PorLa Tapa
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En la última parte de la entrevista 5×3 de #LaTapa le realizamos a los candidatos dos preguntas en una encuadradas en un marco más personal que refiere a un pensamiento propio.
¿Qué opinión les genera la posibilidad de ejercer cargos públicos de manera indefinida?
Y de ser electo como intendente ¿Cómo les gustaría que sea recordada su gestión?.
Un tribunal de tres jueces condenó a nueve años de prisión al ex jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal al que encontró culpable de cobrar sobornos de parte de un capitalista de juego clandestino para no investigarlo. Un empleado de la unidad fiscal donde se desempeñaba Serjal, Nelson Ugolini, recibió cinco años de prisión. Era quien mantenía los contactos con el empresario de juego ilegal que buscaba protección y que canalizaba los pagos hacia arriba.
Las condenas fueron unánimes y para ambos juzgados los jueces dispusieron el cumplimiento de prisión en un establecimiento carcelario. Ya había sido condenado por formar la misma red el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad.
Una de las principales novedades de este fallo, si queda firme, es sus efectos sucesivos e inexorables. La condena incluye la figura de asociación ilícita ya que establece que Serjal, que fue desplazado de su cargo en agosto de 2020, formaba la parte superior de una estructura que incluyó a un sector de la política santafesina, que recibía dinero de este capitalista de juego, Leonardo Peiti, para sus actividades.
Quien en este mismo trámite está imputado como jefe de asociación ilícita es el senador santafesino Armando Traferri, que no llegó a esta etapa del juicio aún porque durante cuatro años mantuvo los fueros legislativos ya que la mayoría de sus pares se negaron a levantarlos. La condena a Serjal por asociación ilícita deja a Traferri en el umbral de una resolución semejante.
Los fundamentos de los jueces reconocen la legalidad de la investigación que llevaron contra Serjal y Traferri los fiscales que inicialmente tuvieron el caso y a quienes las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) corrieron del control del trámite cuando fueron señalados, incluso por fiscales colegas, de haber cometido delitos en el curso de la investigación para perjudicar a Traferri. Esa idea los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra la descartaron.
«Detrás de esta sentencia hay todo un equipo de trabajo que hizo la investigación preparatoria y que se desempeñó de manera excelente ya que el tribunal avaló cada una de las pruebas», dijo la fiscal Marisol Fabbro, quien impulsó junto a su colega José Luis Caterina la acusación en el juicio que terminó este viernes.
Esa reivindicación explícita del trabajo de Schiappa Pietra y Edery viene recubierta de significado político y jurídico. Ambos fueron apartados de la investigación con el pedido explícito de Traferri que prácticamente supeditó a esa condición la decisión de presentarse el año pasado y que lo hizo tras ser reelecto en su banca en 2023. Los nuevos fiscales con las mismas pruebas rendidas por sus antecesores, y despreciadas por el Senado para desaforarlo, lo imputaron a Traferri el año pasado y le agregaron asociación ilícita.
Armando Traferri
El tribunal convalidó toda la investigación. Lo que significa también descartar la idea de que hubo un armado de fiscales que actuaron al margen de la legalidad en una pesquisa viciada coordinada por el criminólogo Marcelo Sain cuando era ministro de Seguridad de Omar Perotti.
El problema que tiene esta hipótesis, explicó la fiscalía y retomó el tribunal, es que el origen del caso aparece en 2017, cuando los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery no tenían ningún contacto con el asunto, y cuando Sain no tenía cargos en la provincia de Santa Fe. La detección de esta madeja de intereses, que incluye a Traferri y otros dirigentes políticos, está en una causa penal de Melincué. La llevaba quien ahora es fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quien como testigo en este juicio defendió muy enfáticamente esta causa.
Sobre la llamada «pata política», que fue llamada de esa forma por el tribunal, los jueces dijeron que para comprender cabalmente el alcance de la red en la que se enmarca la acción de los acusados, era importante entender que Serjal, Ugolini y Ponce Asahad actuaban bajo el paraguas de de estamentos con personas que aunque «no se encuentra en juzgamiento aquí fueron permanentemente aludidas durante el debate». Indicaron que esta implica la participación de funcionarios legislativos y políticos, «siendo el eje central el senador Armando Traferri».
En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política.
«Se produjo prueba que acreditó la existencia de una asociación ilícita estable, jerarquizada y funcional, cuyo objeto principal fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juego de azar ilegal, y, concomitantemente, garantizar la impunidad de dicho negocio mediante una cobertura judicial penal». Señalaron que esa estructura también era integrada «por personas que no fueron traídas a este juicio».
La fiscal Fabbro había dicho en su alegato final: «Este no es un caso de juego clandestino. Ni siquiera de «filtraciones» o incumplimientos funcionales aislados. Este caso traído a juicio es una investigación que pone sobre la mesa algo mucho más sutil y mucho más dañino: este caso versa sobre la impunidad. Este no es un caso sobre dinero, sino sobre lo que el dinero puede comprar. En esa posibilidad material que da el dinero combinada con ciertos contactos y con ciertas posiciones de poder, pudimos comprobar que ciertos funcionarios fueron efectivamente comprados por dinero».
Otro punto culminante que complica al condenado es que la fiscal Marianela Luna detecta en 2017 que Serjal actúa de una manera muy extraña cuando ella inicia una causa contra Peiti. En 2018 Luna avisa a la regional que va a allanar locales de juego ilegal de Peiti. Cuando se concretan las requisas esos garitos estaban sorpresivamente desmantelados. Frente a semejante filtración que volvió negativos los procedimientos en la siguiente oportunidad Luna tomó un recaudo: no le avisa a Serjal y allana directamente. En este caso los 14 operativos dan positivo. Ante la afectación de los intereses de Peiti lo que hace Serjal es dictar una resolución traspasando a dos fiscales de Rosario las causas de juego clandestino en la jurisdicción. Le dijo a la fiscal Luna, según ella declaró en el juicio, que la decisión era concentrar el mismo las causas.
El fiscal que acusó a los fiscales
Una de los principales testigos de la defensa fue paradójicamente un colega de los acusadores, el fiscal Pablo Socca. Según declaró Socca, los primero fiscales del caso usaron a la testigo colaboradora sospechada de extorsión Mariana Ortigala para llegar al capitalista Peiti y a través de él a Serjal.
Los jueces lo rechazaron remarcando que sus declaraciones connotaban «un conocimiento superficial del caso» que denunciaba. Hicieron eje en la declaración de la fiscal Bárbara Ilera que investiga al fiscal Edery por un supuesto hecho de omisión de investigación. Señalaron que la funcionaria «confirmó que no hay, hasta ahora, elementos que autoricen a presumir que hubo un acuerdo entre los fiscales Edery y/o su empleada Carla Belmonte con Ortigala para perjudicar al Sr. Serjal, y las apreciaciones en tal sentido del fiscal Socca no persuadieron por resultar genéricas y especulativas».
Siguieron los jueces: «La afirmación defensiva, basada en el testimonio de Socca, en cuanto a que la investigación se habría originado a partir de la manipulación o utilización de terceros – específicamente Mariana Ortigala- para «llegar a Peiti y a través de él a Serjal», constituye una mera especulación sin correlato probatorio»
Si Patricio Serjal resultaba condenado por asociación ilícita se sabía que el trance sería determinante en la causa de Traferri porque él está acusado de ser organizador de esa misma asociación.
Aquí estuvo centrada la pulseada. Se notó mucho en el juicio en la estrategia de la defensa. Y se advierte con elocuencia en el terreno de la opinión pública. Dos medios de fuerte presencia en Rosario, con importante penetración, publicaron el mismo artículo periodístico, con distinciones mínimas de construcción pero de idéntico eje, centrado en el testimonio del fiscal Socca, que denunciaba a los fiscales Edery y Schiappa Pietra de haber direccionado la causa en contra de Serjal y Traferri. Esas publicaciones fueron a diez días de la declaración de Socca.
José Cartellone se quedó con parte del peaje de las rutas 12 y 14 a pesar de que es uno de los empresarios acusados por cohecho en la causa de las coimas. Si resulta condenado, el Estado debería revocarle la concesión.
Autovía Construcciones y Servicios SA se quedó con el Tramo oriental de las rutas nacionales 12 y 14. Se trata de las rutas troncales del Mercosur, de las más transitadas del país. Es una empresa que pertenece a los mismos socios que conformaron José Cartellone Construcciones.
Es una de las primeras concesiones que logró cerrar el gobierno. A pesar del discurso libertario, los nuevos concesionarios tuvieron ayuda del Estado para cerrar el trato.
Según publicó La Nación, poco antes de que cierre la licitación y en el medio del proceso, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), publicó un crédito que aplicó a los privados que quisieran participar de la licitación.
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Con esa ayuda, Cartellone le ganó la carrera a otras históricas contratistas estatales como Benito Roggio y Rovella Carranza.
El gobierno había puesto como precio de referencia entre 3700 y 4300 pesos y Autovía Construcciones y Servicios SA ofreció 3563.
El problema para Cartellone es que casi todos los socios de Autovía Construcciones y Servicios SA están procesados en la Causa Cuadernos. Si reciben una condena deberían perder la concesión.
«Si los condenan no pueden ser más proveedores del Estado y tienen que perder la concesión. Es un causal de recesión», explicó a LPO un experimentado administrativista.
Quién festejó la adjudicación de la ruta fue Toto Caputo. A pesar de la extraña intervención del BICE a último momento el ministro dijo que los empresarios «están muy conformes con cómo se dio todo el proceso: la transparencia, el modo en que los escuchamos y, sobre todo, la posibilidad de competir libremente».
Con la vuelta al triunfo en Tigre, en el massismo crecen las expectativas de recuperar el municipio en 2027. Para eso, se perfila quien encabezó la lista local en las últimas legislativas, Sebastián Rovira, un economista de 25 años que se impuso en su debut electoral y relegó a la lista del intendente Julio Zamora al tercer lugar.
En el Frente Renovador (FR) señalaron a LPO que la irrupción de Rovira al frente de la lista de Fuerza Patria en Tigre fue una estrategia de Malena Galmarini con el fin de darle un aire de renovación y de nuevo ciclo al espacio en su ciudad de base.
También magíster en Políticas Públicas, Rovira ya venía trabajando con Malena y Sergio Massa en el impulso de la nueva Universidad del Delta, de la cual hoy es parte del equipo de autoridades.
Cerca de Rovira toman con tranquilidad el triunfo reciente y evitan hablar de 2027. Precisamente esa postura la contrastan con lo sucedido con Zamora. Analizan que el intendente se confió con el triunfo de 2023 y que eso lo llevó a un declive en la gestión que fue castigado en las urnas.
Proveniente de una familia con anclaje en la comunidad tigrense, Rovira articuló su campaña entre lo territorial y la generación de contenidos en redes, donde salió fuerte al cruce de la gestión Zamora.
El intendente Julio Zamora
Ahí, expuso desde las largas filas que los vecinos tienen que hacer desde las 3 de la mañana para acceder a un turno en un centro de salud, hasta la velocidad con la que tapaban carteles en la vía pública para pegar los relativos a la lista del intendente.
Fuentes del FR detallaron que, tras la derrota del 23, en Tigre comenzaron a consolidar un equipo de comunicación digital que, en la última campaña, articuló con la territorialidad del massismo en el distrito.
Tras las legislativas, en el FR aseguran que comenzaron a sumar sectores, desde peronistas inorgánicos y vecinalistas hasta centros de jubilados y sociedades de fomento que jugaron históricamente con el zamorismo pero que ahora lo ven en un fuerte proceso de desgaste al intendente.
«Logramos reconectar con la gente», dijo uno de los armadores del massismo sobre la campaña de recorrer un barrio por día de Tigre durante los 40 días de campaña.
Tras las legislativas, en el FR aseguran que comenzaron a sumar sectores, desde peronistas inorgánicos y vecinalistas hasta centros de jubilados y sociedades de fomento que jugaron históricamente con el zamorismo pero que ahora lo ven en un fuerte proceso de desgaste al intendente.
Transitando su tercer periodo, Zamora se jugó mucho en la elección de septiembre. Por el momento sin la posibilidad de ser otra vez reelecto en el municipio, el intendente buscó una salida legislativa encabezando la lista de Somos en la Primera.
El intendente de Tigre tuvo un duro revés en estas elecciones a pesar de gastar más de 200 millones en campaña de redes y google.
Fuentes con llegada a la comuna señalaron a LPO que, además, estaba la apuesta de moldear un perfil provincial en el marco de Provincias Unidas y, a la vez, ir ordenando la sucesión a 2027, donde hay una disputa fuerte entre su hija y actual secretaria de Gobierno, Gabriela Zamora, y su esposa, Gisela Zamora, que encabezó en elecciones previas. «La municipalidad es una pelea familiar», dicen en Tigre.
Sebastián Rovira con Malena Galmarini.
Sin embargo, nada de eso pudo lograr el intendente de Tigre, a pesar de la gran cantidad de fondos que destinó a posicionar su candidatura. Fuentes cercanas al armado de Somos revelaron a LPO que Zamora se gastó más de 200 millones en campaña de redes y google.
A pesar de eso, Zamora obtuvo 4,22% y quedó tercero, apenas 0,01% (397 votos) arriba de Romina Del Plá, del Frente de Izquierda. Y en Tigre, la lista del intendente se ubicó tercera, 16,5 puntos abajo de Rovira.
Zamora abandonó a Randazzo y tantea un acuerdo con los libertarios
Como contó LPO, eso provocó que, en octubre, Zamora se retire de la fiscalización de Provincias Unidas en medio de tensiones con el cordobés Juan Schiaretti.
El triunfo del candidato de Fuerza Patria en Tigre reconfigura el posicionamiento hacia 2027 del massismo, que también se muestra dispuesto a discutir el liderazgo del PJ local que hoy comanda el zamorista Lucas Gianella. «Eventualmente, si se abre la posibilidad de disputar el espacio, lo vamos a hacer», señalaron en el FR Tigre.
«Nosotros vamos a ser oposición», adelantaron a LPO cerca de Rovira al recordar que «Zamora eligió jugar por fuera del peronismo y hace tiempo tenemos diferencias en la gestión».
Durante el acto por el Día de la Lealtad, el massismo denunció que la sede local del PJ «lleva meses cerrada por decisión del intendente» y exigieron su reapertura. «La historia del peronismo en Tigre no se clausura con un candado», acusaron.
Esos cruces vaticinan fuertes discusiones en la nueva composición del Concejo Deliberante tigrense, donde el massismo alcanza cinco bancas. «Nosotros vamos a ser oposición», adelantaron a LPO cerca de Rovira al recordar que «Zamora eligió jugar por fuera del peronismo y hace tiempo tenemos diferencias en la gestión».
Ya como concejal electo, Rovira salió fuerte al cruce de Zamora por un tema que ya generó choques entre ambos espacios: la construcción de torres en la ciudad. Ahí, también apuntó contra el libertario Segundo Cernadas, quien ha votado a favor de los proyectos clave enviados por Zamora.
El massismo se muestra dispuesto a discutir el liderazgo del PJ local que hoy comanda el zamorista Lucas Gianella. «Eventualmente, si se abre la posibilidad de disputar el espacio, lo vamos a hacer», señalaron
En el massismo posicionan al libertario Cernadas como un aliado de Zamora. Ese supuesto acuerdo implícito también genera fricciones en la interna libertaria local, totalmente detonada.
Sin mayoría propia en el Concejo, Zamora se verá forzado a construir acuerdos. En el massismo aseguran: «No hubo acercamientos» y por lo pronto ven que esas negociaciones legislativas el intendente las seguirá buscando con Cernadas, en la medida que no tenga definido su horizonte político.
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