo percibido de la siguiente forma: un 20% para el personal municipal que integre la Fiscalía Municipal y el 30% restante debe ser destinado a rentas generales de la municipalidad.

Como menciono anteriormente la denuncia surge de haber detectado contradicciones entre el área contable de la municipalidad y la fiscalía municipal, pero por sobre todo el haber detectado que nunca se informó si se había dado cumplimiento a lo dispuesto en la ordenanza 023/2017.

La desobediencia a la ordenanza implica una falta por parte del Municipal que configura una percepción indebida de fondos que deberían estar en las arcas del Municipio pero que al día de hoy se desconoce su destino. Es por ello que en cumplimiento del deber que les compete y ante la sospecha fundada de la existencia de un delito los vocales mencionados se han presentado ante la Justicia para que investigue la situación descripta.

Lo que muchos sujetos políticos dicen, sin pruebas (ni nombres) pero sin dudar es que como la jubilación de autónomo suele ser baja y la jubilación hace que el fiscal pierda la percepción de honorarios por juicio, da por resultado un combo desabrido para el fiscal que extendió por demás su tiempo en el cargo.  También esbozan por lo bajo, como de querusa que algunos juicios fueron conducidos de tal manera que la defensa del patrimonio municipal no era el objetivo principal. La búsqueda de un motivo que no sea la defensa del patrimonio municipal es razón de mal desempeño en sus funciones.

El art 78  de la CO dice “Habrá un Fiscal Municipal, encargado de defender el patrimonio del municipio, de velar por la legalidad y legitimidad de los actos de administración, de ser parte legítima en todo recurso administrativo y en los juicios contencioso administrativos, y de ser jefe de los asesores jurídicos de la Municipalidad”.

Una presunción difícil de comprobar, el análisis del manejo o mal manejo de un  juicio no deja de ser subjetivo, cosa que imposibilita confirmar la presunción que se camuflada en decisiones discutibles.

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    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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