Una bicicleteada recorriendo el entorno rural de Villa Regina es la propuesta de la Dirección de Turismo y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina para este sábado 23.
La actividad denominada ‘Bicicleteada rural’ tendrá como punto de encuentro la Oficina de Turismo ubicada en Florencio Sánchez 817 a las 19 horas y luego de recorrer el circuito previsto se terminará con una merienda en Chacra Arana.
Tiene un costo de $600 por persona (incluye seguro y refrigerio). Los cupos son limitados y las inscripciones se reciben en la Oficina de Turismo.
Para consultas o información, comunicarse al teléfono 2984- 904350.
La Cámara Federal de Rosario confirmó por unanimidad el procesamiento dictado contra el juez federal local Gastón Salmain, quien está acusado de haber pedido un soborno para autorizar a un fideicomiso a comprar 10 millones de dólares en plena vigencia del cepo cambiario para pagar deudas financieras en el exterior.
El tribunal validó el embargo resuelto por el juez inicial pero lo llevó de 200 mil dólares a 10 millones de pesos para garantizar la pena pecuniaria. Avaló también la prohibición de salir del país y la prisión preventiva domiciliaria contra el magistrado que no es ejecutable por los fueros que lo protegen como magistrado. Los delitos atribuidos son cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato.
Los mismos planteos dispuso contra el coimputado Santiago Busaniche, un escribano santafesino señalado como lobista del más alto nivel de la Justicia Federal, que apareció como mediador de la gestión de sobornos entre el financista Fernando Whpei que administraba el fideicomiso que buscaba obtener los dólares y el juez Salmain que dispuso favorablemente la medida que aquel esperaba.
Otro punto decisivo es la confirmación de parte de la Cámara Federal de la gravedad institucional del caso, dado que involucra a un juez federal en ejercicio de sus funciones, lo que afecta la credibilidad del sistema judicial y el servicio de justicia. Esto último la defensa de Busaniche lo discutió el jueves pasado ante la Cámara Nacional de Casación que pide además recusar la actuación de los fiscales, que los camaristas rosarinos en este fallo volvieron a convalidar.
Por unanimidad, los camaristas federales Aníbal Pineda, Silvina Andalaf y Elida Vidal dieron por admitidos los delitos imputados en esta primera etapa del trámite penal. En esta los fiscales federales atribuyen a Salmain y Busaniche «haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 hasta el mes de abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de U$S 10.000.000, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N° 1 de Rosario».
En ese contexto y para lograr el objetivo premeditado, «Fernando Whpei utilizó su influencia y poder económico para que el magistrado Gastón Salmain en conjunto con Santiago Busaniche direccionen el proceso judicial y lo beneficien en los aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA, dicen los jueces. «A cambio de ello, Santiago Busaniche -por su aporte operativo- y Salmain -por su aporte como magistrado a cargo de la causa solicitaron el pago del diez por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a U$S 200.000», dicen textualmente.
«Es así que, para cumplir con el plan criminal, Salmain, se reunió previamente con Whpei, al menos una vez en su asiento laboral el 02.10.2023, donde este le hizo entrega del último escrito de presentación que realizarían y el magistrado se manifestó sobre la viabilidad técnica del mismo, solicitando que lo demás lo arregle con Santiago Busaniche».
La pregunta de si esto deja más cerca a Salmain de un proceso de suspensión es una incógnita debido a la demora del Consejo de la Magistratura de la Nación de avanzar con los distintos expedientes disciplinarios abiertos hace meses.
La diputada santafesina Lionella Cattalini instó con una carta personal a todos los consejeros a dar una rápida definición de los legajos porque un juez que tiene varias causas penales en trámite, entre ellas cobro de sobornos, sigue controlando un juzgado civil y comercial donde se dirimen pleitos económicos. Pero fuentes del organismo que define sobre la conducta de jueces indican que Salmain solo podría ser suspendido después de que haya una resolución del plenario del cuerpo que disponga el inicio de su juicio político.
La defensa de Salmain objetó dos asuntos fuertes. El primero es que en el tribunal se hayan mantenido las camaristas Sivina Andalaf y Elida Vidal cuando ambas, dicen los defensores, aceptaron las recusaciones planteadas por Salmain contra ellas. «Las propias juezas reconocieron que correspondía su apartamiento por causal objetiva y ahora intervienen en este acto», sostuvieron.
Lionela Cattalini.
El segundo asunto es que el procesamiento a Salmain por cohecho por pedir una coima lo consideran basado en un hecho endeble, inverosímil y con una evidencia de baja robustez basada en la declaración de un imputado colaborador que es el financista Fernando Whpei. Justamente venían los defensores de Salmain de denunciar a Whpei y pedir que el caso se llevara en Buenos Aires. Lo que la jueza federal María Romilda Servini rechazó de plano lo que se interpretó como un puente intentado por el magistrado en aprietos para que todo el caso saliera de la jurisdicción de Rosario, lo que fue denegado.
El planteo defensivo de Salmain apunta a que no existe ninguna prueba de pacto, entrega, promesa concreta, acuerdo económico, o contraprestación funcional. «El procesamiento se apoya en conjeturas concatenadas y ello no satisface el estándar legal», dice.
Hay un momento en que vuelve a jugar fuerte indicando que hay una pretensión de atribuir a su resolución de ordenar al BCRA de vender dólares a una empresa como un supuesto caso excepcional o aislado cuando hay otros casos resueltos del mismo modo por distintos tribunales del país. En diciembre pasado Salmain en una audiencia, de viva voz, señaló uno que causó un ramalazo a nivel local.
Era un amparo, dijo Salmain hace tres meses, presentado por abogados del diario La Capital de Rosario que solicitaban en la misma época adquirir dólares en el mercado único libre de cambios (MULC), es decir a valor oficial, para pagar deudas contraídas en la compra del medio al Grupo América de Daniel Vila. Salmain hizo lugar a ese pedido. Reguló honorarios para el patrocinante que fue el abogado Jorge Mattos, socio del estudio jurídico que tiene directores en el diario conocido como decano de la prensa argentina. Y sostuvo que sus superiores de la Cámara Federal lo avalaron.
Pero el fallo de los camaristas rosarinos rechaza los planteos defensivos. Hay un párrafo que es muy categórico sobre el rol de Fernando Whpei como imputado colaborador. «Si bien es cierta la cautela con la cual debemos valorar el testimonio de un investigado arrepentido o colaborador (atento las desconocidas motivaciones que lo pudieron haber llevado a efectuar su declaración en un sentido u otro), en este caso dicho testimonio no solo que se condice con las demás pruebas objetivas existentes (entre ellas el impacto de antenas y mensajes de whatsapp), sino que especialmente la explicación de Whpei es la que permite actuar de forma lógica todo el extraordinario, irregular y antinatural que tuvo el expediente. civil en el cual el juez libró la orden contra el BCRA (que luego fue revocada por esta Cámara de Apelaciones)».
Otro momento demoledor de los camaristas es cuando se centran en la incomprensible actuación de Salmain. «Todo el actuar forzado del magistrado en el expediente civil se transforma en sí mismo en prueba o indicio de delito», plantean.
Lo que tiene de revelador ese enunciado es que revela algo que está permanentemente en el comportamiento de Salmain. Como cuando se quiso quedar con causas del imputado por corrupción ex jefe de la AFIP Carlos Vaudagna por hechos ocurridos en jurisdicciones ajenas. O como cuando intervino aceptando con un amparo para habilitar obras de un barrio privado cerrado por el gobierno santafesino por problemas de saneamiento hídrico. Para los que siguen de cerca los movimientos de Salmain como juez acaso lo más bizarro fue cuando, tramitando la causa en una fiscalía, él como juez se llevó copia del peritaje del teléfono de Vaudagna, que tenía una relación probada con él previa a la llegada a Rosario del magistrado. «En la práctica, es altamente improbable que un juez haga algo así. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer con el peritaje? ¿En qué marco lo iba a analizar? La conjetura fiscal en ese momento fue que como en el primer peritaje no salieron sus comunicaciones con Vaudagna se la jugó a quedarse con todos los casos.
En el fallo de la Cámara Federal conocido este viernes, los vocales parecen valorar la relación de confianza previa que había entre Busaniche y Salmain, dado que como lobista en cercanías de la Corte Suprema Busaniche había hecho gestiones para que designaran juez federal en Rosario al ahora cuestionado juez. Para concretar una maniobra como la apuntada por los fiscales, Whpei no tenía relación con salmain, y por eso se conecta para que haga de intermediario con alguien que sí tuviera ascendencia sobre el juez. Sin confianza y ascendencia sobre un juez estas acciones no son posibles.
Otro asunto irregular es que cuando se frustra el pago del soborno, dada una devaluación que generó una diferencia de cambio, Salmain que primero había oficiado al BCRA para venderle dólares al fideicomiso de Whpei súbitamente se declara incompetente, manda el expediente a Buenos Aires y realiza una denuncia penal contra Whpei por estafa procesal, como si lo hubieran engañado en el marco del trámite. Esa acción adquiere lógica a la luz de los dichos de Whpei como arrepentido. ¿Qué dice? Que no le pudieron pagar los 200 mil dólares acordados inicialmente y, devaluación mediante, le ofrecían 20 mil. Frente a ese cambio en el monto que lo beneficiaría, lo que cambió fue la conducta del juez.
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Europa avanzó con una restricción que en la práctica deja afuera de sus importaciones al biodiesel argentino que se produce en polo agroindustrial de Santa Fe. La decisión de clasificar a la soja como materia prima de «alto riesgo ambiental» implica una exclusión del biocombustible local del sistema europeo de energías renovables y amenaza con recortar exportaciones por unos USD 390 millones anuales.
El impacto encendió alarmas en la provincia donde se concentra el 80% de la producción y el gobernador Maximiliano Pullaro se reunió de urgencia con ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno para evaluar una estrategia que incluye escalar el conflicto a la Organización Mundial del Comercio.
Es que la Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria. Como consecuencia, el biodiesel elaborado con aceite de soja deja de computar como energía renovable dentro de la UE, lo que lo vuelve inviable para ese mercado.
La Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria
En ese marco, Pullaro llevó el planteo a la Cancillería. En una reunión en Buenos Aires con Pablo Quirno, el gobernador entregó un dossier técnico elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que busca respaldar la posición argentina frente a Bruselas.
El documento reúne evidencia científica, productiva y económica y, según explicó el ministro Gustavo Puccini, «refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo».
Según detallaron fuentes provinciales, el informe será incorporado a la presentación que la Cancillería realizará la próxima semana en Europa, en un intento por frenar el endurecimiento de las restricciones y evitar el cierre definitivo del mercado para el biodiesel argentino.
El punto es que ese criterio es duramente cuestionado por Argentina. Los argumentos de la provincia de Santa Fe sostienen que el concepto de ILUC no se basa en impactos medibles sino en modelos teóricos con altos niveles de incertidumbre:
«No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo», advierte el informe.
No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo
El documento señala que las sospechas europeas no tienen sustento real porque la superficie sembrada con soja en el país se mantiene estable o incluso en retroceso desde hace más de una década.
En Santa Fe, por ejemplo, los datos muestran que la proporción de bosques se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2008 y 2024, lo que refuerza la idea de que no hubo expansión sobre áreas de alto valor ambiental.
Otro de los cuestionamientos apunta a lo que consideran un sesgo metodológico. Mientras la UE penaliza a la soja importada por un supuesto riesgo ambiental, mantiene fuera de esa categoría a cultivos producidos dentro del propio bloque, como la colza y esa discriminación vulnera los principios del comercio internacional.
El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa
El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa.
En Santa Fe se concentra el polo industrial del biodiesel donde se fabrica el 80% de la producción y genera una red de empresas que incluye puertos, aceiteras, plantas químicas y logística. El valor promedio de la producción en los últimos cinco años supera los 1.100 millones de dólares anuales, lo que da dimensión del impacto potencial.
A eso se suma el efecto fiscal y laboral. Solo por la caída del comercio con Europa, la provincia podría perder más de USD 100 millones en recaudación. En paralelo, están en riesgo casi 2.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, en un sector que se caracteriza por altos niveles de formalidad y salarios por encima del promedio.
En Santa Fe advierten que el impacto puede ir más allá del biodiésel. La clasificación de la soja como insumo de «alto riesgo ILUC» podría extenderse a toda la cadena de valor y complicar la exportación al mercado europeo de otros productos como aceite, harina y poroto. «No se trata solo de un biocombustible, sino de un complejo exportador estratégico», señaló Pullaro.
En ese contexto, el Gobierno nacional y la provincia comenzaron a coordinar una respuesta diplomática. No es la primera vez que Argentina enfrenta a la Unión Europea por el biodiesel y en 2016 la OMC ya había obligado a reabrir el mercado europeo.
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