Suena el nombre de Santiago Pérez Teruel como el candidato de Kicillof para juez de la Corte

Suena el nombre de Santiago Pérez Teruel como el candidato de Kicillof para juez de la Corte

 

El nombre de Santiago Pérez Teruel empezó a sonar fuerte como candidato de Axel Kicillof para ocupar un sillón de la Corte bonaerense. El propio gobernador lo habría planteado hace semanas en algunas reuniones informales donde se empezó a conversar el tema.

Pérez Teruel es un incondicional de Kicillof y forma parte del escaso grupo de funcionarios considerados «puros». Conoció a Kicillof en 2010 y unos años más tarde cuando fue subdirector general de Asuntos Jurídicos del ministerio de Economía y después ascendió a director.

En 2015, tras el triunfo de Mauricio Macri, una parte importante del grupo chico del ahora gobernador se refugió en cátedras de la recién creada Universidad de José C. Paz. Pérez Teruel fue uno de ellos.

En 2019, cuando Kicillof llegó a la provincia lo designó al frente de la Asesoría de Gobierno. Allí coordina todo el asesoramiento jurídico de la administración pública bonaerense y lidera un equipo de 300 personas que analizan las juridicidad de cada uno de los actos que hace el gobernador. Son unos 70.000 expedientes por año.

Kicillof habilita una negociación por la Suprema Corte y le daría un juez a los libertarios

En los últimos meses estuvo al frente del convenio que el gobierno provincial firmó con la AFA para que la selección de fútbol pueda utilizar el Estadio Único de La Plata.

También trabajó en el reordenamiento de la feria La Salada donde coordinó con la Justicia Federal el fin de la intervención. Teruel coordinó el despliegue de las fuerzas provinciales para asegurar la seguridad en el predio de Lomas, como también avanzar en un censo a los feriantes y sumar Cuenta DNI en cada uno de los puestos.

Santiago Pérez Teruel.

«La Suprema Corte es un tribunal político que garantizan el cumplimiento de la legalidad», dijo Pérez Teruel en septiembre en una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco. «Es muy importante que los candidatos sean idóneos, pero también que lleguen con un fuerte consenso político», agregó.

En esa entrevista fue consultado sobre si podría ser uno de los candidatos. «Yo formo parte de un espacio y me siento útil donde estoy. No me desvela (ser candidato a la Corte) y creo que hay compañeros muy preparados para esos cargos», dijo en respuesta con formalidad extrema.

Pérez Teruel es especialista en Abogacía del Estado y no cuenta con una carrera judicial. Pero ya él mismo lo dejó claro: la Suprema Corte bonaerense es un tribunal político.

De confirmarse su designación será el segundo funcionario de Kicillof que quedará en la provincia con un cargo de por vida. El primero fue Federico Thea -otro joven funcionario del grupo chico del gobernador- que pasó a presidir el Tribunal de Cuentas.

Aunque meses atrás desde Casa de Gobierno sostenían que la candidata iba a ser una mujer, una eventual designación de Pérez Teruel tendría como objetivo dejar a incondicionales del gobernador en los resortes más importantes del Estado bonaerense durante años.

Federico Thea.

LPO adelantó la semana pasada que Kicillof dio la orden de iniciar una demorada negociación para ocupar los cuatro asientos vacantes de la Corte. El Máximo Tribunal bonaerense funciona con apenas tres de los siete jueces que la componen, una anormalidad institucional que preocupa en todos los ámbitos políticos.

Hasta ahora el gobernador se negaba a abrir esa negociación, pero en los últimos días trascendió que la jueza Hilda Kogan habría adelantado al gobierno sus intenciones de tramitar su jubilación.

A Kogan le tocó estar al frente de la elección desdoblada de septiembre. Ocurre que la presidencia de la Suprema Corte es anual y rotativa, y quien ostenta la presidencia de la Corte queda como presidente de la Junta Electoral bonaerense. Allí estaba Kogan cuando Kicillof desdobló la elección provincial y por tanto fue la principal responsable de garantizar una elección casi inédita en la historia reciente de la provincia. «Hasta acá llegué», dijo días después.

Quienes siguen el tema aseguran que será una negociación larga y que excederá por lejos los tiempos del presupuesto. En los primeros borradores los tres sectores mayoritarios del peronismo (axelismo, kirchnerismo y massismo) se quedarán con un asiento cada uno, el cuarto quedará para La Libertad Avanza.

Los libertarios serán la segunda minoría en la Legislatura y tendrán la llave para la mayoría calificada (los dos tercios). LPO adelantó en septiembre el poder que consolidó Sebastián Pareja al tener los mejores lugares en las listas de la elección desdoblada. Serán unos 20 legisladores propios, que más allá del paraguas de La Libertad Avanza, responderán a su jefe más cercano: Pareja.

 

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    Pullaro, los pastores evangélicos y $4.000 millones evaporados: el escándalo que Santa Fe intenta tapar

     

    Un informe de TN encendió todas las alarmas: $4.000 millones destinados a combatir el consumo problemático habrían sido desviados desde la APRECOD hacia organizaciones evangélicas sin antecedentes y alineadas políticamente con el gobernador Maximiliano Pullaro y con Milei. El entramado involucra asociaciones creadas hace meses, convenios millonarios sin controles y vínculos directos con el partido UNO, el brazo evangélico del oficialismo provincial.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    Un desvío millonario hacia asociaciones recién nacidas

    La noche del informe de TN, encabezado por Luciana Geuna, dejó una estela de preguntas que el gobierno santafesino todavía no se anima a contestar. Según la investigación, alrededor de $4.000 millones salieron de la Agencia Provincial de Prevención de Consumo de Drogas (APRECOD) hacia organizaciones evangélicas vinculadas al espacio político que sostiene a Pullaro.

    Lo más llamativo: muchas de esas entidades fueron creadas entre febrero y marzo de 2025, es decir, ¡hace apenas unos meses! Aun así, obtuvieron montos millonarios por medio de convenios directos, firmados sin los controles administrativos básicos que exige la ley provincial.

    El caso más escandaloso, señalan desde EnOrsai, es el de Rockas Vivas, una asociación civil que nació en marzo de este año y que, según la documentación revelada, recibió más de $900 millones. Su presidenta, Laura Ruth Callejas, mantiene lazos directos con el partido evangélico UNO, estructura política que integra la coalición del oficialismo santafesino.

    Ghione, UNO y el armado político-religioso bendecido por Pullaro y Milei

    El informe también expone la centralidad del pastor y dirigente político Walter Ghione, referente de UNO y aliado tanto de Pullaro como de Milei, en la distribución de los fondos.
    Según la denuncia, el esquema de convenios habría concentrado recursos públicos en manos de este armado político-religioso, desviando dinero originalmente destinado a campañas de prevención del consumo problemático.

    Para completar el cuadro, en redes sociales volvió a circular material documental sobre asignaciones previas que ya habían generado polémica: entre ellas, $1.000 millones otorgados a una organización vinculada al diputado evangélico Amado “Pajarito” Gutiérrez. Un patrón que, visto en perspectiva, deja de parecer casualidad.

    La doble vara mediática y el silencio oficial

    El tema explotó nuevamente gracias a un posteo de la cuenta @ArrepentidosLLA, que aludió a la “doble vara” del tratamiento mediático:
    mientras en otras provincias —o bajo otros signos políticos— un monto así hubiera generado un escándalo nacional, aquí la reacción se diluye con rapidez porque se trata de un gobernador aliado del Gobierno nacional.

    Desde la administración santafesina afirman que todas las transferencias corresponden a “colaboraciones legítimas” con organizaciones comunitarias, aunque todavía no ofrecieron explicaciones sobre las inconsistencias que muestra el informe de TN: contratos sin controles, asociaciones sin experiencia y cifras que desbordan cualquier estándar razonable.

    Lo que viene: auditorías, pedidos de informes y una trama que recién empieza

    A medida que avanza la discusión pública, crecen las probabilidades de que el caso escale a nivel institucional. Distintos sectores políticos de la provincia ya trabajan en posibles pedidos de auditorías, requerimientos de documentación a la APRECOD e incluso citaciones formales para que funcionarios expliquen en qué se usaron los fondos.

    Por ahora, Pullaro no dijo una sola palabra. Y en Santa Fe todos saben que cuando el silencio es tan prolongado, no suele ser buena señal.

    Mientras tanto, los $4.000 millones que debían fortalecer las políticas públicas contra el consumo problemático siguen envueltos en sombras, y la provincia más golpeada por la violencia narco suma un nuevo capítulo de discrecionalidad y favoritismos políticos en áreas donde cada peso malgastado cuesta vidas.

     

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