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SUPERIOR TRIBUNAL DE HIDDEN LAKE

El Poder Judicial de Río Negro rechazó la apertura del camino Tacuifí, el trayecto corto y accesible al Lago Escondido, y ordenó que el único ingreso posible sea a través de 33 kilómetros de senderos de montaña, partiendo desde El Bolsón y con el cruce de varios ríos correntosos, subidas y bajadas muy escarpadas con tramos de bosque cerrado y espeso. Una travesía de tres a cuatro días, una ridiculez.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, con una mayoría de tres votos
(Cecilia Criado, Ricardo Apcarián y Sergio Barotto) y la abstención de dos conjuezas, intenta poner fin a una batalla judicial que lleva más de 18 años por la apertura del acceso corto al Lago Escondido por el camino público de Tacuifí, ubicado sobre la Ruta 40 a mitad de distancia entre El Bolsón y Bariloche.

La impunidad del inglés Joseph Lewis fue sostenida desde el inicio de la causa en el año 2005 por todos los gobiernos provinciales de turno, desde la actual gobernadora Arabela Carreras, pasando por el nuevamente gobernador electo Alberto Weretilneck, incluyendo los sucesivos gobiernos del radical Pablo Verani. Más de una década de impunidad intacta. Quien impide el tránsito libre y seguro al Lago Escondido desde hace 27 años, fue detenido y posteriormente liberado por el pago de fianza en Estados Unidos, pero no puede salir del país.

Mientras en norteamérica a Lewis se lo imputa por “fraude financiero” y “tráfico de información privilegiada”, en la provincia de Río Negro el trato brindado por la Justicia y el poder político al magnate inglés es diferencial y beneplácito. “En Argentina Joseph Lewis no solo fue denunciado penalmente en 2012 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por cometer fraude a la ley argentina al comprar -mediante engaño y simulación-, las tierras que rodean al Lago Escondido ubicadas en área de Seguridad de Frontera, sino que, además, se ocupó de que todos los accesos al espejo de agua, se encuentren bloqueados para quienes intenten molestar su privacidad y sus jugosos negocios”, explica la diputada electa en la provincia de Río Negro Magdalena Odarda en el medio Tiempo Argentino.

El trayecto habilitado por la justicia rionegrina solo puede ser afrontado por personas bien entrenadas, con equipamiento especial de montaña y con un buen estado físico que les permita sortear y sostener una travesía exigente a lo largo de por lo menos tres o cuatro días.

De manera formal, el STJ se pronunció a favor de un Recurso de Casación presentado por Hidden Lake y el Gobierno rionegrino contra un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, de hace un año atrás, que confirmó la orden de abrir un acceso al Lago Escondido por el Camino de Tacuifí emitida en 2013 por el juez de primera instancia Marcelo Cuellar. Este magistrado había ordenado la apertura del camino.

El camino de Tacuifí figura desde 1955 en los mapas del Instituto geográfico Nacional, se trata de un acceso que se conoce desde hace 70 años, mucho antes que Lewis comprara las tierras.

El trayecto habilitado por la justicia rionegrina solo puede ser afrontado por personas bien entrenadas, con equipamiento especial de montaña y con un buen estado físico que les permita sortear y sostener una travesía exigente a lo largo de por lo menos tres o cuatro días.

El dictamen del procurador Jorge Crespo tiene un metamensaje, y es que la causa por el libre acceso al Lago Escondido se encamina a anular la única vía que garantiza el acceso de todas las personas que quieran conocer esta maravilla natural que les, y nos, pertenece

Para sumar penurias, al final de este camino los aguarda una diminuta playa de piedras, llena de riscos peligrosos. Esa playa está ubicada en el extremo noroeste del lago, en el margen opuesto a dónde el multimillonario inglés impuso su mansión defendida por jueces provinciales y nacionales.

Luego de 18 años de amparo colectivo, el dictamen del procurador Jorge Crespo tiene un metamensaje, y es que la causa por el libre acceso al Lago Escondido se encamina a anular la única vía que garantiza el acceso de todas las personas que quieran conocer esta maravilla natural que les, y nos, pertenece, significando también la entrega lisa y llana del patrimonio natural argentino al capital británico.

 La residencia construida sobre el camino afectado al uso público es la base para transacciones inmobiliarias o energéticas con qataríes, árabes y grupos inversores de otras nacionalidades que desfilan por la estancia en busca de agua y territorios, muchos de ellos pertenecientes a pueblos originarios.

Magdalena Odarda, ex senadora nacional.

Pero la impunidad no termina allí dice Odarda a tiempoar: “La residencia construida sobre el camino afectado al uso público es la base para transacciones inmobiliarias o energéticas con qataríes, árabes y grupos inversores de otras nacionalidades que desfilan por la estancia en busca de agua y territorios, muchos de ellos pertenecientes a pueblos originarios.

Al obligar a los ciudadanos a quedarse del otro lado del muro que bloquea el camino de acceso, Lewis ha sido el anfitrión de los jueces, fiscales y empresarios investigados por los delitos de dádivas e incumplimiento de funcionarios públicos, hecho que se convirtiera en un verdadero escándalo público. Sin embargo, la impunidad pareciera también está garantizada en Comodoro Py.

Quizás el hecho que más nos avergüenza a los rionegrinos -cuando se trata de nuestros bienes naturales comunes- es que en un Estado de Derecho y con 40 años de Democracia, se permita desde el Estado el accionar violento de una “fuerza de choque parapolicial” que amenaza, hostiga, golpea y tortura a ciudadanos sin que un solo juez, fiscal o jefe de policía haya investigado, procesado ni detenido a nadie. 

La historia reciente en torno a la lucha por el libre acceso al Lago Escondido es trágica porque los hechos indican que el mismo patrón de violencia continúa y crece año tras año”.

Además, la ex Senadora nacional enumeró los hechos violentos acaecidos en diversos intentos en los que se usó el camino Tacuifí para acceder al lago Escondido:

  • En 2009 un grupo de periodistas y otros vecinos que realizaban un acto pacífico para reivindicar la soberanía frente al camino de ingreso de Tacuifí fueron reprimidos y sus cámaras confiscadas.
  • Años después, en 2019, dos activistas que participaban de la 4° marcha por la Soberanía, fueron atacadas por la patota que volcó sus embarcaciones en plena noche y en las aguas heladas del Lago Escondido cuando intentaban plantar una bandera argentina.
  • Un año después, en la quinta marcha, la secretaria general de CTA ANDINA sufrió fuertes golpes en su cuerpo, y una profesional de Tierra del Fuego debió ser hospitalizada por un piedrazo en su rostro.
  • En 2022, 21 personas que intentaron ingresar por el Sendero de montaña (teóricamente habilitado para ese fin por la Provincia) fueron interceptados por un grupo armado con rostros encapuchados que le impidieron el paso en alta montaña por varios días.
  • Sobre fines de ese mismo año, cientos de personas que denunciaban un “estado paralelo” en Lago Escondido también sufrieron agresiones.
  • A los pocos días, defensores de los derechos humanos -entre los que se encontraban una periodista de Télam, dirigentes sociales y hasta diputados-, fueron víctimas de intento de homicidio por la misma fuerza parapolicial con golpes de rebenques, piedrazos y embistiéndolos con caballos, lo que provocó que las ambulancias trasladaran a los heridos graves al hospital de El Bolsón y Bariloche de manera urgente.

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  • El juez Salmain involucró a dos camaristas de Rosario en la maniobra del cepo

     

     El juez federal Gastón Salmain jugó muy fuerte este martes al ser finalmente indagado por cohecho en Rosario. Llegaba acusado de haber pedido un soborno para autorizar a un fideicomiso a comprar 10 millones de dólares en plena vigencia del cepo cambiario para pagar deudas financieras en el exterior. En un primer descargo negó haber cometido ningún delito y sostuvo que lo acusaban sin pruebas. Pero lo fundamental es que alegó que él ya había adoptado una resolución idéntica en un caso anterior. Y que sus superiores de la Cámara Federal de Rosario avalaron su criterio.

    El caso que citó como antecedente es un amparo realizado por abogados del diario La Capital de Rosario que solicitaban en la misma época adquirir dólares en el mercado único libre de cambios (MULC), es decir a valor oficial, para pagar deudas contraídas en la compra del medio al Grupo América. Salmain hizo lugar a ese pedido. Reguló honorarios para el patrocinante que es el abogado Jorge Mattos, socio del estudio jurídico que tiene directores en el diario conocido como decano de la prensa argentina. Y remarcó que dos camaristas federales validaron su resolución.

    El día que allanaron el despacho de Salmain a los investigadores les llamó la atención que sobre el escritorio estaba, impreso en papel, el escrito donde los abogados de La Capital presentan una mera declarativa para que se dicte luego una cautelar autorizando al MULC a vender dólares para cancelar deudas en moneda extranjera con su acreedor.

    Piden la detención del juez federal Salmain de Rosario por una maniobra en favor de un polémico financista

    Entre cientos de trámites que se disponen en ese juzgado, Salmain tenía precisamente ese sobre su escritorio cuando llegaron a requisarlo. Cierto que podía ser para preparar su defensa, como lo hizo al ser indagado hoy, pero también parece insinuado el envío de un mensaje. Los investigadores saben que Salmain mantuvo una relación estrecha con abogados de ese estudio jurídico. Suponen que quiso orejear esa carta y también mandar recados hacia arriba. En el sentido de que si él procedió de modo criticable en su decisión judicial, también lo hicieron quienes lo avalaron.

    ¿Por qué llegó acusado Salmain? Los cuatro fiscales que investigaron este caso sospechan que los 10 millones de dólares o parte de ellos comprados a precio oficial fueron vendidos por el fideicomiso Atilla al valor blue lo que generó una suculenta ganancia por la diferencia de cambio. El fideicomiso lo explotaba el financista rosarino Fernando Whpei quien hoy está en prisión domiciliaria por distintas causas penales, una de ellas una extorsión a un par de agentes bursátiles en coordinación con el ex juez federal Marcelo Bailaque. Whpei al declarar como arrepentido dijo que para habilitar la cautelar Salmain solicitó un retorno del 10 por ciento surgido de la diferencia de cambio entre los billetes tomados en el oficial y vendidos en el blue. Y que el encargado de negociarlo fue el escribano y lobista del Poder Judicial Santiago Busaniche.

    Salmain plantea que la resolución similar que dio también en 2023 al pool de empresas que compraron La Capital encabezadas por el empresario Gustavo Scaglione (Comunicación 3SA) fue avalada por los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf.

    En su descargo, que hizo junto a sus abogados Ignacio Carbone y Gustavo Feldman, Salmain trituró a Whpei, a quien calificó como un «arrepentido serial». Dijo que su testimonio lo inventó a cambio de una promesa de no quedar detenido en una cárcel común. También alegaron que no basta en un caso de cohecho que el soborno se concrete, sino que el delito se comete cuando el funcionario pide la coima. Y que no hay ninguna evidencia de que él haya pedido nada.

    «Es una cuestión de interpretación eso. Para algo existen los valijeros, de modo que el funcionario no haga él mismo la transacción. Pero acá lo inusual fue la medida que tomó que para el BCRA y para muchos espectadores fue disparatada», comentó a LPO un abogado que analiza de muy cerca este pleito.

    El empresario Fernando Whpei.

    Salmain plantea que la resolución similar que dio también en 2023 al pool de empresas que compraron La Capital encabezadas por el empresario Gustavo Scaglione (Comunicación 3SA) fue avalada por los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf y la disidencia de Fernando Barbara. En esa demanda mera declarativa los abogados solicitaban al Banco Macro la venta de 2.282.000 dólares para pagar al Grupo América por la transferencia de La Capital Medios SA. El Banco Macro rechazaba el planteo. Salmain hizo lugar al pedido de La Capital.

    El BCRA demolió al juez Salmain por autorizar una venta de USD 10 millones cuando regía el cepo

    Fuentes del BCRA consideraron una estratagema defensiva traer a colación este caso. Indicaron a LPO que si bien hubo medidas similares en distintas jurisdicciones ante demandas de firmas que pedían comprar dólares a precio oficial en el mercado libre ninguna fue como la del fideicomiso Attila donde el BCRA quedaba obligado, por la resolución de Salmain, a entregar dólares billetes en efectivo. «Se quiere disfrazar la maniobra con una mentira de patas cortas. Sobre todo porque en el caso que se cita (el de La Capital) el demandado no es el Banco Central sino el Banco Macro. El Central solo es citado como tercero».

    Salmain dijo ser blanco de una campaña de persecución, de un armado donde situó como instigadores a algunos medios de prensa, en particular a LPO por las notas publicadas en torno de sus actos públicos. Afirmó que no se había pedido diferir la indagatoria que se hizo este martes por problemas de salud de los que dijo no estar repuesto pero que lo hizo, por zoom, por su obligación institucional. Adujo que su temperamento como juez es resolver con celeridad extrema y que eso acarrea malestar entre sus colegas que alimentan la adversidad en su contra.

    Fuentes del BCRA consideraron una estratagema defensiva traer a colación el caso de La Capital. Indicaron a LPO que si bien hubo medidas similares ante demandas de firmas que pedían comprar dólares a precio oficial, ninguna fue como la del fideicomiso Attila donde el BCRA quedaba obligado, por la resolución de Salmain, a entregar dólares billetes en efectivo. 

    Los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares y Sergio Rodríguez habían solicitado que se indague a Busaniche, Whpei y al juez Salmain «por haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 y hasta abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de USD$10.000.000, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario».

    Los fiscales señalaron Busaniche, por su aporte operativo, y el Salmain, por su aporte como magistrado a cargo de la causa, solicitaron el pago del diez por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares. Es así que, para cumplir con el plan criminal, dijeron, Salmain se reunió previamente con Whpei al menos una vez en su despacho el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifestó sobre su viabilidad técnica solicitando que lo demás lo arreglara con Busaniche.

    El juez a cargo de la indagatoria, Carlos Vera Barros, tiene diez días para resolver la situación procesal, vale decir procesar o dictar falta de mérito. Le mantuvo el estado de libertad lo que es una formalidad a derecho porque a Salmain lo amparan sus fueros como juez que le dan inmunidad de arresto.

     

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