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SOBREDOSIS DE HUMO

Una vez más, como cada día de la semana el Barrio Santa Rita de la localidad de Villa Regina se encuentra sometido a la indiferencia de un vecino aserradero del barrio. Muy cerca se encuentra una institución deportiva a la que concurren jóvenes de todas las edades de diferentes puntos de la región. Aquí las actividades deportivas se desarrollan sobre una nube de humo, literal. De más está decir que el pronóstico no es saludable!

Los reclamos al municipio no deberían cuantificar sobre la alarmante situación al tratarse de un problema que afecta una gran parte del ejido municipal, las autoridades competentes deberían alertarse por sus propios medios y aplicar la regulación correspondiente de acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 66/09 emitida por el Consejo Deliberante y que rectifica la número 21/94 con un par de décadas más encima.

Así como este barrio, la localidad en su totalidad tiene un déficit ambiental muy importante, es necesario aclarar que la culpabilidad recae sobre la sociedad misma en muchos aspectos. La falta de empatía, educación e ignorancia son un combo perfecto para acortar los plazos de cualquier sistema inmune.

Hace muy poco en nuestra localidad se realizaba las elecciones municipales, y la falta de propuestas políticas ambientales se destacaron y cada vez son más escasas. En realidad, el contexto económico conlleva a que no se hable de contaminación en ningún aspecto. Somos una sociedad lo suficientemente ignorante como para que nos esclarezcan el «lado b» de los acuerdos que los políticos tienen. Además permitimos que los mismos desarrollen y articulen instrumentos para que funcionen de termómetro ante las cuestiones nocivas de la sociedad, algo un tanto contradictorio. Me atrevo a decir que pocos predican con el ejemplo.

Nuestro valle y por ende, su característico terreno permite que cualquier incineración que se lleve a cabo debido a la topografía y presión atmosférica se produzca una inversión térmica que haga que el humo se disperse y quede atrapado por más tiempo provocando así graves problemas en la salud de los ciudadanos. El humo tiene un impacto muy nocivo. Más allá de la irritación ocular y la congestión nasal, también puede traer consecuencias en los pulmones (broncoespasmo) y dolor de cabeza intenso. Empeora el estado de las personas alérgicas y asmáticas y también puede afectar el sentido del olfato. Los grupos más vulnerables son los niños pequeños y los adultos mayores.

¿Será momento de rever que tan operativo resulta ser las políticas propuestas y por ende su regulación?

El municipio ha desarrollado a nivel local algunas prácticas en pos de la salud humana, el caso de la prohibición en los comercios locales sobre la entrega de bolsas de nylon con la mercadería que adquirían sus clientes; que luego terminaban dispersas por la ciudad o en la mayoría de los casos incinerada en el basurero municipal, han dejado un buen resultado. Paralelamente, para sumar énfasis en la propuesta se realizó una gran concientización a la población en general para que la misma se convierta en promotora de estas buenas prácticas. Quizás en algún tiempo se tenga que volver a insistir con el mismo tema.

El tema de humo es recursivo en nuestra localidad y en nuestro medio.

¿Qué idea o herramienta podrías aportar?

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    El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.

    La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.

    Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables

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    La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.

    En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.

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    Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.

    La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.

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