Finalizados los comicios reginenses del año pasado #latapa publicó ésta editorial: «Existe una ruptura entre la política y los reginenses», que tiene opiniones que parecen escritas hoy mismo. Hace un ratito, o ayer, o mañana. O incluso 10 años atrás. Si eliminamos los datos estadísticos del sufragio se convierte en una editorial del día de la fecha. Da igual cuando la leas, por que el pronóstico indica que el comportamiento político y ciudadano en Villa Regina no va a modificarse. Por el contrario, se va perpetrando día a día.
Pasa el tiempo, el ciudadano se aleja de cuestiones fundamentales , que es cierto que no le son propias, pero que hacen al bienestar de su vida cotidiana. Se desliga de ellas, se desinteresa, y es ahí cuando vuelve a perder. Una y otra vez. Y el político se enquista en la función pública, se adueña de un espacio que no es suyo, objetivo personal que cumple en parte, por inacción nuestra, por permisividad, por desgano.
Es entendible el agotamiento social, el descontento. El cansancio y la decepción que genera pensar que la rueda de la fortuna siempre beneficia a los mismos. Que la moneda cae siempre del otro lado. Pero en la Argentina, y Regina no es la excepción, la guardia del pueblo siempre debe estar alta.
La editorial pos elecciones 2018 habla de una ruptura entre la política y los reginenses. Ruptura que puede empezar a subsanarse HOY con transparencia que refleje la honestidad de quienes tienen el compromiso y la obligación de hacerlo.
La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
Cuando la crisis la pagan los estudiantes
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
Un nuevo golpe contra la educación pública
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
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El actual Ministro de Relaciones Exteriores es candidato puesto.
Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para Noticias La Insuperable
Ante la ya casi próxima eyección de Manuel Adorni, deseada por propios y extraños, el nombre d ePablo Quirno se reproduce cada vez con mayor intensidad a la hora de señalar remplazantes. ¿Pero quién es en realidad esta figura prototipo de la casta que venía a combatir Javier Milei?
Pablo Quirno Magrane, tal su nombre completo, fue un arquetipo del integrante del «mejor equipo de los últimos 50 años» de Mauricio Macri. Con una larga trayectoria en el sector privado, que incluye una década y media como Director en el J. P. Morgan, arribó con el macrismo al Estado con la firme idea de realizar los negocios necesarios para afianzar y profundizar la transferencia de ingresos.
Es nieto de Avelino Quirno Lavalle, uno de los fundadores del Partido Conservador Popular, quien supo “prestarle” su domicilio legal a Hugo Byttebier, el SS belga que se instaló en la Argentina y era amigo del organizador del Holocausto, Adolf Eichmann.
Hijo de éste y padre del Director del Banco Central fue Avelino Quirno Ugarte, fallecido en 2003 y a quien el Diario La Nación nos describe diciendo: “Era un hombre de una línea de conducta, creíble, generador de afectos sinceros. Tanto se movía con soltura en ambientes como el Círculo de Armas o el Mar del Plata Golf Club como con los encargados de los edificios de la zona donde vivía”.
Con Mauricio Macri en la presidencia, Pablo Quirno Magrane fue designado el 29 de febrero de 2016 como “Coordinador General de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas” por el entonces ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay. En enero de 2017 pasa a ser la mano derecha del Toto «Champions League» Caputo, convirtiéndose en su Jefe de Gabinete en el ministerio de Finanzas.
Nobleza obliga, Pablo Quirno fue un jugador fundamental en llevar a la Argentina a niveles históricos de endeudamiento con el FMI, secundando a Luis Caputo en las negociaciones con el organismo internacional.
También fue el que llevó adelante el engendro de los PPP (Participación Público – Privada), que solamente beneficiaban al sector financiero. Luego, en julio de 2018, ingresa al Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Menos de tres meses después, el 25 de septiembre de 2019, la vicepresidenta en ejercicio del ejecutivo, Gabriela Michetti, junto a Nicolás Dujovene, a través del Decreto 849/2018, le acepta la renuncia. Previo a eso dejó armado un negocio para su hijo a través de Brubank.
Más acá en el tiempo, y orgulloso de sus ancestros entreguistas, el año pasado intentó lucirse en la red social X al presumir que un antepasado suyo había participado en el histórico Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, aquella reunión clave en la que se discutió el futuro del Virreinato del Río de la Plata ante la caída de la Junta de Sevilla. Pero, como suele ocurrir con quienes confunden linaje con honor, el canciller omitió un pequeño detalle: su ancestro votó por mantener al virrey español.
De los corrales de Flores al servilismo virreinal
Quirno compartió con entusiasmo la nómina de asistentes al Cabildo, donde figura su ancestro Norberto Quirno, registrado como “vecino” y “comerciante”. Según explicó, aquel Quirno había llegado a Buenos Aires en 1794, convirtiéndose en “pionero de la industria lechera nacional”, con un tambo en la zona de San José de Flores. Originario de Navarra, Norberto Quirno de Chandia contrajo matrimonio en Buenos Aires en 1799 con Manuela Josefa Gonzalez de Noriega Gomez Cuelli esparciendo su apellido por la «aristocracia» porteña.
El problema es que en el mismo documento que el propio canciller publicó —la lista de votaciones del Cabildo— se detalla con claridad que Norberto Quirno apoyó la continuidad de Baltasar Hidalgo de Cisneros, el virrey del Río de la Plata. Es decir, el antepasado que hoy el funcionario libertario enarbola como símbolo de “participación cívica” fue, en rigor, un defensor del dominio colonial.
El Cabildo del 22: cuando se jugaba la independencia
El Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 fue la antesala del nacimiento de la Patria. Convocado por el propio Cabildo para resolver el vacío de poder tras la disolución de la Junta Central de Sevilla, reunió a unos 250 “vecinos notables”. Allí se planteó una pregunta crucial: si el pueblo tenía derecho a reasumir la soberanía.
La mayoría votó por destituir al virrey Cisneros, dando inicio al proceso que culminaría tres días después con la Primera Junta. Pero una minoría —entre ellos Norberto Quirno— optó por la obediencia al poder colonial. En otras palabras, mientras algunos vecinos empujaban la historia hacia la libertad, otros se aferraban a los privilegios del orden virreinal.
Porque para casta casta, que mejor que casta virreinal.
