Este lunes comenzó la tercera semana de la colonia de vacaciones que organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina. Niños y niñas de los barrios Tierra del Fuego, Lihue, Valsecchi, Padre Gardín, 25 de Mayo, San Martín, Cerezos 1 y 2, Fedalto, Aylen, Progreso y CGT disfrutan de las actividades recreativas que se llevan adelante en el balneario municipal de la Isla 58.
Mientras tanto, el viernes pasado recibieron los certificados por su participación los chicos que durante la semana pasada asistieron a la colonia.
Por otro lado, la próxima semana será el turno de los barrios 33 Viviendas, Puerto Argentino, Piana, Albino Cánova, SOYEM, Los Ángeles, Antártida y Aluvita.
Las inscripciones se reciben en la Junta Vecinal de cada barrio de residencia y en el polideportivo Cumelen (Colón 107) en el horario de 8 a 13.
La Escuela Municipal de Newcom participó el fin de semana de un torneo interprovincial organizado por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Sierra Grande. De la competencia también fueron parte equipos de Viedma, San Antonio Oeste, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Choique y de la localidad anfitriona. Se jugaron partidos competitivos y recreativos….
El Gobierno de Milei anunció inspecciones en escuelas durante el paro docente para controlar el cumplimiento del servicio educativo. La Provincia de Buenos Aires rechazó la medida y advirtió sobre una invasión de competencias federales.
Por Redacción de NLI
El conflicto docente sumó un nuevo capítulo y dejó expuesta una disputa más profunda sobre el rol del Estado nacional y el federalismo educativo argentino. En el marco del paro nacional convocado por los gremios docentes, el Gobierno de Javier Milei anunció que desplegará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de un supuesto piso mínimo de funcionamiento del servicio educativo. La decisión generó una fuerte reacción de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió que la administración nacional pretende avanzar sobre facultades que corresponden a las jurisdicciones provinciales.
La medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se ampara en la declaración de la educación como servicio esencial establecida por la Ley 27.802, una de las normas impulsadas por el oficialismo dentro de su agenda de reforma laboral. Según explicó el Gobierno, los controles buscarán constatar que durante la huelga se garantice el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, y advirtió que ante eventuales incumplimientos podrían aplicarse sanciones a las organizaciones sindicales.
Pero detrás de la discusión sobre el porcentaje de clases garantizadas aparece una cuestión institucional de fondo: quién tiene autoridad sobre las escuelas argentinas. Desde la reforma constitucional de 1994, la educación es una competencia compartida, pero la administración directa de los establecimientos educativos corresponde principalmente a las provincias. En ese marco, el gobierno bonaerense cuestionó que funcionarios nacionales ingresen a escuelas provinciales para realizar controles sin coordinación con las autoridades educativas locales, interpretando la decisión como una avanzada sobre atribuciones propias.
El conflicto educativo detrás del operativo nacional
El paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) no surge únicamente por una discusión salarial. El reclamo gremial incluye la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura, conectividad, becas y programas escolares.
La eliminación de transferencias nacionales hacia las provincias fue uno de los puntos centrales del deterioro de la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la administración libertaria redujo programas educativos financiados desde Nación y dejó en manos de las provincias mayores responsabilidades presupuestarias, en un contexto donde muchas jurisdicciones denuncian dificultades para sostener salarios y servicios básicos.
La respuesta oficial, en lugar de abrir una instancia de negociación, fue trasladar la discusión al terreno del control y la sanción. El Ministerio de Capital Humano anunció operativos de inspección y planteó que, si se detectan incumplimientos, se activarían mecanismos sancionatorios contra los gremios. Para el Gobierno, la prioridad es garantizar el derecho a la educación; para los sindicatos, la estrategia oficial busca limitar el derecho constitucional a la protesta frente a una pérdida salarial y un ajuste sobre el sistema educativo.
Buenos Aires rechaza la presencia de inspectores nacionales
La Provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor matrícula educativa del país, fue una de las primeras jurisdicciones en rechazar el mecanismo. Desde el gobierno de Axel Kicillof señalaron que la Nación no puede disponer unilateralmente controles dentro de escuelas que dependen de la administración provincial, ya que la gestión cotidiana del sistema educativo está bajo responsabilidad de cada distrito.
La disputa tiene una dimensión política evidente. Desde el inicio de su gestión, Milei construyó una narrativa donde el Estado nacional debe reducir su intervención y limitarse a funciones consideradas esenciales. Sin embargo, en el caso educativo, el Ejecutivo nacional decidió adoptar una postura activa de supervisión sobre estructuras administradas por las provincias, generando una contradicción entre el discurso de descentralización y una práctica de mayor intervención.
El episodio también vuelve a poner sobre la mesa una tensión histórica del federalismo argentino: mientras la Nación conserva capacidad de establecer políticas generales y distribuir recursos, son las provincias las que sostienen la infraestructura educativa, pagan buena parte de los salarios docentes y administran las escuelas. La disputa por las inspecciones no es solamente administrativa; es una discusión sobre el equilibrio de poder entre el Gobierno central y los territorios.
Una pelea que excede al paro docente
El conflicto educativo se inscribe dentro de una serie de enfrentamientos entre el Gobierno nacional y sectores estatales que cuestionan el impacto del ajuste. La Casa Rosada intenta presentar cada protesta como una resistencia corporativa frente a sus reformas, mientras que los gremios sostienen que se trata de una reacción frente a la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento de políticas públicas.
En este escenario, el paro docente se convirtió en un nuevo punto de choque entre dos modelos de país. Por un lado, un oficialismo que plantea que el Estado debe intervenir menos y aplicar reglas de mercado y disciplina fiscal. Por otro, sectores sindicales y gobiernos provinciales que reclaman que la educación sea considerada una inversión estratégica y no solamente un servicio sujeto a restricciones presupuestarias.
La decisión de enviar inspectores nacionales a escuelas provinciales agrega un nuevo capítulo a esa disputa. Más allá del resultado concreto del operativo, el conflicto deja una pregunta abierta sobre los límites del poder nacional en un sistema educativo federal y sobre cómo se resolverán las diferencias cuando las políticas de ajuste choquen con las estructuras históricas del Estado argentino.
Sobre la denuncia del intendente reginense, Marcelo Orazi (JSRN) presentada ante el Concejo Deliberante (CD) contra Domingo Vallejos y Gimena Cerda, vocales del Frente de Todos (FdT) en el Tribunal de Cuentas (TC), que derivó en la comisión de juicio político contra ambos funcionarios, ya que el legislativo municipal consideró con 6 votos contra 4 que dicha denuncia reunía los requisitos para…
El próximo sábado se realizará la presentación del libro ‘Godofredo Viajero’ de la escritora reginense Julieta Langa, quien actualmente reside en Alemania. La cita es en la Oficina de Informes Turísticos de 15,30 a 16,30 horas para la prensa, docentes de nivel inicial, primario, del Instituto de Formación Docente, estudiantes o lectores aficionados. Se realizará…
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva pasó por Córdoba, donde encabezó el almuerzo de la Bolsa de Comercio. Y allí, frente al Círculo rojo mediterráneo salió a bancar el accionar de Gustavo Gauna, el comisario de la Federal que disparó, de civil, en la marcha contra la Ley de Tierras del pasado jueves.
Monteoliva respaldó la portación de arma por parte del efectivo de civil al decir que «es probable que el comisario o subcomisario (sic) haya tenido su placa colgada». «Con respecto al arma es una escopeta de estruendo. ¿Qué sale de un perdigón de estruendo? Ruido, estruendo», dijo la cordobesa Monteoliva en la disertación en la Bolsa de Comercio.
Situación, la del comisario Gauna que derivó en una denuncia y una citación a la integrante del Gabinete nacional al Congreso por parte de la oposición.
«Los que tienen que explicar son los que van con una masa, un martillo, que expliquen los que queman a los gendarmes o los escupen. Tengo personas con lesiones en columnas, irrecuperables. Tengo 200 efectivos que quedaron con lesiones por la marcha del jueves», dijo Monteoliva, visiblemente molesta.
Tensión que se hizo más notoria cuando le preguntaron en el recinto, y frente al empresariado cordobés, por la polémica de la bandera de Malvinas en el Mundial. «Lo aclaro una vez más: las recomendaciones no fueron mías. Quien define los parámetros es la FIFA», dijo e insistió con «el dibujito de las banderas», frase que repitió este mediodía en Córdoba.
«Lo que hicimos fue comunicar para que la gente no se quedara con la entrada en la mano y la camiseta puesta. Este es el Gobierno que más hizo por la recuperación de Malvinas. Hay otros que hablan mucho, pero cuando estuvieron no hicieron nada», afirmó Monteoliva.
De los líderes de la oposición, particularmente de ese eje que componen el diputado Gabriel Bornoroni y el senador Luis Juez, quien estuvo fue el referente libertario. No así el integrante de la Cámara alta, muy crítico de Monteoliva por su pasado como funcionaria de De la Sota en el acuartelamiento policial en el 2013 y muy cercana, ahora, al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. Quien se sentó en la mesa central junto a Bornoroni y al presidente de la entidad, Manuel Tagle.
La confirmación de la visita del papa León XIV a nuestro país en noviembre despertó una expectativa en todo el arco político, particularmente en Córdoba, la única escala que el sumo pontífice realizará en el interior del país. Visita que, de confirmarse la intención del gobernador Martín Llaryora de poner la fecha de la elección provincial en el primer cuatrimestre del 2027, se dará en el marco de una campaña ya comenzada.
Se sabe, la estrategia del cordobesismo es convocar a elecciones entre marzo y abril del año próximo porque entienden que la gestión de Javier Milei no tendrá los brotes verdes, la paciencia de la gente estará al límite y, particularmente en Córdoba, probablemente el arco opositor mantenga diferencias que lleven a ese esquema a un escenario de división.
Con ese escenario, la visita del papa asoma como un bálsamo en el que entrarán Llaryora y el arzobispo cordobés Ángel Rossi en tándem. El referente de la iglesia católica en Córdoba es uno de los ochos cardenales que hay en la Argentina -y uno de los cuatro con derecho a voto en el Vaticano- y está muy vinculado con la política local. Sin embargo, Rossi trató de ponerle paños fríos a la cuestión política y circunscribió la visita de León XIV a la cuestión pastoral.
Situación que atiende el cordobesismo pero que, igualmente, sabe que el condimento político puede ser un espaldarazo. «Si se maneja bien, nos puede servir y mucho. Pero tenemos que estar atentos, no puede haber ninguna falla y estamos trabajando desde ahora. El mundo católico hablará de Córdoba y la Ciudad debe estar en condiciones», dijo un funcionario de la primera línea a LPO.
En el llaryorismo estaban al tanto de la visita del papa desde el viernes, aunque decidieron aguardar la confirmación de la Iglesia.
Si se maneja bien, nos puede servir y mucho. Pero tenemos que estar atentos, no puede haber ninguna falla y estamos trabajando desde ahora. El mundo católico hablará de Córdoba y la Ciudad debe estar en condiciones
Asimismo, en Córdoba también entran en la comparación con la última visita de un papa, cuando en 1987 vino Juan Pablo II y el gobernador era el radical Eduardo Angeloz. «Son visitas similares. O como la Cumbre del Mercosur del 2006 con ‘el Gallego’ (José Manuel de la Sota», señaló un funcionario de la Provincia.
En la ocasión de la visita de los presidentes, en Córdoba estuvieron los presidentes Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Lula, Fidel Castro, Evo Morales y Tabaré Vázquez. Cumbre en la que se selló la incorporación de Venezuela al bloque y De la Sota fue el anfitrión de ese fin de semana de julio.
Por último, el capítulo papal en Córdoba tendrá un condimento extra: la carrera por la intendencia 2027 tiene a dos espadas del gabinete llaryorista involucradas. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el de Vinculación, Miguel Siciliano, son los que interactuarán con el Vaticano por cuestiones relacionadas con la visita de León XIV.
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