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Una propuesta para recorrer la zona rural en bicicleta

Una bicicleteada recorriendo el entorno rural de Villa Regina es la propuesta de la Dirección de Turismo y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina para este sábado 23.

La actividad denominada ‘Bicicleteada rural’ tendrá como punto de encuentro la Oficina de Turismo ubicada en Florencio Sánchez 817 a las 19 horas y luego de recorrer el circuito previsto se terminará con una merienda en Chacra Arana.

Tiene un costo de $600 por persona (incluye seguro y refrigerio). Los cupos son limitados y las inscripciones se reciben en la Oficina de Turismo.

Para consultas o información, comunicarse al teléfono 2984- 904350.

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    La Resolución 68/2026 publicada este lunes creó un Régimen de Retiro de Voluntad Recíproca para trabajadores de planta permanente de ANSES. Aunque se presenta como una salida voluntaria con compensación económica, el anexo del programa revela condiciones duras: renunciar a reclamos laborales, abandonar cargos sindicales y aceptar la prohibición de volver al Estado durante cinco años. Para sindicatos y especialistas, el plan aparece como otro paso en el proceso de desmantelamiento del organismo previsional.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un nuevo programa de retiros laborales destinado a su personal de planta permanente. La medida fue oficializada mediante la Resolución 68/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece un Régimen de Retiro de Voluntad Recíproca (RVR) que estará abierto hasta el 5 de abril.

    En términos formales, el programa propone una salida “de mutuo acuerdo” entre el organismo y el trabajador. Sin embargo, el extenso anexo que acompaña la resolución deja claro que la decisión final queda en manos de ANSES, que puede aceptar o rechazar cada solicitud por “razones operativas o de servicio”.

    La medida se inscribe en el marco de la política de reducción del Estado impulsada por el gobierno de Milei, que desde su llegada al poder viene aplicando recortes y reestructuraciones en numerosos organismos públicos.

    Un retiro con condiciones estrictas

    El plan alcanza a trabajadores de planta permanente con al menos dos años de antigüedad, bajo el Convenio Colectivo 395/98. Pero el anexo establece múltiples exclusiones y condiciones para quienes quieran adherir.

    Entre otras restricciones, no pueden participar quienes tengan causas judiciales contra ANSES, salvo que acepten desistir de ellas. Es decir, el trabajador que decida retirarse deberá renunciar a cualquier reclamo administrativo o judicial vinculado con su empleo.

    También quedan excluidos quienes estén en procesos disciplinarios, quienes hayan iniciado su trámite jubilatorio o quienes superen los 62 años.

    Además, el acuerdo implica la extinción definitiva del vínculo laboral, lo que en términos jurídicos se denomina “distracto laboral por mutuo consentimiento”.

    Renunciar al sindicato para poder irse

    Uno de los puntos más polémicos del anexo aparece en el artículo 4. Allí se establece que los trabajadores que tengan cargos sindicales deberán renunciar a ellos para poder adherir al retiro.

    La norma también exige que quienes se hayan postulado como candidatos a delegados gremiales abandonen esa condición y renuncien a la llamada tutela sindical, es decir, la protección especial que impide su despido.

    Para especialistas en derecho laboral, esta cláusula busca evitar conflictos legales con trabajadores protegidos por la legislación sindical, pero al mismo tiempo pone en evidencia el carácter condicionado del supuesto retiro voluntario.

    La compensación económica

    El incentivo económico consiste en una gratificación extraordinaria de egreso calculada en función de la antigüedad.

    El esquema prevé el pago del 90% de un salario por cada año trabajado en ANSES, con un límite máximo de 24 sueldos.

    En términos de dinero, el programa fija un tope de 80 millones de pesos para el pago en una sola cuota. Si el monto supera esa cifra, se abonará en dos cuotas mensuales.

    La base de cálculo se determina a partir de los conceptos salariales brutos habituales y permanentes del trabajador.

    Prohibido volver al Estado

    El anexo incluye además una cláusula que refuerza el carácter definitivo de la salida.

    Quienes acepten el retiro no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante cinco años, ya sea mediante cargos políticos, contratos, asesorías o cualquier otro tipo de vínculo laboral.

    La prohibición abarca incluso proyectos financiados por organismos internacionales o multilaterales de crédito.

    Un plazo corto y control centralizado

    El período para adherir al programa es extremadamente breve: vence el 5 de abril de 2026, menos de tres semanas después de su publicación.

    El procedimiento también está completamente centralizado. Primero Recursos Humanos verifica los requisitos, luego las áreas jerárquicas evalúan si pueden prescindir del trabajador y finalmente se dicta la resolución aprobando o rechazando la solicitud.

    Una vez aprobado, el acuerdo debe ser homologado ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

    El trasfondo político: reducción del organismo previsional

    Más allá del lenguaje técnico de la resolución, el programa aparece como parte de un proceso más amplio de reconfiguración del sistema previsional y reducción de estructuras estatales.

    ANSES es uno de los organismos más grandes del Estado argentino, con miles de trabajadores distribuidos en todo el país y un rol central en la administración de jubilaciones, pensiones y programas sociales.

    En ese contexto, los programas de retiro voluntario suelen funcionar como la primera etapa de procesos de achicamiento institucional, permitiendo reducir personal sin recurrir a despidos masivos que podrían generar conflictos políticos o judiciales.

    Las condiciones fijadas en el anexo —renuncia a juicios, abandono de cargos sindicales y prohibición de volver al Estado— refuerzan la idea de que el objetivo no es solo facilitar retiros individuales, sino acelerar una reducción estructural del organismo previsional.

    Para muchos analistas, el plan se inscribe dentro de la lógica de “motosierra” que el propio Milei prometió durante su campaña y que ahora comienza a impactar también en una de las piezas centrales del sistema de seguridad social argentino.

     

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    La guerra no afloja y el precio del petróleo tampoco. Ese combo se traduce en algo muy concreto: llenar el tanque en Argentina es cada vez más caro y tensiona las anclas del programa económico: la baja de la inflación y el superávit fiscal. 

    Lejos de resolverse el conflicto bélico en Medio Oriente, nada indica que la cotización internacional del crudo vaya a volver a los niveles previos. El Brent saltó de menos de 70 dólares por barril a superar los 100 y el régimen de Irán advirtió que podría alcanzar los 200 dólares

    El factor decisivo de esta suba es el bloqueo que mantiene Irán en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella clave para el comercio energético global. En condiciones corrientes circulan por Ormuz unos 150 buques petroleros diarios. Hoy apenas pasan unos 10, seleccionados por Teherán entre sus aliados. 

    Tras atacar tres buques, Irán advierte que el petróleo se irá a 200 dólares y se liberan reservas de emergencia 

    Esa tensión internacional se traduce directo en los surtidores de todo el mundo, incluida la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires, este domingo el litro de nafta superó los 2000 pesos. El impacto no es menor: llenar un tanque de 50 litros pasó de costar 80.450 pesos mas de 100.000 pesos. 

    Lo concreto es que la nafta se volvió un componente clave del índice de precios. Cada aumento del 10% en combustibles suma entre 0,38 y 0,4 puntos porcentuales a la inflación mensual. En marzo, los ajustes vinculados al petróleo podrían agregar entre 0,4 y 0,6 puntos al IPC, según estimaciones de la consultora Empiria. 

    Cada aumento del 10% en combustibles suma entre 0,38 y 0,4 puntos porcentuales a la inflación mensual. En marzo, los ajustes vinculados al petróleo podrían agregar entre 0,4 y 0,6 puntos al IPC.

    Pero además, el efecto no es solo el directo: el combustible empuja los costos de transporte y logística, y desde ahí se filtra al resto de los precios. En los últimos doce meses, la nafta acumuló un aumento del 63,6%, casi el doble de la inflación general. En lo que va de 2026, ya subió 22%.

    El dato curioso aparece en la comparación regional. Según Global Petrol Prices, el litro de nafta en Argentina promedia los 1,43 dólares. Solo Uruguay a 1,89 dólares y Perú 1,61 dólares tienen valores más altos en Latinoamérica, pero no son países con producción petrolera importante como la Argentina. Paraguay, en cambio, con menor escala y sin producción, tiene la nafta más barata, en torno a 0,90 dólares. 

    La diferencia abre preguntas sobre la estructura local de costos. Ahí entran los impuestos. El exsecretario de Energía, Emilio Apud, explicó a LPO que «el barril explica el 40% del precio, el resto son impuestos y transporte». Daniel Dreizzen, exfuncionario del macrismo, poinó que un valor de 1,4 dólares por litro es «razonable» y recordó que en Estados Unidos la gasolina subió un 30%, frente al 20% local. 

    Lo concreto es que el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) representa el 15,8% del precio final, mientras que el tributo al CO suma otro 0,9%. Ambos se actualizan trimestralmente por inflación. El ICL, además, se distribuye en múltiples destinos: 10,4% al Tesoro, 15% al FONAVI, 10,40% a provincias, 28,7% al sistema previsional, 4,3% a infraestructura hídrica, 28,5% al transporte y 2,5% a compensaciones del transporte público. 

    Pero la administración de Milei se lo traga casi completo y no lo gira a las provincias ni hace las obras de mantenimiento vial que debería hacer por ley. Por eso lo defiende, ayuda al relato del superávit a costa de las provincias y la infraestructura vial del país.

    En el mercado circula la versión de un posible congelamiento del impuesto los combustibles, cuya actualización está prevista para abril. Pero hay un problema: con la recaudación general en caída, ese tributo fue de los pocos que creció fuerte, casi 19% en febrero. 

    En ese esquema aparece una tensión política y fiscal. En el mercado circula la versión de un posible congelamiento del impuesto, cuya actualización automática está prevista para abril. Pero hay un problema: con la recaudación general en caída, el impuesto a los combustibles fue uno de los pocos que creció fuerte, casi 19% en febrero. Fue clave para sostener el superávit fiscal. Congelarlo implicaría resignar ingresos en un momento delicado. 

    El resto del mundo también reacciona. Estados Unidos levantó sanciones al petróleo ruso y suspendió por 30 días la ley Jones, permitiendo que buques extranjeros abastezcan refinerías en la Costa Este. 

    Brasil optó por otro camino. Con una producción de 3,2 millones de barriles diarios, redujo impuestos a los combustibles, aplicó derechos de exportación al diésel y restringió ventas externas de otros derivados. Buscó desacoplar precios internos del shock internacional. 

    Argentina, en cambio, camina por una cornisa más angosta. Necesita precios que no desborden la inflación, pero también impuestos que sostengan las cuentas fiscales. 

     

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