El Municipio de Villa Regina, invita a todos y a todas las habitantes nuestra localidad y alrededores a un nuevo aniversario del barrio Villa Alberdi.
Organizado por su Junta Vecinal, las celebraciones por el cumpleaños se realizarán el domingo 8 de diciembre a partir de las 18 horas en el Parque Temático Villa Alberdi, ubicada en las intersecciones de las calles Julio Cortázar y Dr. Oscar Rua.
En el espacio verde, se llevará a cabo el tradicional acto protocolar, seguido de unos espectáculos artísticos que amenizarán la jornada. Por último, se agasajará a los y las concurrentes con un brindis para concluir con la conmemoración del emblemático barrio reginense.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que están abiertas las inscripciones para dos nuevos talleres: ‘Canto y guitarra’ y ‘Reflexología para bebés’. El primero se dictará los miércoles a partir de las 15 horas mientras que ‘Reflexología para bebés’, los martes y jueves de 15 a 17 horas. Las personas…
Pasaron años para que el pedido de quienes utilizan el skatepark se oiga.Chicos y chicas (riders) de la ciudad como también quienes nos visitan de ciudades vecinas llevan años practicando en el skatepark de la ciudad ubicado en la Av 9 de Julio. Desde la Dirección de Cultura, se pidió la colaboración y el asesoramiento para…
Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.
El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90
La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.
Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.
En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.
Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.
La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.
Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización
La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.
El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.
Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.
La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.
Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.
Los bienes vuelven al Estado después de 30 años
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.
No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.
Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.
Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.
La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización
El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.
Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.
La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.
La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.
Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión
Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.
Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.
La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.
Un anciano que no comía hacía cuatro días no le quedó otra que incendiar un colchón para llamar la atención. El hombre estaba encerrado con candado en una habitación húmeda y oscura y cuando los bomberos entraron a la vivienda de José Gollán al 10.100, en la ciudad de Santa Fe, se encontraron con el infierno. Siete adultos mayores y personas con discapacidad hacinados, con hambre, sarna y sin atención médica.
Las imágenes de las víctimas muestran condiciones estremecedoras. Los residentes convivían entre la mugre, sin alimentos suficientes y con enfermedades que no recibían tratamiento. Uno de ellos aseguró que le habían prometido cuidados y comida; otro denunció que llevaba dos años sin documentos, dinero ni posibilidad de salir. «Me tienen secuestrado», dijo.
El descubrimiento de este geriátrico clandestino puso en jaque al intendente Juan Pablo Poletti y expuso la ausencia de controles sobre los establecimientos que alojan adultos mayores en la capital provincial.
Residentes del geriátrico clandestino rescatados tras el escándalo
El intendente fue director del Hospital Cullen, uno de los más importantes de la provincia y su gestión en la pandemia le permitió construir su imagen para la carrera política alrededor de su experiencia en la gestión sanitaria. El escándalo de la red de geriátricos clandestinos impacta de lleno en la administración municipal.
Consultados por LPO, los funcionarios del área de adultos mayores eludieron las explicaciones. Florencia Gentile, responsable del Observatorio de Geriátricos, se limitó a remitirse a las actuaciones judiciales.
El secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, y de la directora de Adultos Mayores, Susana López pertenecen a la Unión Cívica Radical y responden al sector del ex intendente Mario Barletta, uno de los principales aliados de Poletti. En el municipio se limitaron a señalar que el caso se encuentra bajo investigación judicial y no dieron respuestas sobre las acciones políticas.
Si bien Poletti integra la coalición Unidos, en el gobierno provincial no ocultan el fastidio con el intendente. Fuentes de la Casa Gris dijeron a LPO que están cansados de tener que intervenir para cubrir las fallas de la gestión municipal y cuestionaron la falta de capacidad de respuesta en áreas sensibles: «La falta de gestión termina provocando problemas humanitarios como este», resumió una fuente provincial del área social.
La Justicia investiga una trama que podría exceder al establecimiento descubierto. La presunta administradora ya había sido denunciada en 2025 por situaciones similares en otros lugares y permanece prófuga. La PDI detuvo a un hombre que cumplía funciones en la vivienda, mientras el fiscal Manuel Cecchini reunió pruebas para avanzar con las imputaciones.
La falta de gestión termina provocando problemas humanitarios como este
El mecanismo de financiamiento de estos geriátricos es tan estremecedor como las condiciones que ofrecían a los ancianos. El administrador se quedaba con las tarjetas de débito con la que los residentes cobraban sus jubilaciones o pensiones. Las familias entregaban a los adultos mayores junto con esos ingresos y, en muchos casos, se desentendían de su cuidado. El sistema quedó expuesto porque uno de los alojados pagaba alrededor de 300 mil pesos mensuales y denunció que le habían retenido la tarjeta de débito.
Fuentes que conocen el funcionamiento de estos establecimientos explicaron a LPO que el derrumbe del poder adquisitivo de las jubilaciones profundizó el deterioro. Con ingresos cada vez más bajos, la trama redujo todavía más los gastos en comida, higiene y atención médica para sostener la rentabilidad de un negocio que ya funcionaba en condiciones precarias.
Residentes tras la clausura del geriátrico
La investigación también busca determinar cómo llegaban las víctimas a esos lugares y si algunas habían sido derivadas informalmente después de pasar por hospitales públicos o por áreas de asistencia social. El Ministerio Público de la Acusación abrió además una investigación interna para establecer por qué no avanzaron las denuncias realizadas durante 2025.
El escándalo dejó al descubierto un circuito de abandono familiar, explotación económica y ausencia estatal, además de abrir una crisis política en el gobierno de Poletti.
El hundimiento controlado del “Magdalena María II” se unirá a los otros cuatro barcos que forman parte del Parque Submarino Las Grutas, el más grande de Sudamérica, en su estilo. Este atractivo rionegrino sigue en constante evolución y día a día permite a buzos aficionados y experimentados vivir una gran aventura submarina, además de jerarquizar…
Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz ordenaron a sus senadoras que voten en contra
de la ley de tierras y el gobierno de Javier Milei pierde dos votos clave para la sesión del jueves, donde el oficialismo se arriesga a una votación muy pareja y hasta hay dudas sobre el quórum.
El gobernador de Tucumán anunció esta mañana que la senadora Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, votará en contra del capítulo que habilita la extranjerización de tierras.
Ávila era uno de los 35 votos seguros que Patricia Bullrich contaba a favor.
«He conversado con las dos senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley. Y son personas que no cambian de posición», declaró Jaldo. Mendoza integra el bloque de peronistas rebeldes Convicción Federal, que ya había expresado su rechazo al capítulo.
«Lo que yo sé hasta acá es que estaban decididas a no acompañar ese proyecto de extranjerización de las tierras argentinas. Yo lo que creo que la gente puede venir a invertir, lo que no se puede venir a apropiar de nuestras tierras», agregó Jaldo, en un mensaje más que claro a sus senadoras. «Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros», insistió.
Beatriz Ávila
El anuncio de Jaldo causó un cimbronazo en el bloque oficialista porque los números están muy finos. De hecho, Bullrich ya avisó que no permitirá que la camporista Anabel Fernández Sagasti vote por zoom, más allá de la «autorización» de Victoria Villarruel para que se defina el recinto.
Pero las malas noticias para el gobierno no se terminan. Fuentes cercanas a la senadora salteña Flavia Royón, que responde a Sáenz, confirmaron a LPO que votará en contra de ese capítulo que ha generado un fuerte rechazo popular. Royón era otro de los votos que Patricia contaba a favor.
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