CIFRAS OFICIALES: Aumentan las muertes de personas mayores con Milei
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CIFRAS OFICIALES: Aumentan las muertes de personas mayores con Milei

 

El dato surge de las estadísticas oficiales de mortalidad y muestra un salto de 21.276 fallecimientos entre 2023 y 2024 entre las personas de 65 años y más. El fenómeno adquiere mayor relevancia cuando se compara la mortalidad observada con un nivel esperado construido sobre años no pandémicos: para 2024, el cálculo arroja unas 33.500 muertes por encima de ese valor de referencia. Las cifras no permiten atribuir cada fallecimiento a una política determinada, pero sí muestran un deterioro sanitario que merece ser investigado.

Por Roque Pérez para NLI

La discusión sobre las condiciones de vida de los jubilados argentinos acaba de adquirir una dimensión que ya no puede reducirse a la evolución del haber mínimo, al precio de los medicamentos o a las protestas frente a las oficinas del PAMI. Las estadísticas oficiales de mortalidad muestran que en 2024 murieron 284.798 personas de 65 años y más, frente a 263.522 en 2023: son 21.276 fallecimientos adicionales en apenas un año. El dato surge de los Anuarios de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación encargado de producir, analizar y difundir las estadísticas sanitarias oficiales del país.

La magnitud del salto merece ser observada con cuidado. El aumento equivale a aproximadamente 8,1% en un solo año en el número absoluto de defunciones de personas de 65 años y más. Entre los mayores de 80 años, según la comparación de las estadísticas oficiales, el incremento fue todavía más pronunciado y alcanzó aproximadamente 9,46%. No se trata, por lo tanto, de una diferencia estadística marginal ni de una fluctuación de unas pocas centenas de casos: son decenas de miles de fallecimientos adicionales dentro de la población de mayor edad.

Qué significa realmente hablar de exceso de mortalidad

Para interpretar correctamente estos números hay que introducir un concepto fundamental de epidemiología: el exceso de mortalidad. No consiste simplemente en comparar un año contra el anterior, porque la cantidad de personas que mueren naturalmente puede variar por envejecimiento poblacional, estructura etaria, tamaño de la población y otros factores. La pregunta estadísticamente más interesante es otra: ¿cuántas muertes podían esperarse razonablemente en 2024 y cuántas ocurrieron efectivamente?

Tomando como referencia los valores que venimos analizando para 2017, 2018, 2019 y 2023, es decir, años que permiten evitar el comportamiento extraordinario producido por la pandemia de COVID-19, el promedio de defunciones de personas de 65 años y más se ubica en torno de 251.255 muertes anuales. Frente a las 284.798 efectivamente registradas en 2024, la diferencia alcanza aproximadamente 33.543 fallecimientos.

Ese cálculo debe ser presentado con precisión: 33.543 significa que la cantidad observada en 2024 estuvo aproximadamente 33.500 por encima del nivel obtenido mediante esa referencia estadística. Un salto de semejante magnitud entre la mortalidad esperada y la observada constituye una señal sanitaria que requiere explicación. Y la explicación no puede construirse solamente mirando las estadísticas de mortalidad: hay que cruzarlas con el acceso a medicamentos, consultas, tratamientos, vacunación, alimentación, ingresos previsionales, internaciones y utilización efectiva del sistema sanitario.

El dato aparece en el primer año completo de Milei

La dimensión política de la cifra surge de una circunstancia temporal imposible de ignorar: 2024 fue el primer año calendario completo de la presidencia de Javier Milei. El nuevo gobierno asumió el 10 de diciembre de 2023 y durante 2024 implementó una política económica caracterizada por una fuerte reducción del gasto público, contracción de distintas partidas sociales y modificaciones en los mecanismos de acceso a medicamentos para los afiliados del PAMI.

La coincidencia temporal, por sí sola, no prueba que las políticas implementadas por el Gobierno hayan provocado las muertes. Pero sí establece un período concreto para investigar. La pregunta relevante deja de ser simplemente cuántos jubilados murieron y pasa a ser qué ocurrió con las causas de esas muertes y con las condiciones sanitarias y económicas de esa población durante el mismo período.

La ausencia de datos oficiales de mortalidad correspondientes a 2025 constituye hoy una limitación importante. La DEIS ya tiene publicado el anuario de Estadísticas Vitales 2024, pero la serie oficial de 2025 todavía no está disponible.

Medicamentos, ingresos y salud: la explicación que todavía debe investigarse

La cuestión de los medicamentos ocupa un lugar central en el debate porque para una parte importante de la población mayor el tratamiento farmacológico no constituye un gasto prescindible sino una condición para mantener bajo control enfermedades crónicas. Hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, patologías respiratorias y múltiples afecciones propias de edades avanzadas requieren tratamientos sostenidos y, en muchos casos, combinaciones de medicamentos.

Por eso, una interrupción, reducción o postergación de tratamientos puede tener consecuencias sanitarias. La propia estadística sanitaria permite avanzar en esa dirección. Hay además un elemento demográfico que obliga a ser todavía más rigurosos: una población envejecida naturalmente registra más fallecimientos, aun cuando las condiciones sanitarias no empeoren. Por eso, comparar solamente 2023 contra 2024 puede sobreestimar o subestimar la dimensión real del fenómeno. El análisis de exceso de mortalidad intenta justamente corregir parcialmente esa dificultad mediante una referencia histórica.

Lo que muestran los números disponibles es, en consecuencia, más serio que una simple consigna política. Argentina registró en 2024 un aumento excepcional de las muertes entre las personas de 65 años y más respecto de 2023, después de la salida de los años extraordinarios de la pandemia. Y cuando se utiliza una referencia estadística no pandémica, la mortalidad observada queda muy por encima del promedio utilizado como línea de comparación.

Eso no permite mirar hacia otro lado frente a 33.543 muertes por encima de ese nivel de referencia y atribuirlas simplemente al azar demográfico. La discusión política, en definitiva, debería empezar por reconocer ese dato. La vida de las personas mayores no puede medirse solamente por cuánto aumenta nominalmente una jubilación o por cuánto dice el Gobierno que gasta en una obra social. También debe medirse por su capacidad efectiva de acceder a medicamentos, controles, tratamientos, alimentación y atención médica. Si en el primer año completo del gobierno de Milei la mortalidad de los mayores de 65 años saltó en más de 21.000 casos respecto del año anterior y alcanzó un nivel aproximadamente 33.500 fallecimientos superior a la referencia estadística utilizada en este análisis, el fenómeno exige una investigación sanitaria profunda.

Y esa investigación tiene que continuar: cuánto de este exceso responde a la estructura demográfica, cuánto a las secuelas de la pandemia y cuánto podría estar asociado con el deterioro de las condiciones sociales y sanitarias de los adultos mayores durante la nueva etapa económica.

Por ahora, el dato oficial ya plantea una pregunta incómoda para el Gobierno: en 2024 murieron 21.276 personas de 65 años y más que el año anterior. Y una democracia que pretende proteger a sus mayores debería considerar ese número no como una molestia estadística, sino como una señal que merece ser explicada con la máxima rigurosidad.

Fuentes principales: Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, Estadísticas Vitales – Año 2023 y Estadísticas Vitales – Año 2024; registros oficiales de mortalidad y análisis estadístico de exceso de mortalidad. La DEIS es el organismo nacional responsable de producir y analizar las estadísticas vinculadas con las condiciones de vida y los problemas de salud.

 

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    Hay palabras que en Argentina nunca llegan solas. Arrastran muertos, derrotas, ilusiones y experiencias colectivas. Una de ellas es “Malvinas”; otra es “seguridad nacional”. Durante años, muchos sostuvimos la necesidad de construir una política democrática y autocrítica sobre Malvinas. No para abandonar la reivindicación soberana, sino para fortalecerla. Porque la causa no podía seguir siendo rehén de las simplificaciones patrióticas, de los reflejos nacionalistas ni de las manipulaciones partidarias. Había que rescatarla de quienes la utilizaban como consigna vacía y devolverla al terreno de la política para construir un proyecto democrático. No imaginábamos este giro. O quizás sí. Quizás estaba contenido en algunas de las contradicciones que durante décadas intentamos señalar.

    Hay palabras que en Argentina nunca llegan solas. Arrastran muertos, derrotas, ilusiones y experiencias colectivas. Una de ellas es “Malvinas”; otra es “seguridad nacional”.

    Porque lo que aparece hoy ante nuestros ojos es una escena paradójica: una causa nacional y federal degradada una vez más; las islas objetivamente más lejos que hace algunos años; la defensa convertida en justificación para nuevas estructuras de seguridad; y dirigentes de distintos signos políticos celebrando la incongruencia de un presidente que durante años despreció tradiciones fundamentales de la cultura política nacional y que ahora se presenta como defensor de los intereses argentinos.

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    La cuestión no es menor. Lo que se anunció en nombre de la defensa nacional obliga a formular preguntas incómodas. No solo sobre Malvinas, sino sobre el país que estamos construyendo. Porque la experiencia argentina enseña que cada vez que la palabra “seguridad” desplazó a la palabra “política”, las consecuencias fueron graves.

    Durante gran parte del siglo XX la defensa nacional estuvo asociada a una idea relativamente sencilla: la protección de la soberanía frente a amenazas externas. La existencia misma de las Fuerzas Armadas se justificaba por la necesidad de defender el territorio, los recursos y la independencia nacional. Pero a partir de los años sesenta comenzó a consolidarse otro paradigma. La llamada Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada en el contexto de la Guerra Fría, modificó profundamente esa concepción. El problema ya no era un enemigo exterior. El enemigo estaba adentro. La amenaza dejó de identificarse con otro Estado para asociarse con conflictos sociales, organizaciones políticas, movimientos sindicales, grupos estudiantiles o cualquier actor percibido como potencialmente desestabilizador. La consecuencia fue conocida en toda América Latina. En nombre de la seguridad nacional se justificaron sistemas de vigilancia, persecución política, estados de excepción, terrorismo de Estado y dictaduras militares. La cuestión ya no era proteger a la nación sino controlar a la sociedad.

    A partir de 1983, parecía que habíamos aprendido que la defensa de la soberanía no podía separarse de la defensa de las instituciones democráticas. Hasta anoche.

    La Argentina conoce demasiado bien esa historia. La última dictadura fue la expresión más brutal de esa lógica. Y resulta imposible olvidar que la guerra de Malvinas fue, entre otras cosas, el intento final de aquel régimen por reconstruir una legitimidad que ya estaba agotada.

    Por supuesto, la causa de Malvinas no fue una invención de la dictadura. La reivindicación argentina es anterior, legítima y ampliamente compartida. Pero precisamente por eso resulta importante distinguir entre una causa nacional y los usos políticos que pueden hacerse de ella.

    A partir de 1983, parecía que habíamos aprendido que la defensa de la soberanía no podía separarse de la defensa de las instituciones democráticas. Que el patriotismo no podía quedar monopolizado por los militares y que la causa Malvinas necesitaba más democracia y no menos. Durante más de cuarenta años, con avances y retrocesos, esa convicción pareció consolidarse.

    Hasta anoche.

    El Escudo de las Américas

    Resulta preocupante observar la reaparición de un lenguaje político que vuelve a acercar conceptos que la experiencia democrática había procurado diferenciar. Cuando la reivindicación de Malvinas comienza a convivir con la expansión de estructuras de seguridad, con nuevas doctrinas de vigilancia y con alianzas hemisféricas concebidas en términos de amenazas permanentes, conviene prestar atención. Eso es lo que anunció Milei la noche del 3 de septiembre. 

    Resulta preocupante observar la reaparición de un lenguaje político que vuelve a acercar conceptos que la experiencia democrática había procurado diferenciar.

    En marzo de este año Argentina se incorporó al llamado “Escudo de las Américas”, impulsado por Donald Trump y constituye un buen ejemplo de esta situación. Los anuncios supuestamente malvineros de la cadena nacional son su capítulo más reciente.

    Presentada como una iniciativa destinada a combatir el narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas transnacionales, la propuesta de Trump parece responder a desafíos reales. Sin embargo, también expresa una determinada concepción del continente basada en la seguridad y que organiza la política alrededor de amenazas. Una concepción que tiende a desplazar las preguntas sobre soberanía, desarrollo, desigualdad o integración regional hacia un lenguaje centrado en el control.

    La causa nacional

    Aquí aparece una paradoja difícil de ignorar. La causa Malvinas es, en esencia, una causa de descolonización. Remite a una disputa de soberanía con una potencia extranjera, al control de recursos naturales y a la presencia militar británica en el Atlántico Sur. Está en juego la autonomía argentina para decidir sobre su territorio y sus espacios marítimos. Sin embargo, la arquitectura estratégica que hoy se presenta como marco de defensa nacional se construye alrededor de prioridades definidas fuera del país.

    La arquitectura estratégica que hoy se presenta como marco de defensa nacional se construye alrededor de prioridades definidas fuera del país.

    Mientras se reivindica la soberanía argentina, se profundiza la integración en esquemas de seguridad diseñados en Washington. Se denuncia la explotación ilegal de recursos en el Atlántico Sur y se celebra una alineación estratégica cuya principal preocupación no es la descolonización, sino la gestión hemisférica de amenazas (contra Estados Unidos). La contradicción resulta evidente. Y más aún cuando observamos el estado concreto de la cuestión Malvinas.

    Desde la derrota de 1982 las islas están más lejos que nunca de nuestras posibilidades de recuperación. Las negociaciones diplomáticas se encuentran estancadas. La presencia militar británica permanece intacta. La explotación de hidrocarburos fortalece la posición económica de los isleños y del Reino Unido.

    Mientras se reivindica la soberanía argentina, se profundiza la integración en esquemas de seguridad diseñados en Washington.

    El contexto internacional actual no ofrece señales favorables para una modificación sustancial del escenario. Frente a esa realidad, la retórica soberanista corre el riesgo de convertirse en una forma de compensación simbólica. La regla parecería ser que cuanto más lejos se encuentra el objetivo, más intensa se vuelve la apelación a lo emocional. 

    Épica

    Es un mecanismo conocido. La política cede lugar a la épica. Los resultados concretos son reemplazados por gestos. La complejidad desaparece detrás de los aplausos. Y entonces ocurre algo todavía más preocupante. La causa deja de pertenecer a la sociedad para transformarse en patrimonio de los gobiernos.

    Quien cuestiona una política específica parece cuestionar la soberanía misma. Quien formula dudas sobre una estrategia concreta es acusado de debilitar la posición nacional. La deliberación democrática se vuelve sospechosa. 

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    Ocurre algo preocupante: la causa deja de pertenecer a la sociedad para transformarse en patrimonio de los gobiernos.

    El resultado que hoy tenemos ante nuestros ojos parece condensar algunas de las peores posibilidades de la historia reciente argentina: una causa nacional y federal degradada y manipulada una vez más; las islas más lejos que nunca; la defensa convertida en argumento para ampliar mecanismos de control interno; y dirigentes de distintos signos políticos celebrando la paradoja de un presidente que durante años despreció la tradición nacional argentina y que ahora anuncia que defenderá los intereses nacionales.

    Por eso la pregunta verdaderamente importante no es qué pensamos sobre Malvinas. La pregunta es qué tipo de democracia queremos construir alrededor de Malvinas. Si queremos que la causa sirva para ampliar la participación ciudadana o para justificar nuevas formas de control. Si la defensa nacional será entendida como una política pública sometida al escrutinio democrático o como un ámbito reservado a expertos, servicios de inteligencia y estructuras de seguridad. Si aprenderemos algo de la historia reciente o si volveremos a recorrer caminos que ya conocemos demasiado bien.

    La entrada Malvinas, más lejos que nunca se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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  • Toto Caputo y la UCR le voltearon a Bullrich la sesión por la ley de Biocombustibles

     

    A Patricia Bullrich le voltearon la sesión que pretendía convocar para este jueves, entre el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, los senadores de la UCR y sus pares libertarios Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, unidos en la resistencia al proyecto de ley de Biocombustibles que se dictaminó la semana pasada.

    Fuentes del Poder Ejecutivo comentaron a LPO que el gobierno rechaza las modificaciones negociadas por la jefa de la bancada de LLA en el Senado con los legisladores aliados. A la cabeza del bloqueo figura González, un funcionario dependiente del ministro Luis «Toto» Caputo.

    También se agruparon en el rechazo los radicales de la provincia de La Pampa y Santa Fe, Daniel Kroneberger, Eduardo Galaretto y Carolina Losada, pero se terminaron plegando el resto de sus colegas de bloque. «La UCR asumió una postura unificada hasta no arreglar por el tema de biodiésel», precisó una legisladora.

    Y además, Patricia se encontró con la declaración de rebeldía de dos senadores de LLA. Los puntanos Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta se plantaron contra el proyecto porque la nueva regulación supone un perjuicio para las pymes del sector emplazadas en San Luis. «Es un gran daño para nuestra provincia», contestaron cerca de Arrascaeta.

    Las pymes de biodiesel bloquean la nueva ley que impulsan Pullaro y Llaryora porque dicen que beneficia a las agroexportadoras

    Con la falta de apoyo de los radicales, que son 10 en total, el oficialismo estaba en serias dificultades para abrir el recinto. Pero con el conato de Abdala y Arrascaeta quedaba condenado al papelón.

    Por eso, Bullrich tuvo que optar por bajar la reunión de labor parlamentaria que pretendía para este miércoles, pese a que había tanteado a los aliados en una reunión que mantuvo con ellos el martes por la tarde y había salido confiada a comunicar que habría sesión esta semana.

    Sin los radicales, el oficialismo estaba en serias dificultades para abrir el recinto pero con el conato de Abdala y Arrascaeta quedaba condenado al papelón.

    Fuentes del Congreso dijeron a LPO que González «no estuvo de acuerdo sobre cómo quedó el dictamen firmado en la Comisión de Minería y Energía por presión del sector del mercado del biodiesel, a pesar de haber sido acordado y trabajado durante muchos meses». Pero, además del lobby del biodiésel, habría llegado un pedido expreso desde la cartera de Caputo para que se baje el tratamiento.

    Las empresas medianas vinculadas a la producción de aceite para el biodiesel se oponen a la iniciativa porque avizoran una pérdida de 10 mil puestos de empleo directos e indirectos para el sector.

    Las senadoras Alejandra Vigo, Beatriz Avila, Flavia Royón y Carolina Moisés, comprometidas con el impulso del bioetanol por los intereses de sus provincias, intentaron hasta último momento rescatar la chance de llegar al recinto, pero tampoco pudieron lograrlo. Bullrich bajó la convocatoria hasta que se consensúen las modificaciones al dictamen, que había sido firmado en la comisión de Minería, Energía y Combustibles, presidida por la salteña Royón, el último jueves. 

     

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    La Municipalidad de Villa Regina recuerda la vigencia de la Ordenanza 10/2009 que reglamenta el arbolado urbano y establece el procedimiento para la autorización de extracción de árboles, los criterios de plantación y el sistema de multas para quienes infrinjan la presente normativa.  En este sentido, se informa que multará a los frentistas que no…

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