PorLa Tapa
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En la última parte de la entrevista 5×3 de #LaTapa le realizamos a los candidatos dos preguntas en una encuadradas en un marco más personal que refiere a un pensamiento propio.
¿Qué opinión les genera la posibilidad de ejercer cargos públicos de manera indefinida?
Y de ser electo como intendente ¿Cómo les gustaría que sea recordada su gestión?.
Mientras el país enfrenta una recesión sin fin y el salario real sigue en caída, el gobierno de Milei acelera la entrega de los bienes públicos más estratégicos de la Argentina. Energía, agua, rutas, trenes, y hasta el control de los ríos están en la mira del mercado. Caputo y compañía lo llaman “eficiencia”; el pueblo, pérdida de soberanía.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
La administración de Javier Milei avanza sin pausa en su proyecto de privatizar empresas y activos estratégicos, una agenda que busca borrar la presencia del Estado en sectores clave de transporte, energía e infraestructura. En los próximos días, el Gobierno abrirá licitaciones para rutas nacionales y cuatro represas hidroeléctricas, los primeros pasos de un plan que, según el propio oficialismo, “no se detendrá”.
En los despachos del Ministerio de Economía y la llamada Agencia de Transformación de las Empresas Públicas —una estructura creada para coordinar las privatizaciones— ya circula el borrador con la lista de compañías que podrían pasar total o parcialmente a manos privadas durante la segunda etapa de gestión. Entre ellas, figuran nombres que tocan fibras sensibles del patrimonio nacional: Enarsa, AYSA, Transener, Belgrano Cargas, la Hidrovía y Nucleoeléctrica Argentina.
El primer capítulo del remate será la llamada “ruta del Mercosur”, cuya concesión se definirá en noviembre. Siete empresas privadas compiten por quedarse con la operación y el cobro de peajes en un corredor vial clave para el comercio regional. Luis Caputo celebró el avance afirmando que “el sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, el mantra que repite el gobierno para justificar el retiro del Estado.
Pocos días después, el 7 de noviembre, se abrirán las ofertas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas fundamentales para el suministro eléctrico del país. AES Argentina, Enel, Central Puerto y Orazul —empresas que ya controlan esos activos— buscan renovar su dominio por décadas. El Gobierno espera recaudar entre 500 y 700 millones de dólares, monedas al lado de lo que se gastan por semana en sostener el carry trade, y que además no garantizan que se destinen a inversiones productivas y vayan directo al pago de deuda.
La ofensiva privatizadora apunta también a Enarsa, la empresa estatal de energía creada tras la destrucción del aparato energético durante el menemismo. Según trascendió, el Ejecutivo planea venderla “por unidades”, empezando por las represas del Comahue. En paralelo, se prepara la venta de las acciones estatales en Transener, la principal transportista de electricidad del país, y la valuación de AYSA, encargada del agua y saneamiento del Área Metropolitana.
El plan es claro: entregar a privados los servicios esenciales que hoy garantizan el acceso a energía y agua a millones de argentinos. Como en los ‘90, el discurso de la “eficiencia” sirve de excusa para el desguace.
Antes de fin de año, el Gobierno busca avanzar con la privatización del Belgrano Cargas, el sistema ferroviario que conecta el norte argentino con los puertos exportadores. Le seguirán los nuevos pliegos para la Hidrovía del Paraná, arteria por donde circula el grueso de las exportaciones agroindustriales, y la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que administra las centrales nucleares del país.
De concretarse, la soberanía energética, logística y territorial quedará en manos privadas y extranjeras, consolidando un modelo extractivista donde el Estado es apenas un gestor de negocios para otros.
Aunque la Ley Bases ya habilitó una primera tanda de privatizaciones, el Gobierno prepara una nueva lista para enviar al Congreso en los próximos meses. Allí figuran Arsat, Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, empresas que quedaron fuera de la primera ola pero que Milei y su entorno no piensan dejar afuera de su cruzada “antiespíritu estatal”.
“Quitar al Estado de la economía”, repiten los libertarios, sin reparar en que el Estado somos todos: el que sostiene rutas, subsidia energía, garantiza agua potable o conecta pueblos. El proyecto de Milei, presentado como modernización, es una reedición acelerada del saqueo menemista, ahora con un discurso libertario y el aval del poder económico más concentrado.
Detrás del relato de “eficiencia y libre mercado”, lo que avanza es una transferencia masiva de riqueza pública a manos privadas, muchas de ellas extranjeras. La misma historia que dejó al país sin trenes, sin industria y con millones de excluidos.
Milei no sólo quiere un Estado chico: quiere un Estado ausente, uno que deje de ser garante del interés nacional para convertirse en espectador del negocio de unos pocos. La “revolución liberal” que promete no es otra cosa que la vieja privatización de la patria.
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La decisión de Milei de adelantar el cierre de campaña en Córdoba al martes, para ir luego a Santa Fe, fue la gota que rebasó el vaso en la paciencia de aquellos que están detrás de la lista libertaria en suelo cordobés. Donde, sobre todo, se destaca el protagonismo del senador Luis Juez, el aliado y amigo del presidente Javier Milei que decidió que su espacio, el Frente Cívico, sea el sello con más fuerza en el esquema de unidad con La Libertad Avanza.
Sucede que, en los últimos días, el excandidato a gobernador vio cómo Milei habló en buenos términos de Provincias Unidas en distintas entrevistas -una de ellas con Feinmann en A24- donde concretamente dijo «con los únicos que no se puede negociar es con los delincuentes, que son los kirchneristas. Con todos los demás podemos tener matices, pero todos queremos una reforma tributaria, bajar los impuestos, desregular la economía…» y en ese lote incluyó al armado de los gobernadores.
Palabras similares, en torno a los límites de un acuerdo, que dentro de Provincias Unidas manifiesta con énfasis el exgobernador y candidato a diputado, Juan Schiaretti, una opción que anticipó en exclusiva LPO al inicio de la campaña.
Y allí, en la gobernabilidad que muchos en Casa Rosada -sobre todo Santiago Caputo- exploran con las provincias radica el enojo de Juez que observa un flashback por lo sucedido en 2023, cuando siendo candidato a gobernador tuvo que viajar enfurecido a Buenos Aires para bloquear un acuerdo entre Schiaretti, Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.
Milei da por perdida Córdoba y la campaña cierra en Santa Fe
El pragmatismo de Balcarce 50 no es muy distinto del que sienten en El Panal, la casa de gobierno de Córdoba. Recientemente, y acerca del resultado del domingo pasado con triunfo de una candidata radical en una localidad llamada Reducción, un ministro llaryorista se sinceró con respecto a los intendentes no peronistas de cara al 2027: «Esto es simple, si nosotros vemos que tienen gestión y la gente los respalda, no les vamos a poner a nadie y pediremos que no peguen la elección con la nuestra por la gobernación».
El peronismo jugó esta campaña como una presidencial y los libertarios nos mandaron a Iñaki.
Algo que, en otra escala, entienden que puede darse a nivel nacional como una herramienta para transitar la gobernabilidad en los dos años que quedan.
Un dirigente al tanto del malestar y la incomodidad que este pacto entre la Rosada y el cordobesismo genera en Juez dijo a LPO que «el peronismo jugó esta campaña como una presidencial y los libertarios nos mandaron a Iñaki». Como para graficar el desaire a una provincia que hace dos años y en el balotaje lo apoyó con casi el 70% de los votos.
Para peor, el cordobesismo exhibirá en la última semana de campaña y fundamentalmente en la elección una capilaridad por el interior provincial que los libertarios no llegaron a construir. Buscará así con los aliados radicales, contrarrestar el peso de la capital cordobesa, donde los números de los libertarios son mejores.
El enojo de Juez también se explica porque Milei no hizo la campaña que él interpreta necesita el Gobierno para revertir el escenario. Juez le pidió a Milei que hiciera una recorrida parecida a la de Macri en el 2019, entre las Paso y la general de octubre, y eso no se vio en las últimas semanas. Por el contrario, fueron pocas apariciones y terminaron mal.
Juez no es el único incómodo con la decisión de Milei de explorar un pacto con Schiaretti. Patricia Bullrich, que tiene en el cuarto lugar de la lista libertaria a la diputada Laura Rodríguez Machado, teme que quede afuera.
Por último, Juez no es el único incómodo con la manera en la que se le sacó el alfiler a Córdoba del mapa nacional para los últimos días de la campaña. Otra que observa esto es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien tiene en el cuarto lugar de la lista libertaria cordobesa a la actual diputada Laura Rodríguez Machado, un alfil clave para la candidata a senadora por Caba.
Bullrich necesita que Rodríguez Machado, aunque sea arañando, retenga su banca pensando en el armado que viene y en un Congreso que seguirá siendo el teatro de batalla entre el oficialismo y la oposición.
Durante el fin de semana, se disputó en el polideportivo Cumelen un torneo de vóley masculino mayores organizado por la Escuela Municipal de Voley. La competencia contó con la presencia de equipos locales, de Huergo y de Godoy. Las posiciones fueron las siguientes: 1º Karasuno 2º Costa Sur 3º Círculo Italiano 4º Cumelen Sub 20…
