Finalizados los comicios reginenses del año pasado #latapa publicó ésta editorial: «Existe una ruptura entre la política y los reginenses», que tiene opiniones que parecen escritas hoy mismo. Hace un ratito, o ayer, o mañana. O incluso 10 años atrás. Si eliminamos los datos estadísticos del sufragio se convierte en una editorial del día de la fecha. Da igual cuando la leas, por que el pronóstico indica que el comportamiento político y ciudadano en Villa Regina no va a modificarse. Por el contrario, se va perpetrando día a día.
Pasa el tiempo, el ciudadano se aleja de cuestiones fundamentales , que es cierto que no le son propias, pero que hacen al bienestar de su vida cotidiana. Se desliga de ellas, se desinteresa, y es ahí cuando vuelve a perder. Una y otra vez. Y el político se enquista en la función pública, se adueña de un espacio que no es suyo, objetivo personal que cumple en parte, por inacción nuestra, por permisividad, por desgano.
Es entendible el agotamiento social, el descontento. El cansancio y la decepción que genera pensar que la rueda de la fortuna siempre beneficia a los mismos. Que la moneda cae siempre del otro lado. Pero en la Argentina, y Regina no es la excepción, la guardia del pueblo siempre debe estar alta.
La editorial pos elecciones 2018 habla de una ruptura entre la política y los reginenses. Ruptura que puede empezar a subsanarse HOY con transparencia que refleje la honestidad de quienes tienen el compromiso y la obligación de hacerlo.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa decidieron adherir al Régimen Simplificado de Ganancias mientras la Justicia investiga el crecimiento de su patrimonio. La decisión reavivó una contradicción política incómoda: el mismo gobierno que hizo de la honestidad una bandera impulsó un mecanismo que limita los controles fiscales y que ahora utiliza uno de sus principales funcionarios.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La construcción política de Milei se apoyó desde el primer día en una idea tan simple como efectiva: ellos eran distintos. Frente a una «casta» señalada como corrupta y privilegiada, La Libertad Avanza se presentó como la expresión de una nueva moral pública, donde la transparencia sería un valor irrenunciable y la ejemplaridad una obligación de cada funcionario.
Por eso la decisión de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias trasciende ampliamente una cuestión tributaria. Ocurre en medio de una investigación judicial sobre el origen y la evolución de su patrimonio y pone en evidencia una paradoja política difícil de explicar: el principal vocero de la honestidad oficial eligió una herramienta que reduce la capacidad del Estado para revisar patrimonios anteriores.
Un blanqueo impulsado por el propio oficialismo
La contradicción es todavía más llamativa porque el mecanismo utilizado por Adorni no proviene de una gestión anterior ni de una legislación heredada.
Fue este mismo Gobierno el que promovió un amplio esquema de regularización fiscal destinado a captar dólares no declarados y reducir controles sobre los contribuyentes. La iniciativa fue defendida públicamente por el oficialismo y tuvo entre sus principales impulsores al diputado José Luis Espert, quien sostuvo que era necesario abandonar la lógica de persecución fiscal para incentivar el ingreso de capitales al circuito formal.
El nuevo Régimen Simplificado de Ganancias incorporó además un beneficio central: el denominado «tapón fiscal», que limita las facultades de ARCA para revisar determinados períodos fiscales de quienes adhieran al sistema.
En otras palabras, el Gobierno creó un instrumento pensado para brindar mayor seguridad fiscal a los contribuyentes y uno de los primeros dirigentes de máxima relevancia en aprovecharlo es justamente el jefe de Gabinete, mientras debe responder ante la Justicia por la evolución de su patrimonio.
La investigación sigue abierta
La causa judicial analiza operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, viajes y gastos que podrían no guardar relación con los ingresos declarados por Adorni y su núcleo familiar.
Entre los elementos bajo análisis aparecen compras de inmuebles, vacaciones internacionales y diversas erogaciones realizadas en dólares cuya trazabilidad intenta reconstruir la Justicia. El expediente todavía no tiene una conclusión y rige plenamente el principio de inocencia, por lo que no existe ninguna imputación firme ni condena contra el funcionario.
Sin embargo, la utilización del nuevo régimen tributario agrega un componente político imposible de ignorar: aunque la adhesión sea completamente legal, el mensaje público resulta difícil de conciliar con el discurso oficial de transparencia absoluta y superioridad moral.
La vara de la moralidad
Durante meses el oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de que no todos los políticos eran iguales. Se cuestionaron patrimonios, declaraciones juradas, privilegios y mecanismos de regularización utilizados por otros dirigentes.
Ahora la escena es distinta. El mismo Gobierno que promovió un régimen pensado para facilitar la regularización patrimonial y reducir controles ve cómo ese beneficio es utilizado por su propio jefe de Gabinete, precisamente cuando la Justicia intenta determinar el origen de parte de su fortuna.
No se trata solamente de una discusión tributaria ni de una controversia jurídica. Se trata de una cuestión de coherencia política. Cuando una administración convierte la moralidad en su principal activo, cualquier excepción deja de ser un trámite administrativo para transformarse en una prueba sobre la consistencia de su propio relato.
Del sueño de Cipolletti a la obra de Bonoli, pasaron 25 años. Hace 120 años, el 6 de septiembre de 1899, el Ing. Cesar Cipolletti entregaba al Sr. Emilio Civit, Ministro de Obras Públicas de la Nación, su informe “Estudio de Irrigación – Ríos Negro y Colorado”, en el cual dice: «En cuanto al agua,…
«Siempre hizo la de él. Nunca se jugó por nadie, por eso varios lo estaban esperando». Esta frase se desprende de una persona que conoce hace años a Marcos Carasso, el expresidente de la UCR cordobesa y que, en el 2023, fue compañero de la fórmula provincial que encabezó Luis Juez.
Hoy, tanto en el radicalismo como en el juecismo se revolean con el exintendente de General Cabrera. Porque, para muchos radicales, Carasso dejó esa condición cuando se enroló en la tropa del Frente Cívico y fue parte del juecismo en el Tribunal de Cuentas que desde diciembre del 2023 controla la gente del senador.
Y en el juecismo algunos remarcan que Carasso llegó a la candidatura de vicegobernador porque «fue una decisión del radicalismo» en aquel momento.
No obstante, esta semana el peronismo buscó el impacto para tratar de salir del caso Agostina, y a partir de la imputación que se conoció de Carasso en la causa en la que se investiga la sobrefacturación de Pami buscó incomodar a la alianza opositora. Tema que amagó con hacer escala en el recinto de la Legislatura provincial en la sesión de ayer y después se desactivó: todo se concentró en el femicidio de la adolescente de 14 años.
De cualquier modo, en la reunión de labor parlamentaria hubo furia y gritos. Porque así como el oficialismo empujó la discusión por la situación del radical; la exintegrante del bloque PRO, Karina Bruno, amarilla de Villa María que integra una banca unipersonal y responde de manera directa al titular de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, quiso que se discuta el apartamiento de Carasso del cargo de director del Tribunal de Cuentas.
Lo que desató la ira de juecistas y radicales. Más precisamente de los jefes de bloques, Matías Gvozdenovich (UCR) y Walter Nostrala (juecista) que cruzaron a la mujer. «La sacudieron porque le remarcaron que si no hubiera sido por la lista que encabezaron Juez y Carasso ella no era legisladora, no estaría en esa banca», dijo una persona que fue testigo del hecho.
La imputación en contra de Carasso es por tráfico pasivo de influencias, cargo que llevó a Juez a tildar de «pelotudo» al fiscal que interviene en la causa en un streaming esta mañana en Alfil.
Hay radicales que quisieron tomar contacto con Carasso y que rápidamente les recordaron que el celular del expresidente de la UCR estaba en manos de la Justicia. Situación que los hizo rápidamente guardar el celular y archivar los chats.
El caso del radical y la presunta defraudación a la obra social nacional por 1.400 millones de pesos forma parte de la agenda política, pero no penetra en la conversación pública por ahora. El PJ decidió postergar la discusión sobre su rol en el Tribunal de Cuentas para las próximas sesiones en la Unicameral. Aunque en la oposición creen que eso se desactivará.
PREMIOS ETAPAS Tercera edición. Ya estamos preparando la Tercera edición del los PREMIOS ETAPAS organizados por #LaTapa, en los eTapas destacamos y valoramos a jóvenes deportistas reginenses en etapa formativa por su compromiso, compañerismo, dedicación y proyección a través del voto en nuestra plataforma. Nos comunicamos con entrenadores y dirigentes locales para que ellos seleccionen a…
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina informa que debido a la confirmación de casos positivos de Covid-19 y de manera preventiva las oficinas ubicadas en Uspallata Sur 169 permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Difunde esta nota
Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
