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Tras investigación de El Disenso, el gobierno cerró el acceso público a los datos de los proveedores estatales

En un acto que atenta contra la transparencia, el poder ejecutivo eliminó el acceso público a los datos de los proveedores estatales. Este oscuro accionar se da a posteriori de la investigación en la que El Disenso descubrió que PAMI le paga 65 millones de pesos por el alquiler mensual de un piso, en el marco de un contrato de 36 meses por un monto total superior a 2300 millones, a una empresa de Kevin Pocovi, un militante liberal del entorno del presidente que lo acompañó a la reunión de la CPAC en Mar-a-Lago. La investigación fue presentada en Comodoro Py.

Esa investigación incluyó en su proceso consultas al sistema de Compras del Estado, al cual se accede a través de la plataforma Compr.AR, y tiene un apartado para buscar Proveedores. Hasta la fecha en la que publicamos la investigación del PAMI cualquier argentino podía ingresar, buscar el nombre de un proveedor estatal y luego al hacer “click” sobre el nombre del proveedor accediendo así a una página que mostraba los datos de inscripción y las categorías en las que dicho proveedor se hallaba inscripto.

Desde El Disenso revisamos con frecuencia los proveedores del estado en busca de sobreprecios y posibles connivencias para drenar las arcas públicas. Así pudimos identificar, por ejemplo, que la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, le adjudicó más de 500 millones a las cooperativas que se hallaban a nombre de sus funcionarios Sebastián Raspa y Daniel Bordalejo.

Datos del Proveedor - la pagina a la que ya no se puede acceder - El Disenso
Datos del Proveedor – la pagina a la que ya no se puede acceder – El Disenso

También nos sirvió para confirmar que Guillermo Garat, VP de YPF estrechamente vinculado a Santiago Caputo en la consultora política Move Group (aka Green Consult), adjudicó una fortuna vendiéndole servicios de consultoría de imagen a Mayra Mendoza en Quilmes y “galletitas de agua” al gobernador Axel Kicillof a través de la empresa “2 Tapitas”.

La información de 2 Tapitas SRL ya no está disponible - El Disenso
La información de 2 Tapitas SRL ya no está disponible – El Disenso
[ AHORA ]

EL GOBIERNO NACIONAL CERRÓ EL ACCESO PÚBLICO A LOS DATOS DE LOS PROVEEDORES ESTATALES.

LA PLATAFORMA http://Compr.ar YÁ NO PERMITE VER QUIENES SON LOS DUEÑOS DE LOS CONTRATISTAS DEL ESTADO
Antes se podía acceder: 2 Tapitas SRL de Guillermo Jose Garat, VP de YPF – El Disenso

Luego de nuestra investigación sobre la dilapidación de fondos de PAMI en favor del joven libertario Kevin Pocovi, el ejecutivo editó la página del compr.AR eliminando la posibilidad de ver a quien pertenecen las empresas registradas como proveedores del Estado, atentando contra la transparencia pública e impidiendo que el periodismo indague ahí donde los administradores del dinero público reparten su botín electoral.

Con este accionar, se abre una edad de oro para los empresarios prebendarios y para funcionarios que derivan negocios públicos hacia sus empresas fantasmas.

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  • El gobierno estaría dispuesto a sacar el capítulo de ganancias de la reforma laboral, para que apoyen los gobernadores

     

    La nueva mesa política del gobierno se reunió este viernes para diseñar la estrategia para conseguir el apoyo de los gobernadores para sacar la reforma laboral y encontró rápidamente la respuesta: la eliminación del capítulo de ganancias que les recorta un billón y medio de pesos a las provincias.

    La mesa la integran Santiago Caputo, Diego Santilli, Manuel Adorni, Lule Menem, Patricia Bullrich y Martín Menem. Este viernes se sumó Luis «Toto» Caputo durante la primera parte de la reunión, justamente para hablar del capítulo de ganancias que piden sacar los gobernadores.

    La maniobra del gobierno de introducir en la reforma laboral una reforma impositiva, fue revelada por LPO en una columna exclusiva del diputado Guillermo Michel, ex titular d ela Aduana.

    ¿Quién paga la baja de impuesto a las ganancias de las grandes empresas? 

    De aprobarse el artículo 191 de la reforma que envió el Ejecutivo al Congreso, las provincias tendrían un costo fiscal de 130 mil millones de pesos mensuales, es decir, 1,5 billón de pesos por año. El argumento de la Rosada es que gracias a la reforma laboral, las provincias suplirán esa quita gracias a la generación de empleo.

    De aprobarse el artículo 191 de la reforma que envió el Ejecutivo al Congreso, las provincias tendrían un costo fiscal de 130 mil millones de pesos mensuales, es decir, 1,5 billón de pesos por año.

    Los gobernadores no se tragan esa historia y para eso apoyaron el Presupuesto 2026, para saber de antemano cuántos fondos tendrán disponibles. Un escenario mucho más terrenal que el del futuro próspero que vende el Ejecutivo.

    En el gobierno admitieron a LPO que ya están trabajando en moderar la curva del impacto del artículo de ganancias, pero que quieren sacar la reforma como sea para dar una señal al mercado, al FMI y a la Casa Blanca.

    ‘Hay una baja de impuestos que afectaría a las provincias, y la recuperación de los recursos a través del empleo formal se daría desde 2027. ¿Qué pasa si en 2027 esa formalización no sucede? Bueno, ese es el debate que estamos teniendo con los gobernadores’

    La estrategia discursiva será insistir con que van a hacer cambios y que la votación sea a libro cerrado. Lo mismo hicieron con el Presupuesto y finalmente la oposición les propinó un golpe que llevó a Milei a analizar el veto de la ley de leyes. Los más experimentados del gabinete dicen que el artículo será la zanahoria para que no les rompan el corazón de la reforma. 

    «La idea de los gobernadores es bancar la reforma, pero necesitan mostrar que consiguieron frenar una bomba para irse tranquilos a las provincias», dijo a LPO una fuente que participa de las negociaciones.

     

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  • El Gobierno logró aprobar una reforma laboral que debilita el modelo sindical peronista

     

    El gobierno logró la media sanción en general de la reforma laboral, con una amplia mayoría de 42 votos a favor y 30 en contra, que dejó en evidencia la novedosa debilidad del peronismo en el Senado. Para obtener el apoyo mayoritario de los bloques, Patricia Bullrich tuvo que conceder a la CGT el carácter obligatorio de la cuota sindical, bien entrada la tarde del miércoles, pero mantuvo la creación del fondo de indemnizaciones que captura dinero de Ansés, la supresión de la ultraactividad, la negociación por empresas y la derogación de los estatutos. Un golpe importante al modelo sindical argentino.

    Sobre un borrador del proyecto, que recibía sucesivas correcciones en rojo en plena sesión, el oficialismo terminó admitiendo la retención compulsiva de la cuota sindical, un reclamo de la central obrera contra el artículo que establecía que el aporte de los trabajadores fuera voluntario. Ese punto se sumó al sostenimiento del 6 por ciento para las obras sociales, otra demanda de los sindicatos. Ambos ítems son, apenas, la conservación de conquistas de antaño.

    Pese a esa neutralización parcial que lograron los gremios, la Casa Rosada logró quebrarlos con un articulado que destroza regímenes de licencias y afecta el derecho de huelga a través de la declaración de una serie de actividades como esenciales. En la votación en particular se diluyó el plan de la CGT para desflecar la reforma laboral, tal como anticipó a LPO el líder de la central obrera, Cristian Jerónimo.

    La CGT salvó herramientas que le permiten resguardar cierta defensa corporativa de la organización pero el gobierno se impuso en modificaciones de institutos centrales del modelo sindical peronista, como el derecho a huelga, la ultraactividad y las negociaciones colectivas por rama, retomando para de la senda de reformas de los 90 con Carlos Menem.

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    En la votación no hubo sorpresas y apenas en un puñado de títulos hubo algunas defecciones de los 42 que votaron a favor de la ley en general. El gobierno incluso sumó a los dos santacruceños en la votación del traspaso del fuero laboral a la Ciudad, una iniciativa que abrió una interesante batalla política entre los libertarios, en la que se jugó un primer round por la candidatura a jefe de Gobierno entre patricia Bullrich y Karina Milei, que busca imponer a Manuel Adorni. Villarruel la aprovechó para acercarse a los jueces nacionales. 

    La CGT salvó herramientas que le permiten resguardar cierta defensa corporativa de la organización pero el gobierno se impuso en modificaciones de institutos centrales del modelo sindical peronista, como la ultraactividad, el derecho a huelga y las negociaciones colectivas por rama.

    El gobierno alcanzó la mayoría luego de quitar del proyecto la baja de cuatro puntos de Ganancias, como anticipó LPO, que había enardecido a los gobernadores aliados porque afectaba su ya maltrecha recaudación. Para evitarse sorpresas, Milei ordenó a toda la mesa política del gobierno que se traslade al Congreso hasta que se aprobara la norma. Karina, Santilli, Adorni y los Menem, se recluyeron en el despacho del riojano en Diputados.

    La votación de hecho revela un trabajo político interesante de los libertarios, donde se notó la incorporación de Santilli, que desde que asumió se dedicó a cortejar a los gobernadores. A los 22 senadores libertarios -contando a Luis Juez- el gobierno logró sumar 20 votos más de provincias aliadas, que venían muy enojadas con la Casa Rosada.

    El punto más debatido fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pero el oficialismo únicamente perdió los votos de la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el radical Maxi Abad. 

    El fondo para despidos que propone Milei le cuesta a la Anses USD 3000 millones

    Acaso la crítica más contundente partió del peronista puntano Fernando Salino, cuando ya iban casi 12 horas de discusión. El hombre de Alberto Rodríguez Saá avisó sobre la judicialización que se avecina para la ley, toda vez que «a diez minutos de la votación en particular, todavía no se sabe qué texto se va a votar».

    José Mayans y Sergio Uñac.

    José Mayans, a su turno, atribuyó «al grupo de los 44», en referencia a los libertarios y sus aliados en el Senado, «un avasallamiento y una violación del reglamento», reabriendo la puerta de una eventual judicialización tanto por el contenido del proyecto como por la conformación de las comisiones diseñada por Bullrich. 

    «Nos robaron siete senadores», denunció el formoseño y agregó: «acá se hablaba de 28 modificaciones y vinieron con 50 modificaciones a las 7 de la mañana», dijo. 

    Mayans calificó el procedimiento como «una falta de respeto» porque la reforma modifica 41 leyes, que se tomó el trabajo de enumerar al filo de la medianoche. «¿Les parece que podemos tratar todo este paquete, una ensalada de leyes?», se quejó.

    Para el cierre, Bullrich repasó «las frustraciones múltiples» cada vez que se intentó implementar reformas de este tipo en Argentina, una sutil corrección de lo que postuló al inicio de la sesión cuando dijo que esta iniciativa era la primera ley laboral de la democracia. «Nosotros no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones concretas porque Argentina necesita generar trabajo y se genera cuando hay competitividad», argumentó.

    Nosotros no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones concretas porque Argentina necesita generar trabajo y se genera cuando hay competitividad.

    La exministra reivindicó la eliminación de la ultraactividad y la prelación de la negociación por empresa. «Estamos rompiendo cadenas», se jactó.

    El primero en objetar las pretensiones fundacionales de la senadora fue Mariano Recalde, quien calificó el proyecto como «revanchista» y negó que lo que se discutía fuera inédito. Además, sostuvo que en la Ley Bases «se habilitó la contratación de hasta tres colaboradores sin ningún derecho laboral, pero no se generó trabajo».

    Al respecto, recordó que la jefa del bloque libertario dijo cuando era ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa que su cartera no era la encargada de crear empleo sino que esa tarea correspondía al Ministerio de Economía. «No crean empleo las normas laborales», advirtió el senador kirchnerista, apuntando al punto más delicado del relato libertario, que ha difundido que con esta nueva norma crecerá el empleo.

    La senadora tucumana Beatriz Avila.

    La radical Mariana Juri, por su parte, opinó que «una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega».

    La catamarqueña Lucía Corpacci se quejó por la forma en que el oficialismo manejó la negociación de la ley. «No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores», dijo.

    La tucumana Beatriz Ávila, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, alertó que la reforma «no es suficiente», en sintonía con los planteos de sus antecesores en el uso de la palabra, aunque consideró que la ley en discusión «va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo».

    La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina… cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001.

    Joaquín Benegas Lynch mezcló la apelación a las transformaciones políticas y económicas con el cambio moral. «Esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral», señaló. Y con la misma profundidad, catalogó al empleador y el empleado como «socios naturales».

    La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti fue la encargada de recordarle a Bullrich los episodios de las coimas en el Senado para aprobar la reforma laboral en el 2000. «Pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización», se burló.

    «La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina… cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001», chicaneó y agregó «la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta».

    Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti.

    Más tarde la jujeña Carolina Moisés barrió con las especulaciones sembradas por el kirchnerismo acerca de la chance que los integrantes del bloque de peronistas disidentes de Convicción Federal votaran a favor de la reforma, junto a los libertarios. Después de asumir que «es una pena que el peronismo, que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento, no haya podido estar a la altura de las circunstancias», aclaró que «Argentina necesita una reforma laboral, pero no es esta».

    El último orador antes que los presidentes de bloque hicieran los cierres fue Ezequiel Atauche, que cargó enfáticamente contra las organizaciones gremiales. «Los sindicatos son parte de una mafia que apañó el peronismo», dijo. También celebró que la reforma barrió con la ultraactividad y festejó: «Esa realidad se acabó, está extinta. Los argentinos ya no quieren más eso. El camino del verdadero progreso de la Argentina son las empresas».

     

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