El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó, el pasado miércoles 8, la sentencia definitiva en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan: el excapitán de navío Claudio Villamide fue condenado a tres años de prisión en suspenso, mientras que el ex contralmirante Luis López Mazzeo, el ex capitán de navío Héctor Alonso y el ex capitán de fragata Hugo Correa fueron absueltos.
En la Armada hizo ruido la condena porque entienden que «la justicia no quiso ir más allá del Consejo Supremo y le dio a Villamide por la cabeza porque lo destituyó».
El criterio de los jueces, según la visión de la Marina, fue «si los propios militares lo encontraron responsable, entonces es el responsable, obviamente con la pena mínima de todo lo que le podían dar para que no vaya preso y siga su vida como Marino Mercante».
Respecto a la doctrina naval, un integrante de la Armada afirmó que «esto marca un antes y un después dado que es la primera vez que un comandante superior es condenado por una falta o un hecho que involucró a un comandante subordinado en algo que no es un delito sino un tema profesional».
«Ahora se va a plantear puertas adentro de la Armada es la responsabilidad de los comandantes superiores que tienen varias unidades a su cargo sobre fallas que involucran a comandantes subordinados, es decir, aquel principio de que el Comandante es el último que puede decidir si su buque está en condiciones de salir o no, eso ahora va a quedar en duda», agregó.
Lo que hicieron fue políticamente correcto, judicialmente aceptable, pero militarmente es un quilombo
Este militar activo puso como ejemplo que «si el comandante de la Fragata Libertad dice que está en condiciones y para su jefe le falta algo. Entonces no sale, pero estaría contrariando la voluntad de quien está al mando del buque».
Por último, aseguran que «lo que hicieron fue políticamente correcto, judicialmente aceptable, pero militarmente es un quilombo».
«Lo que dicen todos es que lo que habría que empezar a hacer a partir de ahora, es trabajar en volver a poner el Código de Justicia Militar para que en el futuro, si vuelve a pasar algo, sea juzgado dentro de los parámetros militares y no de los civiles», concluyó.
Una de las herramientas de Luis Caputo para contener la suba de precios acaba de recibir un revés judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la resolución que eliminó la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles.
El fallo dejó sin efecto la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, mediante la cual Caputo derogó el sistema creado en 2016 que obligaba a las estaciones de servicio a informar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Ese esquema alimentaba una base pública, permitía comparar valores entre estaciones y habilitaba denuncias cuando el precio cobrado no coincidía con el informado.
Para el magistrado, la eliminación de ese mecanismo implicó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.
Ramos Padilla también rechazó uno de los principales argumentos del Gobierno y de las empresas expendedoras. Señaló que, si los precios pasan a modificarse con mayor frecuencia mediante sistemas de «micropricing», la necesidad de contar con un mecanismo público, uniforme y actualizado resulta todavía mayor. En otras palabras, cuanto más dinámico es el mercado, más importante es que exista una ventana única que permita saber cuánto cuesta cargar combustible en cada estación.
Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras, porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.
La decisión judicial aparece en un contexto donde el precio de los combustibles ocupó un lugar central en la estrategia antiinflacionaria de Caputo. Durante buena parte de 2025 el Ministerio de Economía postergó o aplicó sólo parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. La consecuencia fue un atraso tributario que evitó trasladar todo el aumento previsto por la ley al surtidor y ayudó a contener el impacto sobre el IPC.
El juez federal Alejo Ramos Padilla.
Ese esquema convivió con otra herramienta. Cuando el petróleo se disparó por la escalada en Medio Oriente, YPF anunció aumentos cercanos al 23%, pero aclaró que absorbería parte del incremento internacional para evitar un traslado pleno al mercado interno. La petrolera actuó como un dique que amortiguó parte de la presión externa y volvió a consolidar el papel del combustible como una de las variables utilizadas para estabilizar los precios.
El problema apareció cuando el Brent inició el recorrido inverso. Con el barril bastante por debajo de aquellos máximos, las rebajas no llegaron al surtidor con la misma velocidad con la que habían sido absorbidas las subas. En un mercado donde además desapareció la obligación de informar cada modificación de precios en un sistema oficial, el seguimiento de esos movimientos quedó exclusivamente en manos de las empresas.
La demanda fue presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que sostuvo que la derogación debilitaba el control estatal y reducía la transparencia del mercado. El Gobierno respondió que la información seguía disponible mediante aplicaciones privadas y sitios web de las compañías, además de defender la medida como parte de la política general de desregulación impulsada por la administración de Milei.
El juez descartó esos argumentos. Recordó que la propia resolución de 2016 había considerado insuficiente el viejo sistema de información mensual y cuestionó que el Estado eliminara la herramienta sin explicar por qué aquello que antes juzgaba inadecuado ahora alcanzaría para proteger a los consumidores. También remarcó que la Constitución obliga a garantizar información pública, comparable y fácilmente accesible, no simplemente la existencia de datos dispersos.
El Gobierno aceleró esta semana en el proceso licitatorio de una serie de tramos de la Red Federal de Concesiones por la que pretende dar en concesión por 20 años alrededor de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.
Para dos corredores estratégicos -el tramo Porturario Sur y el Mediterráneo-, el consorcio integrado por la constructora Plantel y por Creditech -empresa del Grupo Corven- presentó una propuesta en la que ofreció un rango de tarifa 25% inferior a la de su competidor más cercano.
Ese panorama genera fuertes expectativas en Plantel y Creditech de cara a lo que viene. En el consorcio tienen la convicción de que se confirmará la adjudicación de las propuestas económicas presentadas para ambos corredores «por ser las más convenientes para el interés público».
«Recibimos este resultado con entusiasmo y con el compromiso de aportar nuestra experiencia y capacidades para el desarrollo de un proyecto estratégico para la infraestructura vial del país», señalaron desde el consorcio.
Y agregaron: «La complementariedad entre Plantel y Creditech nos permitió presentar una propuesta sólida y competitiva, que combina capacidad técnica, capital de trabajo, gestión operativa y respaldo financiero y patrimonial para brindar un servicio eficiente, seguro y sustentable para el interés público».
Los dos corredores sobre los que presentó ofertas este consorcio abarcan 1.309,07 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, posicionándose como uno de los proyectos más relevantes de esta etapa del proceso licitatorio.
Plantel es una firma que tiene más de 15 años de experiencia en obras viales. El Grupo Corven, en tanto, es un grupo industrial nacional con más de 57 años de trayectoria, que actualmente posee más del 30% del mercado de motos en Argentina.
Los dos corredores sobre los que presentó ofertas este consorcio abarcan 1.309,07 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, posicionándose como uno de los proyectos más relevantes de esta etapa del proceso licitatorio.
El Tramo Portuario Sur se extiende a lo largo de 636,75 kilómetros, sobre la Ruta Nacional N.º 9, entre Campana y San Nicolás, y la Ruta Nacional N.º 188, desde San Nicolás hasta Realicó (La Pampa).
Por su parte, el tramo Mediterráneo comprende 672,32 kilómetros de la Ruta Nacional N.º 7, desde Luján (provincia de Buenos Aires) hasta el límite entre Córdoba y San Luis, incluyendo la conexión con la Ruta Nacional N.º 8 y un tramo de la Ruta Provincial N.º 35.
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Los socialistas santafesinos les advirtieron a sus socios de la coalición que gobierna la provincia que se pondrán en una opción contraria a la de Javier Milei en el proceso electoral que viene. También hicieron una crítica clara al intendente de Rosario Pablo Javkin que está en el mismo espacio político. Y hablaron de recuperar espacio ante docentes y trabajadores estatales que están notoriamente enfrentados con el gobernador Maximiliano Pullaro.
Estos planteos son una ratificación, con una tonalidad ahora más fuerte, de insinuaciones que se distancian de los sectores del radicalismo y del PRO que componen Unidos, la alianza multipartidaria que gobierna Santa Fe y de la que el Partido Socialista es parte.
Fue durante un locro en Rosario donde se reunieron cinco mil militantes de toda la provincia frente a legisladores, intendentes y autoridades del socialismo santafesino, por los 130 años de vida partidaria. Allí el presidente del partido en Santa Fe y diputado provincial Joaquín Blanco se plantó de punta hacia sectores asociados en el oficialismo provincial. También dejó claro que el PS disputará protagonismo en 2027.
Quedó en evidencia la fisura histórica que hay con el intendente Pablo Javkin, quien desde un espacio aliado hace seis años terminó desalojando al socialismo de treinta años de control de la Intedencia de Rosario, y con quien hay una indisimulada pica histórica. Blanco fue muy crítico del criterio político de la administración donde cuestionó «mediocridad», «improvisación» y también a los «especuladores de la política».
Políticos que comentaban ese contenido en el acto deslizaron a LPO que el señalamiento no era solo para Javkin sino también para Juan Monteverde, dirigente de centroizquierda aliado al peronismo, que fue en las últimas elecciones el dirigente opositor más destacado.
«Lo que se cuestiona es que desde el socialismo vemos una noción superficial de la política en las opciones de Javkin y Monteverde. El socialismo en 30 años perfiló una ciudad basada en grandes líneas de planificación cultural, con ejes muy fuertes que perduraron en descentralización, en proyectos de profunda transformación urbana, en bienestar social de los más postergados. Hoy lo que hay no supera la discusión por obras de nivel comunal y no se ven políticas que dejen una marca perdurable e histórica en la ciudad», le dijo a este medio un dirigente histórico del socialismo.
Maxi Pullaro
Desde el triunfo de Javkin y la muerte del ex gobernador Miguel Lifschitz el socialismo si bien tuvo presencia en la gestión provincial, en especial al ser el partido que mayor cantidad de diputados obtuvo en la última renovación legislativa, quedó lejos de alcanzar el protagonismo de otras épocas, cuando obtuvo tres gobernaciones consecutivas y cuatro intendentes en Rosario que revalidaron sus mandatos en la ciudad que tiene el 40 por ciento de la población provincial.
Blanco, que fue el último orador, se perfila en un rol protagónico en el socialismo santafesino, y dentro del partido lo ubican como posible candidato a gobernador el año próximo. En referencia a Rosario, reconoció que la ciudad «respira otro aire después de años de violencia», pero en ese pespunte crítico sostuvo que «necesita una segunda ola de transformaciones estructurales para los próximos 30 años».
También tuvo un significado que el presidente provincial del partido le haya mentado a Pullaro un punto débil, el suyo con los trabajadores públicos, con los cuales la actual gestión mantuvo una disputa, en especial con el sector docente por la implementación de un programa de asistencia perfecta o presentismo y por una reforma previsional.
«Sabemos que Milei es malo. No hace falta que lo repitamos. Pregunten a cualquier comerciante, pregúntenle a aquel trabajador precarizado, pregúntele a aquel empresario pyme que ve la máquina parada en su taller. Binner se le plantó a Menen en los noventa. El socialismo hoy está en la vereda de enfrente de Milei», dijo.
Sabemos que Milei es malo. No hace falta que lo repitamos. El socialismo hoy está en la vereda de enfrente de Milei
Esto significa una distinción a la vez que una ambigüedad. El socialismo critica a Milei pegado a un gobernador que dice de una manera enfática y sin desvíos que frente a una opción electoral próxima que enfrente a algún referente relacionado al kirchnerismo con uno libertario no dudará en respaldar a esta última. Los socialistas tendrán que tomar una opción más que ante Milei, ante Pullaro.
Hasta ahora se defendieron señalando que una opción es el nivel nacional y otra el provincial donde el gobernador santafesino impulsa la obra pública, la infraestructura vial, el crédito productivo y que pese a las tensiones los escucha. Por ejemplo en muchos aspectos de la reciente Constitución reformada en 2025. «Si la nueva Constitución mantiene derechos de los que nos enorgullecemos es gracias a la participación de los convencionales socialistas», dijo Varinia Drisun, diputada socialista que también habló en el acto.
Las menciones seductoras hacia los docentes y los trabajadores estatales, un espacio que confronta abiertamente con el gobierno radical, pudo haber sido algo que Pullaro supiera de antemano. En Santa Fe el oficialismo apuesta a armar una Paso provincial fuerte para elegir gobernador en abril próximo. El actual mandatario es el que cuenta con más chances de ser el candidato del espacio. Pero una competencia con otros postulantes como Blanco en la primaria pueden dejar al espacio fortalecido frente a los opositores, en especial al que pueda ser candidato libertario.
En las últimas contiendas las disputas con LLA terminaron en escenarios de tercios y muy ajustadas. Por eso un socialismo que mantenga adhesiones de espacios como docentes, que el pullarismo de alguna manera dispersó, conviene al propio gobernador.
En el acto de 130 años de vida del socialismo estuvieron los diputados provinciales Rubén Galassi, Lionella Cattalini, Mariano Cuvertino, Gisel Mahmud, Rossana Bellatti, Leonardo Calaianov, Fabián Cejas, Charo Mancini, Sergio Rojas y Sofía Masutti. También los intendentes de Villa Gobernador Gálvez Alberto Ricci, de Recreo Omar Colombo, de Sunchales Pablo Pinotti, de Alvear Carlos Pighin, de Las Toscas Iván Sánchez, de San José de la Esquina, Ezequiel Ruani y presidentes comunales, concejales, dirigentes y militantes de toda la provincia. Estuvieron el diputado nacional Esteban Paulón y la presidenta del partido Mónica Fein.
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