El Director de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina Mario Figueroa participa de la Asamblea del Consejo Provincial de Seguridad Vial que se desarrolla en Cipolletti.
La apertura estuvo a cargo de la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia Betiana Minor. También se encuentran presentes el Intendente de Cipolletti Claudio Di Tella y el Subsecretario de la Agencia de Seguridad Vial Marcelino Di Gregorio.
Durante el encuentro se abordan distintos temas vinculados a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a la Agencia Provincial, entre los que se puede mencionar la Red solidaria de asistencia a víctimas y familiares por siniestros viales, Revisión técnica obligatoria, alcoholemia en conducción de vehículos, Observatorio vial, Educación y capacitación en seguridad vial.
Participan los Directores de Tránsito de distintos municipios de Río Negro.
Desde 1823 hasta hoy, la Doctrina Monroe funcionó como coartada ideológica para justificar invasiones, golpes de Estado, bloqueos económicos y condicionamientos políticos sobre América Latina. Un repaso histórico, crítico y documentado de una política imperial que sigue vigente y que hoy vuelve a exhibirse en el respaldo de Washington a Milei y en el grave episodio denunciado por Venezuela como el secuestro de Nicolás Maduro.
Por Alcides Blanco para NLI
El origen de una doctrina imperial
La llamada Doctrina Monroe, formulada en 1823 por el entonces presidente estadounidense James Monroe, suele presentarse en los manuales como una advertencia contra el colonialismo europeo en el continente. Sin embargo, desde sus primeros usos reales, funcionó como una autoproclamación de tutela: América no sería para los pueblos americanos, sino para los intereses de Washington. En un contexto en el que Estados Unidos aún no era potencia global, la doctrina operó como una declaración de intenciones a largo plazo, que se consolidaría con el crecimiento económico, militar y financiero del país del norte.
A fines del siglo XIX, tras la guerra contra España y la ocupación de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, la Doctrina Monroe dejó de ser una consigna diplomática para convertirse en una herramienta activa de dominación regional, reforzada luego por el llamado Corolario Roosevelt, que legitimó la intervención directa en países latinoamericanos ante cualquier situación que Washington considerara una “amenaza”.
Golpes de Estado y gobiernos derrocados
Durante el siglo XX, la Doctrina Monroe fue el marco político que permitió una seguidilla de intervenciones directas e indirectas. En 1954, el gobierno democrático de Jacobo Árbenz en Guatemala fue derrocado tras una operación organizada por la CIA para proteger intereses corporativos estadounidenses. En 1964, Estados Unidos respaldó el golpe militar en Brasil; en 1973, jugó un rol decisivo en el derrocamiento y asesinato de Salvador Allende en Chile; en 1976, apoyó activamente a la dictadura argentina.
Estos procesos no fueron excepciones, sino parte de una política sistemática: cuando un gobierno latinoamericano intentó desarrollar un camino autónomo, redistribuir riqueza o controlar recursos estratégicos, la respuesta fue la desestabilización. Golpes, sabotajes económicos, operaciones psicológicas y financiamiento a sectores opositores fueron prácticas recurrentes.
Dictaduras, terrorismo de Estado y Operación Cóndor
En los años setenta, la Doctrina Monroe se tradujo en su versión más brutal con la Operación Cóndor, una coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur, con apoyo logístico, tecnológico y de inteligencia de Estados Unidos. Miles de militantes políticos, sindicales y sociales fueron secuestrados, torturados y asesinados en nombre de la “lucha contra el comunismo”.
Lejos de ser un desvío, este entramado represivo fue funcional a la imposición de un nuevo modelo económico: apertura irrestricta, endeudamiento externo y destrucción del aparato productivo nacional. La violencia política fue el complemento necesario del saqueo económico.
Del intervencionismo militar al disciplinamiento económico
Con el fin formal de la Guerra Fría, Estados Unidos no abandonó su política de injerencia, sino que la adaptó. Las invasiones militares dieron paso, en muchos casos, al disciplinamiento financiero, las sanciones económicas, el endeudamiento condicionado y el uso de organismos internacionales como herramientas de presión.
En América Latina, esta etapa incluyó bloqueos como el impuesto a Cuba y Venezuela, persecuciones judiciales selectivas contra líderes populares —el llamado lawfare— y el financiamiento de proyectos políticos alineados con la agenda de Washington. La Doctrina Monroe mutó, pero nunca desapareció.
Bolivia: el golpe contra Evo Morales y el laboratorio del “golpe blando”
El caso de Bolivia es uno de los ejemplos más claros del intervencionismo estadounidense en el siglo XXI, adaptado a nuevas formas. En 2019, el presidente Evo Morales, primer mandatario indígena del país y artífice de un proceso de nacionalización de recursos estratégicos —en especial el gas y el litio— fue forzado a renunciar tras una operación de desestabilización política, mediática e institucional.
El rol de la Organización de Estados Americanos, alineada históricamente con la política exterior de Washington, fue clave. Un informe preliminar sin sustento técnico sobre supuestas irregularidades electorales fue utilizado como excusa para legitimar un golpe de Estado que derivó en la instalación de un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, inmediatamente reconocido por Estados Unidos.
Durante el régimen posterior al golpe, Bolivia vivió masacres en Sacaba y Senkata, persecución judicial contra dirigentes del Movimiento al Socialismo y una política de alineamiento total con Washington. El objetivo fue claro: interrumpir un proyecto soberano y disciplinar a un país que había decidido controlar sus recursos naturales y construir alianzas fuera del eje estadounidense.
Ecuador: Rafael Correa y la persecución como método
En Ecuador, la Doctrina Monroe se expresó a través de una modalidad cada vez más frecuente: la persecución judicial selectiva. Tras una década de gobierno de Rafael Correa, marcada por la recuperación del rol del Estado, la reducción de la pobreza y una política exterior autónoma, se desplegó una ofensiva para borrar políticamente a su principal referente.
Correa fue víctima de un proceso de lawfare que incluyó causas judiciales armadas, condenas sin pruebas materiales sólidas y la imposibilidad de presentarse a elecciones. Todo ocurrió bajo el gobierno de Lenín Moreno, quien llegó al poder con un discurso de continuidad pero rápidamente giró hacia un alineamiento pleno con Estados Unidos, restaurando acuerdos militares, entregando información estratégica y revirtiendo políticas soberanas.
La persecución contra Correa no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia regional: neutralizar líderes populares sin necesidad de tanques en la calle, usando tribunales, medios concentrados y presión internacional.
Brasil: Lula, la cárcel y la proscripción política
El caso de Brasil es otro capítulo central del intervencionismo contemporáneo. Luiz Inácio Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores y dos veces presidente, fue encarcelado en 2018 tras un proceso judicial plagado de irregularidades, que luego serían reconocidas incluso por la propia Justicia brasileña.
La causa que llevó a Lula a prisión se construyó sin pruebas directas y tuvo como resultado inmediato su proscripción electoral, allanando el camino para el triunfo de Jair Bolsonaro, un dirigente alineado ideológicamente con Washington y funcional a sus intereses geopolíticos y económicos.
Años más tarde, quedó demostrado que el proceso contra Lula estuvo atravesado por coordinación entre jueces, fiscales y actores externos, incluyendo cooperación informal con agencias estadounidenses. El objetivo fue inequívoco: desarticular un proyecto político autónomo que había fortalecido la integración regional, los BRICS y la independencia económica de Brasil.
Venezuela como objetivo permanente
Venezuela se convirtió en uno de los principales blancos de esta política en el siglo XXI. Desde la llegada de Hugo Chávez y la recuperación del control estatal sobre el petróleo, Estados Unidos desplegó una estrategia de hostigamiento constante: sanciones económicas, intentos de aislamiento diplomático, reconocimiento de autoridades paralelas y amenazas militares explícitas.
En las últimas horas, el gobierno venezolano denunció un hecho de extrema gravedad: el secuestro del presidente Nicolás Maduro en el marco de una operación atribuida a fuerzas estadounidenses. Más allá de la versión que intenta instalar Washington, el episodio fue calificado por Caracas y por diversos actores internacionales como una violación flagrante de la soberanía y un regreso abierto a las prácticas más crudas del intervencionismo.
Milei y el alineamiento sin matices
En este contexto regional, la Argentina atraviesa una etapa de subordinación explícita. Durante el proceso electoral que llevó a Milei al poder, el respaldo político y económico de Estados Unidos fue público y determinante. Señales financieras, gestos diplomáticos y apoyos externos funcionaron como un mensaje claro al sistema local: había un candidato alineado con los intereses de Washington.
Lejos de ocultarlo, Milei celebró ese respaldo y adoptó una política exterior de alineamiento automático, avalando sanciones, intervenciones y acciones que históricamente el peronismo y los movimientos nacionales habían cuestionado. El resultado es una Argentina que renuncia a la autonomía regional y se reubica, sin negociación alguna, dentro del esquema de la Doctrina Monroe.
Una doctrina que nunca fue pasado
A más de doscientos años de su formulación, la Doctrina Monroe sigue viva. Cambió de formas, de discursos y de métodos, pero mantiene intacto su núcleo: América Latina como zona de influencia exclusiva de Estados Unidos. Desde los golpes militares del siglo XX hasta el condicionamiento económico y las operaciones encubiertas del presente, la lógica es la misma.
La historia demuestra que cada vez que un país latinoamericano intentó salirse de ese corset, la respuesta fue la presión, la desestabilización o la violencia. Entender ese recorrido no es un ejercicio académico: es una condición necesaria para defender la soberanía, la democracia real y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.
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Vuelos privados sin declarar, valijas que pasan sin control, contratos millonarios con el Estado y nombres que se repiten en todas las causas sensibles. Una trama que cruza narcotráfico, espionaje, estafas y financiamiento político vuelve a poner en el centro de la escena al entorno de Milei.
Por Tomás Palazzo para NLI
Los aviones privados se convirtieron en el símbolo más explícito de los escándalos de corrupción que rodean al gobierno de Milei. No se trata de hechos aislados ni de simples irregularidades administrativas: detrás hay narcotráfico, lavado de dinero, campañas electorales financiadas por fuera de la ley y vínculos con los servicios de inteligencia, tanto locales como extranjeros.
Uno de los focos más sensibles está en Texas, donde el narco Fred Machado afrontó una audiencia clave ante el juez Bill Davis. En manos del magistrado hay dos celulares, una laptop y cinco pendrives secuestrados al empresario, dueño de una megaestructura de vuelos privados utilizada —según la acusación— para transportar cocaína y lavar dinero. Ese material podría ser explosivo para la política argentina.
Los 38 vuelos de Espert y los dólares que no cierran
Entre los datos que sobrevuelan la causa aparece un nombre conocido: José Luis Espert, exdiputado y primer candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires. Según consta en la investigación, realizó 38 vuelos privados nunca declarados en aviones de Machado durante su campaña electoral y recibió 200.000 dólares cuya justificación es, como mínimo, inverosímil.
Espert sostuvo que el dinero correspondía a trabajos de consultoría para una mina en Guatemala, Minas del Pueblo, una firma que, según la fiscalía, no tenía actividad real y es señalada como posible pantalla para el lavado de dinero. El fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, ya tiene el contenido del celular de Espert y espera informes internacionales que podrían terminar de derrumbar la coartada.
La hipótesis judicial es clara: resulta increíble que alguien se suba casi cuarenta veces a los aviones de un narco sin preguntar nada, reciba préstamos de vehículos blindados y comparta viajes al exterior sin conocer el origen de los fondos.
Texas, el arrepentido y lo que puede salir a la luz
La audiencia en Estados Unidos se realizó bajo un llamativo hermetismo. Para los investigadores, ese silencio indica una posibilidad concreta: Machado podría negociar con la fiscalía y convertirse en arrepentido. De hacerlo, no sólo hablaría de los vuelos y del dinero, sino también de quiénes fueron beneficiarios políticos del esquema.
La acusación en su contra es demoledora: conspiración para fabricar y distribuir cocaína, lavar dinero, cometer fraude, violar normas federales y manipular la registración de aeronaves. Si no colabora, enfrenta una condena similar a la de su socia Debbie Mercer-Edwin, sentenciada a 16 años de prisión.
El presentador: Mastropietro y el 3 por ciento para Karina
En esta trama aparece un personaje clave: Sergio Daniel Mastropietro, quien presentó a Machado con Espert. Mastropietro no es un desconocido: fue accionista de empresas de vuelos privados junto al narco, presidió Avian Líneas Aéreas —continuadora de Macair, la aerolínea de la familia Macri— y aparece en innumerables causas de corrupción.
Hoy está imputado en el expediente de Discapacidad, donde se investiga el robo sistemático de fondos públicos mediante sobreprecios y facturación falsa de vuelos privados, el famoso “3 por ciento para Karina”. En esa causa, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello documentaron maniobras para esconder dinero antes de allanamientos, utilizando justamente empresas aéreas.
Cuando Casanello ordenó secuestrar su celular, Mastropietro protagonizó una escena digna de película: venía de Miami en vuelo privado, desvió el avión a Tucumán y, al llegar a Aeroparque, el celular ya no estaba. Dijo haberlo “perdido”.
Scatturice, valijas, espías y una cancillería paralela
Otro nombre central es el del exagente de inteligencia Leonardo Scatturice, dueño de Royal Class y operador de vuelos privados que ingresaron valijas sin control al país, con apagón de transponder incluido. Scatturice no sólo mueve aviones: también acumula contratos con la SIDE, el Ministerio de Economía, ARCA y Anses, se quedó con Flybondi y ahora con OCA, tras una refinanciación escandalosa de deudas con el Estado.
Scatturice incluso registró en la Argentina una empresa vinculada a la CPAC, la organización ultraderechista que lidera Donald Trump. Desde allí, según se investiga, habría montado algo parecido a una cancillería paralela, actuando como nexo informal entre Milei y sectores del poder estadounidense.
Los aviones de Scatturice también aparecen en la estafa de la criptomoneda Libra. En uno de ellos recorrió el país Hayden Davis, el armador del fraude que tuvo como partícipe indispensable a Milei. El fiscal Domínguez detectó además facturas de Espert a nombre de Mauricio Novelli, el operador que articuló Libra desde la Casa Rosada.
Las piezas empiezan a encajar: aviones privados, vuelos opacos, valijas sin control, narcos, espionaje y negocios con el Estado. Todo bajo un mismo patrón.
Un hilo conductor imposible de disimular
Como expuso el periodista Raúl Kollmann, nada parece casual. Los nombres se repiten, los métodos también. Aviones que despegan sin control, dinero que viaja sin declarar, empresarios que pasan de ser desconocidos a manejar sectores estratégicos y un gobierno que mira para otro lado.
Aviones, vuelos privados, el gobierno de Milei y la corrupción. A veces el hilo es visible. Otras, apenas disimulado. Pero siempre está ahí.
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