Última noche de Maratón Cultural

El secretario de Asuntos Estratégicos y virtual número dos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, impuso el lobby de la tabacalera Massalin Particulares y

logró el gobierno nacional habilite el vapeo. 

Tras seis meses como funcionario, el exempleado y lobista de Philip Morris logró destrabar un viejo reclamo de sus antiguos empleadores y consiguió que se derogue la prohibición del cigarrillo electrónico, vigente desde 2011.

LPO informó hace meses que el objetivo de

Devitt era destrabar el multimillonario negocio del vapeo, una medida que las tabacaleras habían querido colar en la ley Bases. Massalin ya había retomado esta iniciativa a fines de noviembre pasado, cuando a pocos días de que se le venciera el mandato como diputado, Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley para regular el negocio.

Massalin le copó a Adorni el vínculo del Congreso para sacar el vapeo 

Además del vínculo con el Congreso -que es formalmente una de sus tareas-, Devitt activó contactos en las provincias para sumar apoyo político a la avanzada de Philip Morris a favor del vapeo y hasta se metió en la mesa política del gobierno. Pero finalmente no necesitó de una ley del Congreso y Milei le facilitó el trámite con una resolución simple del Ministerio de Salud.

La norma publicada este lunes con la firma de Mario Lugones establece los requisitos para el registro, la comercialización y fiscalización de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina. 

El argumento oficial es que se pasa de un sistema de prohibición a uno de control de productos que igualmente circulan en el mercado de manera ilegal. «La prohibición no logró impedir el acceso ni el consumo de estos productos», deslizaron desde Salud.

Justamente esa habilitación es la que necesitaban las tabacaleras para meterse en un negocio millonario. La única limitante que les puso el gobierno de Milei es que no podrán vender productos con saborizantes, además de incorporar las advertencias sanitarias que tienen los paquetes de cigarrillos.

Una pelea por definir es el impuesto que se cobrará a los cigarrillos electrónicos. Durante el debate por la ley Bases, el proyecto de las tabacaleras incluía un impuesto del 20 por ciento a estos productos, una cifra muy por debajo de lo que tributan las empresas productoras de cigarrillos comunes, el 73 por ciento.