Finalizados los comicios reginenses del año pasado #latapa publicó ésta editorial: «Existe una ruptura entre la política y los reginenses», que tiene opiniones que parecen escritas hoy mismo. Hace un ratito, o ayer, o mañana. O incluso 10 años atrás. Si eliminamos los datos estadísticos del sufragio se convierte en una editorial del día de la fecha. Da igual cuando la leas, por que el pronóstico indica que el comportamiento político y ciudadano en Villa Regina no va a modificarse. Por el contrario, se va perpetrando día a día.
Pasa el tiempo, el ciudadano se aleja de cuestiones fundamentales , que es cierto que no le son propias, pero que hacen al bienestar de su vida cotidiana. Se desliga de ellas, se desinteresa, y es ahí cuando vuelve a perder. Una y otra vez. Y el político se enquista en la función pública, se adueña de un espacio que no es suyo, objetivo personal que cumple en parte, por inacción nuestra, por permisividad, por desgano.
Es entendible el agotamiento social, el descontento. El cansancio y la decepción que genera pensar que la rueda de la fortuna siempre beneficia a los mismos. Que la moneda cae siempre del otro lado. Pero en la Argentina, y Regina no es la excepción, la guardia del pueblo siempre debe estar alta.
La editorial pos elecciones 2018 habla de una ruptura entre la política y los reginenses. Ruptura que puede empezar a subsanarse HOY con transparencia que refleje la honestidad de quienes tienen el compromiso y la obligación de hacerlo.
Esta semana se aprobó por unanimidad la ordenanza que exige la implementación dentro del ámbito municipal de Villa Regina, de la presentación del “certificado de libre de deuda alimentaria” para la realización de distintos trámites y actos administrativos municipales. Será obligatoria la consulta previa al Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) dependiente del Ministerio de Gobierno…
El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga más de 120 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo, ante la presunta corrupción de las autoridades, que debían controlar los medicamentos.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la Anmat y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir 500 mil millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, mientras avanza la investigación.
El escrito del juez encierra un párrafo muy significativo que podría significar la desafectación del ministro Mario Lugones de la causa. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», sostuvo Kreplak.
Salvo que ante la situación de ser las únicas condenadas, las funcionarias se declaren arrepentidas y avancen en declaraciones probatorias de la responsabilidad de Lugones en la decisión de no clausurar los laboratorios, el párrafo citado parece anticipar el curso de acción del juez en favor del ministro de Milei.
Para la investigación penal que lleva adelante Kreplak, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales». Es decir, sin su concurso que básicamente consistió en no clausurar los laboratorios pese a los informes y testimonios de inspectores que pedían tomar esa medida -hasta con argumentos dramáticos-, el fentanilo envenenado no hubiera llegado a la calle.
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», argumenó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación.
El fallo si bien favorece a Lugones no termina de sacarlo de los hechos investigados. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», destacó Kreplak en el auto de procesamiento y señaló que en los testimonios de Mantecón y Bisio asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
En efecto,, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la Anmat el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá’, me dijo». Ese testimonio puede favorecer al ministro.
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la Anmat. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la Anmat en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomendaban prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas. Por alguna razón, el Ministerio de Salud desoyó esas advertencias y la tragedia se consumó. Hubo alertas institucionales que se eligió no escuchar.
Según consta en el expediente, luego de hablar con el ministro Lugones las dos funcionarias ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio que presenten un plan de acción para subsanar sus incumplimientos. Esa es la parte más delicada para Lugones de los testimonios.
Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Temen que Lugones sea procesado porque hay varios testimonios que estaba al tanto de los hechos y tenía la última decisión. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo, decisión que el ministro rechazó.
En la Casa Rosada buscan culpar a los ex ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García, ya fallecido- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias bajo se gestión. El problema es que los hechos ocurrieron durante la gestión de Lugones. Es un principio básico del derecho penal que no se puede juzgar a las personas por hechos que no cometieron.
De hecho, Cristina Kirchner está presa en la causa Vialidad porque era la responsable última de las objetadas concesiones de rutas realizadas bajo su gestión, aunque no firmó nada. El mismo criterio aplica en el caso de Lugones, pero más grave: según los testimonios de las funcionarias el ministro sí fue alertado sobre la gravedad de la situación.
El empresario García Furfaro.
Mantecón Fumadó declaró que antes de firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios la consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
El testimonio confirma que en marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envió un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consultó si ese informe era suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la Anmat.
Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. El ministro contestó que vayamos para adelante, pero con cautela.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte en el auto de procesamiento d elas funcionarias la discrepancia entre la supuesta decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en la Anmat y el Iname. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de Anmat y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
Según el juez el obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que habría recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
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El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti advirtió que existe un «entramado muy complejo» en el ámbito de Rosario que no se agota con el delincuente que está en la cárcel. Adujo que se debe apuntar hacia quienes le brindaron protección. En ese sentido, envió un claro mensaje a los integrantes de la Justicia que «honran» su cargo y afirmó que «los que no honran el cargo deben merecer el condigno castigo».
El titular del máximo tribunal dijo esto en un contexto muy significativo que no solo incluye a los sectores que omitieron o suavizaron la persecución a los factores de la violencia. Con sus palabras también posó la mirada en el sector empresarial que en los últimos años sacó todo tipo de ventajas con el blanqueo de dinero de origen delictivo. Lo que no solo conecta con el narcotráfico.
Justamente esta semana cinco fiscales federales avanzaron con detenciones que dejan al desnudo una formidable y sistemática maquinaria de blanqueo de dinero que tuvo eje en el puerto concesionado de Rosario. Y que muestra cómo empresarios y profesionales del establishment rosarino sacaron provecho con el traspaso de acciones hacia sociedades fantasma para lavar activos trasnacionales, promovidos por los adjudicatarios de la concesión de Terminal Puerto Rosario (TPR), la empresa Puerto de Tarragona. Su titular, Jordi Pujol i Ferrusola, tiene librado por esto un pedido de captura.
«Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso, porque ahora también sabemos que hay muchísimo acompañamiento institucional y eso hace que podamos redoblar nuestros esfuerzos en ese camino», dijo Rosatti.
El presidente del máximo tribunal argentino hizo este discurso en la Cámara Federal de Rosario, donde le tomaron juramento al flamante camarista federal Florentino Malaponte, un ex fiscal y juez provincial rosarino que se suma desde este viernes a ese órgano. Rosatti declaró no conocer previamente a Malaponte. «Hay muchas tentaciones en esta ciudad. Le pido que no pierda la humildad y honestidad porque se es juez las 24 horas del día, los 365 días del año», lo aconsejó.
Antes de Rosatti, el presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda resaltó la actividad de autodepuración ya que «hay dos jueces con prisión preventiva», en alusión a Marcelo Bailaque, procesado por lavado de dinero y quien renunció antes de ser destituido, y Gastón Salmain, procesado por cobrar coimas a cambio de resoluciones, quien afrrontará un juicio político desde el próximo 6 de octubre.
Pineda justamente acaba de disponer, en un fallo controvertido que fue muy criticado por los fiscales federales, la suspensión del proceso que llevaba al juicio oral y público a Bailaque, por tres hechos de corrupción. El magistrado señala que no puede avanzar hasta que la Corte Suprema no defina si esos hechos se juzgan con el vigente código procesal federal que dispone oralidad en todas las etapas o con el anterior sistema escrito de tipo inquisitivo. Los fiscales le replicaron que decidió al menos erróneamente y que dispuso actos que nadie le había pedido.
Florentino Malaponte, el nuevo nuevo camarista, con Aníbal Pineda, Rosatti y Mahiques
Rosatti recordó un encuentro de la Justicia Federal en Rosario durante 2022 para enviar un mensaje en la lucha contra el narcotráfico, y señaló que esa tarea enfrenta «un entramado muy complejo que no se agota con el delincuente que puede hoy estar en la cárcel», porque ese sistema organizado «se vincula con el que lava el dinero, con el que protege al que lava el dinero y, como también se dijo muy bien aquí, con actitudes que probablemente no sean de colaboración, pero sí son de mirar para otro lado».
Justamente esto es lo que está encontrando novedades recientes con los procesos que incluyeron detenciones contra el empresario Leandro «Lelo» Pérez y especialmente con los hechos del Puerto de Rosario que sucedieron entre 2009 y 2020 sin que la Justicia Federal actuara, y que hoy están en revisión por un equipo de fiscales federales que actúan desde hace poco tiempo en la jurisdicción de Rosario.
En referencia al comercio urbano de drogas y la violencia, el titular de la Corte dijo: «Las estadísticas dicen que se ha mejorado, y se ha mejorado. Pero yo creo que falta mucho».
Rosatti declaró reconocimiento a los fiscales provinciales, a los jueces provinciales, a los fiscales federales y a los jueces federales de distinto grado que habían honrado el cargo. También indicó que agradecía a las autoridades políticas, a la corte local y al intendente, porque en el momento de máxima violencia en Rosario habían percibido que sin una respuesta institucional conjunta era muy difícil revertir la situación.
Pero el ministro dijo que también se debe enfocar el aspecto sombrío, «porque en ese evento de hace cuatro años dijimos «vamos a poner el reflector» y, cuando uno pone el reflector, cuando uno ilumina algo, lo que está claro se hace más claro y lo que es oscuro queda más oscuro. Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso».
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