Esta noche se cerrará la segunda edición del programa ‘Maratón Cultural’ que tuvo a Regina como sede.
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El Club Atlético Regina equipo dirigido por Pedro García con la colaboración en la preparación física de Leo Mansilla y Jesús Gonzales, inició su pretemporada de cara al Federal C, con un cuantioso plantel de 33 jugadores. Los entrenamientos se comparten en la cancha ubicada en Av. Cipolletti, donde realizan los trabajos con pelota y…
En un intento desesperado por frenar el avance judicial en Estados Unidos y despegar a Milei del cada vez más explosivo escándalo cripto, el “empresario” norteamericano Hayden Mark Davis activó a último minuto un fideicomiso llamado The Libra Trust, presentado como un programa de ayuda para Pymes argentinas, pero rodeado de vacíos, inconsistencias y silencios sospechosos. La información surge de la investigación publicada por el periodista de LA NACION, Hugo Alconada Mon, en el marco de la causa $LIBRA que se tramita en Nueva York.
Por Nina Köller para Noticias La Insuperable
Una movida urgente ante la ofensiva judicial
El portal The Libra Trust apareció online minutos antes de que comenzara una audiencia clave en Manhattan, donde la jueza Jennifer L. Rochon evaluaba si aceptaba el pedido de los inversores damnificados para congelar las billeteras vinculadas a Davis y a otros acusados.
La coincidencia temporal no fue casualidad: el propio Davis buscaba mostrar “buena voluntad” justo cuando se discutía si podía seguir moviendo millones en criptomonedas vinculadas al desplome del token $LIBRA, lanzado el 14 de febrero con el apoyo directo de Milei en X, aquel gesto presidencial que alimentó la burbuja y atrajo miles de incautos.
Un fideicomiso “independiente”… sin datos esenciales
El portal —disponible en inglés y español— asegura que el fideicomiso “opera con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei”, aunque no explica quién lo creó, quién es el síndico, en qué jurisdicción fue constituido ni bajo qué controles operará. No informa siquiera si las Pymes que apliquen quedarían sometidas a leyes de Nueva York, lo que para las empresas locales podría ser una trampa mortal.
Según la investigación de Alconada Mon, el fideicomiso prometió que las solicitudes de financiamiento serán revisadas por “un abogado independiente” cuyo nombre directamente no figura. Un nivel de opacidad digna de manual básico del criptofraude.
La jueza Rochon rechazó el congelamiento, pero exigió preservar toda la documentación
Tras escuchar a las partes, la jueza Rochon no habilitó el pedido de los demandantes para frenar los movimientos de fondos. Argumentó que no lograron demostrar un “daño irreparable”, aunque dejó claro que Davis debe preservar todos los registros de sus billeteras y del nuevo fideicomiso, que ahora queda atado al expediente judicial.
De fondo late la acusación del estudio Burwick Law, que considera que $LIBRA —junto con otros proyectos como el fallido $M3M3— formó parte de una “auténtica fábrica de fraude”, constitutiva de un patrón delictivo propio de la ley RICO, la misma que se usa para perseguir a organizaciones criminales complejas.
La sombra de los 100 millones y el intento de cierre penal en Argentina
La jugada de Davis no es improvisada. Ya meses atrás, según reveló LA NACION, había tanteado tribunales de Comodoro Py para evaluar si podía cerrar la causa local devolviendo alrededor de US$ 100 millones como “reparación integral”.
Pero ahora la situación se complicó con lo que una fuente judicial calificó como “choque de jurisdicciones”, ya que la causa avanza en simultáneo en Argentina y Estados Unidos.
La pregunta que inquieta a los investigadores —y que NLI ha planteado en otras coberturas de la causa— es la que recogió Alconada Mon de boca de un operador judicial: “¿Dónde convendría que deposite Davis ese dinero? ¿En Estados Unidos o en la Argentina?”
Movimientos millonarios desde billeteras inactivas
El contexto no ayuda a Davis. En los días previos a la audiencia se detectaron movimientos de millones de dólares desde billeteras que no operaban desde el derrumbe de febrero. Los demandantes sostienen que esto refuerza la sospecha de que Davis busca ocultar fondos, mientras su defensa insiste en que se trata de operaciones “legítimas”.
La aparición del fideicomiso, en ese marco, luce más como un salvavidas judicial que como un verdadero gesto de reparación.
Un intento por despegar a Milei del escándalo
El portal del fideicomiso dedica un apartado entero a aclarar que ni Davis ni Milei tendrían influencia sobre el manejo del dinero. Ese detalle parece redactado más para la prensa que para las Pymes argentinas.
A esta altura, en la causa $LIBRA, el objetivo del estadounidense es evidente: bajar la tensión judicial, mostrarse “colaborador” y sacar del centro del escándalo al mandatario argentino, cuya promoción del token fue usada como gancho publicitario y figura clave en la demanda colectiva.
Conclusión: otro movimiento turbio en una causa que crece
Lejos de cerrar el escándalo, la maniobra de Davis abre más interrogantes que respuestas. Y vuelve a dejar expuesto que mientras Milei sigue defendiendo la “libertad financiera”, sus socios cripto enfrentan acusaciones bajo la ley RICO en Nueva York.
Si este fideicomiso sirve para reparar algo o si es apenas un nuevo capítulo de maquillaje jurídico, lo dirán los tribunales. Pero para quienes perdieron sus ahorros en $LIBRA, el timing y el secretismo hablan por sí solos.
Este martes se realizó en el Congreso de la Nación una reunión clave convocada por el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, Juan Fernando Brügge, del bloque Encuentro Federal, en la que intendentes de todo el país respaldaron formalmente una propuesta concreta: incluir en la próxima reforma fiscal una reducción del IVA del 21% al 10,5% para todas las compras y contrataciones que realizan los municipios. La iniciativa apunta a aliviar el costo de funcionamiento local y generar un «efecto cascada» que les permita bajar tasas municipales y mejorar la prestación de servicios en cada territorio_
El encuentro, realizado en la Sala 1 del Anexo A de Diputados, contó con la presencia de jefes comunales de distintas provincias y representaciones políticas. Estuvieron presentes intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezados por su presidente e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a integrantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), entre ellos la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el viceintendente de Córdoba Capital, Javier Pretto, entre varios otros representantes locales.
En el cierre de la jornada, los intendentes firmaron un documento conjunto dirigido formalmente a los Diputados y Diputadas de la Nación, en el cual solicitaron que la reducción del IVA sea incorporada expresamente al proyecto de reforma tributaria que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en las próximas semanas. Allí se detalla que mientras el sector privado puede descontar el IVA como crédito fiscal, los municipios no tienen forma de recuperar ese tributo, lo que encarece automáticamente cada licitación, compra de insumos o contratación de servicios.
Brügge fue categórico al señalar que la situación se volvió insostenible para cientos de administraciones locales que hoy deben sostener demandas crecientes en materia social, obras públicas, salud, seguridad y servicios básicos, con menos transferencias nacionales y presupuestos cada vez más ajustados. «El municipio paga IVA sobre todo lo que compra, pero no puede descontarlo de nada. Eso genera una desigualdad muy fuerte frente al sector privado y un costo operativo que termina impactando en los recursos públicos», expresó el diputado durante la reunión.
La propuesta de bajar el IVA al 10% tiene como objetivo liberar recursos para inversión directa en obras, servicios esenciales y asistencia a la población, o bien facilitar la reducción de tasas municipales, algo que los intendentes aseguran que podría brindar un alivio inmediato a las actividades económicas locales. El documento firmado señala que la medida permitiría «modificar una situación distorsiva que agrava la asimetría entre municipios y sector privado, afectando el desarrollo económico de las comunidades».
Los intendentes también remarcaron que este debate se complementa con otros reclamos que ya venían planteando, como la redistribución del impuesto a los combustibles, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional ha reducido drásticamente la asignación de presupuesto y dejó de realizar obras que están siendo absorbidas por los gobiernos locales.
El volumen en juego es significativo. Brügge recordó que en 2024 el total recaudado por IVA ascendió a 43 billones de pesos, y señaló que permitir que una parte de esos recursos quede en los gobiernos locales «podría cambiar rápidamente la ecuación fiscal con la que hoy deben enfrentar obras, servicios y demandas urgentes».
Entre los asistentes hubo coincidencia en que la propuesta no solo tiene impacto fiscal inmediato, sino que también podría convertirse en un incentivo para reactivar economías regionales, al reducir costos de funcionamiento y mejorar la capacidad de inversión municipal. En ese sentido, se mencionó el caso reciente de Córdoba, donde el gobierno de Martín Llaryora aplicó una baja impositiva con un impacto presupuestario de 900 mil millones de pesos, apostando a la competitividad provincial.
El documento firmado esta tarde fue elaborado tras el intercambio con los diputados presentes, quienes escucharon el diagnóstico y se comprometieron a seguir evaluando la iniciativa durante el tratamiento parlamentario de la reforma tributaria. Para los intendentes, el momento es decisivo: la reducción del IVA podría convertirse en una herramienta fiscal concreta para sostener el funcionamiento de los municipios en un escenario de obras paralizadas, menor recaudación y un crecimiento sostenido de las demandas sociales.
Al finalizar el encuentro, Brügge destacó que la Comisión seguirá convocando actores territoriales para que la reforma fiscal contemple la realidad que viven los gobiernos más cercanos a los ciudadanos. Los intendentes, por su parte, se retiraron con una señal política clara: el reclamo ya está documentado, consensuado y formalmente presentado en el Congreso, listo para ser discutido en las próximas semanas.
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