A principios de este año la Municipalidad de Villa Regina, en un trabajo en conjunto en el que intervinieron la Secretaría de Obras y Servicios y las Direcciones de Cultura y de Deportes, comenzó con las tareas de mejoramiento del skatepark, espacio al que su constante uso había provocado su deterioro.
El proyecto de restauración del skatepark, que había sido inaugurado en el 2015 y al que nunca se le habían realizado mejoras, fue elaborado para ser ejecutado en distintas etapas.
En la primera, el ‘lavado de cara’ o intervención, para mejorar las partes rotas y luego cubrirlas con una base de pintura negra para aplicar posteriormente el arte del graffiti, un aliado de la cultura rider. A cargo de la intervención está el artista local Marcos Ulloa, conocido como ‘Lizo’, quien ya trabajó sobre el skatepark y es conocido por quienes asisten a practicar.
‘Lizo’ dividió el trabajo: primero se restaura, luego se le da una base de pintura y finalmente se aplica el arte del graffiti. Mientras se lleva a cabo esta etapa se va trabajando sobre la siguiente: iluminación, cartelería y agua.
El proyecto completo culmina con la extensión de una de sus plataformas de aterrizaje, que es de suma importancia para la seguridad de quienes entrenan. Además esta extensión serviría para diferentes manifestaciones artísticas ya que el predio alrededor del skatepark también es utilizado por artistas para dar recitales, batallas de rap, etc.
A su vez se planifica otro playón donde puedan jugar y practicar los/as más pequeños/as y que no corran riesgos ya que muchas personas van con niños/as y consideran erróneamente que el skatepark cumple las funciones de una plaza con juegos y no es así. Es por esto que la cartelería juega un papel importante, brindando el soporte al deportista para explicar que el espacio es de uso exclusivo para el desarrollo de la actividad en todas sus disciplinas y en todos sus estadíos como también el uso de casco y otras protecciones.
El skate park es el único espacio habilitado para la práctica de ciertos deportes como skate, bmx, rollers, monopatín.
Recomendaciones:
*Respetá a quienes están entrenando
*Usá el skatepark de acuerdo a tu nivel
*Usá los elementos de protección
*El skatepark es exclusivo para la práctica deportiva
(La nota fue elaborada a partir de la publicación de ‘La Tapa)
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Dos ex jefes máximos de policía de Santa Fe fueron condenados a seis años de prisión efectiva tras ser investigados por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales, en un juicio donde el gobernador Maximiliano Pullaro declaró como testigo de la investigación, ya que fue el denunciante de los hechos.
Los dos condenados son Rafael Grau, de 61 años, y Omar Odriozola, de 59. Ambos condujeron la policía santafesina entre 2013 y 2016 desde la jerarquía más alta como comisarios generales. Es un hecho histórico, en tanto es la primera vez que dos jefes de la fuerza son sentenciados por defraudación agravada a la administración pública y asociación ilícita.
El asunto va más allá de los comisarios. El actual presidente del tribunal de Cuentas de la provincia, Oscar Biagioni, también quedó en evidencia en el juicio, por ofrecer asistencia y cobertura a uno de los jefes que terminó condenado, lo que provocó que el diputado santafesino Fabián Palo Oliver presentara en su contra un pedido de juicio político.
Fabián Palo Oliver, de pie, junto a su banca.
Grau fue jefe de la policía provincial entre septiembre de 2015 y febrero de 2016. Odriozola ocupó el mismo cargo con anterioridad, desde febrero de 2013 hasta septiembre de 2015. Les atribuyeron a ambos la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.
El caso expresa un tipo de delito sistémico en la institución policial, que es el desvío fraudulento de partidas para la fuerza. Hace un mes, en Rosario quedaron presos por seis meses trece funcionarios policiales que participaron de robo de partidas para el combustible de los patrulleros de la ciudad, lo que suponía un robo mensual de 45 millones de pesos, desde hacía meses.
La investigación que termina ahora con los máximos jefes presos la empezó el fiscal santafesino Roberto Apullán en mayo de 2016. Pullaro, por entonces ministro de Seguridad, recibió una carta anónima en la que se mencionaban maniobras fraudulentas en el Departamento de Logística (D4) de la fuerza. El ardid consistía en pagar facturas por reparaciones a móviles que nunca fueron realizadas. A montos actualizados el desfalco fue por unos 250 millones de pesos.
En septiembre de 2017, Apullán pidió allanamientos a Gendarmería Nacional en talleres mecánicos, tres de Santa Fe y uno de Rosario. También se requisaron oficinas de la Jefatura como de la Unidad Regional I de Santa Fe y se peritaron diez vehículos. En la mitad de las unidades no se había realizado las reparaciones facturadas.
Pullaro, el día que declaró contra los policías presos.
“Los dos acusados eran los jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por funcionarios públicos policiales y por civiles”, informó el fiscal Ezequiel Hernández al imputar a Grau y Odriozola. “Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”, refirió.
La modalidad delictiva, dijo el fiscal, consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y de repuestos que no se compraban. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo. “Los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima. Coordinaron acciones con Facundo José Testi -organizador de la banda- y con sus miembros. Y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente”, afirmó el fiscal Hernández.
Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas.
Además de los dos ex jefes condenados ayer, hay otras nueve personas que ya fueron sentenciadas -cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo- en juicios abreviados. Los acusados admitieron su culpa y pagaron cinco millones de pesos en multas en 2020.
Entre estos condenados, están Raúl Alberto Patriarca, policía, ex habilitado de la Jefatura provincial. Ariel Hernán Villanueva, de 44 años, policía y contador público, ex habilitado de la jefatura provincial. También José María Leiva, exjefe de Logística de la policía santafesina. Facundo José Testi, civil, responsable del comercio “T-gráfica”, organizador de la asociación ilícita. Rodrigo Ruiz, de 30 años, civil, responsable del taller “Servicio Mecánico”. Y Maximiliano Ambrosio, de 38 años, civil, vendedor de repuestos.
Devolver el sopapo
Este juicio dejó en una posición frágil a un funcionario de mucho peso en la estructura institucional de la provincia y a la vez de perfil polémico. Es Oscar Marcos Biagioni, que cumplió funciones durante cinco décadas para diversas gestiones en cargos clave de la provincia.
Biagioni, según revela una escucha telefónica difundida en las audiencias, se puso a disposición del comisario Grau destacando que le ofrecía lo que necesitara en su carácter de presidente del Tribunal de Cuentas y ofreciéndole que podía contar “con la información” y con “todos los datos” que le podía brindar en tal carácter.
Oscar Biagioni, presidente del Tribunal de Cuentas.
Algo tan serio como eso queda al desnudo en las escuchas. Biagioni le dice a Grau que conoce al autor del anónimo que lo delató, que es Juan Barrios, de Transporte. Y le dice que a esa acción “hay que responderles con una chanchada superior”, que “tiene que volver el mismo sopapo” y que “sepan de dónde viene la piña”.
Hay que responderles con una chanchada superior. Tiene que volver el mismo sopapo. Que sepan de dónde viene la piña.
Dos días después de estos dichos, Barrios fue abordado en la calle por desconocidos que le preguntaron si era “Barrios”. Ante la admisión lo golpearon y amenazaron diciéndole “te vamos a hacer boleta, no hablés, vos sabés de qué hablamos, sabemos que tenés mujer, que está embarazada y que está sola. Quedate callado, porque te vamos a hacer boleta a vos y a tu amigo”. Esto determinó que a Barrios le suministraran protección.
En esas escuchas, Biagioni insulta al entonces ministro Pullaro por denunciar el caso que ahora terminó de juzgarse. “Si querés, citame”, le dice a Grau en su charla telefónica. “No hay nada peor que un idiota con iniciativa. Este tiene menos luces que un arbolito de Navidad con las luces apagadas: fracturó a la policía”.
¿Hay alguna acción penal contra Biagioni a partir de lo revelado en este juicio? Fuentes del MPA Santa Fe consultadas por LPO prefirieron no responder.
El funcionario trabaja desde 1974 en la administración provincial, en posiciones jerárquicas en gestiones de distinto signo político. En las dos ocasiones en que llegó al Tribunal de Cuentas como vocal, fue designado de manera ficta al no reunirse mayoría suficiente para impugnar su pliego en la Legislatura. Ahora, el diputado Oliver hizo una presentación para su juicio político.
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