En un acto que atenta contra la transparencia, el poder ejecutivo eliminó el acceso público a los datos de los proveedores estatales. Este oscuro accionar se da a posteriori de la investigación en la que El Disenso descubrió que PAMI le paga 65 millones de pesos por el alquiler mensual de un piso, en el marco de un contrato de 36 meses por un monto total superior a 2300 millones, a una empresa de Kevin Pocovi, un militante liberal del entorno del presidente que lo acompañó a la reunión de la CPAC en Mar-a-Lago. La investigación fue presentada en Comodoro Py.
Esa investigación incluyó en su proceso consultas al sistema de Compras del Estado, al cual se accede a través de la plataforma Compr.AR, y tiene un apartado para buscar Proveedores. Hasta la fecha en la que publicamos la investigación del PAMI cualquier argentino podía ingresar, buscar el nombre de un proveedor estatal y luego al hacer “click” sobre el nombre del proveedor accediendo así a una página que mostraba los datos de inscripción y las categorías en las que dicho proveedor se hallaba inscripto.
Datos del Proveedor – la pagina a la que ya no se puede acceder – El Disenso
También nos sirvió para confirmar que Guillermo Garat, VP de YPF estrechamente vinculado a Santiago Caputo en la consultora política Move Group (aka Green Consult), adjudicó una fortuna vendiéndole servicios de consultoría de imagen a Mayra Mendoza en Quilmes y “galletitas de agua” al gobernador Axel Kicillof a través de la empresa “2 Tapitas”.
La información de 2 Tapitas SRL ya no está disponible – El Disenso
Antes se podía acceder: 2 Tapitas SRL de Guillermo Jose Garat, VP de YPF – El Disenso
Luego de nuestra investigación sobre la dilapidación de fondos de PAMI en favor del joven libertario Kevin Pocovi, el ejecutivo editó la página del compr.AR eliminando la posibilidad de ver a quien pertenecen las empresas registradas como proveedores del Estado, atentando contra la transparencia pública e impidiendo que el periodismo indague ahí donde los administradores del dinero público reparten su botín electoral.
Con este accionar, se abre una edad de oro para los empresarios prebendarios y para funcionarios que derivan negocios públicos hacia sus empresas fantasmas.
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La admisión de Karen Reichardt de que su ex marido recibió USD 230.000 del presunto narco internacional Fred Machado desató una tormenta política que el oficialismo no logra contener. Entre cambios de versión, cuadernos de coimas en la Andis y beneficios otorgados por el gobierno de Milei, la trama expone un mecanismo de financiamiento que ya salpica a varias figuras libertarias.
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
A fines del mes de octubre, desde Noticias La Insuperable, nos preguntábamos ¿Qué tiene que ver Karen Reichardt con Fred Machado? anticipando un escándalo que se venía venir y que, tres semanas después, finalmente estalló. La crisis que enfrenta Milei por el financiamiento político de su espacio sumó un capítulo explosivo con la confirmación de Karen Reichardt: el presunto narco Fred Machado giró USD 230.000 a su ex marido, el empresario Gustavo Balabanian. Lo que la diputada primero desestimó como un “disparate” terminó convertido en una admisión forzada que abrió interrogantes todavía más graves. Como recordó EnOrsai, la diputada libertaria modificó su versión en apenas un día, reflejando el nivel de improvisación con el que el oficialismo intenta administrar un escándalo que crece sin freno.
Del “disparate” a la confesión pública
La historia estalló cuando LPO reveló el vínculo económico entre Balabanian —titular de Paraná Seguros— y Machado, señalado como operador delictivo con conexiones internacionales. La respuesta inicial de Reichardt fue un intento desesperado de descalificar la noticia: aseguró en redes que se trataba de una acusación absurda. Menos de 24 horas después, ante la evidencia, admitió que la transferencia existió, que fue a nombre de Balabanian y que provenía de Machado.
Reichardt ensayó entonces una explicación que sonó más a control de daños que a transparencia: habló de “una operación de 2015”, de un pago “en blanco” y de que su ex marido “se come un garrón por ella”. Pero nada de eso alcanzó para despejar las dudas sobre el verdadero sentido del giro.
El problema no es la formalidad: es el vínculo
La diputada insiste en que se trató de una operación comercial registrada. Pero la cuestión central es otra: ¿por qué un presunto narco vinculado a redes delictivas internacionales transferiría USD 230.000 a un empresario beneficiado por el gobierno de Milei?
Es ahí donde la crisis adquiere una dimensión institucional: un hombre investigado por narcotráfico aportando fondos a alguien del círculo íntimo de una diputada oficialista, en un contexto donde el oficialismo acumula escándalos similares.
De las ART al caso Andis: el recorrido del beneficiado
La situación se agrava cuando se observa el recorrido reciente de Balabanian:
Su empresa Paraná Seguros fue autorizada por el gobierno de Milei a ingresar al negocio de las ART, un mercado históricamente cerrado.
La decisión salió de la Superintendencia de Seguros que encabeza Guillermo Plate, hombre de confianza de Juan Pazo, figura clave del oficialismo en el manejo financiero del Estado.
En paralelo, el nombre de Balabanian aparece en la libreta incautada al lobbysta Miguel Calvete, investigado por un sistema de retornos y coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello.
El vínculo entre beneficios oficiales, cuadernos de coimas y transferencias de un presunto narco configura un escenario que excede lo personal o lo anecdótico. Se trata de un circuito.
El rompecabezas empieza a cerrar
La aparición de Balabanian en las anotaciones de Calvete refuerza la hipótesis de una estructura sistemática de financiamiento y favores. Y la admisión de Reichardt legitima aún más esos registros: si su ex marido figura en los cuadernos y también recibió fondos de Machado, ¿qué impide pensar que otros nombres allí mencionados también respondan a hechos reales?
Entre esos nombres aparece Florencio Randazzo, sumando un condimento extra a la crisis y ampliando la red de relaciones en torno al financiamiento irregular.
Un patrón libertario ya imposible de ocultar
El caso Reichardt–Balabanian–Machado no es un episodio aislado. Encaja con un esquema que viene repitiéndose en La Libertad Avanza:
José Luis Espert quedó fuera de carrera cuando se reveló su vínculo con Machado.
Lorena Villaverde perdió su pliego en el Senado por nexos con el mismo presunto narco.
La causa Andis ya sacudió al oficialismo por el rol de Calvete, Spagnuolo y otros operadores en un engranaje de coimas y retornos.
La reiteración de nombres, contactos y beneficiarios demuestra que estamos ante un patrón de financiamiento político, no ante una coincidencia aislada.
Milei intenta despegarse, pero todo conduce a su gobierno
El oficialismo optó por minimizar el escándalo y victimizarse ante lo que describe como “ataques de la prensa”. Pero los hechos siguen chocando con ese relato:
El ex marido de una diputada libertaria recibió una transferencia relevante de un presunto narco.
Ese mismo ex marido aparece en cuadernos que detallan coimas en un organismo público clave.
Su empresa fue beneficiada por el propio gobierno de Milei.
Todo eso ocurre mientras el país atraviesa recortes brutales, peleas internas libertarias y un malestar social creciente. Precisamente el caldo de cultivo donde un escándalo de financiamiento ilegal se vuelve todavía más inflamable.
El interrogante central que Milei debe responder
La admisión de Reichardt no cerró la polémica: la abrió. Y ahora la discusión gira en torno a una pregunta básica y decisiva:
¿Cuánto dinero de Machado terminó financiando la política libertaria?
Las transferencias existen. Los vínculos existen. Las anotaciones existen. Lo que falta es la explicación.
Y mientras Milei intenta contener la crisis con ataques a la prensa y negaciones formales, la sociedad percibe algo evidente: cuando el narcotráfico se mezcla con el financiamiento político, no hay “disparate” capaz de taparlo.
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![[ AHORA ]
EL GOBIERNO NACIONAL CERRÓ EL ACCESO PÚBLICO A LOS DATOS DE LOS PROVEEDORES ESTATALES.
LA PLATAFORMA http://Compr.ar YÁ NO PERMITE VER QUIENES SON LOS DUEÑOS DE LOS CONTRATISTAS DEL ESTADO](https://www.eldisenso.com/wp-content/uploads/2025/03/2-tapitas-completo.jpg)
