El Municipio de Villa Regina, invita a todos y a todas las habitantes nuestra localidad y alrededores a un nuevo aniversario del barrio Villa Alberdi.
Organizado por su Junta Vecinal, las celebraciones por el cumpleaños se realizarán el domingo 8 de diciembre a partir de las 18 horas en el Parque Temático Villa Alberdi, ubicada en las intersecciones de las calles Julio Cortázar y Dr. Oscar Rua.
En el espacio verde, se llevará a cabo el tradicional acto protocolar, seguido de unos espectáculos artísticos que amenizarán la jornada. Por último, se agasajará a los y las concurrentes con un brindis para concluir con la conmemoración del emblemático barrio reginense.
La inflación se desacelera al 1,8%, pero el consumo minorista se derrumbó 22% interanual en Córdoba y la rentabilidad de los comercios cayó 26%. Apenas el 10% de los comerciantes cumplió sus expectativas y ya hay 458 mil cordobeses en mora. El 88,7% de los hogares tuvo que financiar alimentos.
Los comercios venden menos, ganan menos, los consumidores compran menos y una porción cada vez mayor de los hogares necesita recurrir al crédito, al fiado o al préstamo para sostener los gastos cotidianos.
Esos son los datos de la economía doméstica de Córdoba, una foto que incomoda a los libertarios en su bastión. Los números de agosto de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) son contundentes. Las ventas minoristas medidas en unidades cayeron 22% interanual, mientras que la rentabilidad se desplomó 26% respecto de agosto de 2025.
No hay recuperación a la vista: el deterioro se aceleró incluso dentro del propio año. En comparación con julio, las ventas bajaron otro 11% y la rentabilidad se hundió 19%.La secuencia es significativa. En julio, la caída interanual había sido del 14% en unidades y del 12% en rentabilidad. En agosto, ambas variables prácticamente duplicaron su retroceso.
El dato más elocuente sobre el ánimo empresario es que sólo el 10% de los comerciantes consultados logró cumplir las expectativas que tenía para el mes.El ticket promedio, mientras tanto, subió de $135.120 en julio a $173.200 en agosto.
Pero el aumento del monto gastado por operación no representa una recuperación del consumo. Por el contrario, convive con una fuerte caída en la cantidad de unidades vendidas y refleja, en buena medida, el efecto de los precios sobre una canasta de compras cada vez más restringida.
El escenario resulta particularmente llamativo porque la inflación no está acelerándose. El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), del Centro de Almaceneros de Córdoba, registró una inflación del 1,8% en agosto, por debajo del 2,1% de julio. En los primeros ocho meses del año acumuló 21,4% y la inflación interanual llegó al 33,3%. Para todo 2026, el instituto mantiene una proyección del 31,5%.
No hay recuperación a la vista: el deterioro se aceleró incluso dentro del propio año. En comparación con julio, las ventas bajaron otro 11% y la rentabilidad se hundió 19%.La secuencia es significativa. En julio, la caída interanual había sido del 14% en unidades y del 12% en rentabilidad. En agosto, ambas variables prácticamente duplicaron su retroceso.
Los alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los rubros de mayor peso en el consumo familiar, aumentaron 1,6% durante agosto. Pero la desaceleración de los precios todavía no alcanza para recomponer el bolsillo.
La Canasta Básica Alimentaria acumuló una suba del 22,6% en ocho meses y del 36,4% interanual.Una familia tipo necesitó en agosto $2.034.194 para no caer por debajo de la línea de pobreza y $1.108.074 para cubrir los alimentos básicos y superar la línea de indigencia.
Es allí donde aparece el segundo problema: cuando el ingreso no alcanza, el consumo no desaparece. Se financia. De hecho, los últimos datos de la Central de Deudores del Banco Central procesados por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) muestran que 458.148 cordobeses se encuentran actualmente en mora con bancos y otras entidades. La cifra equivale al 16% de la población adulta de la provincia y viene creciendo de manera sostenida desde abril. En ese mes había 435.427 personas en mora.
Los últimos datos de la Central de Deudores del Banco Central procesados por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) muestran que 458.148 cordobeses se encuentran actualmente en mora con bancos y otras entidades. La cifra equivale al 16% de la población adulta de la provincia y viene creciendo de manera sostenida desde abril. En ese mes había 435.427 personas en mora
En mayo fueron 441.145, en junio 450.431 y en julio llegaron a 458.148. Más de 22.700 deudores adicionales en apenas cuatro meses.La deuda promedio en mora alcanza los $590.000 por persona, mientras que el pasivo total supera los $42.839 millones.Dentro de ese universo hay 71.871 personas cuyas deudas fueron derivadas al denominado mercado secundario: créditos con atrasos superiores al año que las entidades originales consideran incobrables y venden a estudios jurídicos, empresas de cobranzas o fideicomisos para intentar recuperar parte del dinero.
El fenómeno no es exclusivamente cordobés. A nivel nacional, la mora de los créditos destinados a los hogares pasó del 12,77% al 12,94% entre junio y julio.La explicación tiene además una segunda pata: el crédito dejó de expandirse este año. Es decir, mientras crece la cantidad de personas con dificultades para pagar sus obligaciones, también se achica el financiamiento disponible.Los datos sociales del Centro de Almaceneros terminan de cerrar el círculo.
Durante agosto, el 88,7% de los hogares declaró haber tenido que financiar alimentos. El 38,7% recurrió al fiado en comercios cercanos y el 37,3% utilizó tarjeta de crédito. Otro 12,7% tuvo que comprar alimentos con dinero prestado. Sólo el 9,3% de los hogares dijo no haber necesitado financiar su alimentación.
La consecuencia es que el endeudamiento dejó de ser una herramienta asociada exclusivamente a la compra de bienes durables. La deuda empieza a funcionar como sustituto del ingreso. El 28% de los hogares pidió dinero prestado durante agosto para afrontar gastos básicos.
El principal destino fue la compra de alimentos.Y la fragilidad financiera es todavía más evidente frente a un imprevisto: el 51% de los hogares no podría afrontar un gasto extraordinario de $150.000. Otro 40% tendría que pedir dinero prestado. El 61% asegura, además, que si perdiera repentinamente sus ingresos podría sostener sus gastos durante menos de una semana.
La foto de la economía cordobesa empieza así a componerse de varios indicadores que apuntan en la misma dirección: 22% menos de unidades vendidas, 26% menos de rentabilidad, 19% menos de rentabilidad en apenas un mes, apenas 10% de comerciantes cumpliendo sus expectativas, 458 mil personas en mora y casi nueve de cada diez hogares financiando la comida. La inflación baja, pero el consumo no despega. El crédito no se expande, pero la deuda crece. Los tickets aumentan, pero se venden menos unidades.
La muerte de Alberto Iribarne cierra la trayectoria de un dirigente peronista que ocupó responsabilidades en distintos momentos de la democracia argentina: fue diputado nacional, convencional constituyente en 1994, ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner y embajador en Uruguay durante la presidencia de Alberto Fernández.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La noticia de la muerte de Alberto Juan Bautista Iribarne atravesó este sábado al peronismo y a buena parte de la dirigencia política argentina. El exministro de Justicia y exembajador argentino falleció tras una extensa trayectoria vinculada a la función pública y a la vida interna del Partido Justicialista, en un recorrido que comenzó mucho antes de su llegada al gabinete de Néstor Kirchner y que continuó, con distintos roles, durante varios gobiernos de signo peronista. La familia comunicó su fallecimiento y eligió poner el acento no solamente en los cargos que ocupó, sino también en la dimensión personal de quien definieron como un hombre afectuoso, solidario y de profundas convicciones.
Una trayectoria que atravesó distintas etapas del peronismo
Iribarne nació en Buenos Aires en 1950, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y desde joven estuvo ligado al peronismo. Su carrera política y administrativa se desarrolló durante décadas y lo llevó a ocupar responsabilidades tanto partidarias como institucionales, incluyendo funciones durante las administraciones de Carlos Menem y Eduardo Duhalde, antes de convertirse en una figura relevante del gobierno de Néstor Kirchner. También tuvo una participación particularmente significativa en la vida constitucional argentina al integrar la Convención Constituyente de 1994, que produjo una de las reformas más importantes de la Constitución Nacional desde la recuperación democrática.
Esa trayectoria explica, en buena medida, el lugar que ocupó Iribarne dentro del universo político justicialista: no fue una figura construida alrededor de una única elección o de una coyuntura electoral, sino un dirigente formado en la administración pública y en las estructuras políticas del peronismo, con vínculos que atravesaron distintas generaciones y sectores internos. Su perfil estuvo más asociado a la construcción política y a la gestión que a la exposición permanente, una característica que varios de sus contemporáneos destacaron al recordarlo después de conocerse su muerte.
Su llegada al Ministerio de Justicia se produjo en julio de 2005, después de la salida de Horacio Rosatti. El nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 905/2005, publicado en el Boletín Oficial, y convirtió a Iribarne en el tercer ministro que tuvo Néstor Kirchner en esa cartera durante su presidencia. Permaneció al frente del área hasta el final del mandato presidencial, en diciembre de 2007.
Justicia, derechos humanos y la etapa de Néstor Kirchner
El paso de Iribarne por el Ministerio de Justicia se produjo en una etapa particularmente significativa para la política argentina. El gobierno de Néstor Kirchner había colocado la cuestión de los derechos humanos y el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado en un lugar central de su agenda, y durante la gestión de Iribarne continuaron desarrollándose políticas vinculadas con la protección de testigos y víctimas y con los procesos relacionados con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.
La documentación oficial permite observar parte de esa orientación. En 2007, por ejemplo, una resolución firmada por Iribarne como ministro estableció medidas destinadas a fortalecer la protección de personas involucradas en procesos judiciales vinculados con graves violaciones a los derechos humanos y contempló la intervención de organismos de derechos humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos para asistir a querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado.
Su gestión también estuvo atravesada por discusiones sobre el funcionamiento de la Justicia y por proyectos destinados a modificar aspectos del sistema penal. En esos años se impulsaron debates sobre reformas procesales, tiempos de los procesos, situación de las víctimas y funcionamiento de los organismos judiciales, en un contexto en el que el gobierno kirchnerista buscaba dejar atrás buena parte de las características que habían marcado la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia durante décadas anteriores.
El propio Iribarne reivindicaría años después una característica que atribuía a la relación de Kirchner con el Poder Judicial. En 2013, ya alejado del Gobierno, sostuvo que el expresidente había sido respetuoso de la independencia judicial y marcó diferencias con otras discusiones posteriores sobre el funcionamiento de la Justicia.
Después de abandonar el Ministerio de Justicia, Iribarne continuó vinculado a la política y a la actividad pública. Su nombre llegó incluso a ser considerado para la representación argentina ante la Santa Sede, aunque aquella designación finalmente no prosperó. Más de una década después, durante la presidencia de Alberto Fernández, regresó a la diplomacia y fue designado embajador argentino ante Uruguay, cargo que ejerció entre 2020 y 2023.
La despedida de un dirigente de perfil bajo
La noticia generó rápidamente mensajes de dirigentes peronistas que habían compartido con Iribarne diferentes etapas de su recorrido político. Agustín Rossi lo recordó como un defensor de la causa peronista, mientras que Aníbal Fernández expresó públicamente su pesar y lo despidió como amigo. Las palabras elegidas por ambos reflejaron una característica que aparece recurrentemente en las semblanzas publicadas tras su muerte: la de un dirigente que mantuvo una presencia política sostenida, pero sin convertir la exposición personal en el centro de su actividad.
La familia, por su parte, decidió resumir su legado desde un lugar diferente al de los cargos ocupados. En el mensaje difundido tras su fallecimiento, sus hijas Florencia e Inés señalaron que Iribarne fue un “hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones” y que hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio. También remarcaron que, más allá de los honores y las responsabilidades institucionales, permanecían su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella dejada en quienes compartieron su camino.
La muerte de Alberto Iribarne deja así el registro de una generación de dirigentes que atravesó buena parte de la historia política argentina posterior a la recuperación democrática, desde la reorganización institucional de los años ochenta hasta la reforma constitucional de 1994, pasando por los gobiernos justicialistas de los noventa, la crisis de 2001 y la reconstrucción política iniciada en 2003. Su recorrido fue, en ese sentido, el de un hombre que hizo de la función pública una parte central de su vida y que permaneció ligado al peronismo aun cuando cambiaron los gobiernos, las alianzas y las internas del movimiento.
La caravana por la república que se va a realizar en distintas ciudades de la Argentina este sábado. En nuestra ciudad la concejala Paillapí adhirió a la convocatoria desde su perfl de facebook y recibió el repudio de la organización Frente Patria Grande-Nueva Mayoría que fue lo que le dio visibilidad, también lo hizo luego…
El gobierno dio marcha atrás con una desregulación que había celebrado apenas cuatro meses atrás. La Comisión Nacional de Valores (CNV) prohibió el uso de cheques y eCheqs para ingresar y retirar fondos de las cuentas comitentes y dispuso que las transferencias sean la única vía habilitada.
En el mercado lo leyeron como un cepo reforzado. Pero detrás de la decisión aparece una razón menos doctrinaria: la recaudación del impuesto al cheque se desplomó y Economía decidió cerrar una puerta que había abierto la propia CNV.
La Resolución General 1166 establece que los fondos que ingresan a una ALyC deben provenir de una cuenta bancaria a la vista del propio cliente o de una CVU vinculada a su CUIT. Para retirar el dinero ocurre lo mismo. La CNV justificó la decisión por la necesidad de garantizar la disponibilidad inmediata, evitar rechazos de cheques y fortalecer los controles frente a «posibles conductas disvaliosas».
La explicación oficial, sin embargo, deja afuera el elefante de la habitación. En mayo, la CNV había dictado las resoluciones 1139 y 1141, que incorporaron el cheque electrónico y permitieron que los eCheqs circularan sin límites en la cantidad de endosos, siempre que pudiera garantizarse su trazabilidad. La regulación mantenía un máximo de dos pagos por día y cliente, pero no ponía límites a los endosos de los cheques electrónicos que ingresaban al circuito.
Ahí apareció el agujero fiscal. La transmisión de cheques mediante endoso está contemplada entre las operaciones exentas del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. Empresas comenzaron a utilizar eCheqs para fondear sus cuentas en sociedades de Bolsa, colocar esos pesos en instrumentos de muy corto plazo y luego retirarlos mediante transferencia. La secuencia podía completarse en unas 48 horas y permitía evitar el costo del impuesto al cheque.
El mecanismo creció justo cuando la recaudación comenzó a mostrar números cada vez más raquíticos. En términos reales, los ingresos por el impuesto al cheque cayeron 11% interanual en junio, 6,3% en julio y 9% en agosto.
En un primer momento, el Gobierno atribuyó el deterioro a la caída de la actividad. Pero un informe de ARCA y el aumento del volumen de endosos pusieron el foco sobre la nueva operatoria. Economía pidió entonces cerrar el grifo.
La crítica apunta a una contradicción incómoda para un gobierno que hizo de la desregulación una bandera. En mayo habilitó una herramienta que facilitaba el movimiento de fondos por fuera del circuito bancario tradicional y en septiembre la eliminó cuando comprobó su costo fiscal.
La marcha atrás encendió a las sociedades de Bolsa. Franco Tealdi, managing partner de IEB Córdoba, calificó la decisión como una «HORRIBLE medida» en mayúscula y apuntó además contra el comportamiento de los bancos. «Los bancos ‘retienen por las dudas’ el impuesto a débitos y créditos aún cuando fondeás a ACDI (después tenés que reclamarlo). No hay incentivos para que las PyMes operen en el mercado mediante ALyCs. Inentendible y espero que corrijan», afirmó. El experto Christian Buteler eligió una ironía más política: «¿Volvió Kicillof?».
La crítica apunta a una contradicción incómoda para un gobierno que hizo de la desregulación una bandera. En mayo habilitó una herramienta que facilitaba el movimiento de fondos por fuera del circuito bancario tradicional y en septiembre la eliminó cuando comprobó su costo fiscal.
El torniquete no apareció por una pulsión regulatoria sino porque la alquimia financiera comenzó a perforar una caja que el Tesoro necesita cuidar. Pero existe otra lectura en la City, sintetizada con menos diplomacia por la cuenta conocida como «Pájaro Loco»: «Bien CNV. Los curros que metían las ALyCs con los cheques ya era joda».
Esa mirada pone el foco sobre el uso de una franquicia pensada para facilitar operaciones del mercado de capitales como vehículo para evitar un impuesto. La exención terminó funcionando en algunos casos como un atajo para administrar tesorería empresaria y no necesariamente para financiar inversión productiva.
La pelea también es por quién se queda con esos pesos. Los bancos habían cuestionado la operatoria porque las ALyCs les estaban quitando depósitos y parte del negocio de tesorería corporativa. Los fondos que antes permanecían dentro del sistema bancario podían entrar mediante eCheqs al mercado de capitales y terminar estacionados en money markets o cauciones.
Fuentes del mercado reconocieron a LPO que los bancos venían reclamando contra ese circuito. Con la nueva resolución, buena parte de esos fondos vuelve a pasar obligatoriamente por las cuentas bancarias.
Por eso la decisión tiene ganadores y perdedores bastante definidos. Las ALyCs pierden una herramienta que se había vuelto atractiva para empresas y pymes. Los bancos recuperan terreno en el manejo de la liquidez corporativa. Y el Estado procura recuperar recaudación obligando a que los movimientos vuelvan a transitar por un canal alcanzado por el impuesto a los débitos y créditos. La medida golpea especialmente a las pymes que utilizaban cheques como parte habitual de su circuito comercial.
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la Declaración de Interés Municipal; la creación de la “Agrupación Valkirias Rosas”, que desarrolla la actividad náutica “Remo por la Vida”, con el objetivo de promover la actividad del remo, como tratamiento post quirúrgico oncológico de mama. Este proyecto fue elevado por los ediles de la Comisión de Asuntos…
Ya esta on-line el formulario para tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC) – Covid-19. El mismo habilita a transitar por todo el país a aquellas personas que estén exceptuadas del artículo 6 del Decreto Presidencial 297/20, en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. HACÉ CLICK EN ESTE LINK…
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