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SUPERIOR TRIBUNAL DE HIDDEN LAKE

El Poder Judicial de Río Negro rechazó la apertura del camino Tacuifí, el trayecto corto y accesible al Lago Escondido, y ordenó que el único ingreso posible sea a través de 33 kilómetros de senderos de montaña, partiendo desde El Bolsón y con el cruce de varios ríos correntosos, subidas y bajadas muy escarpadas con tramos de bosque cerrado y espeso. Una travesía de tres a cuatro días, una ridiculez.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, con una mayoría de tres votos
(Cecilia Criado, Ricardo Apcarián y Sergio Barotto) y la abstención de dos conjuezas, intenta poner fin a una batalla judicial que lleva más de 18 años por la apertura del acceso corto al Lago Escondido por el camino público de Tacuifí, ubicado sobre la Ruta 40 a mitad de distancia entre El Bolsón y Bariloche.

La impunidad del inglés Joseph Lewis fue sostenida desde el inicio de la causa en el año 2005 por todos los gobiernos provinciales de turno, desde la actual gobernadora Arabela Carreras, pasando por el nuevamente gobernador electo Alberto Weretilneck, incluyendo los sucesivos gobiernos del radical Pablo Verani. Más de una década de impunidad intacta. Quien impide el tránsito libre y seguro al Lago Escondido desde hace 27 años, fue detenido y posteriormente liberado por el pago de fianza en Estados Unidos, pero no puede salir del país.

Mientras en norteamérica a Lewis se lo imputa por “fraude financiero” y “tráfico de información privilegiada”, en la provincia de Río Negro el trato brindado por la Justicia y el poder político al magnate inglés es diferencial y beneplácito. “En Argentina Joseph Lewis no solo fue denunciado penalmente en 2012 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por cometer fraude a la ley argentina al comprar -mediante engaño y simulación-, las tierras que rodean al Lago Escondido ubicadas en área de Seguridad de Frontera, sino que, además, se ocupó de que todos los accesos al espejo de agua, se encuentren bloqueados para quienes intenten molestar su privacidad y sus jugosos negocios”, explica la diputada electa en la provincia de Río Negro Magdalena Odarda en el medio Tiempo Argentino.

El trayecto habilitado por la justicia rionegrina solo puede ser afrontado por personas bien entrenadas, con equipamiento especial de montaña y con un buen estado físico que les permita sortear y sostener una travesía exigente a lo largo de por lo menos tres o cuatro días.

De manera formal, el STJ se pronunció a favor de un Recurso de Casación presentado por Hidden Lake y el Gobierno rionegrino contra un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, de hace un año atrás, que confirmó la orden de abrir un acceso al Lago Escondido por el Camino de Tacuifí emitida en 2013 por el juez de primera instancia Marcelo Cuellar. Este magistrado había ordenado la apertura del camino.

El camino de Tacuifí figura desde 1955 en los mapas del Instituto geográfico Nacional, se trata de un acceso que se conoce desde hace 70 años, mucho antes que Lewis comprara las tierras.

El trayecto habilitado por la justicia rionegrina solo puede ser afrontado por personas bien entrenadas, con equipamiento especial de montaña y con un buen estado físico que les permita sortear y sostener una travesía exigente a lo largo de por lo menos tres o cuatro días.

El dictamen del procurador Jorge Crespo tiene un metamensaje, y es que la causa por el libre acceso al Lago Escondido se encamina a anular la única vía que garantiza el acceso de todas las personas que quieran conocer esta maravilla natural que les, y nos, pertenece

Para sumar penurias, al final de este camino los aguarda una diminuta playa de piedras, llena de riscos peligrosos. Esa playa está ubicada en el extremo noroeste del lago, en el margen opuesto a dónde el multimillonario inglés impuso su mansión defendida por jueces provinciales y nacionales.

Luego de 18 años de amparo colectivo, el dictamen del procurador Jorge Crespo tiene un metamensaje, y es que la causa por el libre acceso al Lago Escondido se encamina a anular la única vía que garantiza el acceso de todas las personas que quieran conocer esta maravilla natural que les, y nos, pertenece, significando también la entrega lisa y llana del patrimonio natural argentino al capital británico.

 La residencia construida sobre el camino afectado al uso público es la base para transacciones inmobiliarias o energéticas con qataríes, árabes y grupos inversores de otras nacionalidades que desfilan por la estancia en busca de agua y territorios, muchos de ellos pertenecientes a pueblos originarios.

Magdalena Odarda, ex senadora nacional.

Pero la impunidad no termina allí dice Odarda a tiempoar: “La residencia construida sobre el camino afectado al uso público es la base para transacciones inmobiliarias o energéticas con qataríes, árabes y grupos inversores de otras nacionalidades que desfilan por la estancia en busca de agua y territorios, muchos de ellos pertenecientes a pueblos originarios.

Al obligar a los ciudadanos a quedarse del otro lado del muro que bloquea el camino de acceso, Lewis ha sido el anfitrión de los jueces, fiscales y empresarios investigados por los delitos de dádivas e incumplimiento de funcionarios públicos, hecho que se convirtiera en un verdadero escándalo público. Sin embargo, la impunidad pareciera también está garantizada en Comodoro Py.

Quizás el hecho que más nos avergüenza a los rionegrinos -cuando se trata de nuestros bienes naturales comunes- es que en un Estado de Derecho y con 40 años de Democracia, se permita desde el Estado el accionar violento de una “fuerza de choque parapolicial” que amenaza, hostiga, golpea y tortura a ciudadanos sin que un solo juez, fiscal o jefe de policía haya investigado, procesado ni detenido a nadie. 

La historia reciente en torno a la lucha por el libre acceso al Lago Escondido es trágica porque los hechos indican que el mismo patrón de violencia continúa y crece año tras año”.

Además, la ex Senadora nacional enumeró los hechos violentos acaecidos en diversos intentos en los que se usó el camino Tacuifí para acceder al lago Escondido:

  • En 2009 un grupo de periodistas y otros vecinos que realizaban un acto pacífico para reivindicar la soberanía frente al camino de ingreso de Tacuifí fueron reprimidos y sus cámaras confiscadas.
  • Años después, en 2019, dos activistas que participaban de la 4° marcha por la Soberanía, fueron atacadas por la patota que volcó sus embarcaciones en plena noche y en las aguas heladas del Lago Escondido cuando intentaban plantar una bandera argentina.
  • Un año después, en la quinta marcha, la secretaria general de CTA ANDINA sufrió fuertes golpes en su cuerpo, y una profesional de Tierra del Fuego debió ser hospitalizada por un piedrazo en su rostro.
  • En 2022, 21 personas que intentaron ingresar por el Sendero de montaña (teóricamente habilitado para ese fin por la Provincia) fueron interceptados por un grupo armado con rostros encapuchados que le impidieron el paso en alta montaña por varios días.
  • Sobre fines de ese mismo año, cientos de personas que denunciaban un “estado paralelo” en Lago Escondido también sufrieron agresiones.
  • A los pocos días, defensores de los derechos humanos -entre los que se encontraban una periodista de Télam, dirigentes sociales y hasta diputados-, fueron víctimas de intento de homicidio por la misma fuerza parapolicial con golpes de rebenques, piedrazos y embistiéndolos con caballos, lo que provocó que las ambulancias trasladaran a los heridos graves al hospital de El Bolsón y Bariloche de manera urgente.

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    Cristina Kirchner renovó su defensa con abogados internacionales y prepara una nueva batalla judicial por la condena en Vialidad

     

    Cristina Fernández de Kirchner decidió reforzar su estrategia judicial con la incorporación de dos abogados de reconocimiento internacional, con experiencia en causas de alto impacto político en América Latina. La exmandataria busca llevar su condena a nuevos escenarios jurídicos y profundizar el reclamo por lo que considera una persecución política con consecuencias institucionales.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Una nueva etapa en la defensa de Cristina Kirchner

    La condena en la causa Vialidad abrió una nueva etapa en la estrategia judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia que impuso seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la expresidenta decidió modificar el esquema de su defensa y sumar especialistas extranjeros con trayectoria en litigios vinculados a derechos humanos y persecución política.

    En la carta abierta difundida este miércoles, Cristina anunció la incorporación de dos abogados de prestigio internacional que tendrán como objetivo avanzar en una discusión que exceda los tribunales argentinos: el planteo de que su caso debe ser analizado bajo los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

    La decisión no es solamente jurídica. En el entorno de la exmandataria interpretan que la disputa dejó de estar limitada al expediente por la obra pública en Santa Cruz y pasó a convertirse en una discusión sobre los límites entre una condena penal y sus efectos sobre la participación democrática de una dirigente política.

    Cristiano Zanin y Marco Stabile, los nombres detrás de la nueva estrategia

    Uno de los nuevos abogados que se incorporará a la defensa es Cristiano Zanin Martins, reconocido internacionalmente por haber sido el abogado principal del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la batalla judicial derivada de la causa Lava Jato.

    Zanin tuvo un rol central en la estrategia que logró revertir las condenas contra Lula, luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil declarara la incompetencia del juez Sergio Moro y cuestionara la actuación judicial que había llevado adelante la causa. Su incorporación a la defensa de Cristina no es casual: el paralelismo entre ambos procesos forma parte del argumento político que el kirchnerismo viene sosteniendo desde hace años alrededor del concepto de lawfare, entendido como la utilización de herramientas judiciales con fines de disputa política.

    El otro nombre que se suma al equipo es el abogado italiano Marco Stabile, especialista en derecho internacional y derechos humanos. Su participación apunta a reforzar la dimensión internacional del reclamo y a explorar vías ante organismos externos al sistema judicial argentino.

    Del expediente argentino a la discusión internacional

    La incorporación de estos abogados marca un cambio de enfoque. Hasta ahora, la defensa de Cristina había concentrado sus esfuerzos principalmente en las instancias nacionales, con planteos de nulidad, cuestionamientos al proceso y críticas a la actuación de jueces y fiscales.

    La nueva estrategia apunta a instalar el caso en otro terreno: el de los derechos políticos y las garantías democráticas. En su carta, Cristina sostuvo que la verdadera sanción que enfrenta no es únicamente la condena penal, sino la imposibilidad de volver a competir electoralmente por una inhabilitación de por vida.

    Ese punto es clave porque transforma el eje de la discusión. Mientras sus adversarios sostienen que la prohibición de ejercer cargos públicos es una consecuencia legal de una sentencia firme, desde el kirchnerismo argumentan que esa medida produce un efecto político equivalente a una proscripción, al impedir que sea la ciudadanía quien decida sobre su futuro electoral.

    La apuesta de la defensa será, entonces, intentar que esa discusión sea observada bajo parámetros internacionales y no únicamente desde la interpretación de los tribunales argentinos.

    La sombra del lawfare y el antecedente Lula

    La elección de Zanin tiene además un fuerte componente simbólico. El abogado brasileño se convirtió en una figura asociada a la defensa de Lula frente a una estructura judicial que, según denunció el Partido de los Trabajadores brasileño, había sido utilizada para impedir su regreso a la política.

    Para el kirchnerismo, el recorrido de Lula funciona como antecedente de una disputa donde una condena judicial puede tener consecuencias electorales determinantes. Para sus críticos, en cambio, se trata de casos diferentes en los que las condenas deben analizarse por sus pruebas y fundamentos propios.

    Esa tensión atraviesa hoy el escenario argentino: la discusión ya no se limita a si Cristina Kirchner es responsable o no de los delitos por los que fue condenada, sino a si una decisión judicial puede tener como consecuencia excluir definitivamente a una dirigente del sistema político.

    Una batalla judicial que también es política

    La llegada de los nuevos abogados confirma que Cristina Kirchner no piensa cerrar la discusión con la resolución de la Corte Suprema. Por el contrario, busca trasladar el conflicto a nuevos ámbitos y convertir su situación judicial en una discusión sobre democracia, representación y derechos políticos.

    En un escenario donde el peronismo atraviesa una etapa de reorganización y el gobierno de Javier Milei busca consolidar su proyecto político, la estrategia judicial de Cristina vuelve a tener un impacto directo sobre la disputa política nacional.

    La defensa renovada no sólo buscará revertir o cuestionar aspectos jurídicos de la condena, sino instalar una pregunta que atraviesa todo el debate: si una dirigente elegida durante dos décadas por millones de argentinos puede quedar definitivamente fuera de la competencia electoral por una decisión judicial.

    La respuesta a esa pregunta será, en los próximos meses, uno de los principales capítulos de la disputa institucional argentina.

     

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    Otro golpe a la cultura: Milei disolvió el Coro Nacional de Niños tras casi 60 años de historia

     

    El Gobierno de Javier Milei disolvió el Coro Nacional de Niños mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. La histórica institución cultural tenía casi 60 años de trayectoria.

    Por Alina C. Galifante para NLI

    El Gobierno nacional oficializó la disolución del Coro Nacional de Niños, uno de los organismos artísticos más prestigiosos del país, creado en 1967. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, elimina una institución emblemática de la cultura argentina bajo el argumento de «reorganizar recursos», en una nueva decisión que profundiza el desmantelamiento de las políticas culturales del Estado.

    El Gobierno eliminó una institución histórica de la cultura argentina

    En un nuevo capítulo del ajuste sobre el sector cultural, el gobierno de Javier Milei dispuso la disolución del Coro Nacional de Niños, organismo que durante casi seis décadas representó a la Argentina en escenarios nacionales e internacionales y formó a generaciones de niños y niñas en el canto coral. La decisión quedó plasmada en el Decreto 687/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que modifica el decreto original de 1967 mediante el cual había sido creado el organismo.

    El decreto elimina formalmente al Coro Nacional de Niños como organismo estable del Estado y deja vigente únicamente al Coro Polifónico Nacional. En su reemplazo, el Ejecutivo instruye a la Secretaría de Cultura a crear un Programa de Formación Artística destinado a niños y adolescentes, aunque la norma no establece presupuesto, estructura, cronograma ni precisiones sobre su funcionamiento.

    La decisión representa un nuevo avance del proceso de reducción de organismos culturales impulsado por la administración libertaria. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el área de Cultura sufrió recortes presupuestarios, despidos, cierre de programas y una profunda reestructuración institucional que distintos sectores artísticos denuncian como un proceso de desmantelamiento del patrimonio cultural argentino.

    El argumento oficial: reemplazar un coro por un programa

    En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que los objetivos que justificaron la creación del Coro Nacional de Niños «pueden alcanzarse mediante acciones y programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de alcance más amplio». Bajo esa premisa, afirma que resulta conveniente «reorientar los recursos» actualmente destinados al elenco estable hacia nuevas estrategias que permitan un supuesto mayor alcance federal y una utilización «más eficiente» de los recursos públicos.

    La administración nacional asegura además que la medida no implica abandonar la formación artística infantil, sino modificar la herramienta institucional utilizada para llevarla adelante. Sin embargo, el decreto no establece garantías sobre la continuidad laboral de quienes integraban el organismo ni explica cómo se preservará el nivel artístico alcanzado durante casi seis décadas de funcionamiento.

    El Coro Nacional de Niños no era simplemente un programa educativo. Se trataba de un elenco estable del Estado que desarrolló una intensa actividad artística, interpretó repertorio sinfónico-coral y a cappella, participó en producciones junto a las principales orquestas del país y constituyó una verdadera escuela de formación musical para cientos de chicos que luego continuaron carreras profesionales.

    Un organismo que ya venía siendo vaciado

    La publicación del decreto llega después de meses de incertidumbre sobre el futuro del coro. Desde principios de año, sus actividades habían sido suspendidas y las audiciones para incorporar nuevos integrantes permanecían paralizadas. Diversos referentes del ámbito musical venían denunciando un progresivo vaciamiento administrativo que impedía el normal funcionamiento del organismo y reducía año tras año la cantidad de coreutas disponibles.

    Incluso, durante abril de este año, legisladores nacionales presentaron un pedido de informes reclamando explicaciones al Poder Ejecutivo por la suspensión de actividades, la falta de convocatorias y el deterioro institucional del organismo, advirtiendo que el Coro Nacional de Niños constituía una de las instituciones musicales más prestigiosas del país y un patrimonio cultural construido durante casi sesenta años.

    La decisión del Gobierno termina por confirmar los temores expresados entonces por músicos, docentes y trabajadores de la cultura: el organismo no volverá a funcionar como tal y será reemplazado por un programa cuya implementación todavía carece de precisiones concretas.

    Otro símbolo cultural que desaparece

    La eliminación del Coro Nacional de Niños trasciende la reorganización administrativa que plantea el decreto. Supone la desaparición de una institución creada en 1967 que sobrevivió a gobiernos de distinto signo político, crisis económicas y cambios institucionales, consolidándose como uno de los principales espacios públicos de formación coral infantil de América Latina.

    Mientras el Ejecutivo sostiene que busca modernizar el Estado y optimizar recursos, desde el ámbito cultural crecen las advertencias sobre la pérdida de organismos que no solo desarrollaban actividades artísticas sino que también preservaban patrimonio, formaban profesionales y garantizaban el acceso gratuito a la cultura.

    Con esta medida, el Gobierno suma un nuevo capítulo a una política que numerosos referentes del sector describen como un proceso sistemático de reducción de la presencia estatal en la vida cultural argentina, dejando abierto el interrogante sobre qué otros organismos históricos podrían correr la misma suerte en los próximos meses.

     

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  • La inflación volvió a subir: ¿Por qué pese al ajuste no bajan los precios?

     

    El IPC de julio marcó 2,1%, cortó tres meses consecutivos de desaceleración y acumuló 19,3% en los primeros siete meses del año. En la comparación interanual, el aumento de precios llegó al 33,8%. 

    El dato tiene además una composición que complica el relato oficial. La inflación núcleo, que busca medir la dinámica más persistente de los precios, fue de 1,8%. Pero los estacionales saltaron 4,5%.  

    El límite del ajuste aparece con mayor claridad cuando se mira el precio de los servicios. Todos los rubros relevantes quedaron por encima del IPC general. Vivienda, agua, electricidad y gas aumentaron 2,2%, impulsados por los ajustes parciales de las tarifas de luz y gas. Comunicación subió 2,4%, por las actualizaciones de telefonía e internet. Salud avanzó 2,5%, principalmente por los aumentos de las cuotas de medicina prepaga. Y Transporte encabezó la lista con un incremento del 3,1%, como consecuencia de los ajustes de las tarifas del transporte público en distintas regiones del país. 

    El fenómeno deja una tensión que el Gobierno conoce bien. Los bienes pueden responder más rápido al freno de la actividad y al ancla cambiaria, pero los servicios cargan tarifas, contratos y precios regulados que todavía buscan recuperar terreno. 

    El economista Alfredo Romano, de Romano Group, calificó directamente el número como un «mal dato». Para Romano, el resultado confirma que «pasar de 33% anual a un dígito no es una recta descendente. Es una meseta con recaídas». 

    Romano puso además la discusión en perspectiva histórica. Recordó las experiencias de Martínez de Hoz, Alfonsín, la Convertibilidad tardía y Mauricio Macri para sostener que la Argentina tiene antecedentes poco alentadores con los procesos largos de desinflación. A su juicio, esos programas fueron interrumpidos por agotamiento político y social o por la aparición de la restricción externa, es decir, la falta de dólares. 

    Desde esa lectura, Romano volvió a defender la dolarización. Considera que puede ser una alternativa «subóptima» desde el punto de vista teórico, pero más realista frente a la historia argentina. 

    «Sin inflación de un dígito sostenida no hay crédito de largo plazo. Sin crédito, no hay consumo estructural ni desarrollo. La pregunta no es si el gradualismo es teóricamente superior. Es si Argentina, con este historial, tiene la paciencia para sostenerlo una década sin interrumpirlo. La evidencia dice que no», completó este analista. 

    El dato también reavivó el cruce entre Luis Caputo y los economistas que siguen con lupa el programa. Gabriel Caamaño viene advirtiendo sobre las tensiones que aparecen debajo de la superficie de la estabilización, mientras Economía sostiene que el proceso de desinflación continúa y que las oscilaciones mensuales no modifican la tendencia. 

    Caputo salió a defender el número con otra vara. Destacó que la inflación núcleo fue de 1,8%, que los regulados avanzaron 2,1% y los estacionales 4,5%. Pero sobre todo puso el foco en el promedio móvil de tres meses: remarcó que cayó 0,2 puntos respecto de junio y quedó en el nivel más bajo desde septiembre del año pasado. 

    También celebró la baja del 1,3% en prendas de vestir y calzado, que definió como «la mayor reducción nominal de toda la serie histórica del IPC Nacional» iniciada en enero de 2017. 

    Gabriel Caamaño recogió el guante. Coincidió con Caputo en que «el mejor dato del IPC de julio fue la núcleo en 1,8% mensual» y advirtió que el mes «volvió a enseñar que los procesos desinflacionarios no son lineales». Por eso sostuvo que «no hay mucha ola alarmista que hacer». 

    Pero enseguida le pegó al cambio de métrica elegido por Economía para mostrar la continuidad de la desinflación: «Ahora que la núcleo sin carne la tienen amordazada en algún sótano del conurbano, salió al ruedo el promedio móvil tres meses», ironizó. Y cerró: «Igual es mejor que amputar el índice y vivir todo en clave mensual».

    El intercambio expuso dos maneras de mirar el mismo tablero: para el Palacio de Hacienda importa la trayectoria; para los analistas, cuánto cuesta sostenerla y cuánto margen queda antes de que las tensiones cambiarias, monetarias y de actividad vuelvan a filtrarse en los precios. Julio dejó justamente esa advertencia. 

     

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