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SUPERIOR TRIBUNAL DE HIDDEN LAKE

El Poder Judicial de Río Negro rechazó la apertura del camino Tacuifí, el trayecto corto y accesible al Lago Escondido, y ordenó que el único ingreso posible sea a través de 33 kilómetros de senderos de montaña, partiendo desde El Bolsón y con el cruce de varios ríos correntosos, subidas y bajadas muy escarpadas con tramos de bosque cerrado y espeso. Una travesía de tres a cuatro días, una ridiculez.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, con una mayoría de tres votos
(Cecilia Criado, Ricardo Apcarián y Sergio Barotto) y la abstención de dos conjuezas, intenta poner fin a una batalla judicial que lleva más de 18 años por la apertura del acceso corto al Lago Escondido por el camino público de Tacuifí, ubicado sobre la Ruta 40 a mitad de distancia entre El Bolsón y Bariloche.

La impunidad del inglés Joseph Lewis fue sostenida desde el inicio de la causa en el año 2005 por todos los gobiernos provinciales de turno, desde la actual gobernadora Arabela Carreras, pasando por el nuevamente gobernador electo Alberto Weretilneck, incluyendo los sucesivos gobiernos del radical Pablo Verani. Más de una década de impunidad intacta. Quien impide el tránsito libre y seguro al Lago Escondido desde hace 27 años, fue detenido y posteriormente liberado por el pago de fianza en Estados Unidos, pero no puede salir del país.

Mientras en norteamérica a Lewis se lo imputa por “fraude financiero” y “tráfico de información privilegiada”, en la provincia de Río Negro el trato brindado por la Justicia y el poder político al magnate inglés es diferencial y beneplácito. “En Argentina Joseph Lewis no solo fue denunciado penalmente en 2012 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por cometer fraude a la ley argentina al comprar -mediante engaño y simulación-, las tierras que rodean al Lago Escondido ubicadas en área de Seguridad de Frontera, sino que, además, se ocupó de que todos los accesos al espejo de agua, se encuentren bloqueados para quienes intenten molestar su privacidad y sus jugosos negocios”, explica la diputada electa en la provincia de Río Negro Magdalena Odarda en el medio Tiempo Argentino.

El trayecto habilitado por la justicia rionegrina solo puede ser afrontado por personas bien entrenadas, con equipamiento especial de montaña y con un buen estado físico que les permita sortear y sostener una travesía exigente a lo largo de por lo menos tres o cuatro días.

De manera formal, el STJ se pronunció a favor de un Recurso de Casación presentado por Hidden Lake y el Gobierno rionegrino contra un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, de hace un año atrás, que confirmó la orden de abrir un acceso al Lago Escondido por el Camino de Tacuifí emitida en 2013 por el juez de primera instancia Marcelo Cuellar. Este magistrado había ordenado la apertura del camino.

El camino de Tacuifí figura desde 1955 en los mapas del Instituto geográfico Nacional, se trata de un acceso que se conoce desde hace 70 años, mucho antes que Lewis comprara las tierras.

El trayecto habilitado por la justicia rionegrina solo puede ser afrontado por personas bien entrenadas, con equipamiento especial de montaña y con un buen estado físico que les permita sortear y sostener una travesía exigente a lo largo de por lo menos tres o cuatro días.

El dictamen del procurador Jorge Crespo tiene un metamensaje, y es que la causa por el libre acceso al Lago Escondido se encamina a anular la única vía que garantiza el acceso de todas las personas que quieran conocer esta maravilla natural que les, y nos, pertenece

Para sumar penurias, al final de este camino los aguarda una diminuta playa de piedras, llena de riscos peligrosos. Esa playa está ubicada en el extremo noroeste del lago, en el margen opuesto a dónde el multimillonario inglés impuso su mansión defendida por jueces provinciales y nacionales.

Luego de 18 años de amparo colectivo, el dictamen del procurador Jorge Crespo tiene un metamensaje, y es que la causa por el libre acceso al Lago Escondido se encamina a anular la única vía que garantiza el acceso de todas las personas que quieran conocer esta maravilla natural que les, y nos, pertenece, significando también la entrega lisa y llana del patrimonio natural argentino al capital británico.

 La residencia construida sobre el camino afectado al uso público es la base para transacciones inmobiliarias o energéticas con qataríes, árabes y grupos inversores de otras nacionalidades que desfilan por la estancia en busca de agua y territorios, muchos de ellos pertenecientes a pueblos originarios.

Magdalena Odarda, ex senadora nacional.

Pero la impunidad no termina allí dice Odarda a tiempoar: “La residencia construida sobre el camino afectado al uso público es la base para transacciones inmobiliarias o energéticas con qataríes, árabes y grupos inversores de otras nacionalidades que desfilan por la estancia en busca de agua y territorios, muchos de ellos pertenecientes a pueblos originarios.

Al obligar a los ciudadanos a quedarse del otro lado del muro que bloquea el camino de acceso, Lewis ha sido el anfitrión de los jueces, fiscales y empresarios investigados por los delitos de dádivas e incumplimiento de funcionarios públicos, hecho que se convirtiera en un verdadero escándalo público. Sin embargo, la impunidad pareciera también está garantizada en Comodoro Py.

Quizás el hecho que más nos avergüenza a los rionegrinos -cuando se trata de nuestros bienes naturales comunes- es que en un Estado de Derecho y con 40 años de Democracia, se permita desde el Estado el accionar violento de una “fuerza de choque parapolicial” que amenaza, hostiga, golpea y tortura a ciudadanos sin que un solo juez, fiscal o jefe de policía haya investigado, procesado ni detenido a nadie. 

La historia reciente en torno a la lucha por el libre acceso al Lago Escondido es trágica porque los hechos indican que el mismo patrón de violencia continúa y crece año tras año”.

Además, la ex Senadora nacional enumeró los hechos violentos acaecidos en diversos intentos en los que se usó el camino Tacuifí para acceder al lago Escondido:

  • En 2009 un grupo de periodistas y otros vecinos que realizaban un acto pacífico para reivindicar la soberanía frente al camino de ingreso de Tacuifí fueron reprimidos y sus cámaras confiscadas.
  • Años después, en 2019, dos activistas que participaban de la 4° marcha por la Soberanía, fueron atacadas por la patota que volcó sus embarcaciones en plena noche y en las aguas heladas del Lago Escondido cuando intentaban plantar una bandera argentina.
  • Un año después, en la quinta marcha, la secretaria general de CTA ANDINA sufrió fuertes golpes en su cuerpo, y una profesional de Tierra del Fuego debió ser hospitalizada por un piedrazo en su rostro.
  • En 2022, 21 personas que intentaron ingresar por el Sendero de montaña (teóricamente habilitado para ese fin por la Provincia) fueron interceptados por un grupo armado con rostros encapuchados que le impidieron el paso en alta montaña por varios días.
  • Sobre fines de ese mismo año, cientos de personas que denunciaban un “estado paralelo” en Lago Escondido también sufrieron agresiones.
  • A los pocos días, defensores de los derechos humanos -entre los que se encontraban una periodista de Télam, dirigentes sociales y hasta diputados-, fueron víctimas de intento de homicidio por la misma fuerza parapolicial con golpes de rebenques, piedrazos y embistiéndolos con caballos, lo que provocó que las ambulancias trasladaran a los heridos graves al hospital de El Bolsón y Bariloche de manera urgente.

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    El sable corvo, San Martín y la política de los símbolos: Milei oficializó por decreto el traslado

     

    Lo que a fines de enero era una maniobra en ciernes, hoy quedó formalizado por decreto. El Gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial la norma que ordena el traslado del sable corvo del General José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo. La decisión confirma, profundiza y legaliza una operación política sobre los símbolos fundacionales de la Argentina.

    Por Alcides Blanco para NLI

    La nota publicada por NLI el pasado 28 de enero advertía que el Gobierno avanzaba sobre el sable corvo no como un gesto administrativo menor, sino como parte de una estrategia deliberada de apropiación simbólica del pasado. A apenas días de aquella publicación, el Ejecutivo decidió blanquear la jugada y convertirla en norma.

    El Decreto 81/2026, publicado este 3 de febrero, dispone de manera expresa que el sable corvo deje de estar bajo la órbita del Museo Histórico Nacional y pase a la custodia directa del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en su cuartel de Palermo. La medida no solo ordena el traslado físico del objeto, sino que deroga el decreto de 2015 que había fijado su permanencia en el museo como patrimonio histórico de acceso público.

    Un decreto que confirma la maniobra

    El texto oficial sostiene que el traslado se realiza por “razones de seguridad” y menciona antecedentes de hechos ilícitos ocurridos cuando el sable se encontraba en el museo. Bajo ese argumento, el Gobierno establece que la custodia, preservación y resguardo queden en manos del Regimiento de Granaderos, fuerza que históricamente actuó como guardia del Libertador.

    Sin embargo, el decreto omite cualquier referencia al derecho ciudadano al acceso al patrimonio histórico, al rol de los museos nacionales como espacios de memoria colectiva o a la dimensión civil del legado sanmartiniano. La lógica es clara: militarizar el símbolo y reubicarlo en un espacio institucional alineado con el relato que Milei intenta construir.

    Tal como anticipó NLI, no se trata de una decisión neutra. El sable corvo no es un objeto más: es uno de los emblemas centrales de la independencia, cargado de significados políticos, históricos y populares que exceden largamente el ámbito castrense.

    De patrimonio público a símbolo regimentado

    Con este decreto, el sable deja de estar en un museo nacional —espacio civil, educativo y abierto— para quedar alojado en un cuartel militar con acceso restringido. El mensaje es contundente: el pasado se ordena desde arriba y se encuadra en una narrativa de autoridad, disciplina y verticalidad.

    No es casual que esta decisión se inscriba en una secuencia más amplia. Milei viene utilizando la figura de San Martín, los Granaderos y los símbolos patrios como elementos de legitimación política, vaciándolos de su complejidad histórica y resignificándolos al servicio de su propio proyecto ideológico.

    La historia, así, deja de ser un campo de debate y memoria para convertirse en escenografía de poder. El decreto no hace más que confirmar que el Gobierno concibe los símbolos nacionales como piezas de un relato oficial, no como patrimonio plural del pueblo argentino.

    Lo que advertía NLI y hoy se confirma

    Cuando NLI publicó la nota del 28 de enero, aún no existía norma vigente. Había versiones, trascendidos y una fuerte señal política. Hoy, con el decreto ya publicado, queda claro que no era una hipótesis exagerada, sino la antesala de una decisión consumada.

    La derogación del decreto de 2015, la reasignación de la custodia y la argumentación centrada exclusivamente en criterios de seguridad confirman que el Gobierno eligió avanzar sin debate público, sin consulta a especialistas en patrimonio y sin consideración por el sentido democrático de la memoria histórica.

    El sable corvo, legado de San Martín al pueblo argentino, pasa así a ser una pieza más en la política de símbolos de Milei, donde el pasado se ordena, se encuadra y se utiliza como herramienta de construcción de poder en el presente.

     

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