Este lunes comenzó la tercera semana de la colonia de vacaciones que organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina. Niños y niñas de los barrios Tierra del Fuego, Lihue, Valsecchi, Padre Gardín, 25 de Mayo, San Martín, Cerezos 1 y 2, Fedalto, Aylen, Progreso y CGT disfrutan de las actividades recreativas que se llevan adelante en el balneario municipal de la Isla 58.
Mientras tanto, el viernes pasado recibieron los certificados por su participación los chicos que durante la semana pasada asistieron a la colonia.
Por otro lado, la próxima semana será el turno de los barrios 33 Viviendas, Puerto Argentino, Piana, Albino Cánova, SOYEM, Los Ángeles, Antártida y Aluvita.
Las inscripciones se reciben en la Junta Vecinal de cada barrio de residencia y en el polideportivo Cumelen (Colón 107) en el horario de 8 a 13.
Durante las últimas semanas, y especialmente desde la final del Mundial, comenzó a expandirse por las redes sociales una campaña que intenta instalar una idea tan simple como efectiva: la Argentina sería un país esencialmente racista. Influencers con millones de seguidores, artistas, actores y comunicadores de distintas partes del mundo repitieron esa afirmación como si se tratara de una verdad indiscutible, muchas veces apoyándose en videos descontextualizados, fake news o episodios aislados convertidos en sentencia definitiva. Sin embargo, cuando el ruido de las redes deja paso a la historia, el relato empieza a resquebrajarse y aparece una pregunta incómoda: ¿con qué autoridad moral algunos países pretenden juzgar a la Argentina cuando buena parte de sus propias sociedades todavía conviven con problemas de discriminación, xenofobia y racismo mucho más profundos que los nuestros?
Por Alcides Blanco para NLI
La velocidad de un prejuicio
Vivimos en una época en la que un video de treinta segundos parece tener más peso que doscientos años de historia. Un recorte editado, una frase fuera de contexto o un cántico repetido en una cancha pueden transformarse, gracias al funcionamiento de los algoritmos, en una supuesta radiografía cultural de un país entero. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la Argentina. A partir de algunos episodios vinculados al fútbol, comenzó a construirse un relato según el cual el racismo no sería un problema presente —como lo es en prácticamente todas las sociedades del planeta— sino una característica constitutiva de la identidad nacional.
El mecanismo resulta curioso porque reproduce exactamente aquello que dice combatir. Se toma la conducta de un grupo reducido de personas y se la convierte en la esencia de cuarenta y siete millones de habitantes. En otras palabras, se estigmatiza a todo un pueblo por acciones individuales, un procedimiento que no es otra cosa que un prejuicio.
Naturalmente, la Argentina no está exenta de expresiones discriminatorias. Sería absurdo negarlo. Existen actos racistas, xenófobos y antisemitas que deben ser denunciados y sancionados. Lo que resulta intelectualmente insostenible es sostener que esas conductas representan la identidad profunda del país, especialmente cuando la propia historia argentina ofrece evidencias exactamente en sentido contrario.
Un país que abolía la esclavitud mientras otros todavía la defendían
Hay fechas que ayudan a ordenar las discusiones. En 1813, cuando gran parte del continente americano todavía aceptaba la esclavitud como un elemento natural de la economía, la Asamblea del Año XIII aprobó la Libertad de Vientres, estableciendo que los hijos de mujeres esclavizadas nacerían libres. Aquella decisión no eliminó inmediatamente el sistema esclavista, pero marcó un rumbo político que terminaría consolidándose con la Constitución de 1853, que prohibió definitivamente la esclavitud en el territorio nacional.
Conviene detenerse un instante en esa comparación histórica. Estados Unidos abolió la esclavitud recién en 1865, después de una guerra civil que dejó cientos de miles de muertos. Brasil lo hizo en 1888. Cuba, en 1886. La Argentina, con todas sus contradicciones, había iniciado ese camino varias décadas antes. No se trata de competir por quién fue más virtuoso, sino de poner las cosas en perspectiva cuando algunos pretenden presentar al país como si hubiera permanecido al margen de las grandes luchas por la igualdad.
Tampoco puede olvidarse el papel desempeñado por los afroargentinos en la construcción de la Nación. Combatieron durante las Invasiones Inglesas, integraron masivamente los ejércitos de la Independencia y participaron en las campañas de San Martín y Belgrano. Sin embargo, durante mucho tiempo fueron invisibilizados por una historiografía que prefirió construir la ficción de una Argentina exclusivamente europea. Esa invisibilización existió y merece ser revisada, pero es muy distinta a sostener que nunca existieron o que el país edificó su identidad sobre la exclusión racial.
En ese contexto también aparece una discusión historiográfica poco conocida. Diversos investigadores, entre ellos el reconocido historiador George Reid Andrews, recuperaron documentos y testimonios de época que alimentan la hipótesis de una posible ascendencia africana de Bernardino Rivadavia, primer presidente de la Argentina, conocido por algunos contemporáneos con el apodo de «Doctor Chocolate». El tema continúa siendo objeto de debate académico, pero resulta revelador porque muestra hasta qué punto la presencia afrodescendiente fue mucho más importante de lo que durante décadas quiso admitir la historia oficial.
Una Constitución que invitó al mundo cuando otros levantaban fronteras
Hay un texto que todos los argentinos aprendemos en la escuela y que, sin embargo, pocas veces dimensionamos en toda su profundidad. El Preámbulo de la Constitución Nacional afirma que los derechos allí consagrados se establecen «para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino». No habla de una religión determinada, de una etnia específica ni de un origen nacional privilegiado. Habla del mundo entero.
No fue una declaración vacía. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la Argentina recibió millones de inmigrantes italianos, españoles, franceses, judíos perseguidos por los pogromos europeos, sirios, libaneses, armenios que escapaban del genocidio otomano, japoneses, coreanos y, más recientemente, enormes corrientes migratorias provenientes de Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela y otros países latinoamericanos. La identidad argentina no nació de la pureza, sino exactamente de lo contrario: de la mezcla.
Mientras eso ocurría, muchas de las sociedades que hoy levantan el dedo construían políticas migratorias basadas en criterios raciales o mantenían colonias repartidas por África y Asia. La historia, otra vez, obliga a relativizar ciertos discursos moralizantes.
Europa y el espejo que prefiere no mirar
Buena parte de las acusaciones más resonantes contra la Argentina provinieron de Europa. Resulta inevitable preguntarse entonces qué sucede hoy mismo en ese continente.
Cada año, miles de personas provenientes de África atraviesan el Mediterráneo en embarcaciones precarias intentando escapar de guerras, hambre o persecuciones. Miles también mueren en ese intento. Las imágenes de cuerpos flotando frente a las costas europeas se repiten desde hace años sin que el continente haya encontrado una respuesta humanitaria acorde con los valores que suele reivindicar. Quienes logran llegar muchas veces permanecen hacinados en centros de detención o enfrentan crecientes discursos políticos que los presentan como una amenaza para la identidad nacional.
No se trata únicamente de casos aislados. El crecimiento electoral de fuerzas de extrema derecha en Francia, Italia, Alemania, Países Bajos o España se explica, en buena medida, por plataformas que hacen de la inmigración y del rechazo al extranjero uno de sus principales ejes políticos. Resulta difícil ignorar esa realidad cuando desde esos mismos países se pretende presentar a la Argentina como una excepción mundial en materia de discriminación.
Estados Unidos y una memoria demasiado corta
Algo parecido ocurre con Estados Unidos, donde numerosas figuras públicas se sumaron a la ola de críticas. Conviene recordar que la segregación racial fue política oficial hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX y que millones de ciudadanos afroamericanos vivieron durante décadas sometidos a leyes que separaban escuelas, hospitales, transportes públicos y espacios de convivencia según el color de la piel.
La Ley de Derechos Civiles recién fue aprobada en 1964, casi ciento cincuenta años después de la Revolución de Mayo. El primer presidente afroamericano llegó a la Casa Blanca en 2008. Mientras tanto, los casos de violencia policial contra ciudadanos negros continúan generando movilizaciones masivas bajo consignas como Black Lives Matter, demostrando que el problema dista mucho de haber sido resuelto.
Nadie sostiene por ello que Estados Unidos sea únicamente racismo. Sería una simplificación injusta. Exactamente la misma injusticia implica reducir toda la historia argentina a algunos videos virales difundidos por las redes sociales.
Palestina, los pueblos originarios y las contradicciones de toda nación
Otra de las paradojas aparece cuando se observan las posiciones internacionales. La Argentina reconoció oficialmente al Estado de Palestina en 2010, sosteniendo una política exterior basada en el derecho a la autodeterminación de los pueblos mucho antes de que varios países europeos adoptaran decisiones similares. Es cierto que el gobierno de Javier Milei modificó esa tradición mediante un alineamiento explícito con Benjamin Netanyahu, pero también es cierto que un gobierno nunca agota la identidad política ni moral de un pueblo. Confundir ambas dimensiones constituye un error analítico tan frecuente como peligroso.
Sería igualmente deshonesto omitir las deudas propias. La «Conquista del Desierto» implicó violencia, despojo y muerte para numerosos pueblos originarios, una tragedia que forma parte de nuestra historia y que debe ser estudiada sin eufemismos. Sin embargo, también es cierto que la reforma constitucional de 1994 reconoció expresamente la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y les otorgó derechos específicos que hoy poseen jerarquía constitucional. Las sociedades maduras no son aquellas que niegan sus errores, sino las que son capaces de incorporarlos críticamente a su memoria colectiva.
Mucho más que un algoritmo
Quizá el problema de fondo sea que las redes sociales necesitan relatos simples. Es más fácil instalar que «los argentinos son racistas» que explicar dos siglos de historia, de inmigraciones, de conflictos sociales, de avances, retrocesos y contradicciones. Los algoritmos premian las etiquetas; la historia, en cambio, obliga a pensar.
La Argentina no necesita inventarse un pasado perfecto para responder a esa campaña. No fue una nación sin desigualdades ni discriminaciones, como tampoco lo fueron Francia, España, Estados Unidos o cualquier otra sociedad contemporánea. Pero existe una diferencia fundamental entre reconocer las propias deudas y aceptar una caricatura construida sobre prejuicios.
Porque cuando se deja de mirar apenas el último video viral y se observa el recorrido completo de la historia argentina, aparecen un país que inició tempranamente el camino hacia la abolición de la esclavitud, que escribió en su Constitución una invitación abierta a todos los habitantes del mundo, que se construyó a partir de sucesivas olas inmigratorias, que reconoció derechos a pueblos históricamente postergados y que, con avances y retrocesos, hizo de la integración uno de los pilares de su identidad nacional.
Por eso, antes de repetir consignas nacidas al calor de una campaña viral, tal vez convenga hacer un ejercicio mucho más incómodo: mirar la propia historia con la misma severidad con la que se pretende juzgar la historia ajena. Muchas de las voces que hoy acusan a la Argentina descubrirían entonces que los mayores fantasmas del racismo no viven precisamente al sur del mundo, sino bastante más cerca de sus propias casas.
Argentina llegó a construir uno de los aviones a reacción más avanzados de su época, pero una combinación de cambios políticos, decisiones económicas y falta de continuidad estratégica impidió que aquel proyecto se transformara en una industria aeronáutica permanente.
Por Redacción de NLI
En una Argentina que todavía buscaba definir su lugar en el mundo de la posguerra, un grupo de ingenieros, técnicos y trabajadores industriales imaginó algo que parecía imposible: que el país pudiera competir en uno de los campos tecnológicos más sofisticados del siglo XX. No se trataba solamente de fabricar un avión, sino de demostrar que una nación periférica podía desarrollar conocimiento propio, formar especialistas y construir una capacidad industrial vinculada a la defensa y a la producción de alta complejidad. Ese sueño tuvo un nombre: Pulqui II, un proyecto aeronáutico que durante algunos años colocó a la Argentina entre los pocos países capaces de diseñar un caza a reacción moderno.
Cuando Argentina quiso entrar al mapa de la tecnología aeronáutica
A comienzos de la década de 1950, el mundo estaba atravesado por una revolución tecnológica. La Segunda Guerra Mundial había acelerado el desarrollo de los motores a reacción y las principales potencias comenzaban a abandonar los aviones tradicionales de hélice para avanzar hacia una nueva generación de aeronaves capaces de alcanzar mayores velocidades y alturas. En ese escenario, la Argentina impulsó un programa propio desde el entonces Instituto Aerotécnico de Córdoba, una institución que concentraba conocimiento científico, formación profesional y capacidad industrial.
El proyecto contó con la participación de ingenieros argentinos y del diseñador aeronáutico alemán Kurt Tank, uno de los especialistas más reconocidos de su época, quien había trabajado en la industria alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Su llegada a la Argentina permitió incorporar conocimientos avanzados, pero el desarrollo no fue simplemente una copia extranjera: el equipo local debió adaptar diseños, materiales y procesos a las capacidades disponibles en el país.
El resultado fue el Pulqui II, un caza de ala en flecha con motor a reacción que realizó su primer vuelo en 1951. Para comprender la magnitud del proyecto hay que recordar que en aquel momento eran pocos los países que tenían la capacidad técnica para construir aeronaves de esas características. Argentina no solamente compraba tecnología: intentaba crearla.
El avión tenía prestaciones comparables con modelos que utilizaban algunas fuerzas aéreas de las grandes potencias. Su desarrollo implicaba mucho más que la fabricación de una máquina militar: requería metalurgia avanzada, ingeniería de precisión, formación de técnicos especializados y una red industrial capaz de sostener un proceso tecnológico complejo.
El proyecto que quedó atrapado entre la política y el cambio de modelo
Sin embargo, el Pulqui II nació en un momento histórico marcado por profundas disputas políticas. El proyecto formaba parte de una visión de desarrollo industrial que buscaba ampliar las capacidades del país, fortalecer sectores estratégicos y reducir la dependencia tecnológica externa. Esa concepción entró en crisis con el golpe de Estado de 1955 y el cambio de orientación política y económica que comenzó después.
Tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, muchos proyectos asociados al período anterior fueron revisados, frenados o directamente abandonados. El Pulqui II no escapó a esa lógica. Aunque continuaron algunos trabajos técnicos, la falta de financiamiento sostenido y de una decisión política clara hizo que el programa perdiera impulso.
El problema no fue únicamente la interrupción de un avión específico. Lo que se debilitó fue una línea de desarrollo tecnológico que podía haber permitido consolidar una industria aeronáutica nacional con capacidad exportadora y de innovación permanente. El proyecto había generado conocimientos, especialistas y experiencia acumulada, pero esa construcción necesitaba continuidad para transformarse en una política de Estado.
La historia del Pulqui II muestra una de las tensiones más profundas de la Argentina moderna: la dificultad para sostener en el tiempo proyectos estratégicos que requieren décadas de inversión, planificación y estabilidad institucional. La ciencia y la industria no producen resultados inmediatos; necesitan continuidad más allá de los cambios de gobierno.
La memoria de un sueño industrial que todavía interpela
Con el paso del tiempo, el Pulqui II quedó convertido en un símbolo contradictorio. Por un lado, representa una de las experiencias más ambiciosas de la ingeniería argentina y demuestra que existía capacidad para desarrollar tecnología de frontera. Por otro, también refleja una oportunidad perdida: la imposibilidad de transformar un proyecto exitoso en una industria consolidada.
La Argentina tuvo momentos en los que logró construir capacidades tecnológicas de primer nivel. La experiencia aeronáutica de Córdoba, el desarrollo nuclear, la producción satelital y otros campos muestran que el país contó con científicos, técnicos e instituciones capaces de competir internacionalmente cuando existió una estrategia sostenida.
El Pulqui II no debe ser recordado solamente como un avión que nunca llegó a producirse en serie. Su verdadera importancia está en la pregunta que deja abierta: qué podría haber ocurrido si un país latinoamericano hubiera mantenido durante décadas una política industrial y científica orientada a generar tecnología propia.
Más de setenta años después de aquel primer vuelo, el Pulqui II continúa siendo una historia de ambición tecnológica, talento nacional y decisiones políticas. Un recordatorio de que la soberanía no se construye únicamente con recursos naturales, sino también con conocimiento, investigación y la capacidad de imaginar un futuro propio.
El conflicto por el practicaje, que terminó con la derogación del decreto impulsado por Federico Sturzenegger, abrió una feroz disputa entre la Armada Argentina y la Prefectura Naval por el control de la formación y titulación de los prácticos.
La derogación del decreto 690/26, que pretendía modificar sustancialmente el régimen del practicaje, tuvo un efecto político inesperado para el Gobierno dado que el retiro masivo de los aproximadamente 530 prácticos que se negaron a continuar prestando servicios bajo las nuevas condiciones.
El episodio dejó varios heridos, pero hay dos nombres que aparecen especialmente comprometidos. Uno es Federico Sturzenegger que, como adelantó LPO está pasando su peor momento dentro del gobierno. El otro es la conducción de la Prefectura Naval.
Pero hubo un punto del decreto que generó especial preocupación entre los profesionales: el artículo 6, que contemplaba que, ante una eventual negativa de los prácticos a prestar servicios, la Armada y la Prefectura pudieran asumir esas tareas. El problema apareció cuando se intentó llevar esa disposición a la práctica.
«¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido. El decreto, por lo tanto, planteaba una solución sobre el papel que en la práctica resultaba extremadamente difícil de ejecutar», detalla una fuente que sigue de cerca la situación.
La Armada Argentina es la institución que históricamente participa en la formación y titulación del personal superior de la Marina Mercante y de los prácticos, mientras que Prefectura cumple funciones vinculadas con la habilitación y control de la actividad.
¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido
El fallido decreto impulsado por Sturzenegger trasladaba a Prefectura competencias vinculadas con la formación y titulación de los prácticos que hasta entonces estaban en manos de la Armada. Eso potenció la interna.
Según fuentes conocedoras del conflicto, desde la Dirección de Educación de Prefectura se reclamó a la Armada el traspaso del sistema de titulación, aprovechando que el decreto establecía un período de seis meses para concretarlo. Con la suspensión y posterior derogación de la norma, la Armada respondió que, al quedar suspendidos sus efectos, también quedaba suspendido el traspaso de competencias.
En ese contexto, Prefectura estaría intentando mantener abierta la posibilidad de quedarse con la formación y titulación de los prácticos y evalúan convocar a referentes del practicaje a reuniones para discutir el futuro del sistema.
La propuesta busca que los prácticos defiendan sus intereses económicos y técnicos mientras Prefectura obtiene respaldo para avanzar sobre una competencia históricamente vinculada con la Armada. Para buena parte de los prácticos consultados, sin embargo, no existe ninguna razón técnica para modificar un sistema que funciona desde hace décadas.
Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.
El ejemplo que utilizan los prácticos como contraste es que es el guardacostas Mantilla, uno de los buques más grandes de Prefectura, tiene alrededor de 60 metros de eslora, mientras que un práctico puede estar habilitado para operar embarcaciones de 300 o 400 metros.
Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.
En ese marco, la intención de Prefectura de avanzar sobre la titulación de los prácticos podría convertir el conflicto en una disputa abierta con la Armada que viene tensa por la idea de Sturzenegger de fusionar ambas instituciones por tener tareas similares hace décadas, como adelantó en exclusivo LPO.
Esto aumenta la tensión contra Carlos Presti porque en las fuerzas consideran que deberá definir si respalda a la Armada en una discusión que, hasta ahora, parecía estrictamente administrativa porque detrás del practicaje hay debates de competencias, estructuras, presupuesto y poder interno dentro de la estructura del estado.
La derogación del decreto 690/26 evitó una crisis inmediata en los puertos, pero dejó expuesta esta interna. Un militar en actividad la definió como «una disputa innecesaria que activa una vieja rencilla que hay entre dos instituciones a la que el Estado no les llega desde hace años a definir las competencias que son exclusivas de una y de otra y tienen un montón de puntos de roce y que son naturales».
Por último, planteó que «la Armada tiene un interés estratégico en conservar la formación y la titulación del personal de la María Mercante, incluidos los prácticos, porque todos ellos conforman parte del Sistema Nacional de Defensa. En caso de conflicto, todos los marinos mercantes pasan a ser oficiales de la Reserva Naval, o son oficiales de la Reserva Naval, son movilizados eventualmente de ser necesario para la defensa nacional».
«Son dos fuerzas distintas que hacen en muchos casos la misma tarea. Esto era innecesario. Esta es la gran locura de Sturzenegger. Quieren sacar algo que la Armada tiene hace más de 100 años y ese cambio no genera ningún ahorro para el Estado. La Prefectura no tiene el expertise ni la formación que tienen tanto los marinos de guerra como los marinos mercantes. De hecho, un oficial de prefectura se forma en dos años y un marino de guerra o mercante en cuatro, es el doble», finalizó.
La cifra surge de un modelo matemático realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), afiliada a la Facultad de Medicina de la UBA. El estudio calculó que, si se aumentaran los impuestos a los productos del tabaco, incrementando su precio 50%, la Argentina obtendría un beneficio económico de $ 590.674 millones, por…
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