En el marco del programa ‘Maratón Cultural’, a partir de hoy viernes y hasta el domingo se desarrollará el Festival de Arte en el Cine Teatro Círculo Italiano que se transmitirá vía streaming en vivo.
La segunda edición de este programa provincial tiene a Villa Regina como sede y comenzó con las capacitaciones a los hacedores culturales de la región que se extendieron del 21 al 29 de abril. En el marco del Festival de Arte se entregarán los certificados a los 90 participantes.
‘Maratón Cultural’ es un programa de fortalecimiento y acompañamiento al sector cultural que llevan adelante la Secretaría de Estado de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro.
La Directora de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina Silvia Alvarado destacó la importancia del mismo ya que “les otorga herramientas a los trabajadores de la cultura para incorporarse al sistema luego de un año tan complicado que vivieron el año pasado con la pandemia que les dificultó la realización de sus actividades”.
El Festival de Arte podrá seguirse en vivo a través de las páginas de Facebook del Municipio, CulturaRN y por Youtube (Río Negro Cultura) a partir de las 19 horas durante viernes, sábado y domingo.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó finalmente este domingo la ley sancionada que establece que las elecciones generales se realizarán el 6 de septiembre próximo, después de que el parlamento con mayoría opositora advirtiera que lo haría si la mandataria se negaba. Áñez sostuvo que “nunca” tuvo interés en prorrogar su gestión. “De…
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El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión que encendió alarmas en todo el sistema democrático: prohibir el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados, una medida sin antecedentes en la historia reciente del país y que expone un patrón cada vez más evidente de autoritarismo e intolerancia frente a la prensa crítica.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La decisión, confirmada por fuentes oficiales, implicó dejar sin efecto las acreditaciones vigentes y bloquear el acceso de cronistas a la sede del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de una supuesta investigación por “espionaje ilegal”. Sin embargo, no se estableció un plazo ni criterios claros para revertir la medida, lo que profundiza la preocupación sobre su carácter discrecional.
Un gobierno que responde con castigo
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la medida se inscribe en una lógica de confrontación sistemática del gobierno con el periodismo. En este caso, la restricción surge tras denuncias vinculadas a investigaciones mediáticas que incomodaron al oficialismo, lo que refuerza la lectura de que la respuesta estatal fue castigar a quienes informan.
El propio Ejecutivo justificó la decisión como “preventiva”, pero evitó detallar a quiénes alcanza exactamente y bajo qué criterios. Ese nivel de opacidad no es menor: implica que el acceso a la información pública —un derecho básico en democracia— queda sujeto a la voluntad política del gobierno de turno.
Más grave aún, distintas reconstrucciones periodísticas señalan que la medida se tomó directamente desde Casa Militar y que implica, en los hechos, cerrar las puertas de la Casa Rosada a la prensa hasta nuevo aviso.
Antecedentes que marcan un patrón
Lo ocurrido no es un episodio aislado sino parte de una escalada. Ya en abril, el gobierno había restringido el ingreso a periodistas de medios críticos, en el marco de una polémica por supuestas campañas internacionales contra Milei.
A esto se suman otras decisiones que consolidan un clima hostil hacia el periodismo: desde la creación de oficinas estatales para “desenmascarar” medios hasta propuestas para silenciar preguntas incómodas en conferencias de prensa.
Incluso organismos internacionales y entidades como Amnistía Internacional ya habían advertido sobre un deterioro en la libertad de expresión y un patrón de hostigamiento desde el poder.
Intolerancia, relato único y disciplinamiento
La decisión de impedir el ingreso a periodistas acreditados no solo limita el trabajo profesional: busca disciplinar el flujo de información y consolidar un esquema donde solo circulen voces afines.
En ese contexto, el gobierno de Milei parece avanzar hacia un modelo donde el periodismo independiente es visto como enemigo, no como un actor esencial del sistema democrático. La lógica es clara: quien investiga, incomoda o cuestiona, queda afuera.
El problema de fondo no es únicamente la medida en sí, sino lo que representa: la construcción de un poder cada vez más cerrado, intolerante y reacio al control público.
Una señal de alerta para la democracia
La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando el poder político decide controlar o limitar la prensa. Por eso, la gravedad de esta decisión trasciende el hecho puntual: marca un precedente peligroso.
Porque cuando un gobierno decide quién puede entrar, preguntar y contar lo que pasa, no solo restringe a periodistas: restringe el derecho de toda la sociedad a estar informada.
Y en ese punto, la discusión deja de ser sectorial para convertirse en una cuestión central: qué tipo de democracia se está construyendo bajo la gestión de Milei.
Esta nota es una coproducción de Revista Anfibia y elDiarioAR
El pueblo santafesino de San Cristóbal está en el foco de los medios nacionales desde que G., un adolescente de 15 años, mató a Ian Cabrera, de 13, e hirió a otros ocho con una escopeta. “Si el portero no se le tiraba encima cuando vio que recargaba el arma, esto era una masacre”, asegura la tía segunda de Ian. ¿Cómo es que un pibe de tercer año decide transformar la escuela en un espacio en el que se puede matar y morir?
San Cristobal parece haberse detenido. El intento de buscar respuestas, de asomar la cabeza al mundo de G., es como arrimarse a un abismo. Ayer, los compañeros de G. empezaron a revisar sus contenidos en las redes sociales y los comentarios que recibía. En Instagram, solo hay un posteo de 2021 con una imagen del manga “Aku no Hana” (las flores del mal). El personaje grita, transpira y llora con el ceño fruncido mientras dice “te amo”. El lunes, un usuario comentó: “no pudiste llegar a tu meta de 5 tremendo fracaso”.
En la cuenta de TikTok que los amigos le atribuyen a G. aparecen los contenidos más alarmantes (ya sea publicados o compartidos): videos y fotos tributo a tiradores como Eric Harris, uno de los autores de la masacre de la escuela Columbine en 1999, en Estados Unidos. Hay decenas de comentarios en sus posteos. La mayoría le dice “héroe” a G.
Los adolescentes se contactaron con algunos de estos usuarios —de otros países— que dicen haber conocido a G. a través de Discord. Algunos, hasta tenían fotos del joven frente al espejo. “Él mencionó que las chicas de su colegio lo molestaban por su físico, que estaba harto de sentirse inferior y que no se esforzaría más por ser guapo o ser aceptado. Mandaba fotos con armas que mencionó que eran de su abuelo, en sí nunca notamos que fuera a hacer algo”.
Según este usuario o usuaria, G. decía que la mayor parte del acoso venía de las “foids”, un término despectivo hacia las mujeres. Una de las fotos que recibió del adolescente de San Cristóbal fue una donde se apuntaba con un arma a él mismo.
Otro joven de TikTok dijo que G. pertenecía a la True Crime Community (TCC), un lugar donde se admira a todo tipo de asesinos en serie: “él, yo y unas amigas estábamos en el mismo grupo, días antes como el 18 o 22 de marzo estaba activo y hablaba. Se lo notaba serio a la hora de escribir y, desde mi punto de vista, como todo chico que está en esta comunidad, lo que quieren hacer siempre es cometer tiroteos, matar a cuantos puedan y después acabar con su propia vida”.
El último comentario de G. que le llamó la atención fue que su mamá no creía que él podía matarse en su pieza con ese arma.
Revista Anfibia y elDiarioAr consultaron hoy a Mariana Oroño, abogada defensora de G., sobre estas hipótesis y la posible línea de investigación: “Por el momento no estamos hablando más con medios para proteger el transcurso normal de la causa”.
Como aún no entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado por el Congreso, los hechos no serán juzgados penalmente.
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La Escuela Nº40 Mariano Moreno tiene 1500 estudiantes en cuatro niveles educativos. Es una institución con un gran patio al aire libre, verde y arbolado en el que dos días después del tiroteo quedaron cincuenta bicicletas de distintos tamaños y colores. Los adolescentes tuvieron que dejarlas. Al escuchar el primer disparo, salieron corriendo y se refugiaron en la plaza San Martín, a unos 150 metros.
A la mañana siguiente, el establecimiento amaneció bordeado por una cinta roja y blanca que señalaba “PELIGRO”. El aviso llegó tarde. ¿Pero quién o qué podría haber anticipado lo que pasó? Andres Giménez, presidente del Club Atlético Independiente San Cristóbal, donde entrenaba Ian, insiste en que hay que averiguar qué le ocurrió a G. 24 horas antes. ¿Por qué decidió agarrar el arma “de defensa” de su abuelo?
El domingo, a las siete de la tarde, G. jugaba a un videojuego de fútbol con un compañero de curso a la distancia: Matías.* Se despidieron. Al otro día, Matías estaba en el patio interno de la escuela, frente al baño, minutos antes de ir a izar la bandera. De golpe, escuchó un estruendo y pensó que era un “rompeportones”. Unos segundos después se dio vuelta y lo vio a G. salir del baño con la escopeta. Corrió hacia la calle, y en el camino llegó a ver a Ian desplomado en el piso.
Sofía, de cuarto año, también esperaba sentada en el patio interno porque tenía el pie fracturado. Sus seis amigas lograron escapar de la escuela, y lo primero que hicieron, desde fuera, fue una videollamada grupal. Recién cuando atendió Sofía se tranquilizaron. “No puede hablar con nadie todavía. Está muy shockeada. Así están los chicos que escucharon los tiros que podrían haber sido para ellos, imaginate verlo todo”, cuenta María José, mamá de una compañera de Sofía.
Ella recibió el llamado de su hija pidiendo que la fuera a buscar, cerca de las 7.20, y salió eyectada. Son siete cuadras desde su casa hasta la escuela. Tres minutos en moto. “Una duda sobre si dejarla ir a un boliche y el mayor riesgo de su vida lo termina corriendo en la escuela”, dice María José.
Mientras apretaba el acelerador, veía un montón de adolescentes corriendo sobre la avenida Hipólito Irigoyen a contramano de ella. Buscaba y buscaba entre las jóvenes de chomba blanca y cuello azul. Nada.
Su hija la que la vio. Y se abalanzó sobre ella.
María José no entiende. Nadie entiende. La tarde anterior, Matías no había notado nada raro. Todo el pueblo repite, como si fuese un guión coordinado, que G. “era un buen chico”, tenía notas altas, era deportista. El año pasado lo eligieron mejor compañero. “Es mentira que sufría bullying”, repiten madres, estudiantes y docentes. La Defensa también lo desmintió.
¿Qué pasó?
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—Esto nos terminó de matar —lamenta en voz baja y trémula una trabajadora de unos 60 años, rubia, pelo lacio y atado, del Club Independiente.
—¿Terminó? ¿Y cómo empezó?
—La droga, hija. Se los lleva a todos.
La hipótesis de que los padres de G. tenían consumos problemáticos circula con fuerza entre vecinos. El joven vive con su madre, maestra de nivel inicial que había estado de licencia por motivos psiquiátricos, mientras que su padre, transportista, se mudó hace unos años a Entre Ríos. Es una familia conocida: el abuelo materno de G. tiene una forrajería histórica en la ciudad.
En el pueblo preocupa el crecimiento del consumo de drogas, y en particular, entre los chicos y las chicas. “Venimos pidiendo ayuda a la Provincia hace mucho. Cada vez se consume más joven, sustancias mucho más baratas y más basura, que te comen la cabeza rápidamente”, dijo a la prensa el intendente local, el peronista Marcelo Andreychuk, a partir del caso.
La Defensa reconoció «problemas de salud mental» en G. y “conflictos en la casa”. Hasta describen autolesiones y un intento previo de suicidio. Según informó la abogada Mariana Oroño, el joven les manifestó que comprendía lo que hizo y que no fue un ataque dirigido a nadie en particular: “él siempre supo que era un bicho raro, que no encajaba en la sociedad y que quería morir, pero no sabía cómo hacerlo”.
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La identidad de San Cristóbal – 180 kilómetros de la capital santafesina, 15 mil habitantes – está marcada por el desarrollo ferroviario, que abarcó desde principios del siglo XX hasta los noventa. Hoy, las vías abandonadas, salvo por trenes de carga, dividen San Cristóbal en dos. “Del otro lado del pueblo” significa “del otro lado de las vías”. Lejos. Aunque la distancia sea diez cuadras. De un lado, la Escuela Mariano Moreno, sobre la calle Bullo al 1400, a 100 metros del hospital local y cerca de la Ruta Provincial 2. El primer homenaje a Ian comenzó allí el lunes a la noche. Los estudiantes y sus familias se acercaron a prender velas en las escalinatas y en la vereda. “Justicia por Ian” se leía en tiras de papel cortadas por estos adolescentes y atadas a las rejas de entrada. También en un cartel A4, con marcador rojo.
¿Qué podría hacerle justicia a Ian?
Lateral izquierdo, antes arquero, buen cabeceador en los córners a pesar de ser bajito, fanático de River. Entrenaba todos los días en el Club Independiente de San Cristóbal desde sus cinco años. Su papá, Hugo Leandro Cabrera, de 40, tiene tatuado el nombre de su hijo y la fecha de nacimiento en el brazo. Es empleado municipal. El lunes, mientras le disparaban a su hijo, estaba trabajando con licencias de conducir. El presidente del club dijo que se enteró de la muerte del niño antes que Hugo. “Cuando lo abracé, no supe qué decirle. Me quedé sin diccionario”, dice.
La madre de Ian, Mirian Gabriela Núñez, de 44 años, se enteró en medio del caos en la puerta de la escuela. Fue sin saber bien qué había pasado.
Nadie manda a la escuela a su hijo pensando que será la última vez.
“Ian era lo que se dice una persona querible: tranquilo y buen compañero”, relata Pablo, entrenador de arqueros de San Cristóbal. Sus papás lo acompañaban en todos los partidos con el mate en la mano. Si jugaban de visitante, podían seguir al micro en auto hasta 100 kilómetros. Como el sábado, el último enfrentamiento de la categoría 2013 contra el Club Atlético Unión de Sunchales.
Este iba a ser el primer año del niño en las inferiores después de muchos en la escuelita.
“A partir del miércoles volvemos a abrir las puertas del club y ya pedimos atención de profesionales para trabajar con los pibes de la 2013. El año pasado tuvimos un drama porque la mamá de uno de los chicos se suicidó. Necesitamos entrenar lo físico, pero también lo mental”, afirmó Giménez.
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El velatorio a cajón abierto comenzó en Sepelios San Cristóbal durante la madrugada del martes. A las seis y media, todavía era de noche. No había ni una estrella ni una nube. En la entrada, de un lado de la vereda, sobre la calle Sarmiento, unas 15 personas se abrazaban en un profundo silencio. “Una vida por delante”, dijo un hombre y suspiró. Las mujeres, más jóvenes, estaban en su mayoría sentadas sobre dos bancos. Cada tanto miraban enfrente, se tapaban los labios con la mano y hablaban entre ellas en voz baja. En la otra vereda, se encontraban las cámaras de televisión.
Cerca de las diez, bajo un sol tremendo y con 35 grados de calor, decenas de familias, estudiantes y docentes de distintas escuelas se acercaron a acompañar a los Cabrera. Un grupo de maestras con guardapolvo de la Escuela N° 408 “Bernardino Rivadavia” miraba desde lejos, en el cruce entre Alvear y Sarmiento.
—Ahí los tenés a los responsables —dijo una docente mientras apuntaba con la cabeza hacia un grupo de autoridades municipales y provinciales—. Venimos diciendo que en el pueblo está aumentando la violencia y no hacen nada. Basta de echarle la culpa a la escuela.
Media hora después, inició el cortejo fúnebre que lo trasladaría al cementerio. La familia cargó el cajón hacia un coche que tenía pegado en la ventana una hoja con el nombre y apellido del niño en letras mayúsculas. “Ese nombre sólo debería estar en una lista de asistencia de la escuela o del club, no en un lugar así”, lamentó una vecina de unos 50 años.
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¿Cuándo empieza una despedida? ¿Cuando uno se entera de la muerte? ¿Y cuándo termina? ¿Es posible decir ‘ya está, descansá’? Para los padres de Ian, el momento en el que se cerró la puerta del baúl fue un instante de derrumbe. Para la tía también, que no podía permanecer parada. Ya en el cementerio municipal, fue asistida por personal médico. Al igual que el abuelo paterno de Ian, que en medio de su tristeza se encargaba, también, de consolar a los suyos.
En la esquina de la Iglesia, donde se celebró una breve misa en su memoria, un grupo de 20 niños y niñas de primaria con guardapolvo blanco salía de la escuela y miraba en silencio la caravana de motos, autos, bicicletas y transeúntes rumbo al cementerio. Todo el ritual de este pueblo que cruje, de estos vecinos que se preguntan cómo se sigue después de esto que les pasó a todos, fue en silencio. A excepción del momento en que pararon en la esquina del Club Independiente, en medio de banderas rojas y blancas. Giménez comenzó el canto y de a poco se fueron sumando los aplausos de los adolescentes para homenajearlo:
—Dale campeón, dale campeón.
La caminata estaba llena de pibes y pibas de primer año y de chicos con la camiseta que Ian amó. Cuando llegó la hora de sepultarlo en el cementerio, muchos se llevaron las manos a la cara, se encogieron y buscaron los brazos de sus madres.
Ningún pibe de 13 años está listo para enterrar a un amigo.
Nadie puede estarlo.
*Salvo el de Ian, el nombre de los adolescentes que figuran en este artículo fue alterado para proteger sus identidades.
Conocí la historia de María Magdalena en enero de 2012, cuando volví de mis vacaciones. Llegué a mi casa, abrí mi casilla de correo y allí estaba el mail de Fernanda Mónaco, una psicóloga del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes de Tucumán.
Todavía faltaban tres años para el histórico Ni Una Menos, pero ya habían pasado otros tres de la aprobación de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esa ley reconoció por primera vez a la violencia obstétrica como una de las formas de violencia. 2012 también fue el año del fallo conocido como F.A.L, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el aborto de un embarazo producto de cualquier violación no es punible, independientemente de la salud mental de la persona gestante. Para que el aborto sea legal aún nos quedaba casi una década de armar redes, encuentros y luchas.
Un año antes de que me llegara ese mail de Fernanda, yo había empezado a estudiar secreto profesional y denuncias de aborto. En una capacitación sobre el “Programa de Salud Sexual y Reproductiva” que el ministerio de Salud de la Nación vino a hacer a Tucumán, conocí a las psicólogas del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes (la Maternidad, como le decimos en Tucumán). A propósito de que yo cuestioné que Tucumán fuera una de las dos provincias que no había adherido a la ley 25.673, que asegura el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, se me acercó Silvia Landaburu, la jefa del Servicio de Salud Mental de la Maternidad y nos pusimos a charlar sobre confidencialidad, derechos y violencias de género dentro de la estructura hospitalaria.
Esa primera conversación derivó en encuentros con mates en el sexto piso de la Maternidad junto a otras psicólogas que también querían saber cuáles eran los derechos que tenían sus pacientes. Ellas veían situaciones injustas, malos tratos y a veces objeciones de conciencia violentas que estaban naturalizadas en la atención de aborto. Ellas querían saber y yo quería que supieran de los fallos de “Natividad Frías” (un plenario de Cámaras Penales de 1966 que declaró la nulidad de una investigación de aborto iniciada con la denuncia médica) y “Baldivieso” (cuando la Corte Suprema de la Nación anuló una condena de narcotráfico en una causa también iniciada con la violación del secreto médico). Quería contarles de la Recomendación N° 24 de la CEDAW, “La mujer y la salud” (1999) que, entre otras muchas cosas pide “dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual” y que “debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”. Y, sobre todo, quería que pensemos juntas por qué si había una ley, la 26.529, que reconocía los derechos de las pacientes a la confidencialidad, la intimidad, el trato digno, la información y el respeto por la autonomía, no se estaba cumpliendo con las mujeres que abortaban. Nos juntamos varios viernes, intercambiamos opiniones, risas, pero también angustias: ellas me contaron de las pacientes «fundidas», así les llamaban a las mujeres que llegaban con abortos sépticos, con miedo a ser denunciadas y cómo eso les podía costar la vida. Hablábamos de la angustia de ser pobre, porque las muertas por complicaciones por aborto siempre fueron las pobres. En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban.
Volviendo a aquel enero de 2012, el mail de Fernanda me contaba la historia de una joven de 26 años, con 3 hijos que, al llegar a la Maternidad de Tucumán con dolores abdominales y una ginecorragia, había sido denunciada por las dos médicas que la atendieron: la jefa de Guardia, Claudia Callejas, y la residente Alejandra Berenguer. Además, le habían practicado un legrado sin anestesia, quizás como una forma sanitaria de castigo. Por suerte estaban ahí Fernanda, Daniela y Lourdes, las psicólogas que la atendieron. Ellas hicieron ese mismo día una nota escrita a la Dirección denunciando la violencia obstétrica y como la abogada, Daniela De Francesco, dijo en su dictamen que «era legal» lo que había pasado, ellas le dieron mi contacto porque temían que fuera procesada. Fue muy importante la intervención del Servicio de Salud Mental en este caso para evitar que se silenciaran estas prácticas, no sólo para acercarle un derecho a la paciente.
En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban.
Al día siguiente me contactó ella, María Magdalena. Nos encontramos en mi estudio. Ella estaba aterrada: temía ir presa, temía morir, temía por sus familiares. Como pudo y a borbotones me explicó que ella no sabía que estaba embarazada, que “se cuidaba” y que cuando empezó a sangrar fue con su mamá y su esposo a la Maternidad para que la ayudaran. No comprendía por qué la habían acusado y mucho menos por qué los policías la habían interrogado en la sala de partos. Tampoco comprendía por qué razones le habían dicho, en medio de su legrado, que si moría de una infección su marido “no le llevaría ni flores a la tumba”. No comprendía por qué quienes debían atenderla, la maltrataron.
Tomé su defensa al mes siguiente, en febrero de 2012 y conseguí su absolución recién en septiembre de 2015. Si: ella estuvo procesada por “aborto provocado” en Tucumán, pero no estuvo presa porque, a diferencia de Belén, ella tuvo una abogada feminista.
Por supuesto que María Magdalena no es el nombre real. Elegí llamarla así porque la María Magdalena de la Biblia fue estigmatizada por puta. Quisieron apedrearla y al final de la historia estuvo al pie de la crucifixión de Jesús y hasta se le atribuye un evangelio gnóstico. Es fácil pensar que incomodaba porque era una mujer con poder.
Yo estaba terminando de cursar mi Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas en Flacso y nunca había defendido a una mujer criminalizada por aborto. Podía imaginar que no sería fácil. Lo que no imaginé es que sería tan difícil encontrar justicia para ella.
Junto a mi equipo, denunciamos la violación del secreto profesional y las violencias obstétricas institucionales que sufrió María Magdalena. El Fiscal Arnoldo Suasnábar archivó la causa 2 meses después: sostuvo que “frente a maniobras abortivas es correcto hacer la denuncia” y remató su misoginia con clasismo al afirmar que “en el ámbito público, la relación médico-paciente es no formal”. De esta forma, el racismo judicial desbloqueaba otro nivel de discriminación y daño: el de habilitar que quienes reciben atención médica en sanatorios privados gozaran de todos los derechos que la Ley 26.529 le reconocía a los pacientes, y quienes iban al hospital –esas “menesterosas” de las que en 1966 hablaba el Plenario “Natividad Frías”- no tenían ninguno. Palabras más, palabras menos, el Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria.
Esa decisión del Ministerio Público Fiscal fue confirmada por el Juez de Garantías, la Cámara de Apelaciones Penal —que ya no existe— y la Corte Suprema de Justicia tucumana. Este último Tribunal incluso me mandó a estudiar considerando que la perspectiva de género no decide nada en estos casos, sino que es el derecho penal el que manda. Esa sentencia me hizo saltar las lágrimas porque podía leerse como intertexto: lo que le pasó a María Magdalena no le interesaba a nadie.
El Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria.
Impugné esa decisión judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 27 de febrero de 2020 esta corte ordenó el desarchivo para que se investiguen las violencias de género que había sufrido María Magdalena y que el silencio judicial quería mantener en secreto. Ordenó además que se investigue por violación de secreto profesional y violencias a Claudia Callejas y Alejandra Berenguer.
En el medio conocí a la periodista Mariana Carbajal, quien escribió todas y cada una de las notas que no dejaron morir el caso. También fundamos una ONG feminista, Mujeres X Mujeres, desde donde defendemos los derechos de todas las mujeres, también los de las mujeres que abortan. Y escribí, junto a Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte el libro “Jaque a la Reina” (2014) donde contamos la historia de María Magdalena y revelamos que muchas de las 532 causas de aborto que tenía Tucumán entre 1992 y 2012 eran producto de la violación de la confidencialidad y el secreto profesional, pero ambos estaban naturalizados en casos de emergencias obstétricas. Un libro que, al parecer, nadie leyó, porque sino, Belén no hubiera estado presa ni un día.
El 5 de Abril de 2020, después de 11 años, el fiscal regional de Tucumán Mariano Fernández pidió la elevación a juicio oral de Claudia Callejas por el delito de violación de secreto, y el sobreseimiento de la residente Alejandra Berenguer por considerar que actuó bajo las órdenes de Callejas.
Hoy María Magdalena tiene 40 años y no es la misma. Yo tampoco soy la misma porque, a diferencia de lo que pasaba entonces, ya no me señalan de modo juicioso, ni me tildan de militante y, aunque lo hicieran, lo que antes me despertaba temor, hoy es un motivo de orgullo. Esta es una causa que antes del juicio ya tiene cuatro sentencias de la Corte local. Una clara expresión de las resistencias judiciales para investigar las violencias que denuncian las mujeres. En este contexto, no es un dato menor que esclarecer la verdad en un caso de violencia de género te lleve 14 años de litigio.
María Magdalena fue el principio de mi segunda vida como litigante: antes fui abogada de Bancos y me dedicaba, en un estudio muy reconocido de Tucumán, al derecho privado.
Catorce años después, no sé a ciencia cierta si los operadores de la salud comprenden del todo cómo funciona su obligación de guardar secreto, ni sus compromisos legales y éticos con la intimidad de sus pacientes, porque además del juicio que comienza esta semana, el 13 de mayo próximo defenderé en Tribunales a Eva, una joven de 18 años que fue acusada de “homicidio agravado” luego de un parto en avalancha dentro del Hospital de Famaillá, después de que le diagnosticaran una “lumbalgia” y mientras la medicaban. La duda sobre cuánto de crueldad y cuánto de ignorancia tiene el personal de salud que la denunció y la Fiscalía que le pidió la prisión preventiva siempre está dando vueltas. Cuesta digerir el uso del poder más descarnado, con tanta obscenidad. La Campaña por el Aborto Legal, el Socorrismo, el Niunamenos, la Red de Profesionales y las distintas redes que los feminismos supirmos construir estos últimos años sacaron del closet la decisión de abortar. Porque abortar se abortó siempre, la injusticia es en qué condiciones. Y son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir. Hoy, frente al desguace de los recursos y las políticas, más que nunca.
Son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir.
Lo que si sé y no me deja ninguna duda, es que este 27 de abril existe una oportunidad histórica para que el Poder Judicial de Tucumán cierre un capítulo funesto para las mujeres y condene la denuncia de aborto como lo que verdaderamente es: un delito imperdonable que sólo se comete contra mujeres pobres.
