Matías Rodríguez, de 20 años, este mediodía recibió en su domicilio de la zona de Esteban Echeverría (Luis Guillón), donaciones de artículos de limpieza, higiene personal y alimentos no perecederos por parte de la institución ‘tricolor’ que lo asiste desde un principio de la afectación, y de Lugones, titular de Aprevide, como lo informó Brown por medio de sus redes sociales.
El joven zaguero central, que el pasado miércoles fue testeado con resultado positivo por COVID-19 como paciente asintomático, se encuentra aislado junto a los ocho miembros de su familia en su casa, esperando por su evolución dentro de las dos semanas requeridas.
La institución del sur del conurbano bonaerense a través de su cuenta de Twitter @CABrown_Oficial posteó: «¡Más ayuda para Mati! Nuestro jugador Matías Rodríguez, quien se encuentra aislado junto a su familia, recibió donaciones del club y de Juan Manuel Lugones. El titular de la APreViDe se acercó por la mañana a brindar su ayuda. El C. A. Brown agradece enormemente el gesto».
La publicación fue acompañada con las imágenes de las cajas con los productos donados y el momento de la llegada de Lugones a la vivienda de ‘Cachorro’, tal el apodo de Rodríguez, que entrena con el primer equipo desde hace un año y en el que jugó tres partidos amistosos.
Hija de un funcionario clave del Cabildo, viuda de un comerciante y luego esposa de un militar ligado al poder virreinal, María Mercedes Sarasa no sólo administró negocios en la Buenos Aires colonial sino que también se movió con precisión dentro de las redes políticas y económicas de su tiempo. Su historia, reconstruida a partir de documentos y estudios académicos, revela cómo las mujeres podían intervenir activamente en un sistema que no estaba pensado para ellas.
Por Alcides Blanco para NLI
Una mujer dentro del circuito comercial colonial
María Mercedes Sarasa nació en el seno de una familia estrechamente vinculada al poder político de Buenos Aires. Su padre, Javier Saturnino de Saraza y Mador, ocupó cargos reiterados en el Cabildo —regidor, alcalde en distintos niveles y defensor de pobres—, lo que situaba a la familia en el núcleo de la administración colonial. En 1784 se casó con Casimiro Francisco Necochea Boronte, comerciante y también regidor, integrándose de lleno en el circuito mercantil del puerto, con quien tuvo varios hijos.
Ese entorno no era meramente social. Buenos Aires, hacia fines del siglo XVIII, funcionaba como un nodo clave del comercio atlántico, articulando exportaciones de cueros y productos ganaderos con importaciones europeas y circuitos internos hacia el Alto Perú. Las familias que ocupaban el Cabildo no sólo gobernaban: también comerciaban.
La viudez y la continuidad del negocio
La muerte de Necochea en 1802 no implicó la disolución de la actividad económica. Por el contrario, la documentación muestra que Sarasa continuó operando dentro de ese circuito. Investigaciones académicas basadas en fuentes comerciales y notariales indican que integró la sociedad “Vda. de Necochea y Larravide”, lo que demuestra una continuidad empresarial concreta y no meramente formal.
Durante al menos ocho años, según reconstrucciones basadas en registros comerciales, participó en operaciones de importación y exportación, utilizando mecanismos habituales del comercio colonial como la consignación de mercancías a cuenta y riesgo propio. Esto implicaba asumir costos, riesgos y decisiones sobre la circulación de bienes en una red que conectaba Buenos Aires con Montevideo y la península ibérica.
El documento que lo prueba todo
El dato más contundente aparece en un acuerdo fechado en 1805, conservado en el Archivo Histórico. Allí, María Mercedes Sarasa figura explícitamente como parte en la venta de una porción de la fragata “La Primera”.
El documento detalla que la operación se realiza en su condición de viuda de Necochea y en acuerdo con el comerciante Manuel de Larravide, con intervención de autoridades del Cabildo encabezadas por Martín de Álzaga. La otra parte de la embarcación pertenecía a una casa comercial radicada en Cádiz, lo que evidencia la inserción directa en redes atlánticas.
Una fragata como La Primera no era un bien accesorio. Era el instrumento central del comercio de larga distancia. A través de embarcaciones de este tipo circulaban: cueros y derivados ganaderos desde el Río de la Plata hacia Europa, manufacturas europeas hacia el puerto de Buenos Aires, y mercancías que luego se redistribuían hacia el interior del virreinato.
Ser propietaria —aunque fuera parcialmente— de una embarcación implicaba invertir capital, asumir riesgos marítimos, participar en redes comerciales internacionales y negociar con actores de alto nivel económico. La operación documentada en 1805 muestra a Sarasa actuando dentro de ese esquema con plena capacidad jurídica y económica.
Como detalla la historiadora Marcela Aguirrezabala, «Entre los años 1778 y 1810 se ve claramente que el número de mujeres vinculadas a la exportación fue mucho mayor que las que optaron por la importación (…) Esa tendencia fue así incluso en el caso de una comerciante de la talla de María Mercedes Sarasa, la viuda de Necochea, quien desde que empezó a operar en 1802 hasta 1810 exportó en 13 oportunidades según nuestros datos e importó efectos sólo en cinco ocasiones, entre 1803 y 1805«.
Redes comerciales y poder político
La presencia de figuras como Martín de Álzaga en la operación no es un detalle menor. Álzaga era uno de los principales comerciantes de Buenos Aires y una figura clave del poder económico local. Su intervención como autoridad en el acuerdo indica que Sarasa operaba en un nivel donde comercio y política estaban profundamente entrelazados.
Ese entramado se refuerza con otro dato documental: el 9 de diciembre de 1805, Sarasa contrajo matrimonio con José María del Pino (con quien también tendrá descendencia), capitán del Cuerpo de Artillería e hijo de Joaquín del Pino. Este vínculo la conectó directamente con la élite virreinal, consolidando su inserción en redes de poder que excedían lo estrictamente económico.
Una comerciante, no una excepción
La documentación disponible permite afirmar sin ambigüedades que María Mercedes Sarasa no fue una figura pasiva ni un caso aislado de administración doméstica. Fue una comerciante activa que participó en una sociedad mercantil, operó en circuitos de importación y exportación, consignó mercancías a cuenta propia y fue copropietaria de al menos una embarcación utilizada en el comercio atlántico.
Estos datos, respaldados por fuentes documentales y estudios académicos, obligan a revisar la imagen tradicional de las mujeres en la colonia. No se trata de afirmar que el sistema era igualitario, sino de reconocer que existían márgenes de acción que algunas mujeres ocuparon de manera efectiva y documentable.
Del archivo a la historia
La reconstrucción de esta trayectoria se apoya en documentos conservados en repositorios históricos y en investigaciones desarrolladas en ámbitos como el CONICET y la Universidad de Buenos Aires. Estos trabajos, inscriptos en la historia social, permiten recuperar experiencias que durante mucho tiempo quedaron fuera del relato dominante.
Fuentes y referencias
Archivo Histórico de la Nación, acuerdo de 1805 sobre la fragata La Primera.
Investigaciones de Marcela Aguirrezabala sobre comercio y género en el Río de la Plata.
Estudios del Instituto de Historia Argentina sobre redes mercantiles coloniales.
Documentación comercial y notarial del período conservada en repositorios públicos.
A las cuatro de la tarde del miércoles 15 de octubre de 2025 más de cuarenta periodistas salieron del edificio del Pentágono en Washington DC cargando cajas con sus pertenencias. Habían trabajado durante años acreditados en la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fue la reacción ante la revocación de credenciales a un grupo de ellos y las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump para informar sobre las actividades militares. Cinco meses después, el 20 de marzo de 2026, un tribunal declaró inconstitucionales las restricciones a la prensa del gobierno federal.
El lunes 6 de abril, en Argentina, la escena tuvo una réplica. La Casa Rosada revocó las credenciales de varios periodistas acreditados. El argumento fue una investigación periodística que, con documentos filtrados y sin pruebas, informaba que sus medios habrían recibido presuntos pagos por parte del gobierno ruso para publicar notas con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Javier Milei. Esos periodistas no habían firmado los artículos señalados. Unos días antes, a uno de ellos que ya no podía entrar a la sala de prensa, el Jefe de Gabinete libertario le había dicho que era “apenas un periodista” cuando le preguntó por la causa judicial por enriquecimiento ilícito en la que está siendo investigado. En menos de un mes, los periodistas argentinos pasaron de ser catalogados como “apenas un periodista” por el vocero presidencial Manuel Adorni a “traidores a la Patria” por el Presidente. De la deslegitimación a la estigmatización.
Las dos escenas -Washington y Buenos Aires- sucedieron en contextos donde los gobiernos han convertido a la prensa en blanco de ataques sistemáticos. La diferencia no estuvo en el gesto del poder. Sí en la reacción de los periodistas. Y eso abre una serie de preguntas para el debate.
En Estados Unidos, la respuesta institucional y judicial fue rápida. En Argentina, en cambio, la reacción fue fragmentada: hubo comunicados, apoyos y muestras de solidaridad en redes sociales, desmentidas. Mucho ruido. Ninguna acción colectiva sostenida.
La prohibición del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada fue el lunes 6 de abril. Después de los cuatro días de Semana Santa en los que el presidente Milei “escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos”, según publicó Martín Rodríguez Yebra en el diario La Nación. Fue una nueva escalada de su campaña NONSALP, “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, acompañada por ministros y funcionarios. El miércoles 8 sumó una entrevista en la Televisión Pública en la que aseguró que “el 95 por ciento de los periodistas argentinos son delincuentes” y explicó: “escriben por mandatos o financiados por otros países o en medios que tienen conflictos con el Gobierno porque quieren prebendas o responden a empresaurios, empresarios prebendarios. Por lo cual el 95 por ciento del periodismo está contaminado”.
“La revocación de mi acreditación es una manera de imponer miedo”, dice Liliana Franco, periodista de Ámbito con más de 30 años de trabajo en la sala de prensa de la Presidencia. Y sostiene: “A ningún gobierno le caen simpáticos los periodistas y es parte del juego. No estamos para ser aplaudidores del gobierno de turno”.
Mientras espera los resultados de la reunión en Casa Rosada entre los directivos de Ámbito y funcionarios para el descargo que demostraría que nunca habían recibido dinero del gobierno de Vladimir Putin, Franco hace un diagnóstico que va más allá del Gobierno: “Lo digo con tristeza, la mayoría de mis colegas cree que hacer su trabajo es llevarse bien con los voceros. Obviamente así es más fácil transitar los pasillos del poder. Por cosas muy menores, hace tiempo, la sala reaccionaba en conjunto. Esta vez solo hubo una pregunta en off a funcionarios. Hay excepciones pero ese es el nivel de periodismo, entonces los gobiernos avanzan”.
Franco entonces va contra su protagonismo individual de estas horas. “¿Sabes cuál es la noticia que importa? Que es muy malo para la democracia argentina que en la Casa Rosada se prohíba el trabajo de periodistas acreditados, como también es muy malo que en la sede del Gobierno nacional haya periodistas que no honren la profesión”.
Si algo muestra la falta de reacción conjunta es que el universo de periodistas argentino está atomizado, precarizado y sin capacidad de acción colectiva. La irrupción de Internet y, sobre todo de los buscadores como Google y las redes sociales, quitó del centro a los medios de comunicación como principales actores del ecosistema informativo y el modelo de negocios de las empresas periodísticas perdió su principal fuente de financiamiento: la publicidad que migró a las grandes empresas de tecnología. Los periodistas entendimos tarde que ese cambio iba a afectar nuestras condiciones de trabajo. La baja de salarios, llevó a que el pluriempleo sea la norma para llegar a un ingreso digno y ya se habla también de la uberización de los periodistas, porque según SIPREBA, son muchos los que deben manejar autos de aplicación o tener otras changas para completar los ingresos. En ese escenario, con la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa que pronostica el fin de los buscadores, de los seguidores en las redes y la automatización de la producción de contenidos, los periodistas, esta vez, reaccionamos. La manera de hacerlo quizás sea un debate que hay que dar. Al menos eso apareció en las conversaciones privadas que registró Anfibia y en algunos comentarios públicos de referentes.
El periodista Ramón Indart escribió en su cuenta de X el 7 de abril todavía entre retuits de la campaña de violencia digital: “Off con empresario que entiende de medios. Me siento a tomar el café. Me mira. Tira de entrada: ‘porq naturalizan el odio contra ustedes. Va a ser difícil construir sobre lo destruido’. Lo naturalizamos?” Y no fue el único. Leandro Renou en la misma red social planteó: “Hay que armar agrupaciones de periodistas nuevas. Vivas. Modernas, renovadas y desafiantes de los contextos. Las q están no sirven absolutamente para nada”.
Por teléfono, Renou retoma la idea: “Me parece que lo que falta es una posición clara sobre la violencia contra los periodistas en el debate público, que son cuestiones que van más allá de lo salarial, que también hay que exigir. Cuando digo lo de la modernización me refiero a dejar de lado las cuestiones ideológicas o de intereses diferentes ante el gobierno, dejar lo institucional y pensar sin prejuicios el ejercicio profesional. Porque las entidades que supuestamente representan a periodistas permiten que el corte de acreditaciones sea selectivo. Incluso llegaron a publicar el informe sobre la operación rusa en algunos medios con notas pagas para desestabilizar sin tener pruebas. Lo que le da más pasto a las fieras”.
En estos días, quizás convenga pensar si el problema no es solo que los gobiernos ataquen al periodismo como política pública, sino que el periodismo -fragmentado, precarizado y dependiente de plataformas-, ya no tiene capacidad colectiva de responder.
La pregunta sobre cómo debe reaccionar el periodismo frente a los ataques del gobierno de Milei más allá de los desafíos por las cuestiones salariales y de rutinas de producción atravesadas por los cambios tecnológicos es crucial para Silvio Waisbord. Investigador y profesor de Periodismo y Comunicación Política en la Universidad George Washington, acepta que la acción siempre es reactiva.
“Lo que pasa es que el periodismo, por lo general, tiene una posición reactiva – asegura Waisbord- y la situación de precariedad laboral obviamente no contribuye a encontrar el tiempo para pensar la profesión. Entonces la única posibilidad de acción es la reacción frente a lo que va sucediendo que se mueve con otras lógicas que no son las periodísticas como la política, la geopolítica o la inteligencia. La flaqueza del periodismo es también justamente no tener una agenda propia”.
Para Waisbord también son reactivos el posicionamiento frente a los desafíos que plantea la economía digital y el rol de las plataformas, “porque los periodistas no controlan las condiciones en las cuales esos cambios suceden”. En su opinión, ante la violencia del gobierno de Milei se profundiza una condición estructural del periodismo reactivo: “así como se reacciona frente a lo que está circulando en las redes”.
El desafío ante este tipo de ataques de gobiernos sucede en otros países. Pero para Waisbord, “este gobierno es particularmente astuto en cómo actúa con la prensa y tiene el poder de plantar información. El dilema es si no respondes porque las mentiras o las falsedades quedan. O sea, no se puede ignorarlas, pero también responder es darle oxígeno”.
Esa disyuntiva es ética y la solución no es fácil, asegura Waisbord: “No creo, especialmente por cómo este Gobierno piensa la comunicación, que se pueda ignorar y no plantarse contra esa narrativa”.
Waisbord define al gobierno de la Libertad Avanza “especialmente astuto en comparación con otros gobiernos argentinos como el kirchnerista que fueron contra la prensa. Saben cómo, especialmente a través de las redes, imponer temas o desencadenar campañas coordinadas personalizadas. El periodismo incluso debilitado, queda como el único actor. La respuesta es casi individual porque se personaliza”.
La violencia digital, potenciada por procesos de automatización y algoritmos oscuros de grandes empresas tecnológicas, incide en la autocensura y en la redefinición del rol del periodismo en un contexto democrático. Sebastián Lacunza es uno de los periodistas que mantiene su actividad en X. “Mí pregunta es dónde hablar si no. En ese ámbito también se define el valor del periodismo tanto como la elaboración de una nota cuando te adentras en la Amazonía o como cuando agarrás la bici para ir a preguntar a los vecinos si Adorni vive en esa cuadra de Caballito. Es también parte del apego a la profesión y donde se construye un texto en ese maremagnum de redes corrompidas”.
La historia reciente del periodismo argentino influye en este escenario. Dice Lacunza al respecto: “Como colectivo profesional tienen una trayectoria bastante compleja. Entonces es difícil que se plantee ciertos criterios y posiciones comunes frente a un ataque generalizado, pero personalizado. Es un problema que termine en formas de reacciones individuales o de medios particulares. No hay una solidaridad abarcativa o una historia solidaria dentro del periodismo en estos últimos 25 años. No es un modelo de consenso, la idea de la grieta terminó de profundizar la polarización, pero creo que en los 90 hubo algunos esbozos de consensos comunes entre los periodistas. Banderas como la libertad de expresión, sobre la importancia de los trabajos de investigación, cosas básicas que hacen más fácil respuestas mancomunadas. Pero es verdad que también se necesita una sociedad civil y una política que apoye la defensa del periodismo y de la libertad de expresión”.
Martín Becerra coincide con Waisbord en posar la mirada en las últimas décadas del ejercicio periodístico en la Argentina y en el rol de los grandes medios que no mantuvieron un compromiso con la tarea de informar y la libertad de expresión que debe aparecer en momentos álgidos como estos. También subraya el rol activo que antes tuvieron organizaciones de la sociedad civil y del campo de los derechos humanos para apoyar con mecanismos claros los ataques a la libertad de expresión.
Para los fines del análisis, Becerra, especialista en medios de comunicación e investigador del Conicet, diferencia entre los periodistas “notorios”, que son más formadores de opinión, de la mayoría de los periodistas que trabajan día a día en los medios y no son conocidos. “Es la mayoría y están detonados. Frente a un ataque del Gobierno, o de la SIDE coordinado, con o sin trolls, que les pueden desde hackear las cuentas de mails, meterse con la familia, doxearlos o todas esas cosas juntas, los mecanismos de defensa institucionales clásicos como el de las empresas donde trabajan es casi inexistente en la actualidad. Primero, porque las corporaciones periodísticas no lo hacen como antes y segundo porque ya es muy difícil que un periodista trabaje para una sola empresa”.
Hace al menos dos décadas que el periodismo ya no sucede únicamente en las redacciones ni en los medios tradicionales. Además del ejercicio profesional, la vida pública transcurre en plataformas con sistemas de algoritmos opacos que definen qué se vuelve visible; que además amplifican la violencia y hasta incluso terminan induciendo a la autocensura. Tiene dueños. Cuando, en octubre de 2022, Elon Musk pagó 44.000 millones de dólares por Twitter, declaró: «El pájaro ha sido liberado» y explicó que compró la plataforma para asegurar una «plaza pública digital» libre para la expresión, esencial para el futuro de la civilización y el debate saludable, claro según lo que él cree que eso significa.
Waisbord señala que el periodismo argentino en gran parte, como en otros países, se ha tratado de acomodar lo mejor posible a las nuevas condiciones que imponen las plataformas porque ahí está el público. Ya nadie duda que las Big Tech tienen el acceso a las audiencias y “como no les vas a ganar, tenés que sumarte. Es un pacto con el diablo”, dice. Lo más llamativo es que las empresas periodísticas también pactan con ellas, que son sus principales competidoras por las audiencias. En las conversaciones para esta nota surgió un dato llamativo: representantes de Google suelen ocupar los escenarios de encuentros de entidades periodísticas para que capaciten a las redacciones en el uso de sus propias herramientas de IA.
Mientras ya se habla del fin de las redes sociales, del fin de los seguidores y de que la Inteligencia Artificial Generativa va a terminar de configurar un panorama en el que la circulación de la información tendrá menos jugadores se puede pensar que quienes tengan ese poder serán cada vez más poderosos y que los periodistas deberían ser mucho más necesarios. Si llegamos a ese futuro inmediato deberíamos responder al menos la pregunta sobre si el periodismo, tal como está hoy, puede reaccionar de una manera distinta y, en caso de que no suceda, cómo los periodistas podemos defender la democracia si no logramos pensar colectivamente nuestra propia existencia. Finalmente el problema no es solo el avance autoritario de un gobierno, lo que está en juego también es la propia relevancia de un oficio atado a la libertad.
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