El programa Pro Huerta que la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante junto al INTA permite que unas 600 familias puedan producir sus propios alimentos, garantizando el autoabastecimiento y una alimentación saludable.
Viviana Aedo está a cargo de la implementación del programa a nivel municipal y explicó que “en Villa Regina venimos trabajando desde 1992, siempre con mucho éxito y buena recepción, que se ha incrementado aún más en este marco de pandemia”.
El programa contempla la entrega de semillas dos veces al año (primavera-verano y otoño-invierno) y también la capacitación y asesoramiento a los beneficiarios.
“Tenemos alrededor de 600 huerteros y con la pandemia se ha incrementado la cantidad, con muchas devoluciones positivas ya que nos cuentan que tener su propia huerta ha sido de mucho beneficio”, manifestó Aedo.
Precisó que “el programa apunta a que las familias puedan recibir educación alimentaria y que puedan autoabastecerse e incluso vender sus productos en las ferias”.
De esta manera, durante estos años el Pro Huerta se ha constituido en una herramienta que garantiza el acceso a productos saludables para una alimentación adecuada.
En Villa Regina la entrega de las semillas se coordina entre la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad y la Agencia local del INTA.
El fallo reciente que ordena al municipio de Daireaux a devolver a un grupo de productores el dinero que les cobró en concepto de tasa vial motiva por estas horas a varias rurales a avanzar con demandas contra ese tributo en sus municipios.
La sentencia dictada por Pablo Germain, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, no está firme y será recurrida ante instancias superiores por la gestión municipal a cargo de María Serra, que reemplaza a Esteban Acerbo, que asumió en diciembre en la Cámara baja provincial.
Más allá de eso, en el campo ven que se refuerza la jurisprudencia sentada en 2023, cuando la tambera y referente de lechería de Carbap, Andrea Passerini, le ganó un juicio al municipio de Carlos Casares, que tuvo que pagarle el equivalente a tres años de tasa por no demostrar contraprestación.
Con el precedente de aquel fallo, varios grupos de productores iniciaron el proceso de judicialización de la tasa vial. Al momento, la mayoría de las presentaciones se hicieron en municipios administrados por el peronismo.
Ya se hicieron planteos judiciales en Baradero, Henderson, Necochea, General Alvarado y Azul, donde los ruralistas demandaron la anulación de «sobretasas» aplicadas en el tributo por mantenimiento de caminos.
Con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos.
Esta semana, la Justicia hizo lugar a un amparo colectivo de productores azuleños y ordenó a la gestión local de Nelson Sombra a que entregue información «completa, veraz y adecuada» sobre el destino de los fondos recaudados por tasas viales.
El de Azul es un conflicto que se arrastra del año pasado y con el que salió al cruce de intendentes el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino: «Pagar una tasa implica recibir un servicio y eso no está pasando. En algunos casos, la tasa vial que se paga al municipio incide más que el impuesto inmobiliario», dijo.
Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables
Ahora, con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos.
«Con la Mesa de Enlace local estamos teniendo reuniones para hacer algo parecido a lo que están haciendo en otros distritos porque los caminos rurales están destruidos. Estamos en tratativas con abogados para avanzar», dijo a LPO el titular de la Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego.
Y agregó que el objetivo es «pedirle explicaciones a la Municipalidad, qué han hecho con lo que han cobrado de la tasa vial, que no se ve reflejado en los caminos».
El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales
En esa línea, el dirigente de la Rural de San Pedro, Raúl Victores, adelantó a LPO que en la entidad tienen definido «ir a la instancia judicial» contra el municipio por esa tasa.
El tema preocupa en varios municipios donde, frente al derrumbe de la coparticipación y de la cobrabilidad de las tasas en general, advierten un panorama de emergencia financiera que se agravaría sensiblemente de agregarse erogaciones por juicios perdidos por este tema.
«Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables», dijo a LPO el ex titular de la Sociedad Rural de Junín, Rodrigo Esponda.
El productor juninense analizó que empieza a haber «una tendencia en la Justicia de entender que las tasas tienen que tener contraprestación de servicio y que no son impuestos».
«El problema de los caminos rurales es del 90% de los distritos, con lo cual es importante que el productor vuelva a tener el coraje de reclamar lo que en su momento hizo y la justicia no le daba lugar y que los intendentes entiendan que las tasas tienen que volver en servicios», sentenció Esponda.
En el caso de Daireaux, la demanda fue los ejercicios 2022 y 2023, cuando Acerbo estaba al frente de la comuna. El juez sentenció que en 2023 el 17% del presupuesto de la tasa se destinó a mantener la red vial y que en 2022 apenas el 10% fue aplicado a caminos rurales.
Al momento, la mayoría de las presentaciones de los ruralistas se hicieron en municipios administrados por el peronismo.
«El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales, que son generales, continuos y organizados en función del interés colectivo», cruzó el municipio de Daireaux, que apelará el fallo.
Al señalar que presta un servicio «razonable», la gestión municipal sostuvo que el mantenimiento de la red vial rural «no responde a una lógica matemática ni individual, sino a una planificación permanente que busca garantizar la circulación, la producción y la conectividad de todo el distrito».
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina sigue trabajando junto con las instituciones educativas en excursiones guiadas, en ésta oportunidad el pasado miércoles 5 del corriente se llevó adelante una nueva salida hacia Barda Sur cruzando el río Negro con la histórica balsa. Nuevamente el CEM 145 fue el destinatario de dicha…
Los ‘Domingos de Plaza’ invitan a disfrutar de la música de los artistas reginenses. En este caso, a partir de las 21 horas, se presentarán Vero Obreque, Marea y La Locura en la Plaza de los Próceres. Además se contará con Francisca y Zoe que con sus trocitos de arte, regalarán una dulce melodía y…
En un posteo escrito con bronca y despecho, Javier Milei terminó desautorizando por primera vez a su hermana Karina públicamente y hasta reveló una reunión entre la Secretaria General de la presidencia y la periodista Laura Di Marco.
«Mirá lo que me vengo a enterar de esta operadora roñosa. Además habla de reuniones privadas. Creo que soy yo quién decide las personas que me acompañan en la gestión», escribió el Presidente en X.
El detonante del tuit incendiario de Milei fue la posible salida de Santiago Caputo del gobierno. El Presidente cruzó a Di Marco por asegurar que el asesor presidencial se iría del gobierno. «Te vas a ir y lo sabés. Vos mismo lo anunciaste en reuniones privadas», escribió la periodista y agregó que es Karina quien lo quiere afuera del gobierno.
Milei salió al cruce de esas afirmaciones. No desmintió las conversaciones de Karina con Di Marco, pero cuestionó a esta última por -de algún modo- mencionar esas reuniones.
La reacción de Milei deja expuesta a la interna por el poder dentro del gobierno toda vez que el Presidente reacciona con furia a un posteo que jerarquizaba el poder de Karina dentro del gobierno y lo daba a Caputo como derrotado.
En los últimos días, el asesor presidencial sufrió una presión extrema por parte de Karina que quiso descabezar a la cúpula de la SIDE, el área más importante controlada por Caputo en el gobierno.
Mirá lo que me vengo a enterar de esta operadora roñosa… además habla de reuniones privadas… creo que soy yo quién decide las perosnas que me acompañan en la gestión.NOL$ALP. https://t.co/nhjAtJhlBS
Durante el viaje de regreso de Hungría, Karina convenció a su hermano de avanzar con cambios en la agencia de inteligencia. La hermana del Presidente entró en un estado de paranoia con las filtraciones de las últimas semanas que hundieron a Manuel Adorni con su historial de propiedades y viajes, y acorralaron a ella y al Jefe de Estado con las nuevas revelaciones del caso Libra.
Karina señala directamente a Santiago por esas filtraciones. Se sabe que el asesor tiene el joystick de la SIDE por medio del contador de su familia, Cristian Auguarda.
Cuando parecía que Auguarda tenía las horas contadas, Caputo logró reunirlo nada menos que con el jefe de la CIA, John Ratcliffe, en el cuartel general de Langley. Allí, el funcionario norteamericano le reconoció al argentino sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo.
El gesto en medio de la avanzada de los Menem para desplazar a Auguadra revela los contactos que mantiene Santiago en la administración de Trump. No es una señal menor, que acaso no consigue ningún funcionario libertario, que en medio de la guerra en Irán, nada menos que el jefe de la CIA haya hecho lugar en la agenda para recibir al jefe de la SIDE argentina.
Más tarde, Caputo hizo otra jugada de impacto al atribuirse el fallo favorable a YPF en los tribunales norteamericanos. Una maniobra que le sirvió para contrarrestar la embestida de Karina.
Apenas había trascendido el fallo que salvó a la Argentina de pagar más de 16.000 millones de dólares, las cuentas de X del propio Caputo y su grupo más cercano salieron a reivindicar a María Ibarzábal, la secretaria Legal y Técnica que supuestamente formó parte del equipo que siguió el litigio.
Lo cierto es que la defensa argentina estuvo a cargo del estudio Sullivan & Cromwell, contratado por el kirchnerismo en 2021 durante la gestión de Carlos Zannini en la Procuración del Tesoro, que fijó una línea de defensa que mantuvo el gobierno de Milei. Sin embargo, Las Fuerzas del Cielo enviaron un mensaje hacia adentro de la interna con elogios a Ibarzábal, a quien Karina y los Menem querían reemplazar.
La consultora Taquion realizó un sondeo en el país sobre 2.270 casos para analizar el índice de confiabilidad de los argentinos sobre nosotros mismos, nuestros representantes y personalidades argentinas reconocidas a nivel nacional y mundial; empresarios, comerciantes y fuerzas de seguridad. La encuesta fue realizada entre el 6 y el 11 de junio, previo al…
En el despacho presidencial, un grupo reducido aplaude de pie antes de que empiece. Patricia Bullrich, Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno visten uniforme militar. En el estrado, dos banderas: la argentina y la estadounidense. Javier Milei sube a la tarima con su enterito camuflado. A su lado, Peter Lamelas, el embajador norteamericano. Karina Milei observa desde un costado. Las cámaras de la cadena nacional encuadran la escena.
Un pitido. Suena el himno.
Cadena nacional. El presidente Javier Milei se dirige a la Nación.
Karina asiente. Milei comienza.
—Argentinos: hoy, después de 193 años, puedo anunciarles que recuperamos las Malvinas. Este gobierno, que llegó al poder para hacer lo que otros no se animaron, cerró el acuerdo que la casta política les prometió durante décadas y nunca cumplió. Hicimos lo que había que hacer. Fuimos al único lugar donde se hacen bien las cosas, y hablamos con la única persona que las resuelve, el líder del mundo libre, el presidente de los Estados Unidos de América. Vamos a tener una base militar en las islas, es cierto. Una base bajo soberanía argentina, con nuestra bandera, con nuestras reglas. El que no entienda la diferencia entre ceder y negociar es porque nunca gobernó, nunca arriesgó nada y nunca ganó nada. Hoy sí podemos decir: Las Malvinas son argentinas. ¡Viva la libertad, carajo!.
No. Esta escena nunca ocurrió. Pero hay quienes ya la imaginan, por más extraño y bizarro que suene. El escenario que podría hacerla parece cobrar forma.
Veamos la secuencia y los antecedentes.
El primero que lo dijo fue Horacio Verbitsky, en noviembre de 2025, cuando trascendió que el gobierno de Estados Unidos estaría evaluando interceder ante el Reino Unido para favorecer a la Argentina en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, a cambio de instalar una base militar propia en el archipiélago. No es la primera vez que algo así se mueve por los pasillos de la diplomacia argentina: en los noventa, Carlos Menem quiso ir por ese camino –normalizar vínculos con Londres, avanzar en acuerdos de cooperación, seducir a los isleños– pero no llegó a ningún lado. El intento estuvo.
Treinta años después, con la Argentina gobernada por Milei quien, al igual que Menem, hace del alineamiento con Washington su principal activo diplomático, la cuestión Malvinas vuelve a alinearse con los intereses norteamericanos. Esta vez en un contexto geopolítico diferente.
Las Malvinas no son sólo las islas: son el centro de gravedad de una disputa que abarca cerca de seis millones de kilómetros cuadrados de océano con petróleo, gas, minerales estratégicos y una de las mayores reservas pesqueras del Atlántico. Son la puerta de entrada a la Antártida –la mayor reserva de agua dulce del planeta– en un mundo donde el agua empieza a valer lo que el petróleo. Y son el punto desde donde Washington, que estudia reorganizar su arquitectura de comandos militares en el hemisferio, podría anclar su presencia en el extremo sur del continente. El Atlántico Sur volvió a aparecer en los mapas estratégicos del Pentágono. La neutralidad ya no es una opción.
Petróleo, pesca, rutas de navegación
Para entender por qué Washington estaría dispuesto a dinamitar la histórica special relationship con Londres, hay que leer las grietas que se abrieron en las últimas semanas. El punto de quiebre fue el 2 de marzo de 2026: frente a la presión para meterse de lleno en el conflicto entre EE.UU. e Irán, el gobierno de Keir Starmer plantó bandera y se negó a una participación militar activa, limitando el uso de sus bases en Chipre. La reacción de Trump fue una descalificación pública vía Truth Social, donde tildó al Reino Unido de aliado «débil y poco confiable».
En ese clima de reproches diplomáticos, lo que antes era impensado empezó a circular por los pasillos del Capitolio. Marc Zell, congresista republicano fanático de Milei, sugirió abiertamente que Estados Unidos debería revisar su neutralidad y cambiar su postura sobre la soberanía de las Malvinas. Si bien no es todavía una declaración formal de la Casa Blanca, el mensaje es nítido: en el tablero transaccional de Trump, la lealtad británica dejó de ser un dogma y las islas pasaron a ser una pieza de cambio posible.
Es en este impasse de la histórica special relationship donde se manifiesta el pragmatismo más crudo de la era Trump. Si hoy Washington está dispuesto a presionar a su aliado más antiguo, no es sólo por un desplante diplomático o un cruce de redes, sino porque las Malvinas tienen una densidad material que las vuelve una pieza de cambio irresistible.
El primer dato es el petróleo. A 220 kilómetros al norte de las islas descansa el yacimiento Sea Lion, con reservas estimadas en 917 millones de barriles según evaluaciones independientes. El 10 de diciembre de 2025, las empresas Navitas Petroleum (israelí) y Rockhopper Exploration (británica) tomaron la decisión final de inversión: 2100 millones de dólares para un proyecto que se planea inaugurar en 2028 y tiene una vida útil estimada de 35 años. El gobierno argentino se opuso formalmente, publicó comunicados de protesta y sancionó a Navitas en 2023. La compañía sigue perforando.
Pero el petróleo es sólo el inicio. Las Malvinas son el centro de gravedad de una disputa que abarca cerca de seis millones de kilómetros cuadrados de océano, dos veces la superficie continental argentina. En ese espacio hay reservas pesqueras que en 2024 representaron el 58 por ciento del PBI de las islas, nódulos polimetálicos en el fondo marino con zinc, litio y cobre, y rutas marítimas que conectan los puertos del Cono Sur con Europa y que constituyen uno de los corredores estratégicos del Atlántico Sur.
Y después está la Antártida. Las Malvinas son la puerta de entrada al continente blanco –la mayor reserva de agua dulce del planeta– en un momento en que el acceso al agua empieza a ser un factor de poder tan relevante como el acceso al petróleo.
Todo esto ya sería suficiente para explicar el interés estadounidense. Pero hay algo más inmediato: Washington está redibujando su arquitectura militar en el hemisferio. En febrero de 2025, la administración Trump estudió fusionar el Comando Sur –responsable del Atlántico Sur hasta la Antártida– con el Comando Norte en un mando hemisférico unificado. La fuente no es una filtración ni un medio militante: es el Congressional Research Service, el servicio de investigación no partidario del Congreso de Estados Unidos. Una base en las Malvinas, en ese esquema, no es un capricho geopolítico. Es una pieza que encaja en la gran estrategia norteamericana.
Perón, Menem
El peronismo histórico fue el primero en entender la importancia de negociar para aprovechar el Atlántico: la Tercera Posición de Perón no era sólo la consigna «ni yankis ni marxistas», era una doctrina de autonomía real frente a los dos bloques, que incluía a Malvinas como parte de una estrategia soberana coherente. En 1974, su gobierno llegó incluso a negociar en serio: el embajador británico James Hutton le propuso al canciller Alberto Vignes un condominio de 25 años sobre las islas como paso previo al reconocimiento de la soberanía argentina. Perón murió ese mismo año. La propuesta murió con él.
Lo que vino después fue distinto. Carlos Menem llegó al poder en 1989 con una lógica que invertía exactamente la de su propio partido: en lugar de usar la autonomía para resistir al hegemón, la cedió deliberadamente para ver qué obtenía a cambio.
El teórico que le dio sustento intelectual a ese giro fue Carlos Escudé. En 1992 publicó Realismo Periférico: Fundamentos para la nueva política exterior argentina, el libro más incómodo de la teoría política argentina de las últimas décadas. Su diagnóstico de arranque era brutal por su simpleza: la Argentina había caído en lo que llamó la «falacia antropomórfica», es decir, tratar al Estado como si fuera una persona con dignidad propia que defender, como si el país fuera un individuo ofendido que no puede ceder sin perder el honor. Esa lógica, decía Escudé, había justificado décadas de confrontación con las grandes potencias a un costo enorme para los ciudadanos de carne y hueso. La llamó «políticas de poder sin poder»: actuar como potencia cuando no se es una. Malvinas era su ejemplo más claro. La guerra de 1982 no había sido sólo una derrota militar sino el precio máximo de una política exterior que confundió el prestigio del Estado con el bienestar del pueblo. Miles de jóvenes enviados a morir en el Atlántico Sur por una lógica que priorizaba la épica sobre la precisión militar y el interés nacional.
La solución de Escudé no era rendirse ante Washington por convicción moral. Era un cálculo frío, casi contable. Para un país débil y periférico, confrontar innecesariamente a la potencia dominante tiene costos que sus ciudadanos terminan pagando. Y acá viene el concepto más útil –y el más inquietante para leer el presente–: la diferencia entre consumo e inversión de autonomía. Un Estado periférico tiene un margen limitado de maniobra. Puede gastarlo en gestos, declaraciones y confrontaciones simbólicas, consumo improductivo, autonomía que se evapora sin dejar nada concreto. O bien, puede invertirlo deliberadamente en un objetivo preciso y tangible, inversión de autonomía. La pregunta, para Escudé, no es si ceder autonomía sino para qué y a cambio de qué.
Escudé no sólo inspiró esa política desde afuera. Fue asesor especial del canciller Guido Di Tella durante la presidencia de Menem y contribuyó directamente al diseño de la estrategia argentina frente al bloque occidental. La teoría y la práctica tenían la misma firma. Di Tella sintetizó esa lógica con una expresión que quedó en la historia de la diplomacia argentina: las «relaciones carnales» con Estados Unidos. No era una metáfora accidental, era la descripción exacta de una política que apostaba a que la cercanía con Washington terminaría rindiendo frutos concretos. En Malvinas, esos frutos nunca llegaron. El propio canciller lo admitió: con Gran Bretaña iban a normalizar las relaciones en todos los temas menos en uno, el de la soberanía de las islas.
Milei llegó treinta años después con la misma lógica, pero más radicalizada. Lo que Juan Gabriel Tokatlian denominó hiperoccidentalismo, no es simplemente alinearse con Estados Unidos: es una práctica que combina acoplamiento a los intereses estratégicos de Washington, acomodamiento a sus preferencias para evitar roces y un engagement activo que busca recompensas futuras. No es un relato ni una promesa. Es un modus operandi que se despliega en cada votación en la ONU –como el voto en contra, junto a Estados Unidos e Israel, de declarar la esclavitud africana como crimen de lesa humanidad–, en la distancia tomada de China, en la declaración de guerra –aunque informal– a Irán, en el abandono por parte de argentina de la OMS, en cada gesto hacia la Casa Blanca.
La diferencia con Menem es que Milei logró algo que su predecesor no: que el alineamiento se traduzca en resultados concretos. El hiperoccidentalismo libertario ya tiene un historial verificable de éxitos: el salvataje del tesoro estadounidense antes de las elecciones de 2025 y, hace apenas días, la intervención directa de Washington en la justicia estadounidense para que Argentina no pagara 16.000 millones de dólares en el juicio por la expropiación de YPF. Dos veces en que Trump movió fichas a favor de Milei. En ese contexto, que Malvinas aparezca como el próximo capítulo de ese intercambio no es inverosímil.
Entonces: ¿Es posible que la alianza de Milei con Trump nos ayude a recuperar las Malvinas?
Antes de responder, conviene pensar en qué mundo avanzaría esa posibilidad.
No es el mundo de 1990, cuando Menem apostó a Washington en un tablero unipolar donde Estados Unidos era el único jugador que importaba. Es un mundo en guerra: Medio Oriente en llamas, una disputa entre China y Estados Unidos que atraviesa cada región del planeta, una OTAN que rediscute sus compromisos y un multilateralismo en crisis terminal. Trump ya se fue de la OMS, ya ignoró a la ONU, ya amenazó con abandonar la propia OTAN. Las instituciones que durante décadas funcionaron como red de contención para los países pequeños están debilitadas o directamente rotas. Los tratados tienen cláusulas de retiro voluntario y hay una presidencia dispuesta a usarlas. En ese contexto, cualquier acuerdo bilateral firmado hoy con Washington vale lo que vale la palabra de quien lo firma.
América Latina es una de las pocas regiones del planeta que puede llamarse, todavía, una zona de paz. Tener una base militar estadounidense en el extremo sur del continente pone en duda hasta cuándo. Argentina, y por osmosis la región, dejaría de ser un país ajeno a los conflictos globales para convertirse en una pieza de la arquitectura militar de una potencia nuclear en disputa activa con otras potencias nucleares. Lo que hoy es un acuerdo bilateral mañana puede ser una obligación. Lo que hoy parece una ganancia puede convertirnos en un blanco.
La soberanía formal estaría ahí, bandera argentina, gobernación argentina, pasaportes argentinos en Puerto Argentino. Pero soberanía formal y soberanía real son dos cosas distintas. Recuperar las islas con una base adentro no es exactamente lo que Perón negoció en 1974, ni lo que los soldados del 82 creyeron que estaban defendiendo. Conviene leer la letra chica antes de firmar el contrato.
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Hay una pregunta que el campo nacional y popular lleva años sin poder responder: ¿qué haríamos con Malvinas si pudiéramos recuperarlas?
No es una pregunta retórica. Es la pregunta que el trascendido de noviembre de 2025 volvió urgente, porque la respuesta que circuló desde ese espacio fue, en el mejor de los casos, la indignación. Y la indignación no es una política.
Durante los gobiernos kirchneristas, Malvinas funcionó como una bandera eficaz, se acumularon resoluciones favorables en foros regionales, se renovó el reclamo ante las Naciones Unidas, se construyó una narrativa de descolonización que encontró eco en América Latina. No era una estrategia equivocada para su época: el multilateralismo estaba en su momento de mayor esplendor, el Comité de Descolonización de la ONU era un foro con peso real, y acumular apoyos regionales tenía sentido en un mundo que todavía creía en las instituciones. El problema es que ese mundo ya no existe. Hoy el tablero internacional vuelve a valorar la fuerza militar y el poder duro por sobre los consensos multilaterales. En ese nuevo tablero, décadas de resoluciones favorables no valen lo que valían. Al contrario: mientras Argentina acumulaba declaraciones y «fuertes rechazos», el Reino Unido avanzaba en silencio, consolidando infraestructura militar, otorgando licencias pesqueras y habilitando inversiones petroleras.
Ni la posición británica ni la de Estados Unidos, que siguió siendo el aliado más importante de Londres en la disputa, se movieron un centímetro. En los términos de Escudé –el mismo Escudé que en 2012 declaró que el kirchnerismo era en los hechos más realista periférico de lo que su propio discurso admitía– fue consumo puro de autonomía: capital político gastado en gestos sin construir una palanca real de presión sobre los únicos actores que podían cambiar algo.
Después de 2015, ni siquiera eso. Malvinas fue desapareciendo del debate público grande sin que nadie lo decidiera explícitamente. No fue una decisión estratégica sino una fatiga. Y en ese silencio, el tema quedó disponible para que otros lo recuperaran con una lógica completamente distinta.
Milei no inventó esta negociación. La encontró sobre la mesa, huérfana.
Después de la guerra, cuarenta y tres años de democracia no alcanzaron para avanzar en la soberanía argentina en Malvinas por la vía diplomática. Esa deuda acumulada es lo que hoy le da oxígeno a una negociación que, si se cierra, va a plantear muchas preguntas incómodas.
