El Municipio de Villa Regina, invita a todos y a todas las habitantes nuestra localidad y alrededores a un nuevo aniversario del barrio Villa Alberdi.
Organizado por su Junta Vecinal, las celebraciones por el cumpleaños se realizarán el domingo 8 de diciembre a partir de las 18 horas en el Parque Temático Villa Alberdi, ubicada en las intersecciones de las calles Julio Cortázar y Dr. Oscar Rua.
En el espacio verde, se llevará a cabo el tradicional acto protocolar, seguido de unos espectáculos artísticos que amenizarán la jornada. Por último, se agasajará a los y las concurrentes con un brindis para concluir con la conmemoración del emblemático barrio reginense.
Axel Kicillof reunió en Casa de Gobierno a sus legisladores y confirmó al Cuervo Larroque como su armador político a nivel nacional de cara a la carrera presidencial. El gobernador bajó línea a los suyos y blanqueó algo que ocurría en los hechos pero que nunca había sido expresado. Además, dijo que Carlos Bianco será el encargado de la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires.
La reunión se planteó como una cumbre entre la mesa chica de ministros con perfil político junto al grupo de legisladores nacionales que integran Jorge Taiana, Huguito Moyano, Hugo Yasky, Juan Marino, y Santiago Cafiero, y los senadores y diputados del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Legislatura bonaerense.
La confirmación de Larroque al frente del armado nacional es una definición importante dentro del hermetismo que caracteriza al núcleo político que rodea a Kicillof. Fuentes del MDF aclara que los roles no serán estancos. Que el cuervo tendrá recorridas por territorio bonaerense y Bianco por las provincias, pero la definición para por un ordenamiento dentro de la línea interna del peronismo que trabaja en la candidatura presidencial de Kicillof.
Durante la reunión, Kicillof les pidió a sus candidatos a gobernador que caminen por la provincia y que las definiciones llegarán más adelante. Axel cuenta cinco candidatos: Carlos Bianco, Julio Alak, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi y a Fernando Espinoza. Este último es el menos lanzado del grupo, pero a Kicillof le sirve tener un abanico de candidatos con distintos perfiles.
Ayelén Durán, José Galván y Ana Luz Balor.
El pedido fue que todos salgan a recorrer la provincia y que eviten los roces. El desafío es evitar las pujas y tensiones que se dan a nivel local que inevitablemente toman bando por uno u otro candidato. Kicillof pidió evitar esas situaciones. El ministro de Gobierno será clave en su rol de armador provincial en ese trabajo.
En tanto, el gobernador les pidió a sus legisladores avanzar en la segunda mitad del año con una ley en la Legislatura que permita a los intendentes volver a pelear por otro mandato.
LPO había adelantado que el gobernador había decidido reflotar en el Senado un proyecto que el año pasado presentó Ayelén Durán. Ese es segundo el axelismo la mejor opción para empezar a discutir el trámite legislativo, aunque se muestran abiertos a los cambios que puedan proponer tanto la oposición como el resto del peronismo.
Ana Luz Balor y Diego Nanni.
Los legisladores del Movimiento Derecho al Futuro prefieren mantenerse cautos ante la interna con el kirchnerismo y buscan moverse con cuidado. Sin embargo, tomaron la decisión de retomar el proyecto de Durán como muestra de que están interesados en resolver la traba legal que afecta a unos 80 intendentes de la provincia.
El objetivo es poner paños fríos a las tensiones que surgieron en los últimos días respecto de la reelección de los intendentes. Hubo algunos trascendidos sobre pedidos de un juez de la Suprema Corte a cambio del voto de para reinstalar las reelecciones indefinidas y también -según fuentes del MDF- la condición de levantar la consigna Cristina Libre como condición para votar el beneficio para los jefes territoriales.
Para empezar a comprender qué es la alimentación consciente, tenemos que ser flexibles y cambiar la mirada, ir un poquito más allá de lo que nos enseñaron, dudar hasta de lo indudable. Pero creo con fervor que el mundo puede cambiar esa mirada, puede ser cada día mejor. Ser conscientes implica un concepto más global…
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La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La renovación de una concesión estratégica vuelve a poner en discusión el modelo energético de Milei
Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.
La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.
Un nuevo aplazamiento mientras se prepara la licitación
La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.
No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.
Chubut reclama un lugar en una decisión que considera propia
Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.
La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.
El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.
El antecedente de las privatizaciones y el peso de Aluar
La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.
Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.
Una política energética cada vez más concentrada
La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.
En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.
Un recurso estratégico cuyo destino vuelve a debatirse
La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.
Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.
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