El programa Pro Huerta que la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante junto al INTA permite que unas 600 familias puedan producir sus propios alimentos, garantizando el autoabastecimiento y una alimentación saludable.
Viviana Aedo está a cargo de la implementación del programa a nivel municipal y explicó que “en Villa Regina venimos trabajando desde 1992, siempre con mucho éxito y buena recepción, que se ha incrementado aún más en este marco de pandemia”.
El programa contempla la entrega de semillas dos veces al año (primavera-verano y otoño-invierno) y también la capacitación y asesoramiento a los beneficiarios.
“Tenemos alrededor de 600 huerteros y con la pandemia se ha incrementado la cantidad, con muchas devoluciones positivas ya que nos cuentan que tener su propia huerta ha sido de mucho beneficio”, manifestó Aedo.
Precisó que “el programa apunta a que las familias puedan recibir educación alimentaria y que puedan autoabastecerse e incluso vender sus productos en las ferias”.
De esta manera, durante estos años el Pro Huerta se ha constituido en una herramienta que garantiza el acceso a productos saludables para una alimentación adecuada.
En Villa Regina la entrega de las semillas se coordina entre la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad y la Agencia local del INTA.
En la mañana de este viernes, el Intendente Marcelo Orazi y el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros recibieron presentes de parte de Amuchen, representada en esta oportunidad por la Directora Natalia Fioretti. Se trata de dos cuadros que fueron pintados por dos de los chicos que concurren a la institución: Florencia Clementis y Cristian Mungai….
El Gobierno avanzó con una nueva tanda de concesiones viales bajo el esquema de iniciativa privada, pero en el sector de la construcción ya hablan de un modelo montado sobre promesas de financiamiento que aparecen muy voluntaristas. En las empresas creen que el plan de Luis Caputo para reactivar 9.000 kilómetros de rutas parece más una maqueta financiera que un programa de obra pública con chances reales de ejecutarse.
La nueva etapa de privatización incluye corredores nacionales que pasarán a manos privadas a cambio de explotación de peajes y compromisos de inversión. La administración de Javier Milei insiste en que el modelo permitirá reemplazar la obra pública tradicional por capital privado. El problema es que las grandes constructoras aseguran que ese capital no aparece.
«Todo está hiperverde», resumió a LPO el dueño de una importante constructora. Según explicó, varias compañías se anotan en las licitaciones más para obtener un activo político-financiero que porque crean viable el negocio. La lógica sería ganar la adjudicación y luego salir a buscar financiamiento usando como respaldo los futuros ingresos de peajes. Una apuesta a diez años montada sobre flujos que todavía no existen.
En las constructoras dicen que muchas firmas buscan adjudicaciones para mostrar movimiento, reactivar balances y salir del estado vegetativo en el que quedaron tras el derrumbe de la obra pública.
El problema es que el mercado internacional ya no les presta a las constructoras argentinas. Después de la causa Cuadernos, gran parte de las empresas quedaron prácticamente vedadas del crédito externo. «Afuera no hay fondeo», explicó la fuente consultada. Por eso ahora intentan conseguir financiamiento local. Pero tampoco resulta sencillo.
Según describen en el sector, apenas dos compañías logran acceder a préstamos bancarios y más por relaciones históricas con entidades financieras que por confianza genuina en el negocio vial. Los bancos miran el esquema con desconfianza. La ecuación tiene demasiadas variables abiertas.
El problema es que el mercado internacional ya no les presta a las constructoras argentinas. Después de la causa Cuadernos, gran parte de las empresas quedaron prácticamente vedadas del crédito externo.
En las constructoras recuerdan que desde el macrismo hasta la actualidad se acumularon conflictos contractuales, renegociaciones y obras paralizadas. El recuerdo de las fallidas PPP todavía funciona como una alarma encendida dentro del sector. Aquellas autopistas prometidas nunca lograron superar la estructuración del financiamiento.
Ahora apareció otro obstáculo que las empresas consideran todavía más delicado: las aseguradoras. Según explicó la fuente consultada, prácticamente no hay compañías dispuestas a emitir las garantías necesarias para respaldar contratos de esta magnitud. El motivo es simple. Si las obras no se terminan, las pólizas se ejecutan y las aseguradoras quedan expuestas a pérdidas millonarias.
«No hay seguros», sintetizó el empresario. La frase resume el principal cuello de botella del modelo. Sin aseguradoras que respalden los contratos, los bancos tampoco tienen incentivos para prestar. Y sin financiamiento, las concesiones quedan reducidas a anuncios administrativos.
La desconfianza también atraviesa las proyecciones oficiales. Caputo había asegurado que para julio habría miles de kilómetros de rutas en ejecución. En el sector privado creen que eso difícilmente ocurra. Las empresas observan un esquema donde el Estado se corre del financiamiento, pero el mercado no acepta ocupar ese lugar.
La discusión de fondo excede las rutas. Lo que está en juego es si existe en la Argentina puede acceder a un mercado financiero dispuesto a reemplazar al Estado en proyectos de infraestructura pesada. Por ahora, en el propio sector empresario responden con escepticismo.
La decisión del gobierno de Milei de avanzar sobre las históricas unidades turísticas de Chapadmalal volvió a encender un fuerte conflicto político con la provincia de Buenos Aires. Esta vez fue el gobernador Axel Kicillof quien acusó directamente a la administración libertaria de esconder un “negocio inmobiliario” detrás del plan para concesionar el complejo durante las próximas décadas.
Por Roque Pérez para NLI
El conflicto gira alrededor de uno de los símbolos más reconocibles del turismo social argentino. Construidos durante el primer peronismo, los hoteles de Chapadmalal fueron pensados para que trabajadores, jubilados, estudiantes y familias de bajos recursos pudieran acceder a vacaciones a precios populares. Hoy, ese modelo histórico aparece amenazado por la intención oficial de entregar la explotación del predio a operadores privados por un plazo de hasta 30 años.
El choque entre la Provincia y la Casa Rosada
Desde el gobierno bonaerense aseguran que la administración nacional no busca únicamente reducir gastos del Estado, como sostiene oficialmente, sino avanzar sobre tierras de enorme valor económico. Kicillof sostuvo que detrás de la iniciativa existe un proyecto de carácter inmobiliario que podría modificar definitivamente el destino de uno de los complejos turísticos más emblemáticos del país.
La Provincia volvió a reclamar formalmente que la gestión de Chapadmalal sea transferida a Buenos Aires para garantizar la continuidad de los programas de turismo social y preservar las fuentes laborales vinculadas al complejo. El planteo no es nuevo, pero cobró fuerza luego de que el Gobierno nacional avanzara con medidas administrativas y cambios en el funcionamiento de las unidades turísticas.
En la misma línea, el ministro bonaerense de Producción, Augusto Costa, había advertido días atrás que no permitirán que “rematen nuestra historia” ni que un derecho social termine convertido en un negocio para sectores privados. Las declaraciones reflejan una disputa que ya excede el plano administrativo y se transformó en un nuevo capítulo de la confrontación política entre la gestión provincial y la Casa Rosada.
Lo que está en juego
La discusión sobre Chapadmalal va mucho más allá de unos hoteles. Para amplios sectores del peronismo, el complejo representa una de las expresiones más concretas del concepto de justicia social impulsado durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y Eva Perón. Durante décadas, miles de familias argentinas pudieron conocer el mar gracias a un sistema de turismo accesible financiado por el Estado.
La administración de Milei, en cambio, sostiene que el esquema actual resulta deficitario y que la participación privada permitiría atraer inversiones y reducir costos de mantenimiento. Sin embargo, las críticas apuntan a que una concesión de semejante magnitud podría terminar restringiendo el acceso popular y transformando un patrimonio histórico en un emprendimiento orientado al mercado.
Mientras continúan los reclamos por despidos, pases a disponibilidad y la incertidumbre sobre el futuro del predio, la disputa por Chapadmalal comienza a convertirse en un símbolo más amplio del choque entre dos modelos de país: uno que concibe determinados servicios como derechos sociales y otro que busca trasladarlos al ámbito de los negocios privados. Y en ese escenario, la pelea recién empieza.
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Ese instinto está plasmado en la visión de quienes hoy se encuentran fundando una nueva institución deportiva en la ciudad, luego de poco más de ocho décadas la ciudad de Villa Regina sienta un precedente histórico; la creación de un Club Atlético ni más ni menos. Infinitas serán las veces que pensaremos y planificaremos el…
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