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TAMBALEAN PERO NO SUCUMBEN

Año tras año la educación pública va resquebrajándose en sus cimientos; gobierno tras gobierno se la amedrenta y ametralla en nuestro país de manera sucesiva hace más de dos décadas. Golpes de knock out contundentes. Sin embargo quienes la sostienen tambalean pero no sucumben, siguen pensando y trabajando desde abajo, justamente desde donde se sientan las bases de una Nación, de una sociedad, de una familia. Evolución latente, no transparente.

Hombro con hombro. Espalda con espalda. No solo porque es su fuente de trabajo, sino también, porque de su trabajo dependen las posibilidades de millones de pibas y pibes en todo el país. Su familia y su otra familia.

Se machaca sobre el rol del docente como formador y educador incesantemente, aunque sean pilares en el crecimiento de cualquier sociedad. Son subvalorados, desprotegidos y vapuleados por el Estado y parte de la sociedad en corte transversal. Son el foco y a la vez el chivo expiatorio del problema. Hoy las redes se llenan de saludos con frases halagadoras, pero mañana se vuelven a teñir de repudio ante la protesta de un salario justo.

Los educadores son quienes emplean la magia de hacer olvidar a esas cabecitas intrépidas que tienen la panza vacía. Son bomberos trabajando en la oscuridad buscando un haz de luz que los guie en el complejo oficio de hacer pensar a un pibx, que además tiene el estómago hablándole como un estertor a su propia conciencia.

La escuela sin ser una institución social especializada en funciones como la atención de situaciones problemáticas familiares, laborales y de salud (que representan las causas más frecuentes de deserción), están ligados directamente al ejercicio de esta tutela comunitaria. Nula de reconocimientos tales, y aunque exentos de esa responsabilidad, comprometidos a realizarla. La cruda realidad que vivimos y su coyuntura descoloca todo, incluso el espíritu de desarrollo de la escuela pública.

Las problemáticas cotidianas actuales atraviesan las vivencias de todos los protagonistas: Es una obligación respetar, articular y expandir la Educación Sexual Integral, retransformar la disfuncionalidad de las pautas de evaluación entender la heterogeinedad como precursora y también poner en plano las pésimas condiciones edilicias en las que el Estado pretende que se trabaje.

Ni hablar de la pérdida constante del valor de los salarios, y menos de la situación límite que, por ejemplo, viven los docentes de Chubut.

Cualquier óptica sociopolítica apática que no asimile este contexto socioeconómico que sufre el pueblo no tiene lugar para discutir los problemas reales que afectan a la vida cotidiana de los trabajadores, ni el hambre, ni la ausencia de posibilidades para las personas que este sistema excluye abiertamente, ni la falta de oportunidades para los jóvenes, ni la situación álgida a la que sometieron a los jubilados y de todos los que sufren por el abandono consciente de las funciones sociales de un Estado cínico y atropellador.

Hoy el 48% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre según un estudio de UNICEF que mide la pobreza multidimensional. De ese 48%, 20 puntos porcentuales corresponden a privaciones “severas” como vivir en una zona inundable y cerca de un basural o no haber ido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años. 6,3 millones de niñas y niños que ven vulnerado el ejercicio efectivo de sus derechos: educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y un hábitat seguro.

Los estudiantes llegan al establecimiento sobrecargados de situaciones altamente complejas y encuentran en la escuela un lugar donde generan vínculos afectivos tendientes a dar atención, afectos, contención, comprensión  y estimulación positiva de su autoestima. Pero esa es una realidad, que si nunca pisaste una pública, no vas a entender.

En este sentido, esa atención y relación vincular que pueden generar con los docentes se sobrepone al conocimiento académico, sin embargo tal vínculo afectivo no puede reducir el compromiso ético, la responsabilidad por enseñar. Quien limite el trabajo docente al solo hecho de transmitir conocimientos no tuvo el orgullo de “caer” en una escuela pública.

El educador y en consecuencia la escuela, es quien amenaza al poder de quienes se educaron con jersey ajustados con escudos chetos en sus bolsillos de pecho de paloma. Amenaza porque su oficio es transformador, revelador, generador de consciencia y cuestionador de cualquier poder.

Tambalean, pero nunca sucumben.

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    El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.

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    El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.

    La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.

    Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.

    De la protesta social al control de conductas

    Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.

    Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.

    No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.

    Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.

    Bases de datos, vigilancia y centralización

    Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.

    En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.

    El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.

    La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.

    El orden como narrativa de gobierno

    Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.

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    Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.

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