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Skatepark: así es el proyecto para su restauración

A principios de este año la Municipalidad de Villa Regina, en un trabajo en conjunto en el que intervinieron la Secretaría de Obras y Servicios y las Direcciones de Cultura y de Deportes, comenzó con las tareas de mejoramiento del skatepark, espacio al que su constante uso había provocado su deterioro.

El proyecto de restauración del skatepark, que había sido inaugurado en el 2015 y al que nunca se le habían realizado mejoras, fue elaborado para ser ejecutado en distintas etapas.

En la primera, el ‘lavado de cara’ o intervención, para mejorar las partes rotas y luego cubrirlas con una base de pintura negra para aplicar posteriormente el arte del graffiti, un aliado de la cultura rider. A cargo de la intervención está el artista local Marcos Ulloa, conocido como ‘Lizo’, quien ya trabajó sobre el skatepark y es conocido por quienes asisten a practicar.

‘Lizo’ dividió el trabajo: primero se restaura, luego se le da una base de pintura y finalmente se aplica el arte del graffiti. Mientras se lleva a cabo esta etapa se va trabajando sobre la siguiente: iluminación, cartelería y agua.

El proyecto completo culmina con la extensión de una de sus plataformas de aterrizaje, que es de suma importancia para la seguridad de quienes entrenan. Además esta extensión serviría para diferentes manifestaciones artísticas ya que el predio alrededor del skatepark también es utilizado por artistas para dar recitales, batallas de rap, etc.

A su vez se planifica otro playón donde puedan jugar y practicar los/as más pequeños/as y que no corran riesgos ya que muchas personas van con niños/as y consideran erróneamente que el skatepark cumple las funciones de una plaza con juegos y no es así. Es por esto que la cartelería juega un papel importante, brindando el soporte al deportista para explicar que el espacio es de uso exclusivo para el desarrollo de la actividad en todas sus disciplinas y en todos sus estadíos como también el uso de casco y otras protecciones.

El skate park es el único espacio habilitado para la práctica de ciertos deportes como skate, bmx, rollers, monopatín.

Recomendaciones:

*Respetá a quienes están entrenando

*Usá el skatepark de acuerdo a tu nivel

*Usá los elementos de protección

*El skatepark es exclusivo para la práctica deportiva

(La nota fue elaborada a partir de la publicación de ‘La Tapa)

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    Axel Kicillof.

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    La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La renovación de una concesión estratégica vuelve a poner en discusión el modelo energético de Milei

    Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.

    La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.

    Un nuevo aplazamiento mientras se prepara la licitación

    La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.

    No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.

    Chubut reclama un lugar en una decisión que considera propia

    Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.

    La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.

    El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.

    El antecedente de las privatizaciones y el peso de Aluar

    La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.

    Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.

    Una política energética cada vez más concentrada

    La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.

    En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.

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    La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.

    Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.

     

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