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Sobre la jornada electoral

La Municipalidad de Villa Regina recuerda las prohibiciones contempladas en el Código Nacional Electoral durante la jornada de comicios:

  1. Reuniones de electores dentro de un radio de 80 metros alrededor de la mesa receptora.
  2. Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado.
  3. Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas hasta transcurridas tres horas del cierre de los comicios.
  4. Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un medio de 80 metros de las mesas receptoras de votos.
  5. A los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de las elecciones, 12 horas antes y 3 horas después de finalizado el comicio.
  6. Realizar actos públicos de proselitismo, publicar, difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde 48 horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo.
  7. La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos. La Junta Electoral Nacional o cualquiera de sus miembros podrá disponer el cierre transitorio de los locales que estuvieran en infracción. No se instalarán mesas receptoras a menos de 80 metros de la sede en que se encuentre el domicilio legal de los partidos nacionales o de distrito.
  8. Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de las elecciones durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre. 
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  • En medio de los incendios, el funcionario que puso Scioli en el Parque Nahuel Huapi discute la interna del PJ en Bahía

     

    Mientras los incendios forestales jaquean a buena parte de la Patagonia y extreman las alertas en Bariloche y la zona, el funcionario que puso Daniel Scioli a cargo del Parque Nacional Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu, se muestra abocado a la discusión de nombres para conducir el PJ en su ciudad de base, Bahía Blanca.

    «Yo analizaría @Aguero_M_A Presidente del PJ Bahía Blanca, por qué no?», posteó este jueves en X Larraburu en alusión al secretario General de los municipales bahienses Miguel Ángel Agüero, uno de los dirigentes mencionados para ese cargo.

    Según señalaron a LPO cerca del PJ de Bahía, Larraburu ya venía jugando por lo bajo en la interna del peronismo local, incluso con charlas frecuentes con algunos concejales cercanos a Federico Susbielles. Ahora, salió a hacer sus apuestas en redes.

    Eso cayó mal en sectores del peronismo bahiense, que lo endilgan la etiqueta de «libertario». «Afiliado al PJ hace 51 años», cruzó Dámaso a una usuaria que lo alineó a La Libertad Avanza.

    «Por lo visto, no le preocupa el fuego ni lo que le diga Milei», dijo a LPO una fuente del peronismo bahiense, aludiendo al cargo que desde 2024 ostenta Larraburu en el gobierno libertario: intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi.

    Críticas a Dámaso Larraburu porque no puede controlar el incendio que ya arrasó con más de 2300 hectáreas en Nahuel Huapi

    Lo concreto es que, hace apenas diez días, se reportaron denuncias de una serie de incendios intencionales a la vera de la Ruta 40 en jurisdicción del Parque Nahuel Huapi, fuego que fue detenido por parte de visitantes y transeúntes que recorrían la zona.

    Se trata de tres focos de incendio que fueron neutralizados pero que extremaron las alertas en Bariloche y la zona, en un contexto donde el fuego devastó buena parte del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.

    Es en ese contexto que Larraburu salió a exponer su paladar por el titular de los municipales bahienses para el PJ. Fue el propio Agüero quien, días atrás, dijo a La Nueva Play: «Me llamaron de Buenos Aires para que sea el presidente del PJ bahiense».

    «Afiliado al PJ hace 51 años», cruzó Dámaso a una usuaria que lo alineó a La Libertad Avanza. «Por lo visto, no le preocupa el fuego ni lo que le diga Milei», dijo a LPO una fuente del peronismo bahiense

    «No sé quien lo llamó. Al momento, solo Larraburu salió a bancarlo», dijo otra fuente del peronismo bahiense consultada que, a la vez, propone como candidato de unidad al flamante asesor letrado del municipio, Ezequiel Reina.

    «Parece que a algunos muchachos del oficialísimo Bahiense, no les gustó mucho, que de una simple opinión, sin querer meterme en designación de candidato o candidata del PJ. local. Pido disculpas, estuve ausente un tiempo del Principado, ya me acostumbraré», dijo Larraburu horas más tarde, luego de la controversia interna que generó su aparición en la interna peronista.

    Arribado al gobierno libertario de la mano de Scioli y del por entonces jefe de Gabinte Guillermo Francos, con quien compartió directorio en el Bapro durante el gobierno provincial sciolista, Larraburu ya había sido blanco de críticas durante los incendios que el año pasado afectaron al Parque que comanda. 

     

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    Grabois le respondió a Jorge Macri y expuso el uso político de las acusaciones sin pruebas

     

    El diputado salió al cruce de del Jefe de Gobierno con un artículo contundente en el que no sólo rechazó las acusaciones del jefe de Gobierno porteño, sino que puso en discusión algo más profundo: el uso deliberado de la calumnia como herramienta política, la liviandad institucional con la que se lanzan imputaciones públicas y la persistente estigmatización de las organizaciones sociales.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Una acusación lanzada al aire

    El punto de partida del conflicto fue una serie de declaraciones de Jorge Macri en las que vinculó a Grabois con supuestas irregularidades en comedores comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Sin denuncia judicial previa, sin expediente identificado y sin notificación formal a las organizaciones involucradas, el jefe de Gobierno optó por el camino más corto: la acusación mediática.

    Ese dato no es menor. En su artículo publicado en Infobae, Grabois remarca que ninguna de las estructuras mencionadas depende de él ni de las organizaciones que integra, y que jamás fue informado oficialmente de las supuestas irregularidades. La pregunta que queda flotando es evidente: si existían pruebas, ¿por qué no se presentaron ante la Justicia antes de amplificarlas en los medios?

    El límite entre la gestión y la difamación

    Uno de los ejes más sólidos del planteo de Grabois es la distinción entre crítica política y atribución concreta de delitos. No se trata —plantea— de un debate ideológico ni de diferencias sobre el rol del Estado, sino de imputar hechos penalmente reprochables sin respaldo probatorio.

    Desde ese lugar, el dirigente social señala que acusar públicamente a una persona de corrupción o fraude sin pruebas no es una opinión, sino una conducta tipificada por la ley. Y pone el foco en una práctica cada vez más extendida: funcionarios que reemplazan la denuncia judicial por el golpe mediático, sabiendo que el daño reputacional ya está hecho aunque luego no puedan sostener lo dicho.

    El trasfondo: disciplinar a las organizaciones

    Más allá del cruce personal, el texto deja entrever una lectura política más amplia. Para Grabois, este tipo de operaciones no buscan transparencia sino disciplinamiento: desacreditar a las organizaciones sociales que denuncian el ajuste, el vaciamiento de políticas alimentarias y el corrimiento del Estado en los barrios populares.

    En ese marco, la ofensiva discursiva del Gobierno porteño aparece menos como una auditoría genuina y más como una estrategia de construcción de enemigos internos, donde los comedores y movimientos sociales vuelven a ser presentados como sospechosos por default, mientras se evita discutir el impacto real de los recortes y la subejecución presupuestaria.

    Una respuesta que incomoda

    Grabois no sólo negó las acusaciones, sino que las devolvió con una advertencia política y jurídica: si se demuestra la falsedad de lo dicho, avanzará en acciones legales y destinará cualquier resarcimiento a fortalecer espacios comunitarios. El gesto no es casual: busca contrastar dos formas de hacer política, una basada en el señalamiento fácil y otra en la rendición de cuentas.

    En el fondo, el episodio deja una postal incómoda para Jorge Macri. Un jefe de Gobierno que acusa sin pruebas queda expuesto no sólo a un conflicto judicial, sino a una pregunta más difícil de esquivar: ¿qué tan responsable puede ser un funcionario que confunde gestión con difamación y comunicación política con imputación penal?

    N. de R.: Estaría bueno que dirigentes que tanto han bregado contra la concentración de medios, a la hora de hacer una nota de opinión, no caigan en la tentación de dársela a los mismos.

     

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