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Tacos altos: educación femenina, salud y moral en un entorno eugenista durante la dictadura de Farrell en Argentina

 

En enero de 1945, mientras la Segunda Guerra Mundial entraba en su tramo final y el régimen de Edelmiro Farrell todavía no había declarado la guerra a Alemania y Japón, el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública enviaba a las escuelas argentinas una circular que recomendaba a las alumnas utilizar zapatos con tacos de no más de cuatro centímetros. Detrás de una medida aparentemente trivial había un extenso expediente médico y administrativo sobre el cuerpo femenino: anatomía, postura, maternidad, trabajo, disciplina, moral y hasta la idea de “mejoramiento de la raza”. La historia de aquellos cuatro centímetros permite asomarse a una época en la que el Estado pretendía conocer, clasificar y modelar los cuerpos juveniles en nombre de la ciencia y de la nación.

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI

Hay documentos que, vistos desde el presente, parecen demasiado pequeños para contener una época. Una disposición sobre el largo de un taco puede parecer uno de ellos. Sin embargo, cuando se la lee completa, cuando se reconstruyen los funcionarios que participaron de su elaboración y cuando se la coloca dentro del universo intelectual de la educación física argentina de los años treinta y cuarenta, aquellos cuatro centímetros adquieren otra dimensión. El 29 de enero de 1945, la Dirección General de Educación Física remitió a los establecimientos de enseñanza para mujeres la Circular N.º 3, firmada por su director, César S. Vásquez, transcribiendo las actuaciones que habían conducido a la Resolución Ministerial N.º 1980, del 21 de diciembre de 1944. La resolución no prohibía legalmente los tacos altos para todas las mujeres: recomendaba a las escuelas que aconsejaran a sus alumnas utilizar calzado cuyo taco no excediera los cuatro centímetros, por considerarlo beneficioso “desde el punto de vista higiénico y sanitario”.

La diferencia no es menor. El Estado no dictaba una ley nacional sobre la moda femenina. Construía algo más sutil: una recomendación administrativa dirigida a las instituciones educativas, acompañada por un voluminoso expediente médico destinado a persuadir a autoridades, familias y alumnas de que determinado modo de utilizar el cuerpo era saludable y otro resultaba perjudicial. Y ese expediente había comenzado varios meses antes, el 19 de julio de 1944, cuando la Dirección General de Educación Física decidió consultar a su Servicio Médico sobre los efectos del taco alto en las estudiantes.

Un médico frente al cuerpo femenino

El encargado de responder fue el doctor Luis La Madrid, jefe del Servicio Médico de la Dirección General de Educación Física, quien elaboró su informe con la colaboración de los médicos David Orlando y Domingo Ortiz. La Madrid no era un profesional convocado ocasionalmente para resolver una cuestión de calzado. Para entonces llevaba varios años trabajando en la medicalización de la educación física y había participado de la Primera Conferencia de Profesores de Educación Física, realizada en Buenos Aires en diciembre de 1942. Allí había presentado un trabajo sobre la importancia del examen físico y había intervenido en una sección donde se discutieron precisamente las fichas, los tests, las mediciones y la clasificación corporal. Un estudio histórico de Pablo Ariel Scharagrodsky sobre la Primera Conferencia de Profesores de Educación Física de 1942 reconstruye el universo de saberes que atravesaba aquel campo y registra la presencia de conceptos como la antropometría, la biotipología, la degeneración, la clasificación entre ‘aptos’ e ‘inaptos’, los llamados paramorfismos y el examen físico-funcional.

El propio programa aprobado en aquella conferencia resulta revelador. Se sostuvo que el examen físico debía constituir una guía para orientar científicamente la práctica de las actividades físicas, que debía ser obligatorio para quienes practicaran actividad física en instituciones oficiales o particulares y que los alumnos debían agruparse para gimnasia y deportes sobre la base de “características biológicas homogéneas”. También se reclamó que el médico vigilara la evolución de los practicantes y que la ficha de educación física expresara sintéticamente su estado de salud y aptitud integral.

No se trataba, por lo tanto, simplemente de hacer que los jóvenes corrieran o hicieran gimnasia. Se estaba construyendo una ciencia estatal del cuerpo juvenil. Había que examinarlo, medirlo, clasificarlo, conocer sus defectos, determinar sus aptitudes y establecer qué ejercicios convenían a cada organismo. Una investigación dedicada específicamente a la recepción de la eugenesia y la biotipología en la educación física argentina ha señalado que esas prácticas produjeron procesos de “medición, clasificación y jerarquización” de los estudiantes, y que durante el período estudiado existieron conexiones entre esas ideas y las políticas impulsadas por César Vásquez al frente de la Dirección General de Educación Física.

Es dentro de ese mundo donde debe leerse el informe de La Madrid sobre los tacos.

El médico comienza explicando minuciosamente la anatomía del pie, la función del astrágalo, las bóvedas plantares y la distribución del peso corporal. Incluso ofrece un cálculo: sobre una carga de 80 kilogramos aplicada sobre el astrágalo, sostiene que aproximadamente 45 kilos son dirigidos hacia atrás y 35 hacia adelante. Una elevación moderada del talón, explica, puede contribuir al equilibrio, y por eso admite que un taco de uno o dos centímetros puede resultar adecuado. El problema aparecería cuando la elevación es mayor.

Según su razonamiento, el taco alto produce el denominado “equinismo”, desplaza hacia adelante la mayor parte de las fuerzas y concentra el peso sobre las cabezas de los metatarsianos. De allí se desencadenaría el aplanamiento de la bóveda plantar y una serie de compensaciones sucesivas que alcanzarían la rodilla, la pelvis y la columna. El informe habla de lordosis lumbar, cifosis dorsal, hipotonía muscular, alteraciones de la marcha, fatiga, torceduras, fracturas, artrosis y deformaciones.

La cadena llega incluso al abdomen. La Madrid sostiene que la inclinación de la pelvis puede producir una alteración que denomina “visceroptosis”, porque las vísceras abdominales quedarían sometidas a nuevas condiciones mecánicas. En el pie, mientras tanto, aparecen la hiperqueratosis, los dolores metatarso-digitales y el “hallux valgus”, el juanete.

Todo esto desemboca en una conclusión categórica: “Las alteraciones funcionales y orgánicas que se originan por el uso habitual del taco alto, obligan a considerarlo pernicioso para la salud y peligroso para la integridad física”. Pero la frase más significativa llega después: dado que los huesos y ligamentos del adolescente poseen menor solidez que los del adulto, el taco alto debía ser, para las alumnas de enseñanza media, “definitivamente proscripto”. La Madrid recomendaba punta ancha, suela mediana o gruesa y taco de entre tres y cuatro centímetros.

La cuestión médica, sin embargo, no terminaba en la medicina.

Del consultorio a la disciplina y la moral

El expediente pasó por distintas instancias de la burocracia educativa. El subsecretario de Instrucción Pública Antonio J. Benítez pidió considerar la posibilidad de establecer el límite de cuatro centímetros. La Inspección General de Enseñanza intervino después y allí aparece otro protagonista: el inspector doctor José A. Belfiore.

Belfiore no era un funcionario menor. La documentación ministerial lo muestra participando en distintas tareas de la Inspección General: integró comisiones oficiales, intervino en concursos y actuaciones sobre establecimientos educativos y tuvo funciones de inspección territorial. En 1944, además, aparece vinculado a la evaluación de materiales audiovisuales destinados a la enseñanza, incluidos contenidos de carácter sanitario. La documentación posterior confirma su continuidad como inspector, entre otros destinos, en el Colegio Nacional N.º 6.

Su intervención en el expediente resulta decisiva porque agrega una dimensión que el informe médico no había colocado en primer plano. Belfiore sostuvo que la medida no sólo podía adoptarse sino que sería “altamente beneficiosa” y agregó que, a las razones técnicas expuestas por La Madrid, correspondía sumar “las de orden disciplinario y moral”.

La frase es pequeña, pero históricamente enorme.

Belfiore comparó la recomendación sobre los zapatos con las disposiciones existentes sobre “el uso del guardapolvo, sobre peinados y pinturas”. De ese modo, el taco alto quedó incorporado a un universo mucho más amplio: el de las normas destinadas a determinar cómo debía presentarse una alumna dentro de la institución escolar.

El expediente muestra así dos lenguajes complementarios. La medicina decía qué cuerpo era saludable; la inspección educativa intervenía para establecer qué comportamiento era disciplinado y moralmente aceptable. La resolución ministerial podía entonces presentarse como una recomendación sanitaria, pero detrás de ella había también una concepción de la apariencia femenina adecuada para la escuela.

La Inspección General, de hecho, fue todavía más prudente que La Madrid. El 11 de septiembre de 1944 recomendó aprobar la iniciativa, pero sugirió que las autoridades escolares procuraran persuadir “a los padres o tutores de la conveniencia” del calzado recomendado. Finalmente, el ministro Rómulo Etcheverry Boneo convirtió aquella cadena de informes en la Resolución N.º 1980, del 21 de diciembre, que ordenó recomendar el taco de hasta cuatro centímetros y enviar una circular a los establecimientos para mujeres.

No hubo una policía de los tacos. Hubo algo mucho más característico de la administración educativa de aquel tiempo: medicina, inspección, autoridad escolar y familia articuladas para producir una determinada conducta corporal.

El cuerpo en tiempos de guerra

El contexto histórico vuelve el expediente todavía más significativo.

La Circular N.º 3 llegó a las escuelas el 29 de enero de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial todavía estaba en curso y la Alemania nazi aún resistía. Edelmiro Farrell ejercía la Presidencia de facto desde febrero de 1944, luego del desplazamiento de Pedro Pablo Ramírez. El gobierno argentino recién declararía el estado de guerra con Alemania y Japón el 27 de marzo de 1945, dos meses después de aquella circular. La propia Presidencia de la Nación registra el carácter de facto del gobierno de Farrell entre febrero de 1944 y junio de 1946.

No existe presunción documental de que la decisión sobre el calzado hubiera sido tomada por influencia directa de las políticas raciales alemanas entonces vigentes. La relación que puede establecerse es otra, más compleja y más interesante: la medida forma parte de un ambiente intelectual argentino en el que la medicina, la educación física, la higiene y la biotipología habían convertido al cuerpo en objeto de conocimiento, clasificación y administración estatal.

Una investigación histórica sobre el Departamento de Cultura Física de Pablo Kopelovich mostró que durante las décadas anteriores se habían incorporado y resignificado en Argentina conceptos provenientes de la eugenesia y la biotipología, produciendo prácticas de medición y clasificación de los estudiantes. Ese trabajo señala además que las políticas impulsadas por César Vásquez a nivel nacional compartieron parte de aquel universo de preocupaciones sobre el fortalecimiento físico y moral de la juventud.

En la mencionada Primera Conferencia de Profesores de Educación Física de 1942, Guillermo L. Canessa, secretario general de la misma, propuso personalmente una ponencia que reclamaba investigar el desarrollo físico y psíquico de los niños argentinos para conocer su ‘tipo medio normal’ y ‘propender al mejoramiento de la raza’. En la misma conferencia, cuya declaración de principios fue presentada por Canessa, la Educación Física era definida expresamente como de carácter ‘eugénico’.

En aquellos años, mientras el nazismo llevaba al extremo criminal las políticas de selección racial, esterilización, exclusión y exterminio, en diferentes países circulaban conceptos médicos que hablaban de normalidad, degeneración, aptitud, herencia, higiene racial, biotipos y mejoramiento de las poblaciones. La Argentina tenía una historia propia de eugenesia y biotipología anterior al nazismo y que sobrevivió a gobiernos de distintas orientaciones políticas. La dictadura de Farrell comenzó en febrero de 1944, pero la educación física argentina ya había incorporado discursos de este tipo durante las décadas anteriores. El Departamento de Cultura Física de la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, funcionó entre 1929 y 1946, atravesando gobiernos radicales, conservadores, la llamada Década Infame, el golpe de 1943 y los primeros años del peronismo.

El estudio de Pablo Kopelovich sobre ese Departamento justamente muestra cómo eugenesia y biotipología fueron incorporadas a la cultura física universitaria durante un período político mucho más amplio que un solo gobierno.

Lo que sí puede observarse es una inquietante coincidencia de época: el cuerpo había dejado de ser exclusivamente un asunto privado.

El eugenismo, nacido a fines del siglo XIX a partir de las ideas del británico Francis Galton, proponía intervenir sobre la reproducción y las condiciones de vida de las poblaciones con el propósito de favorecer determinados rasgos considerados deseables y evitar aquellos juzgados como perjudiciales. En la Argentina, estas ideas comenzaron a adquirir presencia desde las primeras décadas del siglo XX y se entrelazaron con tradiciones locales como el higienismo, la medicina social, la antropometría y la biotipología, ingresando en ámbitos tan diversos como la medicina, la educación, la criminología y la educación física. No se trató de una simple importación de las doctrinas raciales del nazismo: existió un desarrollo argentino propio, anterior al ascenso de Hitler y atravesado por gobiernos de distintas orientaciones políticas, en el que conceptos como “normalidad”, “aptitud”, “degeneración”, clasificación de los cuerpos y mejoramiento de la población adquirieron legitimidad científica. En ese universo intelectual debe leerse la documentación que, pocos años después, llevaría a las autoridades educativas a intervenir incluso sobre la altura de los tacos utilizados por las alumnas.

La mujer que debía ser sana, fuerte y funcional

Hay otra pieza documental de La Madrid que resulta imprescindible para comprender el expediente. En abril de 1944, nueve meses antes de la circular sobre los tacos, el Boletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública publicó un artículo suyo titulado “La educación física y la mujer”. Allí aparece expresamente como jefe del Servicio Médico.

El artículo permite comprobar que su concepción del cuerpo femenino era mucho más amplia que una preocupación por los pies. La Madrid sostenía que la mujer necesitaba un “cuerpo fuerte y sano” y vinculaba esa salud tanto con su capacidad de trabajo como con su función reproductiva. La educación física aparecía así conectada con la maternidad, la fortaleza, la armonía corporal y la capacidad funcional.

El contraste con el expediente del taco resulta evidente. La Madrid podía admitir que el taco alto contribuía a aquello que la época denominaba “gracia femenina”. En el informe de 1944 reconoce expresamente que estiliza la pierna, el tobillo y el pie y que produce una cadencia particular en la marcha. Pero para él esa ventaja estética debía ceder frente a la salud. La estética verdadera, sostiene, debía encontrarse en la integridad del organismo.

La Madrid escribía desde una época en la que el cuerpo femenino era pensado simultáneamente como cuerpo individual, cuerpo productivo y cuerpo reproductivo. No es casual que la educación física apareciera como herramienta para fortalecerlo y disciplinarlo.

Y tampoco es casual que el zapato terminara en el expediente.

El taco modificaba la postura. La postura modificaba la marcha. La marcha afectaba el rendimiento. El rendimiento se relacionaba con el trabajo. La pelvis se vinculaba con la maternidad. La apariencia quedaba sometida a la disciplina escolar. Y la disciplina, finalmente, era presentada como parte de la formación de una juventud sana y moral.

La cadena es reveladora. Un simple zapato podía convertirse, dentro de aquella lógica, en una cuestión de salud pública y formación nacional.

La Dirección General de Educación Física había sido creada en 1938 y permaneció bajo la conducción de César Vásquez hasta 1947. Investigaciones recientes caracterizan su gestión por un fuerte conservadurismo y por la utilización de la educación física como instrumento de formación moral, ética y nacionalista. Incluso las grandes fiestas de educación física organizadas durante aquellos años fueron concebidas como rituales patrióticos donde el cuerpo, la disciplina y los valores nacionales aparecían estrechamente asociados. Por eso, aquellos cuatro centímetros no fueron una extravagancia burocrática aislada. Fueron una pequeña manifestación de una política mucho más amplia: la voluntad de construir un determinado tipo de cuerpo y, a través de él, un determinado tipo de ciudadano y de ciudadana.

La propia circular termina con una instrucción que hoy puede resultar casi pintoresca: César S. Vásquez solicita que se dé “amplia difusión” a la medida y, “en lo posible”, que se coloque en la cartelera del establecimiento.

El taco terminaba así expuesto públicamente.

Pero lo verdaderamente expuesto era otra cosa: la concepción del Estado sobre el cuerpo de sus jóvenes.

En enero de 1945, cuando las tropas soviéticas avanzaban sobre Europa oriental, cuando el Tercer Reich se acercaba a su derrumbe y cuando la Argentina todavía no había declarado formalmente la guerra a Alemania, una oficina del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública dedicaba páginas y páginas a explicar cómo debía apoyarse el pie de una adolescente, cómo debía caminar, qué postura debía adoptar, qué calzado debía llevar y qué apariencia era compatible con la disciplina escolar.

No hace falta convertir ese expediente en algo que no fue para comprender su importancia. No era una ley general contra los tacos. No era una simple anécdota de moda. Era un documento argentino de una época en la que la medicina había adquirido autoridad para definir el cuerpo normal, la escuela para disciplinarlo y el Estado para intervenir sobre él.

Y justamente por eso, cuatro centímetros alcanzan para abrir una ventana sobre una época entera.

 

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  • Endeudados pero fieles

     

    G. debe once millones de pesos en la tarjeta. Durante meses pagó el mínimo, después se atrasó y tuvo que refinanciar. Una de sus hijas perdió el trabajo y también quedó endeudada. A las dos las llaman los acreedores. “Tenemos una persecución ahí”, cuenta. Maestra de San Miguel, en el conurbano bonaerense, y dueña de un pequeño emprendimiento familiar, usó la tarjeta para sostener el colegio de sus hijas y el auto con el que va a trabajar: el nivel de vida. Hoy el pago mensual de la deuda equivale a la mitad de su sueldo.

    La situación le produce angustia, pero no modifica su apoyo a Javier Milei ni la lleva a reclamar que el Estado intervenga. “A mí nadie me puso una pistola en la cabeza y me dijo que pida préstamos o me financie”, dice, retomando casi literalmente la respuesta del presidente cuando le preguntaron por las familias endeudadas. Reconoce que “el problema base es que uno no llega a fin de mes”, pero se responsabiliza por haber usado demasiado la tarjeta y confía en que Milei arreglará una economía destruida por los gobiernos anteriores: “El presidente no tiene la culpa, el Estado no tiene la culpa. Sé que se está arreglando este desastre en el que estábamos todos hundidos”.

    A muchos de ellos, según nos contaron a fines de agosto, la deuda los afecta, a veces de manera dramática. ¿Cómo impacta esto en su adhesión política?

    La historia de G. condensa una paradoja que atraviesa a una parte de los votantes del “núcleo duro”, es decir, quienes eligieron a Milei en primera y segunda vuelta. Esta conversación es parte de una investigación que iniciamos en julio de 2024. Seguimos a cinco grupos de estos votantes mediante contactos periódicos a través de grupos de Whatsapp. A muchos de ellos, según nos contaron a fines de agosto, la deuda los afecta, a veces de manera dramática. Reconocen que dejó de ser una decisión excepcional para convertirse en el recurso con el que se pagan alimentos, servicios y gastos cotidianos. Pero ese reconocimiento no conduce necesariamente a pedir una regulación estatal ni a revisar su adhesión política.

    No se trata de votantes indiferentes a lo que ocurre. En los grupos hablan de salarios que no alcanzan, de clientes que dejan de pagar, de familiares perseguidos por financieras y de préstamos digitales tomados para cubrir otros préstamos. La novedad está en cómo ordenan esas experiencias. Un mismo participante puede describir una economía que empuja a las familias a endeudarse y, pocos minutos después, defender que cada deudor se haga cargo de esa situación sin ayuda pública. Muchos de estos votantes cruzaron un puente: dejaron atrás la expectativa de que el Estado se ocupe y llegaron a la orilla de una crítica radical a su intervención. Del otro lado, la deuda aprieta pero no basta para desandar el cruce.

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    La morosidad de los hogares creció con rapidez y el tema se instaló en la agenda pública. El Banco Central informó que la mora de las financiaciones a las familias pasó del 2,94% en febrero de 2025 al 12,8% en junio de 2026. En el Congreso se acumularon proyectos de refinanciación, regulación del crédito y desendeudamiento. El Gobierno rechazó intervenir: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza?”, preguntó Milei. Para el presidente, las deudas son acuerdos entre privados, y asistir a quienes no pueden pagarlas significaría trasladarles el costo a los demás.

    La Argentina conoció otras coyunturas en las que las deudas ingresaron en la esfera pública. Durante la expansión del consumo de 2003–2015, el crédito fue vivido principalmente como una vía de acceso a bienes y bienestar. Mientras las cuotas pudieran integrarse al presupuesto doméstico, la deuda se narraba como inclusión y movilidad, no como agravio, y no produjo un movimiento nacional de deudores de consumo, como investigaron Mariana Luzzi y Ariel Wilkis.

    Los hipotecados UVA muestran una trayectoria diferente. Aunque la mora se mantuvo comparativamente baja, la indexación del capital, la pérdida salarial y la sensación de pagar sin dejar de deber alimentaron una organización nacional. La politización se apoyó en una figura moralmente legítima, el deudor que seguía pagando; un bien socialmente valioso como es la vivienda única y una responsabilidad identificable: haber confiado en una política estatal cuyas condiciones se volvieron insostenibles. La politización feminista realizó otra operación. La consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” reunió obligaciones heterogéneas como tarjetas, alquileres, servicios, créditos informales y deudas familiares para mostrar sus efectos comunes sobre la autonomía y los cuidados. Su intervención buscó “sacar la deuda del clóset”: volver colectiva y narrable una experiencia habitualmente procesada mediante vergüenza y culpa, como investigaron Luci Cavallero y Verónica Gago en Una lectura feminista de la deuda: ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! (Tinta Limón)..

    Estos antecedentes muestran que endeudarse no conduce por sí mismo a la politización. Es necesario que la experiencia se desprivatice, que aparezca una interpretación compartida de sus causas, que se identifiquen actores responsables y que alguna organización traduzca la experiencia en una demanda. La coyuntura actual combina una extensión potencialmente mayor con una articulación más difícil: no existe un único contrato ni un bien visible que defender, sino tarjetas, préstamos personales, billeteras virtuales, servicios impagos y deudas informales destinadas, cada vez más, a sostener gastos corrientes. Esta dispersión dificulta la construcción de una identidad común, pero también vuelve menos plausible que todas las deudas puedan explicarse como decisiones plenamente libres.

    Gobierno y oposición suelen extraer conclusiones opuestas de esta situación. El oficialismo confía en que la deuda es un asunto individual que no erosiona su base. Parte de la oposición imagina que las cuotas impagas y los resúmenes de tarjeta contienen el principio de un desencanto. Nuestro seguimiento longitudinal de votantes mileístas muestra un panorama menos lineal. El Gobierno subestima la preocupación: la mayoría considera que el endeudamiento es un problema, lo padezca directamente o no. Pero la oposición saca conclusiones apresuradas: reconocer un problema común no implica compartir sus soluciones.

    Endeudarse para vivir

    De las respuestas de los participantes surgen tres maneras de experimentar y juzgar la deuda. No son perfiles sociales rígidos, sino posiciones construidas a partir de la situación material, la experiencia del entorno y ciertas ideas sobre responsabilidad y justicia.

    Diez de las veintinueve personas que respondieron sobre su experiencia personal o cercana describieron una situación crítica. Para ellas, el crédito dejó de financiar mejoras o consumos extraordinarios: sirve para comprar comida, pagar servicios o sostener aspectos básicos de la vida familiar.

    S, una enfermera sanjuanina de 50 años que realiza cuidados a domicilio, lo cuenta sin rodeos: “En mi familia la estamos pasando todos bastante mal: endeudados, no llegamos a fin de mes con el sueldo, hay cuentas que no se terminan de pagar, porque alcanza para comer y hasta ahí”. Para poner un plato en la mesa recurren a la tarjeta, a Mercado Pago, a préstamos y a aplicaciones de cuotas como Goucuotas.com..

    Entre estos participantes se repiten las quejas por las tarifas (que además tienen grandes diferencias regionales en el país) y por los salarios, muy por debajo del costo de vida. Un empleado chaqueño pide adelantos para pagar facturas de electricidad de 260.000 o 300.000 pesos. Una trabajadora informal de Villa María, Córdoba, resume: “Hay poco empleo, el poco empleo que hay te lo pagan chirolas y la luz te viene una fortuna”. La deuda no aparece como un contrato abstracto elegido en libertad, sino como la consecuencia de ingresos insuficientes.

    G., la docente citada al comienzo de la nota, explica esto con cifras. Durante meses pagó el mínimo de una deuda de cinco millones de pesos. Cuando dejó de hacerlo, refinanció y el monto ascendió a once millones. El crédito, que primero le permitió sostener consumos cotidianos, comenzó a absorber sus ingresos. Aun así conserva expectativas sobre el futuro: “Sí, me preocupa, pero tenemos la fe y la esperanza de que esto va a mejorar. Queremos que el país mejore”. La esperanza política no elimina la angustia económica; convive con ella.

    La Argentina conoció otras coyunturas en las que las deudas ingresaron en la esfera pública. La deuda se narraba como inclusión y movilidad, no como agravio.

    Un segundo grupo (ocho de los veintinueve) no atraviesa deudas críticas, pero observa el problema y lo considera grave. Algunos lo conocen por su trabajo: comerciantes que escuchan a sus clientes, empleados de agencias de cobro o profesionales en contacto con hogares morosos. “Sé de mucha gente que tiene que comprar comida con tarjeta o sacar crédito para pagar luz y gas”, dice una comerciante de Alta Gracia,  Córdoba.

    V., una joven trabajadora freelance, no conoce personalmente a nadie en esa situación, pero no la atribuye sólo a malas decisiones: “Se endeudan simplemente para llegar a fin de mes con los gastos cotidianos. Creo que es un problema más estructural”. En varias respuestas aparece también la preocupación por los préstamos ofrecidos desde billeteras virtuales. La rapidez y la escasa burocracia facilitan el acceso, vuelven más sencillo tomar deudas sin comprender sus tasas y condiciones.

    El tercer grupo (once de los veintinueve) interpreta el endeudamiento desde una moral de la responsabilidad individual. No registra deudas críticas propias ni cercanas. Algunos relativizan el problema o desconfían de las cifras, que consideran infladas por “los kirchneristas y la izquierda”. “El que se endeuda sabe dónde se mete; después verá cómo sale”, afirma un trabajador de mantenimiento. Haber atravesado deudas y pagarlas sin ayuda se convierte en la prueba de que los demás también pueden hacerlo.

    En estos relatos, el buen deudor ajusta sus gastos, busca otros ingresos y cumple sus compromisos; el mal deudor consume por encima de sus posibilidades y pretende trasladar las consecuencias de sus actos a otros. Una jubilada recuerda que su familia sólo se endeudó para comprar la casa: “Éramos muy conservadores y conscientes: si no teníamos, no gastábamos”. La preocupación por las aplicaciones reaparece, pero ahora como señal de falta de educación financiera o imprudencia personal.

    La distinción no es sólo económica. Es también moral: separa a quienes se adaptan, se privan y cumplen de quienes habrían gastado sin medir las consecuencias. Un jubilado de Lanús, en el Gran Buenos Aires, formula la pregunta que organiza esta mirada: “Yo no me endeudé, ¿por qué hay gente que está endeudada?”. La estabilidad propia se convierte en parámetro para juzgar situaciones muy distintas. Quedan aquí en segundo plano la informalidad laboral, las tasas, la caída de ingresos o la necesidad de financiar gastos básicos.

    La experiencia importa: quienes están asfixiados o ven de cerca la ruptura de la cadena de pagos reconocen con mayor facilidad su dimensión colectiva. Pero no determina por sí sola la posición política. Incluso entre quienes describen un problema estructural persisten el valor del esfuerzo, el rechazo al consumo superfluo y la desconfianza hacia el Estado.

    ¿Quién debe hacerse cargo?

    ***

    Cuando la pregunta pasa del diagnóstico a las soluciones, la posición más extendida es la no intervención. Diecinueve de los treinta participantes que se pronunciaron sobre qué debería hacerse rechazaron que el Estado regule las tasas o refinancie las deudas. Siete defendieron alguna forma de regulación, mediación o prevención pública. Los cuatro restantes describieron el problema, pero no lograron formular una salida clara.

    Para la mayoría antiintervencionista, la deuda es un acuerdo libre entre privados. Rescatarla sería injusto con quienes pagan con esfuerzo y podría reducir la oferta de crédito. F., un estudiante universitario porteño que busca trabajo, advierte: “Regulando las tasas van a lograr que no existan más préstamos, porque los bancos, ¿para qué van a prestarle plata a la gente si después no pueden tener ganancias?”. Teme que, sin crédito formal, sólo queden los usureros.

    C., un albañil cordobés, reconoce que los servicios cuestan demasiado respecto de los salarios, pero insiste en la responsabilidad personal: “No creo que el Presidente sea quien deba hacerse cargo de la deuda de las personas. Cada uno sabe lo que hace, cómo administra su plata”. Otro participante lo formula como principio de justicia: “No tiene por qué el Estado -que somos todos- pagar la indulgencia de otra gente”.

    Esta posición no siempre implica negar la crisis. Algunos participantes aceptan que la gente se endeuda para llegar a fin de mes, pero sostienen que la tarea del Gobierno consiste en estabilizar la economía, bajar impuestos y recuperar los salarios, no en intervenir sobre contratos particulares. La solución es general y futura; las deudas son individuales y presentes.

    Quienes reclaman alguna acción estatal tampoco forman un bloque homogéneo. Sus propuestas van desde regular intereses abusivos y facilitar refinanciaciones hasta incorporar educación financiera en las escuelas. Una psicopedagoga de Lomas de Zamora en el Gran Buenos Aires rechaza la condonación, pero pide protección frente a bancos y prestamistas: “Muchas veces se desconoce cómo el interés va acrecentando la deuda. No que se condonen, pero sí que intervengan en cuanto a los intereses, que son exorbitantes”.

    Las vacilaciones de este grupo son reveladoras. Varias respuestas comienzan aceptando el principio oficialista -el Estado no debería “hacerse cargo”- y luego agregan excepciones. Un joven rosarino reclama campañas de prevención y educación económica. Otros diferencian entre perdonar una deuda y limitar intereses que juzgan abusivos. No abandonan el lenguaje de la responsabilidad individual: intentan complementarlo con alguna forma de protección.

    Gobierno y oposición suelen extraer conclusiones opuestas de esta situación. El oficialismo confía en que la deuda no erosiona su base. Parte de la oposición imagina que contiene el principio de un desencanto. Nuestro seguimiento muestra un panorama menos lineal.

    Otro participante ensaya una distinción: si alguien se endeuda para comprar algo que no puede pagar, el Estado no tiene por qué intervenir; si el crédito se usa para comer o pagar servicios, el problema ya no es sólo individual. En ese caso, propone regular las tasas o facilitar una refinanciación razonable. La responsabilidad personal no desaparece, pero deja de alcanzar como explicación.

    Los cuatro participantes sin una postura definida hablan de informalidad laboral, tarifas, apuestas en línea y falta de acceso al crédito formal. El problema existe y los preocupa, pero no encuentran palabras para convertirlo en una demanda. Esa dificultad también es políticamente significativa: entre vivir una crisis y reclamar una solución hay un trabajo de interpretación que no siempre llega a completarse.

    La deuda y la fidelidad política

    ¿Qué ocurre cuando la deuda afecta directamente a quienes continúan apoyando a Milei? Seis de los diez participantes que describen una situación crítica rechazan la intervención estatal. No niegan el agobio. Lo procesan mediante tres recursos que suelen combinarse: la responsabilidad personal, la confianza en que el plan de Milei dará resultados y la atribución retrospectiva de la crisis al kirchnerismo.

    G., la docente fuertemente endeudada, encarna esa combinación. Sabe que su familia no llega a fin de mes y que la deuda dejó de ser una excepción. Pero retoma el encuadre presidencial: nadie la obligó a usar la tarjeta. Su explicación es individual y colectiva a la vez. Se culpa por no haber administrado mejor las cuentas, pero atribuye la insuficiencia general de los ingresos al “desastre” recibido. El presente la afecta; la esperanza sigue puesta en el Gobierno.

    Otros participantes adoptan el lenguaje de la adaptación. M., trabajador de la industria del plástico, vive al día y recortó salidas y consumos para no entrar en default. Tiene una pequeña deuda por gastos imprevistos, pero se corrige cuando está a punto de lamentarse: “Seguiré viviendo al día, lamentablemente. Bah, lamentablemente no: es el camino también, hay que ser realista”. La rectificación condensa el esfuerzo por integrar la dificultad a una narrativa de sacrificio necesario.

    La identidad negativa, que activa una oposición tajante a todo lo que se asocie con el kirchnerismo, también organiza las responsabilidades. En un trabajo anterior mostramos que muchos votantes de Milei fueron acercando sus interpretaciones a las del Gobierno cuando un tema pasó a ser bandera de la oposición. Ocurrió con los jubilados: aun reconociendo la gravedad del problema, varios respaldaron el veto presidencial a un aumento porque lo leyeron como una maniobra opositora para desestabilizar. Con la deuda sucede algo semejante. La intervención estatal se asocia con el asistencialismo, los planes y el “regalar dinero”; rechazarla confirma la distancia con el kirchnerismo.

    Esto no significa que todos repitan mecánicamente al Gobierno. Los encuadres oficiales resultan eficaces porque se apoyan en disposiciones anteriores: el valor de cumplir, la memoria de crisis pasadas, el enojo con quienes reciben ayudas y el rechazo al kirchnerismo. La imagen de “la pistola en la cabeza” ofrece una forma breve de articular esas disposiciones. Permite reconocer el problema sin trasladar la responsabilidad al Gobierno y mantener abierta la promesa de que el orden macroeconómico terminará mejorando la vida cotidiana.

    Pero el alineamiento no es total ni irreversible. Algunos buscan soluciones intermedias que les permitan sostener el principio de responsabilidad sin aceptar tasas abusivas o salarios insuficientes. Proponen que el Estado ofrezca créditos razonables sin intervenir en los contratos privados. “No digo que regalen la plata”, aclara un trabajador, “sino una tasa normal para la situación actual de la mayoría”.

    S., la enfermera sanjuanina antes citada, tampoco quiere que el Estado pague las deudas familiares, pero exige una relación posible entre salarios y precios: “No podemos estar ganando 3.500 pesos la hora y pagar 16.000 el kilo de carne. No podemos ganar eso y pagar 70.000 o 100.000 pesos de luz, porque el sueldo no alcanza para nada”. Su respuesta no rompe con el ideal de hacerse cargo, pero redefine el problema: la responsabilidad individual sólo puede ejercerse si el trabajo permite vivir.

    La deuda, entonces, abre tensiones dentro del electorado de Milei, pero no produce por sí sola una ruptura. Para una parte de estos votantes, la experiencia negativa se acomoda dentro de marcos ya disponibles: la responsabilidad individual, la herencia recibida, el sacrificio transitorio y la confianza en un futuro ordenado. Para otros, obliga a buscar un punto intermedio entre la no intervención y la necesidad de protección.

    Las condiciones materiales importan, pero no hablan solas. Entre una factura impagable y una demanda política intervienen identificaciones políticas, encuadres asociados a esas identificaciones, ideas de justicia y formas de atribuir responsabilidades. Graciela sabe que no puede seguir pagando la tarjeta y sabe también que no es la única. Aun así, cuando piensa quién debe resolverlo, vuelve a la frase de Milei: nadie le puso una pistola en la cabeza. En esa distancia entre la experiencia compartida y la solución imaginada se juega, por ahora, una parte de la persistencia del apoyo libertario.

    Desde julio de 2024 seguimos periódicamente, mediante cinco grupos de WhatsApp, a votantes que apoyaron a Milei en ambas vueltas de 2023 y en su gran mayoría continuaban respaldándolo en agosto de 2026. Para esta nota analizamos las respuestas de 29 participantes a una consigna sobre endeudamiento y de 30 a otra sobre la posible intervención estatal. Los conteos son descriptivos y no buscan representar estadísticamente al electorado mileísta. 

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