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SUPERIOR TRIBUNAL DE HIDDEN LAKE

El Poder Judicial de Río Negro rechazó la apertura del camino Tacuifí, el trayecto corto y accesible al Lago Escondido, y ordenó que el único ingreso posible sea a través de 33 kilómetros de senderos de montaña, partiendo desde El Bolsón y con el cruce de varios ríos correntosos, subidas y bajadas muy escarpadas con tramos de bosque cerrado y espeso. Una travesía de tres a cuatro días, una ridiculez.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, con una mayoría de tres votos
(Cecilia Criado, Ricardo Apcarián y Sergio Barotto) y la abstención de dos conjuezas, intenta poner fin a una batalla judicial que lleva más de 18 años por la apertura del acceso corto al Lago Escondido por el camino público de Tacuifí, ubicado sobre la Ruta 40 a mitad de distancia entre El Bolsón y Bariloche.

La impunidad del inglés Joseph Lewis fue sostenida desde el inicio de la causa en el año 2005 por todos los gobiernos provinciales de turno, desde la actual gobernadora Arabela Carreras, pasando por el nuevamente gobernador electo Alberto Weretilneck, incluyendo los sucesivos gobiernos del radical Pablo Verani. Más de una década de impunidad intacta. Quien impide el tránsito libre y seguro al Lago Escondido desde hace 27 años, fue detenido y posteriormente liberado por el pago de fianza en Estados Unidos, pero no puede salir del país.

Mientras en norteamérica a Lewis se lo imputa por “fraude financiero” y “tráfico de información privilegiada”, en la provincia de Río Negro el trato brindado por la Justicia y el poder político al magnate inglés es diferencial y beneplácito. “En Argentina Joseph Lewis no solo fue denunciado penalmente en 2012 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por cometer fraude a la ley argentina al comprar -mediante engaño y simulación-, las tierras que rodean al Lago Escondido ubicadas en área de Seguridad de Frontera, sino que, además, se ocupó de que todos los accesos al espejo de agua, se encuentren bloqueados para quienes intenten molestar su privacidad y sus jugosos negocios”, explica la diputada electa en la provincia de Río Negro Magdalena Odarda en el medio Tiempo Argentino.

El trayecto habilitado por la justicia rionegrina solo puede ser afrontado por personas bien entrenadas, con equipamiento especial de montaña y con un buen estado físico que les permita sortear y sostener una travesía exigente a lo largo de por lo menos tres o cuatro días.

De manera formal, el STJ se pronunció a favor de un Recurso de Casación presentado por Hidden Lake y el Gobierno rionegrino contra un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, de hace un año atrás, que confirmó la orden de abrir un acceso al Lago Escondido por el Camino de Tacuifí emitida en 2013 por el juez de primera instancia Marcelo Cuellar. Este magistrado había ordenado la apertura del camino.

El camino de Tacuifí figura desde 1955 en los mapas del Instituto geográfico Nacional, se trata de un acceso que se conoce desde hace 70 años, mucho antes que Lewis comprara las tierras.

El trayecto habilitado por la justicia rionegrina solo puede ser afrontado por personas bien entrenadas, con equipamiento especial de montaña y con un buen estado físico que les permita sortear y sostener una travesía exigente a lo largo de por lo menos tres o cuatro días.

El dictamen del procurador Jorge Crespo tiene un metamensaje, y es que la causa por el libre acceso al Lago Escondido se encamina a anular la única vía que garantiza el acceso de todas las personas que quieran conocer esta maravilla natural que les, y nos, pertenece

Para sumar penurias, al final de este camino los aguarda una diminuta playa de piedras, llena de riscos peligrosos. Esa playa está ubicada en el extremo noroeste del lago, en el margen opuesto a dónde el multimillonario inglés impuso su mansión defendida por jueces provinciales y nacionales.

Luego de 18 años de amparo colectivo, el dictamen del procurador Jorge Crespo tiene un metamensaje, y es que la causa por el libre acceso al Lago Escondido se encamina a anular la única vía que garantiza el acceso de todas las personas que quieran conocer esta maravilla natural que les, y nos, pertenece, significando también la entrega lisa y llana del patrimonio natural argentino al capital británico.

 La residencia construida sobre el camino afectado al uso público es la base para transacciones inmobiliarias o energéticas con qataríes, árabes y grupos inversores de otras nacionalidades que desfilan por la estancia en busca de agua y territorios, muchos de ellos pertenecientes a pueblos originarios.

Magdalena Odarda, ex senadora nacional.

Pero la impunidad no termina allí dice Odarda a tiempoar: “La residencia construida sobre el camino afectado al uso público es la base para transacciones inmobiliarias o energéticas con qataríes, árabes y grupos inversores de otras nacionalidades que desfilan por la estancia en busca de agua y territorios, muchos de ellos pertenecientes a pueblos originarios.

Al obligar a los ciudadanos a quedarse del otro lado del muro que bloquea el camino de acceso, Lewis ha sido el anfitrión de los jueces, fiscales y empresarios investigados por los delitos de dádivas e incumplimiento de funcionarios públicos, hecho que se convirtiera en un verdadero escándalo público. Sin embargo, la impunidad pareciera también está garantizada en Comodoro Py.

Quizás el hecho que más nos avergüenza a los rionegrinos -cuando se trata de nuestros bienes naturales comunes- es que en un Estado de Derecho y con 40 años de Democracia, se permita desde el Estado el accionar violento de una “fuerza de choque parapolicial” que amenaza, hostiga, golpea y tortura a ciudadanos sin que un solo juez, fiscal o jefe de policía haya investigado, procesado ni detenido a nadie. 

La historia reciente en torno a la lucha por el libre acceso al Lago Escondido es trágica porque los hechos indican que el mismo patrón de violencia continúa y crece año tras año”.

Además, la ex Senadora nacional enumeró los hechos violentos acaecidos en diversos intentos en los que se usó el camino Tacuifí para acceder al lago Escondido:

  • En 2009 un grupo de periodistas y otros vecinos que realizaban un acto pacífico para reivindicar la soberanía frente al camino de ingreso de Tacuifí fueron reprimidos y sus cámaras confiscadas.
  • Años después, en 2019, dos activistas que participaban de la 4° marcha por la Soberanía, fueron atacadas por la patota que volcó sus embarcaciones en plena noche y en las aguas heladas del Lago Escondido cuando intentaban plantar una bandera argentina.
  • Un año después, en la quinta marcha, la secretaria general de CTA ANDINA sufrió fuertes golpes en su cuerpo, y una profesional de Tierra del Fuego debió ser hospitalizada por un piedrazo en su rostro.
  • En 2022, 21 personas que intentaron ingresar por el Sendero de montaña (teóricamente habilitado para ese fin por la Provincia) fueron interceptados por un grupo armado con rostros encapuchados que le impidieron el paso en alta montaña por varios días.
  • Sobre fines de ese mismo año, cientos de personas que denunciaban un “estado paralelo” en Lago Escondido también sufrieron agresiones.
  • A los pocos días, defensores de los derechos humanos -entre los que se encontraban una periodista de Télam, dirigentes sociales y hasta diputados-, fueron víctimas de intento de homicidio por la misma fuerza parapolicial con golpes de rebenques, piedrazos y embistiéndolos con caballos, lo que provocó que las ambulancias trasladaran a los heridos graves al hospital de El Bolsón y Bariloche de manera urgente.

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    La represa Futaleufú, otra licitación bajo sospecha: el Gobierno prepara un proceso para favorecer a grupos cercanos al poder

     

    La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La renovación de una concesión estratégica vuelve a poner en discusión el modelo energético de Milei

    Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.

    La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.

    Un nuevo aplazamiento mientras se prepara la licitación

    La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.

    No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.

    Chubut reclama un lugar en una decisión que considera propia

    Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.

    La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.

    El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.

    El antecedente de las privatizaciones y el peso de Aluar

    La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.

    Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.

    Una política energética cada vez más concentrada

    La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.

    En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.

    Un recurso estratégico cuyo destino vuelve a debatirse

    La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.

    Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.

     

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