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TAMBALEAN PERO NO SUCUMBEN

Año tras año la educación pública va resquebrajándose en sus cimientos; gobierno tras gobierno se la amedrenta y ametralla en nuestro país de manera sucesiva hace más de dos décadas. Golpes de knock out contundentes. Sin embargo quienes la sostienen tambalean pero no sucumben, siguen pensando y trabajando desde abajo, justamente desde donde se sientan las bases de una Nación, de una sociedad, de una familia. Evolución latente, no transparente.

Hombro con hombro. Espalda con espalda. No solo porque es su fuente de trabajo, sino también, porque de su trabajo dependen las posibilidades de millones de pibas y pibes en todo el país. Su familia y su otra familia.

Se machaca sobre el rol del docente como formador y educador incesantemente, aunque sean pilares en el crecimiento de cualquier sociedad. Son subvalorados, desprotegidos y vapuleados por el Estado y parte de la sociedad en corte transversal. Son el foco y a la vez el chivo expiatorio del problema. Hoy las redes se llenan de saludos con frases halagadoras, pero mañana se vuelven a teñir de repudio ante la protesta de un salario justo.

Los educadores son quienes emplean la magia de hacer olvidar a esas cabecitas intrépidas que tienen la panza vacía. Son bomberos trabajando en la oscuridad buscando un haz de luz que los guie en el complejo oficio de hacer pensar a un pibx, que además tiene el estómago hablándole como un estertor a su propia conciencia.

La escuela sin ser una institución social especializada en funciones como la atención de situaciones problemáticas familiares, laborales y de salud (que representan las causas más frecuentes de deserción), están ligados directamente al ejercicio de esta tutela comunitaria. Nula de reconocimientos tales, y aunque exentos de esa responsabilidad, comprometidos a realizarla. La cruda realidad que vivimos y su coyuntura descoloca todo, incluso el espíritu de desarrollo de la escuela pública.

Las problemáticas cotidianas actuales atraviesan las vivencias de todos los protagonistas: Es una obligación respetar, articular y expandir la Educación Sexual Integral, retransformar la disfuncionalidad de las pautas de evaluación entender la heterogeinedad como precursora y también poner en plano las pésimas condiciones edilicias en las que el Estado pretende que se trabaje.

Ni hablar de la pérdida constante del valor de los salarios, y menos de la situación límite que, por ejemplo, viven los docentes de Chubut.

Cualquier óptica sociopolítica apática que no asimile este contexto socioeconómico que sufre el pueblo no tiene lugar para discutir los problemas reales que afectan a la vida cotidiana de los trabajadores, ni el hambre, ni la ausencia de posibilidades para las personas que este sistema excluye abiertamente, ni la falta de oportunidades para los jóvenes, ni la situación álgida a la que sometieron a los jubilados y de todos los que sufren por el abandono consciente de las funciones sociales de un Estado cínico y atropellador.

Hoy el 48% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre según un estudio de UNICEF que mide la pobreza multidimensional. De ese 48%, 20 puntos porcentuales corresponden a privaciones “severas” como vivir en una zona inundable y cerca de un basural o no haber ido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años. 6,3 millones de niñas y niños que ven vulnerado el ejercicio efectivo de sus derechos: educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y un hábitat seguro.

Los estudiantes llegan al establecimiento sobrecargados de situaciones altamente complejas y encuentran en la escuela un lugar donde generan vínculos afectivos tendientes a dar atención, afectos, contención, comprensión  y estimulación positiva de su autoestima. Pero esa es una realidad, que si nunca pisaste una pública, no vas a entender.

En este sentido, esa atención y relación vincular que pueden generar con los docentes se sobrepone al conocimiento académico, sin embargo tal vínculo afectivo no puede reducir el compromiso ético, la responsabilidad por enseñar. Quien limite el trabajo docente al solo hecho de transmitir conocimientos no tuvo el orgullo de “caer” en una escuela pública.

El educador y en consecuencia la escuela, es quien amenaza al poder de quienes se educaron con jersey ajustados con escudos chetos en sus bolsillos de pecho de paloma. Amenaza porque su oficio es transformador, revelador, generador de consciencia y cuestionador de cualquier poder.

Tambalean, pero nunca sucumben.

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    En silencio, se publicó la Resolución que lleva al Ministerio de Seguridad a convertirse en «El Gran Hermano»

     

    Bajo el lenguaje técnico de la “interoperabilidad”, el Ministerio de Seguridad habilitó el acceso automático y en tiempo real a bases de datos sensibles. Sin debate público ni control parlamentario, la Resolución 1404/2025 profundiza una lógica de vigilancia permanente que concentra poder y erosiona garantías.

    Por Roque Pérez para NLI

    El backend del control

    La Resolución 1404/2025, firmada por el Ministerio de Seguridad Nacional y publicada hoy en el Boletín Oficial, no crea una nueva base de datos ni anuncia cámaras adicionales. Hace algo más eficaz: automatiza y normaliza el acceso de las fuerzas federales al SIFCOP mediante APIs y servicios web, integrándolo a sus sistemas internos en tiempo real. En términos políticos, reduce fricciones para mirar y acelera la capacidad de actuar.

    El SIFCOP reúne pedidos de captura, prohibiciones de salida del país, búsquedas de personas, secuestros vehiculares y datos sobre documentos y armas. Hasta ahora, ese acceso exigía pasos y tiempos. Desde ahora, la consulta puede ser constante, silenciosa y transversal, sin que el ciudadano sepa cuándo ni por qué fue consultado.

    De la excepción a la rutina

    El problema no está solo en qué datos existen, sino en cómo se usan. La resolución convierte lo excepcional en cotidiano: consultas automáticas, cruces en segundo plano, alertas internas. La vigilancia deja de ser un acto puntual para convertirse en una función permanente del sistema. Así, el control se vuelve burocrático, técnico y difícil de impugnar.

    Aunque el texto prohíbe usos ajenos a la seguridad pública y promete auditorías, la experiencia argentina demuestra que la trazabilidad no siempre implica sanción. Más usuarios, más credenciales y más integraciones significan más superficie de riesgo para filtraciones, abusos o “carpetazos” sin firma.

    Sin contrapesos democráticos

    Nada de esto pasó por el Congreso. No hubo debate público ni evaluación de impacto en derechos. La norma concentra poder informacional en la cartera de Seguridad, que decide quién accede, cómo y con qué límites, y además se reserva la facultad de dictar actos complementarios. El control judicial queda relegado a ver resultados (detenciones, procedimientos), no el uso cotidiano de los datos.

    En términos institucionales, la resolución ensancha la discrecionalidad de las fuerzas federales y profundiza asimetrías con provincias y CABA, que dependen del acceso autorizado a un backend centralizado.

    El Gran Hermano del siglo XXI

    No es el ojo visible de la pantalla gigante. Es el Gran Hermano del backend: legal, eficiente, permanente. Como en 1984, el control no necesita mostrarse; alcanza con que funcione todo el tiempo. La certeza de que el Estado puede mirar, cruzar y actuar en tiempo real disciplina conductas y desplaza derechos, sin necesidad de anuncios grandilocuentes.

    La Resolución 1404/2025 no es ilegal ni improvisada. Es peor: es prolija, técnica y silenciosa. Y en ese silencio administrativo se consolida una forma de vigilancia que avanza sin votos, sin debate y sin límites claros.

     

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