La Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Regina llevó adelante trabajos de restauración ‘en el Monumento a Ceferino Namuncurá’ y embellecimiento en el sector de calle General Paz entre Córdoba y Manzanos.
Las tareas forman parte del plan integral de recuperación de espacios verdes que la actual gestión realiza en distintos barrios y sectores de la ciudad y que comprenden limpieza total y pintado del lugar.
Mientras crecen las preguntas sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y avanzan expedientes sensibles para el oficialismo, el juez Ariel Lijo compartirá una misión oficial con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos integrarán la delegación argentina que defenderá ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La coincidencia genera ruido político y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y los tribunales federales.
Por Roque Pérez para NLI
La política argentina suele regalar imágenes difíciles de explicar. Y una de ellas comenzará a tomar forma la próxima semana, cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo compartan una misión oficial en París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances de la Argentina en materia de prevención del lavado de dinero.
En términos formales, se trata de una actividad institucional vinculada a una política de Estado. Sin embargo, la presencia de Lijo en la misma comitiva que el principal funcionario judicial del Gobierno adquiere otra dimensión política porque el magistrado tiene bajo su órbita algunas de las investigaciones más sensibles para la administración de Milei, entre ellas el expediente vinculado a la situación patrimonial de Manuel Adorni.
La delegación viajará entre el 15 y el 19 de junio y también estará integrada por el juez Sebastián Casanello, autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionarios del Banco Central, ARCA y especialistas en materia antilavado. El objetivo será presentar ante el organismo internacional los avances realizados por la Argentina dentro del régimen de seguimiento intensificado que enfrenta desde la evaluación de 2024.
Un viaje técnico en medio de una tormenta política
El problema para el Gobierno no es el viaje en sí, sino el contexto. La noticia se conoce en momentos en que la administración libertaria atraviesa semanas incómodas por los cuestionamientos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, las investigaciones judiciales abiertas y las disputas internas entre distintos sectores de poder que orbitan alrededor de la Casa Rosada.
Según trascendió, dentro del propio universo político y judicial la coincidencia despertó suspicacias. No sólo porque Lijo conserva una enorme influencia dentro de Comodoro Py, sino porque el magistrado quedó asociado en los últimos años a distintos sectores de poder que mantienen tensiones con figuras centrales del oficialismo.
Desde el entorno de la misión oficial rechazaron cualquier lectura política y sostuvieron que se trata de una actividad habitual en la que jueces y funcionarios presentan información técnica sobre investigaciones vinculadas al lavado de activos. También remarcaron que este tipo de exposiciones ya se realizaron en años anteriores con otros magistrados y fiscales.
El GAFI, las inversiones y la necesidad de mostrar resultados
Más allá de las controversias locales, el viaje tiene importancia estratégica para el Gobierno. El GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posición de la Argentina dentro de ese sistema influye directamente en su reputación financiera internacional y en la capacidad para atraer inversiones.
La administración de Milei necesita exhibir avances concretos luego de que el país quedara sometido a un esquema de seguimiento reforzado. Durante los próximos años deberá demostrar mejoras sustanciales en los mecanismos de control, investigación y sanción de delitos económicos complejos.
Por esa razón, el Gobierno busca presentar una imagen de coordinación entre organismos judiciales, financieros y administrativos. El problema es que la foto que pretende transmitir fortaleza institucional puede terminar generando exactamente el efecto contrario cuando uno de los protagonistas del viaje es el juez que investiga asuntos delicados para el propio oficialismo.
La escena resume una de las contradicciones más persistentes de la política argentina: mientras el discurso oficial reivindica la independencia de los poderes del Estado, las coincidencias entre funcionarios y magistrados siguen alimentando sospechas. Y cuando esas coincidencias involucran a un juez que tiene expedientes sensibles sobre la mesa, la discusión deja de ser únicamente técnica para convertirse inevitablemente en un problema político.
El Intendente Marcelo Orazi participó de la actividad en la que se hizo entrega de un presente a los voluntarios y las voluntarias de seguimiento de contactos estrechos de pacientes de COVID-19, en reconocimiento al trabajo realizado. También estuvieron presentes el Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler y el Ministro de Desarrollo Humano y…
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La crisis financiera de Granja Tres Arroyos ya suma varios meses y ahora derivó en el cierre por tiempo indeterminado de la planta La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La empresa venía atravesando problemas graves, como anticipó LPO, y terminó pagando salarios cuotas. Los últimos acuerdos con los trabajadores preveían 10 cuotas para completar la quincena.
Joaquín de Grazia es el dueño de Granja Tres Arroyos y una de las espadas empresarias que defiende el modelo de Javier Milei y fue un acérrimo defensor de la reforma laboral que impulsó en gobierno y que está frenada en la justicia.
El grupo avícola le atribuyó la decisión de cerrar la fábrica a los «continuos conflictos sindicales» y a medidas de fuerza que, según denunciaron, paralizaron la operación y rompieron la cadena productiva de la región.
Sin embargo, la compañía venía arrastrando desde hacía meses una fuerte crisis financiera que afectó a todas sus plantas, con deudas a proveedores, criadores de pollos y trabajadores. La situación llegó a un punto crítico cuando las quincenas comenzaron a pagarse primero en dos cuotas, luego en cinco y finalmente en 10 veces y con incumplimientos permanentes en los cronogramas acordados.
«Se pactaba una fecha de pago y cuando llegaba el día la plata no aparecía», contó un trabajador del grupo que habló con LPO. La crisis también obligó a reducir jornadas laborales en distintas plantas de manera rotativa y los días que estaban parados, esa jornada se pagaba al 60% del convenio.
La crisis también obligó a reducir jornadas laborales en distintas plantas de manera rotativa y los días que estaban parados, esa jornada se pagaba al 60% del convenio.
El deterioro financiero de Tres Arroyos arrastró también a las plantas de la ex Cresta Roja que integran el grupo. La empresa ya había cerrado y desmantelado la Planta 1 de Ezeiza para concentrar toda la producción en Esteban Echeverría.
Cresta Roja llegó a tener unos 3500 trabajadores cuando comenzó su crisis en 2015. Hoy, en toda la cadena productiva que incluye producción de huevos, incubación, granjas de cría, molinos y frigoríficos, no llegan a 800 empleados.
%uD83D%uDD34 | Corte en Entre Ríos por conflicto en Granja Tres Arroyos.Trabajadores de la planta La China, en Concepción del Uruguay, tomaron el acceso al Monumento a Urquiza tras el cierre temporal de la empresa y atrasos en salarios. Crece la incertidumbre por los puestos en juego. pic.twitter.com/pQ2c5qE9bp
En el sector atribuyen buena parte de la crisis a la apertura de importaciones de pollo brasileño, que golpeó con fuerza el mercado interno en un contexto de caída del consumo y pérdida de competitividad para la industria local, como adelantó LPO.
A eso se sumaron las restricciones para exportar a principios de año por los problemas derivados por un brote de gripe aviar, que afectó a la producción destinada al mercado internacional. Ahora, el tema sanitario está resuelto, pero continúa el problema financiero que generó, dijeron a LPO fuentes que conocen bien la estructura productiva del grupo.
En el sector atribuyen buena parte de la crisis a la apertura de importaciones de pollo brasileño, que golpeó con fuerza el mercado interno en un contexto de caída del consumo y pérdida de competitividad para la industria local
En el comunicado difundido este miércoles, la empresa admitió además atravesar una «delicada situación financiera» producto de la caída exportadora, la pérdida de competitividad y el deterioro económico del sector.
En el comunicado, la empresa sostuvo que debió ingresar en un proceso preventivo de crisis, implementar retiros voluntarios y afrontar pagos salariales «de manera escalonada y en cuotas».
De todos modos, la compañía responsabilizó principalmente al gremio por el cierre de la planta de Concepción del Uruguay y denunció «paros constantes», «trabajo a desgano», ausentismo y situaciones de bloqueo contra empleados que querían continuar trabajando.
«Luego de agotar todas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado», señaló la firma.
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