A principios de este año la Municipalidad de Villa Regina, en un trabajo en conjunto en el que intervinieron la Secretaría de Obras y Servicios y las Direcciones de Cultura y de Deportes, comenzó con las tareas de mejoramiento del skatepark, espacio al que su constante uso había provocado su deterioro.
El proyecto de restauración del skatepark, que había sido inaugurado en el 2015 y al que nunca se le habían realizado mejoras, fue elaborado para ser ejecutado en distintas etapas.
En la primera, el ‘lavado de cara’ o intervención, para mejorar las partes rotas y luego cubrirlas con una base de pintura negra para aplicar posteriormente el arte del graffiti, un aliado de la cultura rider. A cargo de la intervención está el artista local Marcos Ulloa, conocido como ‘Lizo’, quien ya trabajó sobre el skatepark y es conocido por quienes asisten a practicar.
‘Lizo’ dividió el trabajo: primero se restaura, luego se le da una base de pintura y finalmente se aplica el arte del graffiti. Mientras se lleva a cabo esta etapa se va trabajando sobre la siguiente: iluminación, cartelería y agua.
El proyecto completo culmina con la extensión de una de sus plataformas de aterrizaje, que es de suma importancia para la seguridad de quienes entrenan. Además esta extensión serviría para diferentes manifestaciones artísticas ya que el predio alrededor del skatepark también es utilizado por artistas para dar recitales, batallas de rap, etc.
A su vez se planifica otro playón donde puedan jugar y practicar los/as más pequeños/as y que no corran riesgos ya que muchas personas van con niños/as y consideran erróneamente que el skatepark cumple las funciones de una plaza con juegos y no es así. Es por esto que la cartelería juega un papel importante, brindando el soporte al deportista para explicar que el espacio es de uso exclusivo para el desarrollo de la actividad en todas sus disciplinas y en todos sus estadíos como también el uso de casco y otras protecciones.
El skate park es el único espacio habilitado para la práctica de ciertos deportes como skate, bmx, rollers, monopatín.
Recomendaciones:
*Respetá a quienes están entrenando
*Usá el skatepark de acuerdo a tu nivel
*Usá los elementos de protección
*El skatepark es exclusivo para la práctica deportiva
(La nota fue elaborada a partir de la publicación de ‘La Tapa)
La jugada de los abogados de Cristina Kirchner de apelar a la ONU para pedir una revisión de su condena para que pueda ser candidata en 2027 choca con la doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra sus pronuciamientos. En 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Fontevecchia que los tribunales internacionales no tienen competencia para anular decisiones del máximo tribunal.
El kirchnerismo lanzó un operativo clamor para que Cristina pueda competir por la presidencia en las elecciones del año próximo. Fue tras el anuncio de la integración de un nuevo equipo de abogados para asesorar a la ex presidenta en la búsqueda de un fallo internacional que revierta su condena actual que incluye la inhabilitación de por vida para presentarse en elecciones que disputen un cargo público.
Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi, en la defensa de la expresidenta.
Ese equipo anunció esta semana que recurriría a la ONU para exigir un pronunciamiento de su Comité de Derechos Humanos contra la condena de Cristina Kirchner y además presentarán un «amparo» ante el comité de expertos que asesora a ese comité, para que se le permita presentarse en las PASO.
Pero tres fuentes judiciales, incluso una cercana a la ex presidenta, afirmaron a LPO que la vía elegida no tiene posibilidades de éxito. El primer escollo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite dictámenes que no son vinculantes. Si bien una decisión favorable a Cristina podría generar una gran presión internacional, su aplicación dependerá de la justicia local. De hecho, Lula continuó preso a pesar de haber recibido un dictamen favorable.
Menos viable aún es que funcione el «amparo» ante el grupo de expertos que asesora al Comité de la ONU. «Se trata de abogados que emiten un documento de análisis, no es el dictámen del Comité de Derechos Humanos y mucho menos un fallo», afirmó a LPO una de las fuentes consultadas.
En 2017, con el fallo Fontevecchia la Corte estableció que no hay una cuarta instancia internacional superior a los fallos del máximo tribunal argentino.
Pero más allá de lo que defina el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de las probabilidades inciertas de que lo haga antes de las elecciones del año que viene, en el Poder Judicial creen que la maniobra de Cristina tiene otros dos obstáculos insuperables.
La primera es una barrera constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a los tratados internacionales y como en ellos está incorporada la adhesión de la Argentina al tratado que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), abrió un largo debate jurídico sobre si había adquirido estatus constitucional una «cuarta instancia» de apelación o revisión de los fallos firmes de la justicia argentina.
Pero, según estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 para el caso Genie Lacayo vs Nicaragua, la CIDH puede señalar «las violaciones procesales de los derechos consagrados», pero «carecen de competencia» para subsanarlas.
Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina.
La condena de Cristina en la Causa Vialidad está firme en todas las instancias judiciales de la Argentina: en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa y agotó las vías judiciales internas del país, lo que dejó la condena firme de manera definitiva.
Y ahí aparece la segunda barrera a la nueva estrategia judicial de la ex presidenta: la jurisprudencia al respecto. En la Justicia recuerdan que esta misma Corte estableció que no existe cuarta instancia en la Argentina el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico contra el Estado argentino. En 1995, la revista Noticias publicó dos artículos que revelaban la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. El riojano le hizo una demanda civil al medio y consiguió que la Corte Suprema dejara firme en 2001 un fallo que obligaba a Fontevecchia a pagar una indemnización de 150 mil dólares por violación del derecho a la intimidad.
La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales.
El dueño de la Editorial Perfil acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que la vida privada de un presidente es escrutada legítimamente si involucra el uso de fondos públicos o afecta su idoneidad para el cargo. Además pidieron que se revocara la penalización económica. La CIDH le dio la razón a Fontevecchia en 2011.
La CIDH dispuso que el dueño de Perfil debía ser indemnizado y además recomendó que se anule el fallo de Corte de 2001.
Seis años más tarde, en 2017, la Corte actual aceptó la exigencia de indemnizar a Fontevecchia, pero rechazó revocar o anular su propia sentencia de aquel año.
Ese fallo estableció un límite histórico en la relación de Argentina con los tribunales internacionales. El máximo tribunal determinó que la CIDH no representa una «cuarta instancia» con facultades para anular fallos locales firmes.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales», argumentó la Corte en el fallo de 2017.
Ante la consulta de LPO, Valim respondió que la condena a Cristina se inscribe en el ámbito penal y no en el civil, como el caso de Fontevecchia.
El abogado explicó que ante un fallo favorable, «el Código Procesal Penal Federal prevé la revisión de la decisión interna por parte del propio poder judicial argentino para adecuarlo a las obligaciones internacionales obligatorias por la constitución argentina».
Y agregó: «La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales».
El antecedente de la CIDH le sirvió al kirchnerismo para no recurrir a es mismo tribunal por dos motivos: la posibilidad de no superar esa doctrina y evitar una demora de 16 años como la que padeció Fontevecchia. Acaso por eso recurrieron a la ONU, aunque el final asoma igual de desfavorable.
Además, en la Justicia aseguraron a LPO que existe un acuerdo para avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta antes de que termine el año. La condena de la Causa Vialidad prevé la ejecución de bienes por 685 mil millones de pesos. Los abogados de Cristina aclararon que la cuestión del decomiso no tiene relación con la presentación que realizaron ante Naciones Unidas.
Si esto se confirma, en la segunda mitad de este año la ex presidenta enfrentará una agenda judicial muy distinta al debate sobre su apelación a la ONU, sino sobre la venta de sus hoteles y otros bienes.
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La economía argentina enfrenta dos posibles escenarios para los próximos 18 meses, pero ambos comparten un denominador común: crecimiento moderado, consumo débil y una mayor presión sobre el dólar a medida que se acerquen las elecciones de 2027. FIX SCR -la filial regional de la calificadora Fitch- proyectó que el tipo de cambio podría terminar el próximo año entre $2.047 y $2.246, mientras que el crecimiento económico se ubicaría entre 1,6% y 2,5%, dependiendo de la tensión cambiaria.
En el escenario de mayor tensión, la calificadora supone que durante 2026 continuará la erosión de los factores que sostienen el consumo privado, con caída del salario real entre los trabajadores formales, mayor morosidad y elevados costos financieros. Para 2027 agrega un contexto político más complejo, que provocaría una mayor dolarización de las carteras y obligaría al Gobierno a utilizar con más intensidad las tasas de interés y la deuda de corto plazo para absorber pesos y contener la demanda de divisas.
En ese caso, el dólar oficial terminaría 2026 en $1.671 y saltaría hasta $2.246 en diciembre de 2027, lo que implicaría una devaluación del 34,4% durante el año electoral. La inflación, después de cerrar este año en 30,7%, se ubicaría en 26,3% el próximo. La combinación supone una suba del tipo de cambio real y un traslado moderado de la devaluación hacia los precios internos.
El costo aparecería principalmente sobre la actividad. Con tasas más altas y menor disponibilidad de crédito, FIX estima que el PIB crecería solamente 2,1% este año y desaceleraría hasta 1,6% en 2027. El estrés financiero de las familias se profundizaría porque la recuperación de los salarios reales resultaría insuficiente para compensar el costo de refinanciar las deudas.
El otro escenario supone una dinámica cambiaria menos disruptiva. Allí, FIX proyecta un crecimiento de 2,8% para 2026 y de 2,5% para 2027. El dólar cerraría este año en $1.625 y alcanzaría los $2.047 a fines del próximo, con una suba del 26% durante 2027. La inflación, en tanto, bajaría desde 28,7% este año hasta 18% el próximo.
El estrés financiero de las familias se profundizaría porque la recuperación de los salarios reales resultaría insuficiente para compensar el costo de refinanciar las deudas
Pero incluso en este escenario, la calificadora anticipa tensión durante el año electoral. FIX espera una dolarización de carteras en la previa de los comicios, que presionaría sobre el tipo de cambio, las reservas y las tasas de interés. En particular, proyecta una mayor velocidad de devaluación durante el segundo trimestre de 2027 por la búsqueda de cobertura de los inversores.
El punto de partida tampoco muestra una economía particularmente dinámica. Durante los primeros meses de 2026 se mantuvieron débiles varios indicadores asociados al consumo. Los salarios reales formales siguen deprimidos, cayó la cantidad de trabajadores registrados, el financiamiento para las familias continúa siendo caro y la morosidad acumula 17 meses consecutivos de aumento. La cartera irregular de más de 90 días de las familias alcanzó el 15,9%.
La actividad también presenta fuertes diferencias sectoriales. La producción industrial cayó 2,2% interanual durante el primer semestre, con retrocesos en 11 de los 15 sectores relevados. Los textiles acumularon una caída del 24,4%, maquinaria y equipo del 19,3% y vehículos del 11,5%. La construcción, en cambio, creció 2,8% y sectores vinculados a las exportaciones, como minería, hidrocarburos y agro, muestran un comportamiento mucho más favorable.
Precisamente, el sector externo aparece como el principal sostén de los dos escenarios. FIX proyecta para 2026 un superávit comercial de USD 23.837 millones y de USD 19.632 millones para 2027 en el escenario de menor tensión. Las inversiones vinculadas al RIGI, especialmente en hidrocarburos, y el buen desempeño esperado para el sector agropecuario permitirían sostener la actividad aun con un mercado interno débil.
Las diferencias también aparecen en las tasas. En el escenario menos turbulento, la TAMAR bajaría hasta una TNA del 17,9% hacia fines de 2027. En el más adverso, el Gobierno tendría que mantener una política monetaria mucho más restrictiva y la tasa terminaría en 27,5%, ante una menor demanda de pesos y una inflación más elevada.
El frente fiscal sería otro de los puntos de resistencia. En uno de los escenarios, FIX proyecta un superávit primario del 1,4% del PIB tanto para este año como para el próximo. En el otro, el menor crecimiento reduciría la recaudación y llevaría el resultado al 1,3% en 2026 y al 1,2% en 2027, aun manteniendo contenido el gasto público en términos reales.
Así, más allá de la intensidad que finalmente tenga la tensión electoral, los dos escenarios trazados por FIX comparten varios elementos: una economía creciendo a tasas bajas, un consumo privado con dificultades para recuperarse y un dólar que aceleraría su marcha durante 2027. La diferencia central pasa por cuánto deberá subir la tasa para contener la dolarización y cuánto terminará pagando la actividad por esa estrategia.
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