A principios de este año la Municipalidad de Villa Regina, en un trabajo en conjunto en el que intervinieron la Secretaría de Obras y Servicios y las Direcciones de Cultura y de Deportes, comenzó con las tareas de mejoramiento del skatepark, espacio al que su constante uso había provocado su deterioro.
El proyecto de restauración del skatepark, que había sido inaugurado en el 2015 y al que nunca se le habían realizado mejoras, fue elaborado para ser ejecutado en distintas etapas.
En la primera, el ‘lavado de cara’ o intervención, para mejorar las partes rotas y luego cubrirlas con una base de pintura negra para aplicar posteriormente el arte del graffiti, un aliado de la cultura rider. A cargo de la intervención está el artista local Marcos Ulloa, conocido como ‘Lizo’, quien ya trabajó sobre el skatepark y es conocido por quienes asisten a practicar.
‘Lizo’ dividió el trabajo: primero se restaura, luego se le da una base de pintura y finalmente se aplica el arte del graffiti. Mientras se lleva a cabo esta etapa se va trabajando sobre la siguiente: iluminación, cartelería y agua.
El proyecto completo culmina con la extensión de una de sus plataformas de aterrizaje, que es de suma importancia para la seguridad de quienes entrenan. Además esta extensión serviría para diferentes manifestaciones artísticas ya que el predio alrededor del skatepark también es utilizado por artistas para dar recitales, batallas de rap, etc.
A su vez se planifica otro playón donde puedan jugar y practicar los/as más pequeños/as y que no corran riesgos ya que muchas personas van con niños/as y consideran erróneamente que el skatepark cumple las funciones de una plaza con juegos y no es así. Es por esto que la cartelería juega un papel importante, brindando el soporte al deportista para explicar que el espacio es de uso exclusivo para el desarrollo de la actividad en todas sus disciplinas y en todos sus estadíos como también el uso de casco y otras protecciones.
El skate park es el único espacio habilitado para la práctica de ciertos deportes como skate, bmx, rollers, monopatín.
Recomendaciones:
*Respetá a quienes están entrenando
*Usá el skatepark de acuerdo a tu nivel
*Usá los elementos de protección
*El skatepark es exclusivo para la práctica deportiva
(La nota fue elaborada a partir de la publicación de ‘La Tapa)
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Venezuela no es un problema: es un botín. Con las mayores reservas de petróleo del planeta, valuadas en entre 17 y 18 billones de dólares, el país concentra un volumen de riqueza energética que explica décadas de presiones, sanciones, intentos de disciplinamiento y ahora, abiertamente, proyectos de recolonización. Detrás del discurso de la “democracia” y la “transición”, lo que está en juego es el control del petróleo.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Las mayores reservas del planeta y un crudo incómodo para el imperio
Venezuela posee alrededor de 303 mil millones de barriles de petróleo probados, lo que representa cerca del 17 % de todas las reservas mundiales. No existe otro país con semejante volumen bajo su subsuelo.
La mayor parte de ese petróleo se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco y corresponde a crudo extra-pesado, un tipo de petróleo más denso y costoso de procesar que el liviano. Su explotación requiere tecnología avanzada, inversiones constantes y capacidad de refinación específica, especialmente diseñada para este tipo de crudo.
Ese dato técnico no es menor: explica por qué históricamente las grandes petroleras norteamericanas y europeas estuvieron tan interesadas en Venezuela, y también por qué las refinerías del Golfo de México fueron adaptadas durante décadas para procesar crudo venezolano. No es un petróleo cualquiera: es estratégico.
A precios actuales del crudo, el valor bruto de esas reservas se calcula en unos 17 a 18 billones de dólares. Para dimensionarlo: equivale a entre el 76 y el 81 % de toda la masa monetaria M2 de Estados Unidos, o dicho de otro modo, a tres cuartas partes de todo el dinero que circula y se deposita en el sistema financiero estadounidense.
Antes de la nacionalización: Venezuela producía, pero no mandaba
Durante gran parte del siglo XX, el petróleo venezolano estuvo controlado por empresas extranjeras, principalmente estadounidenses. Desde las décadas de 1920 hasta los años 60, compañías como Exxon, Mobil y Gulf Oil dominaron la exploración, extracción y exportación del crudo.
En ese período, Venezuela llegó a producir más de 3,7 millones de barriles diarios, ubicándose entre los principales productores del mundo. Sin embargo, el control real del negocio, las decisiones estratégicas y una porción sustancial de las ganancias quedaban fuera del país.
El esquema era simple y conocido en América Latina: Venezuela ponía el recurso, las multinacionales se llevaban la renta.
Ese modelo empezó a resquebrajarse cuando el petróleo dejó de ser visto solo como mercancía y pasó a ser comprendido como recurso estratégico y herramienta de soberanía.
La nacionalización, PDVSA y el límite al saqueo
En 1976, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Venezuela nacionalizó su industria petrolera y creó Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). A partir de ese momento, el Estado venezolano pasó a controlar la producción, refinación y comercialización del crudo.
La nacionalización no fue una rareza: formó parte de una ola global de nacionalismo energético que recorrió el mundo en los años 70. Pero para Estados Unidos fue una señal clara de alerta: uno de sus principales proveedores de energía decidía no obedecer más.
Décadas después, con Hugo Chávez, ese control estatal se profundizó. Desde 2007, las empresas extranjeras fueron obligadas a convertirse en socias minoritarias de PDVSA o retirarse. Algunas aceptaron —como Chevron—, otras se fueron denunciando “expropiaciones”.
Lo que para Venezuela fue soberanía energética, para Washington fue y sigue siendo un “robo”. Desde entonces, el petróleo venezolano quedó en el centro de una guerra económica: sanciones, bloqueos, asfixia financiera y operaciones políticas.
Un botín que explica todo: FMI, Argentina y el contraste brutal
El valor de las reservas petroleras venezolanas permite entender la magnitud del conflicto.
Con 17 a 18 billones de dólares (calculado ya extraído y en barriles), ese petróleo equivale a:
Entre 380 y 400 préstamos del FMI como el que sostiene Milei, de unos 45 mil millones de dólares.
Entre 26 y 28 PBI completos de la Argentina.
Siete u ocho veces todo el efectivo físico que circula en Estados Unidos.
Mientras Argentina es disciplinada por el FMI por decenas de miles de millones, Venezuela es acosada por una riqueza que vale cientos de veces más. La diferencia no es moral ni ideológica: es material.
Por eso Estados Unidos no negocia con Venezuela como con un país cualquiera. La discute, la sanciona, la amenaza o directamente intenta administrarla. No por su sistema político, sino por su subsuelo.
El remate que incomoda
Venezuela no es pobre: es demasiado rica para que la dejen en paz. Y la Argentina de Milei no es castigada por rebelde, sino por obediente y endeudable.
Cuando se entiende que el petróleo venezolano equivale a décadas enteras de producción argentina, a cientos de acuerdos con el FMI y a una porción sustancial del dinero estadounidense, se cae el relato.
No es democracia contra autoritarismo. Es saqueo contra soberanía.
A través del Decreto 04/21, la Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro que establece restricción en la circulación en horario nocturno. La medida estará en vigencia hasta el 31 de enero e indica, en líneas generales, que se restringe la circulación de personas…
El juez Martín Cormick declaró este lunes la nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, ante la demanda realizada por el CELS, bajo el argumento que ese reglamento otorga «un exceso de competencia» al Poder Ejecutivo.
En un escrito de 38 páginas, el magistrado a cargo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 11 objetó que «bajo el ropaje de un Protocolo interno, y por medio de una resolución Ministerial, se regulan derechos constitucionales y convencionales, tales como el derecho a perticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución), y el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en tanto los mismos sólo pueden ser regulados por ley emanada del Congreso Nacional».
Además, advirtió que «se modifica el alcance del artículo 194 del Código Penal, permitiendo, incluso, respecto de la flagrancia, una interpretación más gravosa que la que efectúa el artículo 353 bis, modificándolo en consecuencia». «Por ende, el Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias», alertó.
Cormick también precisó que la resolución 943/23 imparte directivas a las fuerzas de seguridad que no están contempladas en las leyes que regulan su accionar. «Las directivas dadas por la Resolución 943/23 -en su articulado- al personal de la fuerzas no se basan en las leyes 19349 (Gendarmería Nacional); 18398 (Prefectura Naval); 21965 (Policía Federal Argentina); ley 26102 (Policía Aeroportuaria); y ley 20416 (Servicio Penitenciario Federal), pues no existe expresión ni referencia ninguna a estas normas, circunstancia que podría conducir a que el personal de las fuerzas -en ejercicio de lo allí ordenado- vulnere los preceptos de las leyes dictadas por el Poder Legislativo que regulan su actividad y competencia (ver artículos 4° y 5° de la Resolución atacada)».
El juez también consignó que no obra en la resolución ninguna cita a la Ley de Protección de Datos Personales, ni tampoco se mencionan los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que legislan sobre la materia. «Ni para armonizarlos a la presente Resolución, ni para limitar su alcance», aclara.
Uno de los abogados que trabajó en el reclamo contra el protocolo de Bullrich junto al equipo del CELS señaló que el juez Cormick consideró que la resolución «no sólo es desproporcionada e irrazonable, sino ilegal y se auto atribuye facultades legislativas».
El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos.
La exministra de Seguridad, por su parte, se quejó por el fallo judicial. «El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos», expresó por Twitter.
En ese sentido, agregó: «¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno».
La referencia de Bullrich apunta a que Cormick es el mismo magistrado que ordenó al gobierno cumplir con lo dispuesto por la ley de Financiamiento Universitario, una desobediencia del gobierno de Javier Milei que pone a sus funcionarios a tiro de denuncia penal.
En el equipo de Marcelo Lewandowski admitieron a LPO que el senador no descarta competir por la intendencia de Rosario en 2027 aunque aclararon que todas las opciones serán evaluadas en su momento. «No descarta nada», repiten cerca del ex periodista deportivo donde evalúan distintos escenarios.
Falta una eternidad, dicen en ese espacio pero saben que el peronismo requiere que se ordene para enfrentar la próxima elección en la que se elige desde el gobernador, la Legislatura, intendentes y concejos municipales además de la elección nacional en la que Santa Fe renovará sus tres senadores.
Lo cierto es que Lewandowski suena para competir por la intendencia y calienta la interna peronista donde Juan Monteverde de Ciudad Futura es candidato puesto, aunque hay sectores del peronismo que relativizan el tema, es muy prematuro suponer que el candidato del peronismo va a ser Monteverde, dicen para abrirle la puerta a una interna.
Minutos del cierre de lista de diputados nacionales cuando Lewandowski se enteró que su espacio quedaba afuera le habría dicho a Monteverde; «¿así que quedamos afuera? ok, no vemos en dos años en la interna por la intendencia».
Sin embargo, tanto en el entorno del senador como en otros sectores del PJ coinciden en un planteo claro: no quieren que los candidatos vuelvan a elegirse a dedo. La exigencia de una interna aparece como condición para cualquier armado y como respuesta a un proceso de cierre de listas que dejó malestar.
De hecho, en el peronismo provincial circuló una anécdota que habría sucedido a minutos del cierre de lista de diputados nacionales cuando Lewandowski se enteró que su espacio quedaba afuera le habría dicho a Monteverde; «¿así que quedamos afuera? ok, no vemos en dos años en la interna por la intendencia».
La bronca se activó con la lista que encabezó Caren Tepp como candidata a diputada nacional, un armado que también dejó afuera a otros sectores del peronismo y alimentó el malestar interno.
Juan Monteverde
La bronca se activó con la lista que encabezó Caren Tepp como candidata a diputada nacional, un armado que también dejó afuera a otros sectores del peronismo y alimentó el malestar interno.
La chance de que Lewandowsky vuelva a jugar fuerte en Rosario reactualiza el debate sobre una carrera política marcada por avances rápidos y retrocesos fuertes. Su salto desde el periodismo deportivo fue veloz: llegó al Senado provincial de la mano de Omar Perotti y en poco tiempo se convirtió en una figura central del armado.
La apuesta mayor fue en 2023, cuando encabezó la fórmula a gobernador. La derrota frente a Maximiliano Pullaro fue amplia y dejó expuestas limitaciones del armado, sobre todo en el territorio. El salto posterior al Senado nacional lo reubicó en un lugar institucional, pero no cerró la discusión sobre su proyección.
Ahora, Rosario vuelve a aparecer como un escenario posible. Lewandowski volvería a revalidar su caudal electoral en su distrito y una eventual interna con Monteverde reordenaría el mapa del peronismo. Por lo bajo, en el PJ admiten que la pelea está abierta. Lewandowsky no se lanza, pero tampoco se baja. Y en un peronismo sin conducción clara, nadie quiere quedar afuera antes de que empiece la disputa real.
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