A principios de este año la Municipalidad de Villa Regina, en un trabajo en conjunto en el que intervinieron la Secretaría de Obras y Servicios y las Direcciones de Cultura y de Deportes, comenzó con las tareas de mejoramiento del skatepark, espacio al que su constante uso había provocado su deterioro.
El proyecto de restauración del skatepark, que había sido inaugurado en el 2015 y al que nunca se le habían realizado mejoras, fue elaborado para ser ejecutado en distintas etapas.
En la primera, el ‘lavado de cara’ o intervención, para mejorar las partes rotas y luego cubrirlas con una base de pintura negra para aplicar posteriormente el arte del graffiti, un aliado de la cultura rider. A cargo de la intervención está el artista local Marcos Ulloa, conocido como ‘Lizo’, quien ya trabajó sobre el skatepark y es conocido por quienes asisten a practicar.
‘Lizo’ dividió el trabajo: primero se restaura, luego se le da una base de pintura y finalmente se aplica el arte del graffiti. Mientras se lleva a cabo esta etapa se va trabajando sobre la siguiente: iluminación, cartelería y agua.
El proyecto completo culmina con la extensión de una de sus plataformas de aterrizaje, que es de suma importancia para la seguridad de quienes entrenan. Además esta extensión serviría para diferentes manifestaciones artísticas ya que el predio alrededor del skatepark también es utilizado por artistas para dar recitales, batallas de rap, etc.
A su vez se planifica otro playón donde puedan jugar y practicar los/as más pequeños/as y que no corran riesgos ya que muchas personas van con niños/as y consideran erróneamente que el skatepark cumple las funciones de una plaza con juegos y no es así. Es por esto que la cartelería juega un papel importante, brindando el soporte al deportista para explicar que el espacio es de uso exclusivo para el desarrollo de la actividad en todas sus disciplinas y en todos sus estadíos como también el uso de casco y otras protecciones.
El skate park es el único espacio habilitado para la práctica de ciertos deportes como skate, bmx, rollers, monopatín.
Recomendaciones:
*Respetá a quienes están entrenando
*Usá el skatepark de acuerdo a tu nivel
*Usá los elementos de protección
*El skatepark es exclusivo para la práctica deportiva
(La nota fue elaborada a partir de la publicación de ‘La Tapa)
La Municipalidad de Villa Regina participó del lanzamiento virtual del programa “La UNS en la región”. Este programa dispone de un mecanismo de acompañamiento a estudiantes de la Universidad Nacional del Sur procedentes de siete municipios, que incluye a Villa Regina y toda la zona de influencia. De esta manera, los estudiantes que debieron permanecer…
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que el servicio de balsa en la Isla 58 durante los próximos feriados se prestará de acuerdo al siguiente cronograma: *Miércoles 24 de marzo y viernes 2 de abril: sin servicio. *Jueves 1 y sábado 3 de abril: el servicio se prestarán…
En Rio Negro, se licito amplias zonas de la provincia para hacer fracking y se proyecta que se extienda al resto de la provincia. También en áreas productivas, como en valle medio, el “área Chelforó”.
Patricia Bullrich está a punto de enfrentarse a una tormenta perfecta frente al posible rechazo de la ley de tierras en el Senado, por cumplir con los deseos de Karina Milei y chocar con la resistencia de Victoria Villarruel y los aliados. Fiel a su estilo, la jefa del bloque libertario convocó a una conferencia de prensa para este martes a las 16, con el objetivo de anunciar que el oficialismo accedió a ponerle un tope del 25 por ciento a la extranjerización de la tierra, un caramelo de madera para endulzar las resistencias aliadas.
Esa cifra fue solicitada por los aliados del gobierno en la última reunión por zoom que Patricia mantuvo con ellos, el viernes pasado, tal como informó LPO. Sin embargo, ambientalistas y opositores alertan sobre la trampa que escondería esa maniobra, que pretende camuflar como concesión el aumento del 15 al 25 por ciento del territorio enajenable después de haber espantado a la opinión pública con el texto original de la ley, que demolía casi todos los límites para la entrega del territorio nacional.
La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, explicó que la ley vigente regula ese porcentaje para las jurisdicciones nacional, provincial y departamental, que es la realmente determinante en cuanto a la explotación de recursos; mientras que la nueva propuesta libertaria lo reduce a nivel nacional. «El departamental es el que importa porque ahí se concentran el agua, el litio, los glaciares y la tierra productiva», dijo la funcionaria, y agregó que «sin ese límite, alcanza con controlar unos pocos departamentos para extranjerizar los recursos estratégicos sin alcanzar nunca el tope del 25 por ciento provincial».
Para ejemplificarlo, mencionó los casos de Villa La Angostura, Nahuel Huapi Norte y El Correntoso, que constituyen «apenas el 4,5 por ciento de la superficie provincial de Neuquén, pero el departamento de Los Lagos casi entero». «Con el 25 por ciento provincial, esa zona se podría extranjerizar de forma totalmente legal», advirtió.
Esos argumentos permean las filas de los bloques que suelen acompañar a los libertarios en las votaciones. Así, el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, complicó al jefe de la bancada radical en el Senado, Eduardo Vischi, en el equilibrio que aspiraba a sostener para que la resistencia de un sector de su bloque pase desapercibida.
A través de un comunicado del Comité Nacional, el intendente de Venado Tuerto le marcó la cancha al bloque radical, que amaga con partirse a la hora de la votación que podría darse este jueves en el Senado. «La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra», dice el texto de la UCR, y advierte que el proyecto «compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país».
El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, pidió votar contra la ley de tierras y le complicó al jefe de la bancada radical en el Senado, Eduardo Vischi, el equilibrio que aspiraba a sostener para que la resistencia de un sector de su bloque pase desapercibida. Chiarella cuenta con el respaldo del gobernador Maxi Pullaro de Santa Fe.
Chiarella cuenta con el apoyo del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien hasta posó en una selfie con el jefe municipal de Venado Tuerto el sábado, un día antes que estallara el escándalo por la orden del Ministerio de Seguridad provincial para que la hinchada de Newell’s Old Boys de Rosario retire una bandera contra la ley de tierras. «Las tierras no se venden, las tierras se defienden», decía la consigna colgada en la tribuna de «los leprosos».
El gobernador Pullaro y el presidente de la UCR, Lionel Chiarella.
El acto de censura dejó mal parado a Pullaro, que ya venía incómodo con la discusión y padece la rivalidad de Carolina Losada y Carlos Galaretto, los dos senadores radicales que no le responden y parecen inclinarse por el voto positivo. La legisladora ya se manifestó a favor de la iniciativa y su colega todavía guarda reserva sobre su postura.
Los tres integrantes del bloque de la UCR que estaban en contra del proyecto hasta la última sesión eran Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Al cierre de esta nota, la Casa Rosada aspiraba que al menos uno de ellos estuviera ausente, con parte de enfermo.
Un legislador que se reunió con los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil en los últimos días le dijo a LPO que los tres admitían que no es momento para votar la extranjerización de la tierra.
Con todo, la cosecha de respaldos se presenta poco auspiciosa para el gobierno. Un legislador que se reunió con los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil en los últimos días le dijo a LPO que los tres admitían que «no es momento» para votar la extranjerización de la tierra.
Sáenz cuenta con la presencia de Flavia Royón en el recinto, quien dio quórum en la última sesión pero se resistía a votar con el oficialismo un día después de la semifinal que Argentina le ganó a Inglaterra en el Mundial de Fútbol.
Los senadores Vischy, Royon y Bullrich.
Por su parte, Jaldo aporta la voluntad de Sandra Mendoza en el bloque de Convicción Federal, integrado por Carolina Moisés y Guillermo Andrada, y se escuda en que ese trío tiene un dictamen de rechazo a la ley. No piensa mandar a su senadora a votar a favor, dijeron a LPO. La misma excusa tendría Jalil, quien tiene ascendencia sobre Moisés y Andrada.
La presión podría recaer sobre la tucumana Beatriz Ávila, que rebautizó su monobloque como Independencia recientemente, pero el gobernador de su provincia se habría tentado con la posibilidad de dejarla en libertad de acción.
A la incomodidad de los radicales, Jaldo, Jalil y Sáenz, habría que sumar la negativa de Andrea Cristina, senadora por el PRO, y Edith Terenzi, del monobloque Despierta Chubut. Ambas responden al gobernador Ignacio Torres y se resisten a votar el capítulo de tierras.
Lo curioso es que el proyecto ya acredita 16 versiones distintas, corregidas por fuera del debate en comisiones sobre un dictamen original que ya nadie recuerda. Para colmo, según confió una fuente del Congreso, los senadores que se prestaron al zoom con Patricia se conectaron, sobre el final de sus vacaciones, comentando entre sí que ponían la cara frente a la pantalla pero dudaban que estuvieran los votos.
A la incomodidad de los radicales, Jaldo, Jalil y Sáenz, habría que sumar la negativa de Andrea Cristina, senadora por el PRO, y Edith Terenzi, del monobloque Despierta Chubut. Ambas responden al gobernador Ignacio Torres y se resisten a votar el capítulo de tierras.
La senadora chubutense Edith Terenzi.
En la misma sintonía se encuentran los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia y los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, tal como informó LPO. Rojas Decut habría quedado del lado de Hugo Passalaqcua en la pelea del gobernador de su provincia con Carlos Rovira, mientras que Arce mantiene su lealtad al jefe territorial pero no recibió indicaciones suyas para votar a favor.
Un caso aparte sería el de Julieta Corroza, senadora por Neuquén cuyos votos traducen las instrucciones de Rolando Figueroa, uno de los gobernadores más pegados a Javier Milei. Este lunes, el neuquino comunicó que la Legislatura de su provincia sancionaría un proyecto para evitar que las tierras de su pago terminen en manos extranjeras, lo contrario a lo que promueve la ley de Federico Sturzenegger.
A esta altura, Bullrich apuesta todo a convencer a los aliados con la conferencia de prensa, pese a que la jugada parece una especie de fuga hacia adelante bajo la exigencia de Karina Milei para asumir un encargo de muy difícil concreción. «Karina la manda a Patricia a inmolarse y Villarruel prende velas para que la votación termine 35 a 35 y que sea ella quien tenga que desempatar contra el gobierno», dijo una fuente que intentó persuadir a Bullrich para que sacara el capítulo de la discordia.
La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La renovación de una concesión estratégica vuelve a poner en discusión el modelo energético de Milei
Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.
La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.
Un nuevo aplazamiento mientras se prepara la licitación
La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.
No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.
Chubut reclama un lugar en una decisión que considera propia
Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.
La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.
El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.
El antecedente de las privatizaciones y el peso de Aluar
La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.
Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.
Una política energética cada vez más concentrada
La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.
En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.
Un recurso estratégico cuyo destino vuelve a debatirse
La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.
Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.
El Consejo Federal de Inversiones (CFI) y las provincias argentinas llevaron adelante este lunes 4 de agosto, en la sede del organismo, el Encuentro Federal de Inversiones Logísticas para Puertos, una iniciativa que busca vincular a los puertos argentinos con oportunidades de financiamiento para el desarrollo de infraestructura, servicios y proyectos estratégicos del sector.
La jornada se enmarca en la Estrategia Federal Logística que el CFI y las provincias impulsan y, en particular, en el eje de infraestructura del Plan de Competitividad Portuaria (PCP), diseñado junto a las 11 provincias portuarias para reposicionar al transporte por agua como una alternativa logística competitiva.
Participaron del encuentro referentes de las 11 provincias portuarias, puertos públicos provinciales y puertos y operadores privados, entre ellos la Cámara de Puertos Privados y Comerciales y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. También estuvieron presentes los organismos multilaterales de crédito Banco Mundial, BID, CAF, Fonplata, BCIE, IFC y BID Invest; representantes de las embajadas de Francia y de Países Bajos y de la Cámara de Industria y Comercio ArgentinoAlemana; y, por el Gobierno nacional, el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, y el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Tolivia.
Durante la apertura, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, señaló: «El CFI es la casa de las Provincias Argentinas. Para nosotros esta instancia es muy importante y se enmarca en la estrategia de trabajo que tiene más de cuatro años desarrollándose con todas las provincias del país». En esa línea, destacó el sentido del encuentro: «Nos parece central armar esta conversación y unir las posibles ventanillas de financiamiento con las necesidades de los proyectos puntuales que tenemos. En esta línea, el CFI ahí no solo oficia de puente entre actores, sino que también puede confeccionar los proyectos ejecutivos de obra que se necesiten para los puertos públicos».
La agenda incluyó las presentaciones de las provincias portuarias sobre el presente y las perspectivas de sus sistemas; un taller de financiamiento a cargo de los organismos de crédito, con foco en las alternativas disponibles, los requisitos de elegibilidad y los procesos de preparación y aprobación de proyectos; la presentación de casos de éxito en el acceso a financiamiento; y una instancia de matchmaking entre proyectos portuarios y organismos de financiamiento, con reuniones bilaterales para presentar iniciativas y recibir orientación específica.
De este modo, el CFI y las provincias avanzan en la consolidación de una estrategia logística integrada, con la visión de las provincias en el diseño, orientada a bajar los costos logísticos de las economías regionales y a fortalecer la competitividad de los sectores productivos
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