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SOBREDOSIS DE HUMO

Una vez más, como cada día de la semana el Barrio Santa Rita de la localidad de Villa Regina se encuentra sometido a la indiferencia de un vecino aserradero del barrio. Muy cerca se encuentra una institución deportiva a la que concurren jóvenes de todas las edades de diferentes puntos de la región. Aquí las actividades deportivas se desarrollan sobre una nube de humo, literal. De más está decir que el pronóstico no es saludable!

Los reclamos al municipio no deberían cuantificar sobre la alarmante situación al tratarse de un problema que afecta una gran parte del ejido municipal, las autoridades competentes deberían alertarse por sus propios medios y aplicar la regulación correspondiente de acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 66/09 emitida por el Consejo Deliberante y que rectifica la número 21/94 con un par de décadas más encima.

Así como este barrio, la localidad en su totalidad tiene un déficit ambiental muy importante, es necesario aclarar que la culpabilidad recae sobre la sociedad misma en muchos aspectos. La falta de empatía, educación e ignorancia son un combo perfecto para acortar los plazos de cualquier sistema inmune.

Hace muy poco en nuestra localidad se realizaba las elecciones municipales, y la falta de propuestas políticas ambientales se destacaron y cada vez son más escasas. En realidad, el contexto económico conlleva a que no se hable de contaminación en ningún aspecto. Somos una sociedad lo suficientemente ignorante como para que nos esclarezcan el «lado b» de los acuerdos que los políticos tienen. Además permitimos que los mismos desarrollen y articulen instrumentos para que funcionen de termómetro ante las cuestiones nocivas de la sociedad, algo un tanto contradictorio. Me atrevo a decir que pocos predican con el ejemplo.

Nuestro valle y por ende, su característico terreno permite que cualquier incineración que se lleve a cabo debido a la topografía y presión atmosférica se produzca una inversión térmica que haga que el humo se disperse y quede atrapado por más tiempo provocando así graves problemas en la salud de los ciudadanos. El humo tiene un impacto muy nocivo. Más allá de la irritación ocular y la congestión nasal, también puede traer consecuencias en los pulmones (broncoespasmo) y dolor de cabeza intenso. Empeora el estado de las personas alérgicas y asmáticas y también puede afectar el sentido del olfato. Los grupos más vulnerables son los niños pequeños y los adultos mayores.

¿Será momento de rever que tan operativo resulta ser las políticas propuestas y por ende su regulación?

El municipio ha desarrollado a nivel local algunas prácticas en pos de la salud humana, el caso de la prohibición en los comercios locales sobre la entrega de bolsas de nylon con la mercadería que adquirían sus clientes; que luego terminaban dispersas por la ciudad o en la mayoría de los casos incinerada en el basurero municipal, han dejado un buen resultado. Paralelamente, para sumar énfasis en la propuesta se realizó una gran concientización a la población en general para que la misma se convierta en promotora de estas buenas prácticas. Quizás en algún tiempo se tenga que volver a insistir con el mismo tema.

El tema de humo es recursivo en nuestra localidad y en nuestro medio.

¿Qué idea o herramienta podrías aportar?

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    Más casta: Milei metió en la ANSES a un funcionario al que le pagamos hasta el yogur que se toma

     

    Mientras el gobierno de Javier Milei repite hasta el cansancio su discurso contra “la casta” y aplica un ajuste feroz sobre jubilados, trabajadores y beneficiarios de políticas sociales, una polémica designación dentro de la ANSES vuelve a poner en evidencia el doble estándar del oficialismo. El protagonista es Guillermo Arancibia, funcionario del organismo previsional que quedó en el centro de un escándalo por el uso de fondos públicos para gastos personales tan insólitos como yogures, barritas de cereal y otros consumos menores.

    Por Roque Pérez para NLI

    Un caso que estalló dentro del propio organismo

    La historia de Guillermo Arancibia comenzó a circular con fuerza en los pasillos de la Administración Nacional de la Seguridad Social cuando trabajadores del organismo denunciaron un uso irregular de la caja chica destinada a gastos institucionales. Según trascendió en distintas publicaciones periodísticas, entre ellas informes difundidos por Perfil y Minuto Uno, el funcionario habría justificado con fondos públicos la compra de alimentos y productos de consumo cotidiano, desde bebidas hasta yogures y barritas de cereal.

    El detalle, que podría parecer anecdótico si se lo observa aisladamente, terminó adquiriendo dimensiones políticas mucho más profundas. No solo por el carácter de los gastos, sino porque los mismos habrían sido respaldados mediante comprobantes y documentos oficiales firmados dentro del propio organismo, bajo el argumento de que se trataba de consumos vinculados a reuniones o actividades institucionales.

    Sin embargo, puertas adentro de la ANSES la interpretación fue otra. Para muchos trabajadores, el episodio se transformó rápidamente en un símbolo de los privilegios que sobreviven dentro del Estado incluso en momentos en que el gobierno habla permanentemente de austeridad.

    La bronca de los trabajadores y los afiches que lo expusieron

    La indignación interna no tardó en traducirse en un gesto visible. En distintos sectores del edificio central del organismo aparecieron afiches y mensajes que apuntaban directamente contra Arancibia. En esos carteles, que circularon entre empleados y terminaron trascendiendo públicamente, se lo acusaba de cobrar un salario elevado mientras utilizaba fondos institucionales para financiar consumos personales.

    La frase que más se repitió en esos carteles condensaba la bronca de quienes trabajan en el organismo: “ganás cinco palos y te comprás yogur con la caja chica”.

    Más allá del tono irónico, el episodio dejó expuesta una tensión profunda dentro de la ANSES. Mientras miles de trabajadores del sector público enfrentan congelamientos salariales, recortes presupuestarios y presión por reducción de gastos, algunos funcionarios parecen manejarse con criterios muy distintos a los que el propio gobierno proclama en su discurso público.

    El contexto del ajuste y el significado político del escándalo

    El caso adquiere una dimensión todavía más polémica si se observa el contexto general en el que ocurre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de administrar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y diversas políticas sociales que constituyen el principal ingreso de millones de argentinos.

    En ese marco, el gobierno de Javier Milei viene impulsando una política económica marcada por fuertes recortes del gasto público, licuación de ingresos previsionales y un discurso permanente sobre la necesidad de eliminar privilegios dentro del Estado.

    Sin embargo, episodios como el de Arancibia generan un contraste difícil de explicar. Mientras el relato oficial insiste en que el país necesita sacrificios para ordenar las cuentas públicas, aparecen situaciones que muestran cómo ciertos sectores del aparato estatal continúan operando con niveles de discrecionalidad que poco tienen que ver con la austeridad prometida.

    El problema, en definitiva, no es el precio de un yogur ni el costo de una barrita de cereal. El problema es quién paga esos consumos y bajo qué lógica se administran los recursos públicos en un organismo que maneja fondos destinados a jubilados y sectores vulnerables.

    De la polémica al ascenso

    Lejos de implicar un freno en su carrera dentro del organismo, la polémica no impidió que Arancibia siguiera consolidando su posición dentro de la estructura de la ANSES. Según distintas versiones periodísticas, el funcionario fue impulsado a un rol de mayor relevancia dentro del organismo previsional, lo que terminó alimentando aún más las críticas internas.

    Para muchos trabajadores, la señal política fue clara: las denuncias no generaron sanciones ni explicaciones públicas, y el episodio quedó reducido a un escándalo mediático sin consecuencias concretas dentro de la estructura estatal.

    Ese desenlace es precisamente lo que transformó el caso en un símbolo del doble discurso que rodea al gobierno libertario.

    La “casta” que nunca desaparece

    Desde su campaña electoral, Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de terminar con los privilegios de la política tradicional. La palabra “casta” se convirtió en el eje central de su narrativa y en una etiqueta destinada a señalar a quienes, según el discurso libertario, se beneficiaban del Estado mientras el resto de la sociedad pagaba la cuenta.

    Sin embargo, episodios como el de Arancibia parecen mostrar que el problema no desapareció, sino que cambió de protagonistas. El relato anticasta convive hoy con prácticas que recuerdan demasiado a aquellas que el propio oficialismo decía combatir.

    En ese sentido, el caso del “yogur de la ANSES” terminó convirtiéndose en algo más que una anécdota administrativa. Para muchos dentro y fuera del organismo, funciona como una metáfora incómoda de la política argentina contemporánea: un Estado que exige sacrificios a millones de personas mientras algunos funcionarios continúan moviéndose con privilegios financiados con dinero público.

    Y allí aparece la pregunta inevitable que atraviesa todo el episodio: si el ajuste es para todos, ¿por qué hay funcionarios a los que seguimos pagándoles hasta el yogur que se toman?

     

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