Una vez más, como cada día de la semana el Barrio Santa Rita de la localidad de Villa Regina se encuentra sometido a la indiferencia de un vecino aserradero del barrio. Muy cerca se encuentra una institución deportiva a la que concurren jóvenes de todas las edades de diferentes puntos de la región. Aquí las actividades deportivas se desarrollan sobre una nube de humo, literal. De más está decir que el pronóstico no es saludable!
Los reclamos al municipio no deberían cuantificar sobre la alarmante situación al tratarse de un problema que afecta una gran parte del ejido municipal, las autoridades competentes deberían alertarse por sus propios medios y aplicar la regulación correspondiente de acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 66/09 emitida por el Consejo Deliberante y que rectifica la número 21/94 con un par de décadas más encima.
Así como este barrio, la localidad en su totalidad tiene un déficit ambiental muy importante, es necesario aclarar que la culpabilidad recae sobre la sociedad misma en muchos aspectos. La falta de empatía, educación e ignorancia son un combo perfecto para acortar los plazos de cualquier sistema inmune.
Hace muy poco en nuestra localidad se realizaba las elecciones municipales, y la falta de propuestas políticas ambientales se destacaron y cada vez son más escasas. En realidad, el contexto económico conlleva a que no se hable de contaminación en ningún aspecto. Somos una sociedad lo suficientemente ignorante como para que nos esclarezcan el «lado b» de los acuerdos que los políticos tienen. Además permitimos que los mismos desarrollen y articulen instrumentos para que funcionen de termómetro ante las cuestiones nocivas de la sociedad, algo un tanto contradictorio. Me atrevo a decir que pocos predican con el ejemplo.
Nuestro valle y por ende, su característico terreno permite que cualquier incineración que se lleve a cabo debido a la topografía y presión atmosférica se produzca una inversión térmica que haga que el humo se disperse y quede atrapado por más tiempo provocando así graves problemas en la salud de los ciudadanos. El humo tiene un impacto muy nocivo. Más allá de la irritación ocular y la congestión nasal, también puede traer consecuencias en los pulmones (broncoespasmo) y dolor de cabeza intenso. Empeora el estado de las personas alérgicas y asmáticas y también puede afectar el sentido del olfato. Los grupos más vulnerables son los niños pequeños y los adultos mayores.
¿Será momento de rever que tan operativo resulta ser las políticas propuestas y por ende su regulación?
El municipio ha desarrollado a nivel local algunas prácticas en pos de la salud humana, el caso de la prohibición en los comercios locales sobre la entrega de bolsas de nylon con la mercadería que adquirían sus clientes; que luego terminaban dispersas por la ciudad o en la mayoría de los casos incinerada en el basurero municipal, han dejado un buen resultado. Paralelamente, para sumar énfasis en la propuesta se realizó una gran concientización a la población en general para que la misma se convierta en promotora de estas buenas prácticas. Quizás en algún tiempo se tenga que volver a insistir con el mismo tema.
El tema de humo es recursivo en nuestra localidad y en nuestro medio.
Todos los 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco y se acompaña con una consigna, una campaña internacional y aún así la batalla parece desigual frente al lobby empresarial, las luces de los stands en kioscos y comercios, las presiones de grupos sociales y las publicidades llamativas de los cigarrillos industriales. Debido a…
Quien es incapaz de instalarse, olvidando todo lo ya pasado, en el umbral del presente, quien es incapaz de permanecer erguido en un determinado punto, sin vértigo ni miedo, como una diosa de la victoria, no sabrá lo que es la felicidad o, lo que es peor, no hará nunca nada que haga felices a…
El RA-10, proyecto iniciado en 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner, entra en su etapa final y podría transformar la producción argentina de radioisótopos para medicina nuclear.
Por Ignacia Fratelint para NLI
Un proyecto científico que comenzó hace 16 años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, está entrando finalmente en su etapa decisiva. El Reactor Argentino Multipropósito RA-10, una de las mayores apuestas tecnológicas de la historia reciente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), alcanzó un 96% de avance en su montaje y el Gobierno confirmó que antes de fin de 2026 comenzará el proceso de puesta en marcha, con el objetivo de completarlo durante los primeros meses de 2027. Detrás de esa obra hay una infraestructura destinada a producir radioisótopos para medicina nuclear, desarrollar tecnología para la industria y la ciencia y, potencialmente, convertir a la Argentina en uno de los principales proveedores internacionales de estos insumos estratégicos.
El dato político y temporal es importante porque el RA-10 no nació durante la actual administración ni fue concebido como respuesta a una necesidad coyuntural. El proyecto comenzó en 2010, cuando la CNEA inició el diseño de un nuevo reactor multipropósito destinado fundamentalmente a ampliar la producción nacional de radioisótopos. En aquel momento gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y la Argentina atravesaba una etapa de fuerte impulso a la ciencia, la tecnología y el desarrollo de capacidades nucleares nacionales. Cuatro años después, en 2014, la Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó la licencia de construcción y en marzo de 2016 comenzó la obra civil en el Centro Atómico Ezeiza.
Lo que está ocurriendo ahora, por lo tanto, es el cierre de un ciclo iniciado mucho antes. El reactor atravesó diferentes administraciones, etapas presupuestarias, modificaciones y períodos de distinto ritmo de ejecución hasta llegar al estado actual, en el que la obra civil ya está terminada y se realizan los ensayos preoperacionales necesarios para comprobar que todos sus sistemas funcionen de acuerdo con los parámetros previstos. La propia CNEA informa que el diseño demandó más de un millón de horas-hombre y más de 10.000 documentos técnicos, una dimensión que permite comprender que no se trata simplemente de levantar una construcción, sino de desarrollar y ensamblar una infraestructura tecnológica extremadamente compleja.
De un proyecto de 2010 a una herramienta contra la dependencia sanitaria
El RA-10 no es una central eléctrica. Es un reactor multipropósito de investigación y producción de 30 megavatios, diseñado para aprovechar los neutrones generados por la fisión nuclear en aplicaciones médicas, científicas e industriales. Una de sus funciones centrales será fabricar radioisótopos utilizados en medicina nuclear, entre ellos molibdeno-99, del que se obtiene tecnecio-99m, ampliamente utilizado para realizar estudios de diagnóstico por imágenes. También producirá lutecio-177, utilizado en terapias oncológicas dirigidas, e iridio-192, empleado tanto en medicina como en aplicaciones industriales.
La importancia de esta capacidad aparece con claridad cuando se observa cómo funciona actualmente el mercado internacional. La propia documentación de la CNEA señala que la provisión mundial de molibdeno-99 está fuertemente concentrada y que cinco empresas dominan más del 80% de la producción, mientras buena parte de los reactores utilizados para obtenerlo tienen más de tres décadas de operación. Las fallas y paradas de esas instalaciones pueden generar episodios de escasez que afectan directamente a los sistemas de salud que dependen de estos radioisótopos. Argentina logró históricamente sostener su abastecimiento mediante el reactor RA-3 de Ezeiza, pero ese reactor ya tiene más de 40 años, de modo que el RA-10 fue concebido precisamente para garantizar y ampliar esa capacidad en el futuro.
Ahí aparece una de las dimensiones menos visibles del proyecto: la soberanía sanitaria también depende de capacidades tecnológicas que casi nunca aparecen en las discusiones cotidianas sobre salud pública. Un hospital puede contar con médicos especializados y equipos de diagnóstico de última generación, pero determinados procedimientos requieren radioisótopos cuya producción depende de instalaciones nucleares altamente sofisticadas. Tener la posibilidad de producirlos localmente significa reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones internacionales y, al mismo tiempo, construir una capacidad científica que puede proyectarse hacia otros países.
Las cifras proyectadas son particularmente importantes. El RA-10 podrá producir hasta 3.000 curies de molibdeno-99 por semana, una cantidad que la CNEA estima equivalente a aproximadamente una cuarta parte de la demanda mundial; también tendrá capacidad para producir hasta 6.000 curies mensuales de lutecio-177 y hasta 20.000 curies mensuales de iridio-192 medicinal. La capacidad prevista supera las necesidades internas proyectadas, por lo que el reactor fue pensado desde su origen no solamente como una herramienta para garantizar el abastecimiento argentino, sino también como una plataforma capaz de exportar productos de alto valor tecnológico.
La etapa que falta y el debate sobre la inversión privada
El anuncio realizado esta semana introduce, sin embargo, una nueva discusión. El Gobierno confirmó que la puesta en marcha del reactor comenzará antes de fin de año, pero también explicó que para transformar la producción del RA-10 en una actividad comercial a gran escala será necesaria una planta asociada destinada a procesar los materiales irradiados y obtener los radioisótopos. Para financiar su construcción y desarrollar las actividades productivas y comerciales vinculadas con ella, la Secretaría de Asuntos Nucleares anunció un esquema que permitirá incorporar capital privado. El Estado conservará la conducción de la política nuclear y las funciones regulatorias, de seguridad y fiscalización.
Es precisamente allí donde aparece una cuestión que merece discusión más allá de las posiciones políticas coyunturales. El RA-10 es producto de una acumulación de conocimiento científico y tecnológico desarrollada durante décadas por instituciones públicas, particularmente la CNEA, y cuenta además con la participación de INVAP en la gestión y los servicios especializados de ingeniería. Que una empresa privada participe posteriormente en la explotación comercial no borra ese origen, pero sí obliga a preguntarse de qué manera se distribuirá el valor generado por una tecnología que fue concebida, investigada y desarrollada con una fuerte participación estatal. La cuestión no es menor si el reactor efectivamente logra posicionar a la Argentina en un mercado internacional de altas barreras tecnológicas.
La propia historia del proyecto ofrece, además, una respuesta frente a la idea de que las políticas científicas pueden medirse únicamente por resultados inmediatos. Desde el comienzo del RA-10 hasta su puesta en marcha habrán transcurrido alrededor de 17 años, atravesados por distintos gobiernos, ciclos económicos y decisiones presupuestarias. La construcción de capacidades estratégicas requiere precisamente esa mirada de largo plazo: un reactor nuclear no se diseña ni se construye en cuatro años, y tampoco se puede reemplazar de manera rápida el conocimiento acumulado por equipos científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores especializados. El RA-10 es, en ese sentido, también una muestra de cuánto tiempo puede demandar convertir una decisión de política científica en una infraestructura operativa.
El reactor tampoco se limitará a la medicina. Entre sus capacidades figura la producción de silicio dopado mediante transmutación neutrónica, un insumo utilizado para fabricar semiconductores de alta potencia destinados a sistemas eléctricos, transporte, energías renovables y otras aplicaciones industriales. También podrá realizar irradiación y ensayos de materiales y análisis por activación neutrónica para investigación y desarrollo. Es decir, detrás de los radioisótopos que pueden terminar en un hospital existe una plataforma tecnológica mucho más amplia, capaz de vincular salud, industria, ciencia y formación de profesionales.
El RA-10 llega así a su última etapa con una historia que permite mirar mucho más allá del anuncio de su futura inauguración. Fue concebido en 2010, comenzó a construirse en 2016 y ahora, en 2026, está a las puertas de su puesta en marcha, después de atravesar más de una década y media de desarrollo. La actual administración puede reivindicar haber llevado el proyecto hasta su fase final y tiene por delante la responsabilidad de ponerlo efectivamente en funcionamiento, pero la tecnología que está a punto de comenzar a operar pertenece a una trayectoria mucho más larga, en la que participaron sucesivos gobiernos, científicos, técnicos e instituciones del Estado argentino.
Si todo el proceso culmina como está previsto, la Argentina tendrá una nueva herramienta para producir medicamentos e insumos esenciales para la medicina nuclear, reducir su dependencia de proveedores externos, abastecer a sus hospitales y competir en un mercado internacional de altísima especialización. Esa posibilidad es, quizás, la dimensión más importante de una obra que durante años permaneció lejos de los grandes titulares. El reactor que comenzó a pensarse durante el gobierno de Cristina Kirchner está finalmente a punto de entrar en servicio, y su verdadero resultado no se medirá solamente por la inauguración de una instalación científica, sino por la capacidad de transformar ese conocimiento acumulado en salud, tecnología, industria y soberanía para las próximas décadas.
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En Chile hay enojo con Pablo Quino luego que dijera en una entrevista que Argentina es un país «bicontinental y bioceánico». La declaración se produjo luego de la reunión bilateral que tuvo Javier Milei con José Antonio Kast en Santiago en la que firmaron una declaración conjunta en favor de la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes determinado por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
El concepto utilizado por Quino es muy sensible para la diplomacia chilena porque es tomado como una provocaciones sobre su territorio porque sugiere que posee costas soberanas en los océanos Atlántico y Pacífico.
El jefe de la diplomacia argentina también planteó que «hay fortalecer su presencia en el Atlántico Sur porque es el camino a la Antártida», como argumento para construir la base integrada en Ushuaia.
De esta manera, en Chile recuerdan que el Protocolo de 1893, complementario al Tratado de Límites de 1881, establece que la soberanía argentina se proyecta hacia las costas del Atlántico y la chilena hacia las del Pacífico. El instrumento determina que Chile no puede pretender territorios hacia el Atlántico ni Argentina hacia el Pacífico.
Si bien no hubo expresión de parte del gobierno de José Antonio Kast, el debate público está encendido y diputados del oficialismo y la oposición presionan para que el presidente chileno tome acciones mas fuertes contra Argentina.
Alejandro Riquelme, diputado del partido de Kast, señaló que «rechazo categóricamente las declaraciones del canciller argentino. Argentina puede hablar de integración o corredores bioceánicos, pero eso es muy distinto a hablar de soberanía».
Lo preocupante es que ya se está haciendo costumbre que autoridades argentinas intenten reinterpretar, relativizar o directamente cuestionar tratados y acuerdos internacionales que resolvieron estas materias hace décadas. Los tratados no pueden respetarse solamente cuando resultan convenientes
«Lo preocupante es que ya se está haciendo costumbre que autoridades argentinas intenten reinterpretar, relativizar o directamente cuestionar tratados y acuerdos internacionales que resolvieron estas materias hace décadas. Los tratados no pueden respetarse solamente cuando resultan convenientes», agregó.
Por su parte, el diputado oficialista Stephan Schubert y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores sostuvo que «lo importante es tener claridad respecto de la intención y de los dichos de la autoridad argentina quienes han precisado que no tiene referencia con el océano Pacífico, por lo tanto es una declaración muy similar a la que nosotros hemos hecho con anterioridad y no tiene afectación respecto del mar chileno».
En tanto, el senador de derecha e integrante de la comisión de Relaciones Exterior , Iván Moreira aseguró que «desde hace un tiempo a esta parte hemos visto una verdadera ofensiva del gobierno argentino y nosotros seguimos poniendo la otra mejilla. Ya llegó la hora de tomar decisiones más enérgicas y no seguir avanzando con esta relación que se está convirtiendo en una relación no muy sana».
Desde hace un tiempo a esta parte hemos visto una verdadera ofensiva del gobierno argentino y nosotros seguimos poniendo la otra mejilla. Ya llegó la hora de tomar decisiones más enérgicas y no seguir avanzando con esta relación que se está convirtiendo en una relación no muy sana
«Además, los compromisos y acuerdos que se han tenido con el propio Presidente Milei no se han cumplido. Por ejemplo, el famoso decreto para la derogación de este decreto, en donde, con esta política expansionista de ellos, ahora se quieren aprovechar y es que tendrían con Chile soberanía compartida», añadió.
Desde la oposición, el diputado Raúl Soto indicó que «la política exterior de nuestro país está pecando de ingenuidad y amateurismo, especialmente en la relación bilateral con Argentina. La estrategia geopolítica de Argentina seguirá su curso y seguirá avanzando bajo la mirada permisiva, débil y errática del canciller y del presidente José Antonio Kast».
«La firma de una declaración que favorece los intereses de Argentina en gran medida, creo que fue un error y los hechos posteriores, como esta declaración del canciller declarando Argentina un país bioceánico, dan una muestra fehaciente de aquello», continuó.
Lo paradójico es que Quirno abrió este nuevo escenario de tensión cuando había cerrado la crisis que generó las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Javier Valverde, cuando dijo que el Estrecho de Magallanes es argentino. En este marco, por estas horas se especula con la posibilidad que el país trasandino presente una nota de protesta y convoque al embajador argentino, Jorge Faurie.
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