TERMINÓ LA 7ma EDICIÓN DEL FAB

Atrás quedaron los locros populares en el Comedor Universitario, servido en bandejitas de plástico y regados con vino suelto. El acuerdo del Frente Cívico con los libertarios cordobeses trajo una nueva estética: un salón recoleto, mesas redondas, manteles, vajilla blanca y vino en botella; un locro premium que expuso la disolución de aquella sociedad «indestructible» entre Luis Juez y Rodrigo de Loredo. 

«Tenemos un acuerdo y un compromiso con La Libertad Avanza que vamos a honrar. Lo que más cuesta en la vida es construir lealtad y confianza y eso es lo que estamos construyendo con dirigentes de La Libertad Avanza, de la UCR y del PRO, porque sabemos que, si queremos terminar con tantos años de peronismo, hay que estar unidos». Así, Juez puso sobre la mesa su nueva sociedad con Gabriel Bornoroni ante decenas de dirigentes de toda la provincia, la misma tropa que lo siguió en innumerables estrategias y alianzas. 

En la mesa principal estaban los nuevos socios: Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, de LLA; Laura Rodríguez Machado, del PRO pero tropa de Patricia Bulllrich; y Soledad Carrizo, la radical que se referencia en Alfredo Cornejo. 

Para que no le queden dudas a los juecistas -quienes en su mayoría llegaron al Frente Cívico desde el peronismo, digirieron el acuerdo con los radicales y el marxismo y ahora se preparan para tragarse la alianza con los libertarios-, Juez dijo: «El acuerdo con los dirigentes de LLA va más allá de una cuestión electoral. Tenemos una misma mirada y hemos actuado con reciprocidad. Hemos brindado respeto, y nos han tratado con respeto».

Ultimatum de Bornoroni a De Loredo: «Tiene tiempo hasta el Mundial para definir si se suma»

Como siempre, Juez dejó abierta una hendija: «Lo único que puede cambiar mi decisión es que no haya voluntad de ganar la provincia», dijo. Pareció una advertencia ante un hipotético acuerdo entre Javier Milei y Martín Llaryora quien podría reclamarle al Presidente una fórmula libertaria pura como método de división de la oposición. 

El acuerdo con los dirigentes de LLA va más allá de una cuestión electoral. Tenemos una misma mirada y hemos actuado con reciprocidad. Hemos brindado respeto, y nos han tratado con respeto.

Luego, Juez volvió a reprocharle a De Loredo por el fracaso de 2023: «Lo dijimos hace 3 años atrás: No se gana la ciudad de Córdoba si se pierde la Provincia». 

También hay un guiño a la negociación que viene; y la posibilidad de un Juez en la boleta libertaria está sobre la mesa de análisis. Como se recordará, el hijo mayor del senador, Martín, es concejal de la ciudad de Córdoba. En este marco, Juez afirmó que habrá competencia con Bornoroni por liderar la boleta, pero no aclaró si esa disputa será electoral, en el marco de una interna, o política, atada a la negociación con Karina. 

Lo que sí prometió a LLA es «lealtad». «Probablemente estamos compitiendo por lo mismo pero tenemos las reglas claras. Si le toca ser a Gabriel lo vamos a acompañar como corresponde. No tengan ninguna duda. Lo vamos a acompañar con lealtad, con trabajo, esfuerzo, sacrificio y la experiencia que el tiempo nos ha dado; y estoy seguro que si fuera al revés recibiríamos lo mismo», dijo Juez.

El blanco será Martín Llaryora, pero con una apuesta diferente a la de Bornoroni: mientras el libertario se enfoca en los impuestos y la extensión del Estado provincial, Juez va por sus banderas históricas: «Todo va a ser muy difícil, pero no imposible. No tanto por lo que nosotros expresamos sino por lo que el peronismo tiene pánico de perder. Viven del Estado haciendo negocios millonarios y la pelea va a ser directamente proporcional a lo que tienen para perder».

.Juez sabe que más temprano que tarde deberá despegarse de las sospechas de corrupción que sacuden a La Libertad Avanza, empezando por Manuel Adorni, pero sin olvidar Libra y las coimas de Spagnuolo, un combo difícil de explicar. Sin embargo, la apuesta juecista es provincializar la elección y hablar de Llaryora: «No vamos a entregar la provincia de nuestros hijos y nietos para que la sigan administrando los mismos corruptos de los últimos 28 años», fue la arenga.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo saber este viernes que el nuevo modelo penal de enjuiciamiento se posterga hasta febrero de 2027. Es el tercer atraso en la implementación de un modelo que ayudaría a reducir la politización de los juzgados federales y que fue la bandera del ex ministro Mariano Cúneo Libarona, que dejó el gobierno sin lograr su instrumentación.

Ahora, Mahiques adujo razones ligadas a los recursos para justificar esta nueva postergación, cuando hace unos días había indicado que no era ese motivo para suspender su inicio. El modelo ya se aplica en doce provincias pero se posterga en el fuero más sensible, porque juzga los casos de corrupción de los funcionarios del gobierno nacional.

Definido por la Constitución de 1994, el acusatorio lleva un retraso de 31 años en su aplicación. Su implementación provoca un cambio total de funciones y de influencias. Los todopoderosos jueces federales pierden su poder de investigar que pasa a los fiscales. Los tiempos eternos de las causas se terminan. Los trámites dejan de ser secretos y cada acto se transparenta en una audiencia pública.

Comodoro Py no tiene ninguna urgencia por cambiar esa realidad. Hoy los jueces de Retiro reciben una denuncia, la pisan años y la usan como herramienta de negociación política. «La saco y en un minuto tengo sentado a un diputado, a un ministro o al jefe de gabinete. La meto en un cajón y consigo que me deban algo», le dice un juez santafesino a LPO.

El gobierno ahora no descarta abrir la negociación de la Corte con Comodoro Py para acordar una «paz judicial» 

Otro tema central que también complica su instrumentación es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que tendrá peso en la definición de quien tomará cada causa.

Un tema central que también complica la instrumentación del sistema acusatorio es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que definirá quien tomará cada causa.

En el acusatorio son los fiscales los que, al controlar las investigaciones, toman el poder de los jueces. Lo que vienen rosqueando entre el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Corte es quién se queda con el rol de fiscal coordinador que define la línea de persecución y la asignación de cargas de trabajo. La interna se disputa entre tres exponentes del Ministerio Público Federal porteño.

Uno es Diego Luciani, fiscal de la causa Vialidad, que terminó en condena contra Cristina Kirchner. El otro es Carlos Stornelli, el fiscal de instrucción de la causa Cuadernos con una historia polémica, como estar en rebeldía en la causa por espionaje ilegal donde fue condenado Marcelo D’Alessio. El tercero es Ramiro González, el que celebró su cumpleaños con una fiesta de lujo en la que cantó Cristian Castro, y en la que estuvieron jueces federales, el operador macrista Daniel Angelici y hasta el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

«La pelea sigue siendo la misma, quién dirige la Procuración y el fiscal responsable. Hasta que ellos no tengan el nombre de quien va a alinear la tropa en Comodoro Py no van a hacer nada», dice un analista y funcionario que tiene su despacho en Retiro.

Coincide con esto Javier Alfie, director Ejecutivo del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). «No hay nada más allá que una lucha de tribus al interior de la Procuración para definir cómo se tramitan causas que involucran corrupción. En esta pelea intervienen mafias judiciales que controlan Comodoro Py por quien se queda con la manija. Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica», le dijo a este medio.

El fiscal que investigó a Cristina por Vialidad suena como coordinador del nuevo modelo acusatorio

En el Inecip indican que van 13 años desde que se aprobó el Código Procesal Penal. Son tres años desde que el gobierno reactivó su implementación en todo el país, que anunció que lo haría en dos años. Y dos años desde que por primera vez se anunció una fecha de entrada en vigencia para Comodoro Py.

Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica.

Es esto, y no la mentada cuestión de recursos no asignados para el cambio, la que llevó a Mahiques a postergar el arranque de un sistema que, sin que se definieran nombramientos especiales, funciona en la mitad de la Argentina. Cuneo Libarona lo hizo dos veces. Debía empezar el 11 de agosto de 2025, lo cambió al 10 de noviembre del mismo año y al llegar esa fecha lo volvió a diferir para el 27 de abril de este año.

El calendario vuelve a estirarse. La Procuración General de la Corte a cargo de Eduardo Casal, que lleva un interinato de ocho años, indica que para cambiar el modelo judicial primero hay que garantizar recursos humanos, tecnológicos y edilicios.

Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema. Es un pretexto.

«Es un pretexto absoluto ese planteo», dice un funcionario desde adentro de la Justicia Federal de Rosario. «Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema». Que rige en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Salta, Corrientes y Bahía Blanca entre otras jurisdicciones.

En ningún lugar tienen resuelto los temas de nombramientos. En Rosario los jueces de garantías que afrontan las audiencias iniciales donde se imputa a un detenido son magistrados de Tribunales Orales que cubren esa función. En Corrientes para los juicios orales actúan un juez de General Roca y otro de Formosa.

Los jueces Ercollini y Martínez di Giorgi.

Los que en la Procuración definen con Casal para ver quién es el ungido como fiscal coordinador son Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanova. Pero nada saldrá sin la anuencia de la Casa Rosada o, por lo menos, una negociación.

En ese rumbo la que está tratando de tender puentes con Comodoro Py es Karina Milei, quien tiene preocupación e interés en que les frenen las causas en contra en camino. Con una gestión que ya atraviesa los últimos dos años la sensibilidad y el poder de presión de los jueces federales se activa. Mahiques y Santiago Viola, como delegados de Karina, van a querer incidir en los nombramientos de fiscal coordinador y fiscal revisor con el fin de suavizar los compromisos judiciales en la Casa Rosada.

Una reunión de Borinsky con Santiago Caputo agitó las versiones de su candidatura a la Corte

La puja por poner el procurador de la Corte que conduce a los fiscales federales también es parte de esta martingala. Los que buscan sentarse en la silla de Casal son los jueces Ariel Lijo y Mariano Borinsky, que también suena como posible candidato a la Corte Suprema.

Hay fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal tenga un pedido de indagatoria sin citar a los implicados durante siete años. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios.

Lo que hace doblarse de ironía a funcionarios judiciales que siguen esta rosca eterna es la preocupación que, tanto en la Procuración como en el ámbito de los jueces federales, alegan por los posibles inconvenientes de la entrada del acusatorio.

«Lo dicen muy serios fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal, por ejemplo, tenga un pedido de indagatoria sin citar durante siete años a los implicados. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios», dice el juez rosarino que habla con LPO.

Esa capacidad política de jugar con los tiempos en el sistema acusatorio se termina. Los fiscales federales investigan desde el inicio, deben llevar de inmediato a audiencia de imputados a breve lapso, que no deciden ellos sino una oficina de gestión judicial. Los jueces solo valoran las pruebas en una sala frente a público que entra sin restricciones.

Los jueces Borinsky y Hornos.

El Inecip consignó en un documento del año pasado que los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja de todo el país. «Solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto. El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal».

Aunque después Comodoro Py le dobló el brazo, el año pasado a esos números Cuneo Libarona se los refregó a los fiscales que pedían prórroga porque no podrían enfrentar delitos complejos sin recursos. Le mandó una carta a Casal diciendo que solo el 3% de las causas que manejan son por delitos relevantes. Por ejemplo, en Comodoro Py las causas por narcocriminalidad representaron en 2024 el 0,84% del total, las de corrupción el 0,51% y las de criminalidad económica el 0,08%.

«Y eso pasa en un fuero en CABA con una cantidad desproporcionada hacia otros distritos en relación a sus recursos humanos», dice Alfie. «Incluso las fiscalías por la cantidad de empleados son incomparables a las jurisdicciones del interior del país».

Intendentes de 200 ciudades del país se movilizaron este martes a las puertas del Ministerio de Economía para entregar un petitorio en el que denunciaron el recorte de fondos y la desinversión en rutas por parte del gobierno de Javier Milei, además de reclamarle a Toto Caputo cambios en el programa económico.

Se trata de una movida convocada por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis a la que se sumó la Federación Argentina de Municipios (FAM) que comanda Fernando Espinoza, por lo que se plegaron intendentes de todo el país.

Un dato relevante fue que en esta movida no solo participaron intendentes del peronismo, también estuvieron alcaldes vecinalistas y una comitiva del Foro de Intendentes radicales.

 Solicitamos un nuevo pacto fiscal que evite la asfixia financiera que hoy sufren las provincias y los municipios como consecuencia de las actuales políticas económicas 

Como contó LPO, entre los planteos centrales estaban retrotraer el precio de la nafta al 1° de marzo y que el Gobierno haga las obras que está obligado por ley a partir de lo que recauda del Impuesto PAIS y el Impuesto a los Combustibles.

«El estado de las rutas nacionales es escandaloso y este gobierno se quedó con 6,1 billones de pesos», denunció Katopodis.

Pero, además de eso, los intendentes apuntaron contra el Gobierno por el derrumbe de la coparticipación que golpea directo en las arcas municipales que, a la vez, ya sufren en muchos casos una reducción de la cobrabilidad de tasas frente a la recesión generalizada.

Por eso, le reclamaron a Caputo modificaciones al programa económico, que-denunciaron- «está generando desocupación y caída del ingreso y del consumo».

«Solicitamos un nuevo pacto fiscal que evite la asfixia financiera que hoy sufren las provincias y los municipios como consecuencia de las actuales políticas económicas», dijo el intendente de La Plata, Julio Alak.

Intendentes se movilizan a la puerta de Economía para reclamar a Caputo los fondos para rutas

En tanto, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, sostuvo: «Pedimos retrotraer el precio de los combustibles, retomar obras paralizadas por Nación y frenar el recorte de fondos a provincias y municipios».

Más tarde, varios intendentes se dirigieron a la sede de la FAM, donde se reunieron con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela.

«Mientras crecen las necesidades de la inmensa mayoría, el Gobierno nacional se desentiende de sus obligaciones, frena obras, incumple la Constitución y desfinancia programas en todas las áreas», acusó Kicillof para reforzar la polarización con Milei.