La crisis industrial sigue golpeando duramente al interior del país. Tras la noticia de los 300 despidos de Mirgor en Tierra del Fuego, ahora la multinacional anunció el cierre de una histórica fábrica en Mendoza y la desvinculación de 60 trabajadores.
Se trata de una planta de vegetales deshidratados que funcionaba desde hace 62 años en la localidad de Corralitos, en Guaymallén. Desde 2005 era operada por Unilever y sus tres líneas de producción estaban dedicadas a proveer a la marca Knorr.
Según informó el diario Los Andes, la empresa informó el lunes a los empleados que no se presenten a trabajar, una decisión que sorprendió al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA). «A las 5 de la mañana empezaron a llamar a la gente para que no se presentara a trabajar», dijo el titular del gremio, Oscar Aciar.
El gremio dice que la empresa se comprometió a pagar las indemnizaciones al 100% de los 60 empleados más algunas sumas adicionales, lo que revela que la decisión del cierre no obedece a problemas económicos de Unilever si no a la decisión de cambiar el modelo de negocio.
Todo indica que la marca Knorr se proveerá ahora con productos importados, una posibilidad que le abre la apertura total de las importaciones del gobierno de Milei que está detonando la producción local.
«La decisión no afecta la continuidad de las operaciones de Unilever en Argentina ni de la marca Knorr, que seguirá desarrollando y comercializando sus productos en el país», sostuvo la empresa en un comunicado.
La planta de Guaymallén era un símbolo de la industria alimenticia mendocina y una referencia nacional en la producción de vegetales deshidratados.
Investigadores de la Universidad Nacional del Comahue y de Mar del Plata publicaron un estudio piloto donde demuestran la existencia de plaguicidas prohibidos y de uso actual en las placentas de mujeres de Río Negro y Neuquén. Afecta a los recién nacidos. El estudio, publicado a fines de 2022 en la Revista de Salud Ambiental…
Cristina Kirchner contrató a los abogados de Lula y prepara un reclamo ante Naciones Unidas. La ex presidenta busca revertir las condenas por la Causa Vialidad.
Cristina sumó a Rafael Valim y Javier Borrego. Valim es especialista en Lawfare y participó de la defensa de Lula en la causa Lava Jato.
La condena a Cristina tiene dos partes que su defensa busca dar vuelta. Una es la prisión y la otra la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Uno de los puntos fuertes de la estrategia del presidente brasileño fue lograr una condena contra la justicia brasileña en Comité de Derechos Humanos de la ONU. En Naciones Unidas consideraron que los derechos de Lula habían sido violados por el juez Sergio Moro.
Si bien la resolución favorable de la ONU llegó casi un año después de que el Supremo Tribunal de Brasil anulara las penas contra Lula, sirvió para darle visibilidad mundial al caso.
Cerca de Cristina reconocen que el litigio puede llevar varios años, pero confían en que la presentación en Naciones Unidas mejora la situación de la ex presidenta ante la justicia argentina.
Borrego, el otro abogado que trabaja en el equipo que encabeza Carlos Beraldi, fue juez en la sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La defensa de Cristina ya agotó sus reclamos en todas las instancias posibles de la justicia argentina y ese un requisito indispensable para poder presentarse ante la ONU. La otra restricción que tiene Naciones Unidas es que el expediente no sea presentado en ningún otro organismo internacional.
El Secretario de Coordinación de la Municipalidad de Villa Regina Ariel Oliveros participó de la entrega de insumos informáticos a la Escuela N° 196 de Villa Alberdi que fueron adquiridos a partir del convenio que el Municipio firmó con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. En este caso, el establecimiento educativo…
Durante los tres días de promociones del Hot Sale 2021, San Carlos de Bariloche se ubicó como el destino nacional más elegido, generando buenas expectativas para lo que será la venidera temporada invernal. Los resultados arrojados exponen que la intención por viajar se mantiene firme y las promociones, que incluyeron cuotas sin interés y vuelos…
La muerte de la enfermera Mariela Romero del Hospital de Villa Regina comenzará a ser investigada, tal como lo pidieron los gremios ATE y Upcn, para determinar responsabilidades en la atención que recibió. Al momento de escribir este artículo el ministro de salud Fabián Zgaib no brindó precisiones del caso encontrándose a la espera del informe oficial del Hospital…
La decisión del Gobierno de avanzar sobre la regulación del mercado editorial abrió una discusión que excede el precio de los libros. Editoriales, librerías y escritores advierten que detrás de la promesa de mayor competencia puede producirse una concentración del mercado que termine afectando la diversidad cultural y la supervivencia de las pequeñas librerías.
Por Redacción de NLI
Hay discusiones que parecen económicas hasta que uno mira un poco más de cerca. La pelea que acaba de abrirse alrededor del mercado editorial argentino es una de ellas. El Gobierno de Javier Milei impulsa modificaciones que apuntan a desregular la comercialización de libros, mientras editores, libreros y autores advierten que el problema no es solamente cuánto costará un ejemplar dentro de algunos meses, sino qué libros estarán disponibles, quién podrá publicarlos y qué librerías sobrevivirán en un mercado dominado cada vez más por grandes cadenas y plataformas digitales.
La discusión tiene un punto particularmente sensible: la posible eliminación de la llamada ley de precio uniforme del libro, vigente desde hace 25 años. El principio es relativamente sencillo: un mismo título debe venderse al mismo precio de referencia independientemente de que sea ofrecido por una gran cadena, una librería independiente o una tienda situada en una ciudad pequeña. La intención histórica fue evitar que los actores con mayor capacidad financiera pudieran utilizar descuentos agresivos para concentrar el mercado y desplazar a los competidores más pequeños.
Lo que desde el Gobierno puede presentarse como una simple eliminación de una regulación que encarece los productos, desde el sector editorial es observado de otra manera. Un libro no funciona exactamente como una lata de gaseosa, un par de zapatillas o un teléfono celular. Su valor económico convive con una dimensión cultural: detrás de cada título existe un autor, una editorial, un traductor, un corrector, un diseñador, una imprenta, una distribuidora y, finalmente, una librería que decide qué colocar en sus estantes.
El problema no es solamente cuánto cuesta un libro
La Argentina tiene una tradición editorial extraordinariamente rica. Buenos Aires fue durante buena parte del siglo XX una de las grandes capitales editoriales de habla hispana y sus empresas publicaron a autores argentinos, latinoamericanos y europeos que encontraron en el mercado local una plataforma para llegar a millones de lectores.
Esa estructura, sin embargo, nunca estuvo compuesta exclusivamente por grandes compañías. Una enorme cantidad de pequeñas editoriales construyó catálogos especializados, recuperó autores olvidados, publicó poesía, ensayo, literatura infantil, traducciones y obras que difícilmente tendrían espacio en un mercado guiado exclusivamente por el volumen de ventas.
Ahí aparece una de las principales preocupaciones del sector frente a la desregulación. Si una gran cadena o una plataforma puede ofrecer determinados títulos con descuentos mucho mayores que una librería independiente, dispone de una capacidad para absorber temporalmente menores márgenes que un comercio pequeño difícilmente puede igualar.
El resultado podría parecer beneficioso en el corto plazo para el consumidor: un libro más barato.
Pero existe una segunda pregunta: ¿qué ocurre después?
Si las pequeñas librerías pierden ventas y cierran, desaparece también una red de establecimientos que cumple una función cultural que una plataforma digital no necesariamente reemplaza. El librero recomienda, conoce a sus clientes, organiza presentaciones, arma vidrieras temáticas y muchas veces funciona como mediador entre un lector y un libro que jamás habría buscado mediante un algoritmo.
La preocupación no es hipotética. Según el sector citado por El País, la Argentina llegó a multiplicar por tres la cantidad de librerías durante el período en que rigió el esquema actual, pasando de unas 500 a alrededor de 1.500. Al mismo tiempo, las ventas atraviesan actualmente una etapa de dificultades.
Cuando la cultura queda sometida solamente a la lógica del mercado
El debate toca una cuestión mucho más profunda y que excede al Gobierno actual: ¿un libro debe ser tratado exactamente igual que cualquier otra mercancía?
La respuesta depende de qué sociedad se quiera construir.
Desde una perspectiva estrictamente económica, eliminar regulaciones puede aumentar la competencia y permitir que determinados productos tengan descuentos mayores. Pero cuando se trata de bienes culturales aparecen externalidades que no siempre quedan reflejadas en el precio. Una sociedad no lee solamente aquello que vende más. También necesita literatura experimental, investigación académica, poesía, pensamiento político, historia, traducciones y obras destinadas a públicos pequeños.
Ese ecosistema es frágil.
Una librería ubicada en un barrio puede vender menos ejemplares que una plataforma nacional, pero puede ser el único lugar donde una persona encuentre determinada literatura. Una editorial independiente puede publicar a un escritor que todavía no tiene mercado. Una biblioteca puede utilizar una pequeña editorial para construir una colección especializada.
El mercado no necesariamente elimina esas expresiones porque sean malas. Puede hacerlo simplemente porque no son suficientemente rentables.
Y ahí aparece una diferencia fundamental entre la concepción del libro como mercancía y la concepción del libro como bien cultural.
No significa que las editoriales deban trabajar sin criterios comerciales ni que todos los precios tengan que ser regulados indefinidamente. Significa reconocer que la industria cultural tiene características particulares y que las decisiones económicas pueden producir consecuencias culturales difíciles de revertir.
Una discusión que recién comienza
El proyecto oficial también contempla la disolución del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, otro de los puntos que generaron rechazo dentro del sector. Para editores y escritores, la combinación de menor regulación comercial y reducción de instrumentos de promoción podría producir una concentración todavía mayor.
La discusión llega, además, en un momento delicado. Las librerías argentinas enfrentan una caída de ventas, mientras el poder adquisitivo de los lectores se encuentra condicionado por la situación económica general. En ese escenario, cualquier modificación que altere la estructura de precios puede tener efectos importantes.
La paradoja es evidente: un mercado editorial más desregulado podría eventualmente ofrecer algunos libros más baratos, pero también podría reducir la cantidad de actores capaces de sostener una oferta diversa.
No hay una respuesta sencilla. Y precisamente por eso la discusión merece algo más que consignas a favor o en contra de la libertad de mercado.
La Argentina necesita lectores. Necesita autores. Necesita editoriales. Necesita imprentas. Necesita librerías independientes y también grandes cadenas. Necesita que los libros sean accesibles, pero también que exista una producción cultural capaz de escapar de la lógica de aquello que garantiza ventas inmediatas.
Porque una sociedad que solamente publica lo que sabe que va a vender puede terminar teniendo un mercado eficiente y una cultura mucho más pobre.
El libro es una mercancía, por supuesto. Tiene costos, trabajadores, distribución y un precio. Pero también es memoria, conocimiento, imaginación y discusión pública. Y esa dimensión es precisamente la que convierte esta pelea aparentemente técnica por una regulación comercial en una discusión mucho más importante: qué lugar quiere darle la Argentina a la cultura cuando el mercado deja de ser solamente una herramienta y comienza a convertirse en el principal criterio para decidir qué merece existir.
