A principios de este año la Municipalidad de Villa Regina, en un trabajo en conjunto en el que intervinieron la Secretaría de Obras y Servicios y las Direcciones de Cultura y de Deportes, comenzó con las tareas de mejoramiento del skatepark, espacio al que su constante uso había provocado su deterioro.
El proyecto de restauración del skatepark, que había sido inaugurado en el 2015 y al que nunca se le habían realizado mejoras, fue elaborado para ser ejecutado en distintas etapas.
En la primera, el ‘lavado de cara’ o intervención, para mejorar las partes rotas y luego cubrirlas con una base de pintura negra para aplicar posteriormente el arte del graffiti, un aliado de la cultura rider. A cargo de la intervención está el artista local Marcos Ulloa, conocido como ‘Lizo’, quien ya trabajó sobre el skatepark y es conocido por quienes asisten a practicar.
‘Lizo’ dividió el trabajo: primero se restaura, luego se le da una base de pintura y finalmente se aplica el arte del graffiti. Mientras se lleva a cabo esta etapa se va trabajando sobre la siguiente: iluminación, cartelería y agua.
El proyecto completo culmina con la extensión de una de sus plataformas de aterrizaje, que es de suma importancia para la seguridad de quienes entrenan. Además esta extensión serviría para diferentes manifestaciones artísticas ya que el predio alrededor del skatepark también es utilizado por artistas para dar recitales, batallas de rap, etc.
A su vez se planifica otro playón donde puedan jugar y practicar los/as más pequeños/as y que no corran riesgos ya que muchas personas van con niños/as y consideran erróneamente que el skatepark cumple las funciones de una plaza con juegos y no es así. Es por esto que la cartelería juega un papel importante, brindando el soporte al deportista para explicar que el espacio es de uso exclusivo para el desarrollo de la actividad en todas sus disciplinas y en todos sus estadíos como también el uso de casco y otras protecciones.
El skate park es el único espacio habilitado para la práctica de ciertos deportes como skate, bmx, rollers, monopatín.
Recomendaciones:
*Respetá a quienes están entrenando
*Usá el skatepark de acuerdo a tu nivel
*Usá los elementos de protección
*El skatepark es exclusivo para la práctica deportiva
(La nota fue elaborada a partir de la publicación de ‘La Tapa)
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En menos de 72 horas, la relación transatlántica cambió de naturaleza y todo parece indicar que los ucranianos han perdido la guerra. El 12 de febrero de 2025, el flamante secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dio inicio a las negociaciones de paz en Ucrania. Ya desde un comienzo cedió ante las dos principales exigencias de Moscú: la no adhesión de Kiev a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la ratificación de las “nuevas realidades territoriales”, es decir, la anexión de cuatro regiones ucranianas a Rusia, así como también de Crimea. Al día siguiente, tras una larga conversación telefónica con Vladimir Putin, el presidente Donald Trump anunció su intención de reunirse con su par ruso en Arabia Saudita –sin los ucranianos ni los europeos– y expresó su deseo de que pronto se organicen elecciones en Ucrania. Finalmente, el 14 de febrero, en un discurso pronunciado en una conferencia en Munich, el vicepresidente estadounidense, más que abordar la cuestión ucraniana, reprochó a los dirigentes europeos el hecho de que deshonraran las aspiraciones de sus propios pueblos restringiendo la libertad de expresión en las redes sociales o anulando las elecciones en Rumania por supuestas injerencias rusas (1).
Semanas antes, Trump había lanzado una ofensiva comercial al aumentar los aranceles a las importaciones de Canadá, México y la Unión Europea, y también había expresado sus intenciones anexionistas sobre Groenlandia (2). Sin embargo, de ahora en adelante, ya no se trata tan sólo de manipular a sus “aliados” para que compren más armas o para equilibrar la balanza comercial. Al declarar que Estados Unidos no les concedería garantías de seguridad ni a Ucrania ni a las tropas europeas que pudieran desplegarse para hacer cumplir un eventual alto el fuego, Trump inevitablemente sembró dudas sobre la solidaridad estadounidense en caso de un ataque al territorio de un miembro de la OTAN. Sin su contrapartida de seguridad, el vínculo transatlántico se parecería más bien a una completa relación de dependencia.
No obstante, desde 2022, Estados Unidos ha “invertido” un promedio de 35.300 millones de dólares por año en Ucrania (3). Mucho más que los 3.000 a 5.000 millones de dólares que Washington destinó cada año a Israel antes del ataque del 7 de octubre de 2023 y el equivalente a casi la mitad de los gastos militares anuales para Afganistán entre 2001 y 2019 –un esfuerzo para financiar una ocupación militar y operaciones directas–. El nivel de apoyo a Ucrania se sitúa, por lo tanto, en algún punto intermedio entre la ayuda brindada a un aliado histórico en Medio Oriente y el compromiso de una intervención directa en el campo de batalla en su propio nombre. Pero a Trump poco le importa todo eso: la guerra en Ucrania no es la de Estados Unidos, sino la de su antiguo rival Joseph Biden…
Errores de cálculo
Evidentemente, la magnitud de la ayuda occidental llevó a Kiev a cometer un error y la alentó a rechazar la negociación. En la primavera boreal de 2022, incluso antes de que Occidente le proporcionara su apoyo militar, la resistencia ucraniana podía enorgullecerse de haber frustrado la operación de cambio de régimen fomentada por el Kremlin y de haber minimizado las pérdidas territoriales. Después de cuatro semanas de combates, los beligerantes estaban cerca de llegar a un acuerdo. En Estambul, Kiev aceptó un estatus de neutralidad –es decir, renunció a adherirse a la Alianza Atlántica– y confirmó su intención de no dotarse de armas nucleares. A cambio, buscaba conseguir la retirada voluntaria de Moscú de los territorios que había ocupado desde el 24 de febrero. Sin embargo, Kiev necesitaba garantía de seguridad por parte de los líderes occidentales, quienes se la negaron. Boris Johnson se convirtió en el portavoz de la posición occidental durante una visita a la calle Bankova, sede de la Presidencia ucraniana. El Primer Ministro británico afirmó que nunca firmaría un acuerdo con Putin. Por eso, lo que ofrecían no eran garantías, sino armas (4).
Europa deberá pagar la reconstrucción de Ucrania y, al mismo tiempo, afrontar los costos de su seguridad.
Por un tiempo fue posible creer que dicha apuesta resultaría exitosa. Tras una primera contraofensiva, en noviembre de 2022, Kiev recuperó la ciudad de Jersón, ubicada en la orilla derecha del río Dnieper. Se desató la euforia. La palabra “negociaciones” se volvió tabú. No alinearse con los objetivos ucranianos –es decir, recuperar por la fuerza las fronteras de 1991– equivalía a firmar un pacto con el diablo. Los grandes medios de comunicación occidentales respaldaron el decreto ucraniano de octubre de 2022 que prohibía las negociaciones con Putin, a quien buscaban llevar ante la justicia internacional por crímenes de guerra (5).
Sin embargo, la segunda contraofensiva ucraniana de junio de 2023 resultó en una derrota. En los medios de prensa, los estadounidenses expresaron su descontento: Kiev habría escatimado demasiado sus hombres para privilegiar ataques tácticos dispersos a lo largo del frente en lugar de enviar soldados en masa a los campos de minas rusos con la esperanza de traspasar las defensas del adversario y cortar el puente terrestre entre Rusia y Crimea (6). Bajo la presión de Washington, Kiev redujo la edad de reclutamiento de 27 a 25 años en abril de 2024, pero en diciembre se negó a bajarla a los 18 años. Así, la apuesta hecha en base a las exhortaciones occidentales fracasó trágicamente. Tanto el costo humano –cientos de miles de muertos y heridos– como los sacrificios exigidos a la sociedad fueron en vano (7).
Como lógica consecuencia, durante el mismo período, Rusia experimentó una suerte inversa. El inicio de su “operación militar especial” resultó un fiasco. Los servicios de inteligencia rusos sobrestimaron los apoyos con los que contarían tanto por parte de la población como dentro de las élites ucranianas. El Ejército se estancó en los barrios periféricos de la capital ucraniana y fracasó en su intento de tomar el control del país. El Kremlin decidió entonces concentrar su dispositivo militar en el Donbass y Crimea. Concebida inicialmente como una expedición relámpago, la guerra fue cambiando de escala y de naturaleza. La movilización forzada decretada en septiembre de 2022 provocó una ola de protestas y exilios.
Atrapada en su propia guerra, Rusia agravó su situación en materia de seguridad. Su “operación militar especial” tenía como objetivo, por un lado, prevenir que Ucrania se rearmara –antes de que Kiev recuperara por la fuerza las regiones separatistas prorrusas– y, por otro lado, poner un freno a la expansión de la OTAN hacia el Este. No obstante, unos meses después del inicio del conflicto, Rusia enardeció el patriotismo de un adversario que recibía un flujo continuo de armas y que contaba con el respaldo de una Alianza Atlántica reforzada con dos nuevos miembros: Suecia y Finlandia, que limitan con la zona ártica, estratégica para Moscú. Los dirigentes europeos reforzaron los batallones enviados al flanco oriental de la alianza, incluida Francia, que hasta entonces se oponía a una presencia permanente. La fuerza de reacción rápida de la OTAN cuadruplicó su número de efectivos; también continuó la construcción de la nueva base antimisiles estadounidense en Polonia, en donde los norteamericanos elevaron su presencia militar a 10.000 soldados. Lejos de calmarse, en Rusia las preocupaciones respecto de la seguridad se intensificaron por no haber previsto la fuerza y la unidad de la reacción occidental. Empero, al apostar por la consolidación de sus defensas detrás del Dnieper, Rusia logró estabilizar el frente. Los avances territoriales, como la toma de Bajmut en mayo de 2023, se consiguieron a costa del sacrificio de numerosas tropas, en un país ya golpeado por su crisis demográfica.
El Presidente estadounidense parece elevar a Rusia al rango de nueva aliada.
Si bien Rusia mostró debilidades militares, la resiliencia de su economía resultó sorprendente. El Banco Central había acumulado suficientes reservas para asumir una confrontación financiera con Occidente. Logró sostener eficazmente el rublo y salvar su sistema bancario a pesar del congelamiento de sus activos en Europa y Estados Unidos. En cuanto a las sanciones energéticas, terminaron volviéndose en contra de los propios impulsores europeos: el aumento de los precios del gas compensó la pérdida de los volúmenes enviados al Viejo Continente, dando tiempo a Rusia para reorientar sus exportaciones de hidrocarburos hacia Asia (8). El fracaso de la estrategia de aislamiento se volvió evidente porque, si bien Moscú se vio obligada a recurrir a “Estados parias”, como Corea del Norte o Irán, para obtener armas o soldados, la realidad es que no le faltaron socios económicos interesados en sus descuentos energéticos. Los países que forman el núcleo del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) vieron con preocupación la ofensiva punitiva financiera de Washington contra uno de sus miembros y profundizaron de forma preventiva su cooperación para reducir el uso del dólar en sus intercambios. En 2024, BRICS acogió a cinco miembros nuevos, entre los que destacan los Emiratos Árabes Unidos, un actor clave en las nuevas rutas del petróleo ruso (véase el artículo de págs. 12-14).
¿Acercamiento al hermano menor?
Al elegir negociar cara a cara con Moscú, Trump le ofrece una vía de escape al Kremlin. El Presidente estadounidense parece elevar a Rusia al rango de nueva aliada. Las concesiones, por ahora sólo verbales, resultan vertiginosas: reanudación de las negociaciones sobre el desarme, promesa de reincorporación al G7 y, a largo plazo, levantamiento de las sanciones. Aunque el Presidente estadounidense trate de morigerar estas promesas en las próximas semanas, la solidaridad transatlántica parece estar ya profundamente deteriorada.
Estas declaraciones podrían cerrar la era geopolítica que comenzó en 1949. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó la Alianza Atlántica para imponer su influencia a la mitad de Europa, mientras que la otra mitad se alineaba primero con el bloque soviético y luego se unía al Pacto de Varsovia en 1955. Sin embargo, a fines de la década de 1980, el último líder soviético, Mijail Gorbachov, al frente de un país agotado por la carrera armamentista, se comprometió con una serie de concesiones unilaterales y desordenadas: aceptó la reunificación de Alemania y su adhesión a la OTAN sin obtener garantías escritas sobre la no expansión de la alianza occidental en Europa del Este. De este modo, el antiguo instrumento de seguridad sobrevivió a la Guerra Fría, y la Unión Europea, al expandirse, permaneció firmemente vinculada a Washington. Aunque en 1989 y 1990 se llegó a considerar por un momento la posibilidad de implementar un nuevo sistema de seguridad, no surgió ninguno alternativo tras la disolución de la URSS en 1991. Si bien el conflicto ruso-ucraniano tiene en parte su origen en esta oportunidad perdida, su resolución negociada está provocando una reconciliación ruso-estadounidense a espaldas de Europa.
En Munich, el vicepresidente James David Vance incluso señaló una nueva dirección estratégica de Estados Unidos: “A Putin no le interesa ser el hermano menor en una coalición con China” (9). ¿Se trata del regreso a la estrategia de triangulación que había puesto en marcha el presidente estadounidense Richard Nixon en 1971 al acercarse al “hermano menor” (en ese entonces, China) para aislar mejor al enemigo principal (la URSS)? Si este es el “plan”, Trump tendrá dificultades para romper el eje Rusia-China. Pekín, si bien se molestó por el hecho consumado de la invasión rusa y le ha reprochado a Moscú su abuso de la amenaza nuclear, no le ha retirado su apoyo. China suministra de manera discreta tecnologías necesarias para el complejo militar-industrial ruso, al mismo tiempo que profundiza su cooperación militar con Moscú. Aunque desequilibrada, esta relación se basa en una fuerte frustración compartida respecto de un orden internacional dominado por Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría.
¿Y Europa?… Europa se encuentra en la peor situación posible: ya debilitada por la crisis energética que ella misma provocó al renunciar –a petición de Washington– al gas ruso barato y pronto golpeada también por la guerra comercial decretada por la Casa Blanca, ahora se ve obligada a gestionar en soledad las consecuencias del revés occidental en Ucrania. Mientras la confrontación con Rusia alcanza un nivel incandescente y sus arsenales se han vaciado en favor de Kiev, Europa se prepara para aumentar de forma urgente su gasto militar, lo que implica comprar armamento estadounidense. Washington le exigía un “reparto de la carga” de la financiación de la alianza. Ahora la carga es doble: pagar la reconstrucción de Ucrania (que, a esta altura, Rusia deja de buena gana en manos de la Unión Europea) y, al mismo tiempo, asumir su propia seguridad. El gasto parece simplemente inasumible para los presupuestos europeos y augura nuevas divisiones.
1. Benoît Bréville, “Liquidación electoral”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2025. 2. Philippe Descamps, “Affoler la meute”, Le Monde diplomatique, París, febrero de 2025. 3. “Ukraine support tracker”, Kiel Institute for the World, 2024. 4. Samuel Charap y Sergueï Radchenko, “¿Podría haber terminado la guerra en Ucrania?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2024. Volodimir Zelensky se esfuerza en negar el papel que habría desempeñado así Johnson; véase también Shaun Walker, “Zelensky rejects claim Boris Johnson talked him out of 2022 peace deal”, The Guardian, Londres, 12 de febrero de 2025. 5. Véase, por ejemplo, “Soutenir l’Ukraine pour assurer la paix”, Le Monde diplomatique, 10 de enero de 2023. 6. Alex Horton y John Hudson, “US intelligence says Ukraine will fail to meet offensive’s key goal”, The Washington Post, 17 de agosto de 2023. 7. Hélène Richard, “Ucrania, una sociedad dividida por la guerra”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2023. 8. Hélène Richard, “Sanciones de doble filo”, Le Monde diplomatique, noviembre de 2022. 9. Bojan Pancevski y Alexander Ward, “Vance wields threat of sanctions, military action to push Putin into Ukraine deal”, The Wall Street Journal, Nueva York, 14 de febrero de 2025.
El colapso vial tiene entre sus principales exponentes a la Ruta Nacional N° 34, corredor estratégico del norte que, a la espera de su concesión, registra un avanzado grado de deterioro que ya está provocando un aumento exponencial de accidentes.
El reciente choque fatal a la altura de lo localidad santafesina de Cañada Rosquín que dejó cuatro víctimas fatales (entre ellas dos menores) volvió a encender los reclamos de autoridades locales y provinciales frente a lo que definen un «abandono» por parte del gobierno de Javier Milei.
«Se paga con vidas la falta de respuestas», dijo presidenta comunal de Cañada Rosquín, Eugenia Racciatti. En tanto, el senado provincial Esteban Motta presentará un recurso de amparo ante la Justicia Federal acusando un «abandono total» de la traza y exigiendo a Vialidad Nacional que se haga cargo de las obras «urgentes».
La ausencia de obras y el aumento de los accidentes van de la mano. En 2024, el Observatorio de Seguridad Vial registró 36 víctimas fatales. En lo que va de 2026, ya se registraron 13 muertes solo en el departamento santafesino de San Martín.
«Los pozos son más grandes que lo que queda de asfalto», dijo Motta a LT10 y focalizó en el tramo crítico que une Cañada Rosquín con Casas y Las Bandurrias.
La ausencia de obras y el aumento de los accidentes van de la mano. En 2024, el Observatorio de Seguridad Vial registró 36 víctimas fatales. En lo que va de 2026, ya se registraron 13 muertes solo en el departamento santafesino de San Martín.
El freno de los trabajos en la Ruta 34 a la altura de San Pedro podría derivar en 200 despidos.
Por su volumen de cargas, la Ruta 34 es definida por el Observatorio como la más peligrosa del país. Se trata de un corredor estratégico que conecta el Noroeste Argentino (NOA) con el centro del país. Por ahí pasa buena parte de la producción citrícola y de granos de la región.
Pese a eso, el gobierno libertario no avanzó con obras de ningún tipo. Precisamente por esa parálisis, en la Uocra de Jujuy alertaron en las últimas horas latentes despidos masivos.
Concretamente, el freno de los trabajos en la Ruta 34 a la altura de San Pedro podría derivar en 200 despidos.
«La empresa no está cobrando y no cuenta con los recursos necesarios para sostener el ritmo de ejecución», dijo el secretario general de Uocra Jujuy, Ramón Neyra, que expuso que la Nación le adeuda a la contratista entre cinco y seis certificaciones.
En ese sentido, el gremio filtró la advertencia de la empresa, que puso un plazo de 40 días máximo para regularizar la situación, caso contrario avanzará con los despidos. La ralentización de esas tareas vienen reflejando un recorte del personal que pasó de 380 trabajadores a 200.
«El nivel de preocupación es muy alto. Es la única obra con financiamiento nacional activo en la provincia y no puede detenerse de esta manera», agregó Neyra.
Más allá de sus particularidades, el deterioro de la Ruta 34 es general y golpea la logística de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Santiago del Estero
«Ponemos en riesgo la vida permanentemente en estas condiciones», dijo el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, que, al igual que lo hicieron 150 intendentes este martes frente al Ministerio de Economía nacional, cuestionó que el gobierno de Milei no destine a obras viales el porcentaje que por ley debería destinar del impuesto a los combustibles.
El gobierno santafesino tuvo que hacerse cargo de la reparación de una alcantarilla rota que había cortado durante varios días el paso por la Ruta Nacional 34 a la altura de Lehmann. Vialidad Nacional no había respondido a los reclamos.
Frente al colapso vial de la ruta en esa provincia y ante la ausencia respuestas de Nación, la gestión de Maximiliano Pullaro se hizo cargo de la reparación de un tramo de la traza que estaba cortado por el colapso de una alcantarilla a la altura de la localidad de Lehmann.
La Ruta 34, en el tramo que va de Angélica (Santa Fe) a Santiago del Estero, integra la Etapa III a licitar de la Red Federal de Concesiones que impulsa Toto Caputo. Sin embargo, en la región coinciden que la traza requiere de obras «urgentes» que no pueden esperar los procesos burocráticos.
En el despacho presidencial, un grupo reducido aplaude de pie antes de que empiece. Patricia Bullrich, Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno visten uniforme militar. En el estrado, dos banderas: la argentina y la estadounidense. Javier Milei sube a la tarima con su enterito camuflado. A su lado, Peter Lamelas, el embajador norteamericano. Karina Milei observa desde un costado. Las cámaras de la cadena nacional encuadran la escena.
Un pitido. Suena el himno.
Cadena nacional. El presidente Javier Milei se dirige a la Nación.
Karina asiente. Milei comienza.
—Argentinos: hoy, después de 193 años, puedo anunciarles que recuperamos las Malvinas. Este gobierno, que llegó al poder para hacer lo que otros no se animaron, cerró el acuerdo que la casta política les prometió durante décadas y nunca cumplió. Hicimos lo que había que hacer. Fuimos al único lugar donde se hacen bien las cosas, y hablamos con la única persona que las resuelve, el líder del mundo libre, el presidente de los Estados Unidos de América. Vamos a tener una base militar en las islas, es cierto. Una base bajo soberanía argentina, con nuestra bandera, con nuestras reglas. El que no entienda la diferencia entre ceder y negociar es porque nunca gobernó, nunca arriesgó nada y nunca ganó nada. Hoy sí podemos decir: Las Malvinas son argentinas. ¡Viva la libertad, carajo!.
No. Esta escena nunca ocurrió. Pero hay quienes ya la imaginan, por más extraño y bizarro que suene. El escenario que podría hacerla parece cobrar forma.
Veamos la secuencia y los antecedentes.
El primero que lo dijo fue Horacio Verbitsky, en noviembre de 2025, cuando trascendió que el gobierno de Estados Unidos estaría evaluando interceder ante el Reino Unido para favorecer a la Argentina en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, a cambio de instalar una base militar propia en el archipiélago. No es la primera vez que algo así se mueve por los pasillos de la diplomacia argentina: en los noventa, Carlos Menem quiso ir por ese camino –normalizar vínculos con Londres, avanzar en acuerdos de cooperación, seducir a los isleños– pero no llegó a ningún lado. El intento estuvo.
Treinta años después, con la Argentina gobernada por Milei quien, al igual que Menem, hace del alineamiento con Washington su principal activo diplomático, la cuestión Malvinas vuelve a alinearse con los intereses norteamericanos. Esta vez en un contexto geopolítico diferente.
Las Malvinas no son sólo las islas: son el centro de gravedad de una disputa que abarca cerca de seis millones de kilómetros cuadrados de océano con petróleo, gas, minerales estratégicos y una de las mayores reservas pesqueras del Atlántico. Son la puerta de entrada a la Antártida –la mayor reserva de agua dulce del planeta– en un mundo donde el agua empieza a valer lo que el petróleo. Y son el punto desde donde Washington, que estudia reorganizar su arquitectura de comandos militares en el hemisferio, podría anclar su presencia en el extremo sur del continente. El Atlántico Sur volvió a aparecer en los mapas estratégicos del Pentágono. La neutralidad ya no es una opción.
Petróleo, pesca, rutas de navegación
Para entender por qué Washington estaría dispuesto a dinamitar la histórica special relationship con Londres, hay que leer las grietas que se abrieron en las últimas semanas. El punto de quiebre fue el 2 de marzo de 2026: frente a la presión para meterse de lleno en el conflicto entre EE.UU. e Irán, el gobierno de Keir Starmer plantó bandera y se negó a una participación militar activa, limitando el uso de sus bases en Chipre. La reacción de Trump fue una descalificación pública vía Truth Social, donde tildó al Reino Unido de aliado «débil y poco confiable».
En ese clima de reproches diplomáticos, lo que antes era impensado empezó a circular por los pasillos del Capitolio. Marc Zell, congresista republicano fanático de Milei, sugirió abiertamente que Estados Unidos debería revisar su neutralidad y cambiar su postura sobre la soberanía de las Malvinas. Si bien no es todavía una declaración formal de la Casa Blanca, el mensaje es nítido: en el tablero transaccional de Trump, la lealtad británica dejó de ser un dogma y las islas pasaron a ser una pieza de cambio posible.
Es en este impasse de la histórica special relationship donde se manifiesta el pragmatismo más crudo de la era Trump. Si hoy Washington está dispuesto a presionar a su aliado más antiguo, no es sólo por un desplante diplomático o un cruce de redes, sino porque las Malvinas tienen una densidad material que las vuelve una pieza de cambio irresistible.
El primer dato es el petróleo. A 220 kilómetros al norte de las islas descansa el yacimiento Sea Lion, con reservas estimadas en 917 millones de barriles según evaluaciones independientes. El 10 de diciembre de 2025, las empresas Navitas Petroleum (israelí) y Rockhopper Exploration (británica) tomaron la decisión final de inversión: 2100 millones de dólares para un proyecto que se planea inaugurar en 2028 y tiene una vida útil estimada de 35 años. El gobierno argentino se opuso formalmente, publicó comunicados de protesta y sancionó a Navitas en 2023. La compañía sigue perforando.
Pero el petróleo es sólo el inicio. Las Malvinas son el centro de gravedad de una disputa que abarca cerca de seis millones de kilómetros cuadrados de océano, dos veces la superficie continental argentina. En ese espacio hay reservas pesqueras que en 2024 representaron el 58 por ciento del PBI de las islas, nódulos polimetálicos en el fondo marino con zinc, litio y cobre, y rutas marítimas que conectan los puertos del Cono Sur con Europa y que constituyen uno de los corredores estratégicos del Atlántico Sur.
Y después está la Antártida. Las Malvinas son la puerta de entrada al continente blanco –la mayor reserva de agua dulce del planeta– en un momento en que el acceso al agua empieza a ser un factor de poder tan relevante como el acceso al petróleo.
Todo esto ya sería suficiente para explicar el interés estadounidense. Pero hay algo más inmediato: Washington está redibujando su arquitectura militar en el hemisferio. En febrero de 2025, la administración Trump estudió fusionar el Comando Sur –responsable del Atlántico Sur hasta la Antártida– con el Comando Norte en un mando hemisférico unificado. La fuente no es una filtración ni un medio militante: es el Congressional Research Service, el servicio de investigación no partidario del Congreso de Estados Unidos. Una base en las Malvinas, en ese esquema, no es un capricho geopolítico. Es una pieza que encaja en la gran estrategia norteamericana.
Perón, Menem
El peronismo histórico fue el primero en entender la importancia de negociar para aprovechar el Atlántico: la Tercera Posición de Perón no era sólo la consigna «ni yankis ni marxistas», era una doctrina de autonomía real frente a los dos bloques, que incluía a Malvinas como parte de una estrategia soberana coherente. En 1974, su gobierno llegó incluso a negociar en serio: el embajador británico James Hutton le propuso al canciller Alberto Vignes un condominio de 25 años sobre las islas como paso previo al reconocimiento de la soberanía argentina. Perón murió ese mismo año. La propuesta murió con él.
Lo que vino después fue distinto. Carlos Menem llegó al poder en 1989 con una lógica que invertía exactamente la de su propio partido: en lugar de usar la autonomía para resistir al hegemón, la cedió deliberadamente para ver qué obtenía a cambio.
El teórico que le dio sustento intelectual a ese giro fue Carlos Escudé. En 1992 publicó Realismo Periférico: Fundamentos para la nueva política exterior argentina, el libro más incómodo de la teoría política argentina de las últimas décadas. Su diagnóstico de arranque era brutal por su simpleza: la Argentina había caído en lo que llamó la «falacia antropomórfica», es decir, tratar al Estado como si fuera una persona con dignidad propia que defender, como si el país fuera un individuo ofendido que no puede ceder sin perder el honor. Esa lógica, decía Escudé, había justificado décadas de confrontación con las grandes potencias a un costo enorme para los ciudadanos de carne y hueso. La llamó «políticas de poder sin poder»: actuar como potencia cuando no se es una. Malvinas era su ejemplo más claro. La guerra de 1982 no había sido sólo una derrota militar sino el precio máximo de una política exterior que confundió el prestigio del Estado con el bienestar del pueblo. Miles de jóvenes enviados a morir en el Atlántico Sur por una lógica que priorizaba la épica sobre la precisión militar y el interés nacional.
La solución de Escudé no era rendirse ante Washington por convicción moral. Era un cálculo frío, casi contable. Para un país débil y periférico, confrontar innecesariamente a la potencia dominante tiene costos que sus ciudadanos terminan pagando. Y acá viene el concepto más útil –y el más inquietante para leer el presente–: la diferencia entre consumo e inversión de autonomía. Un Estado periférico tiene un margen limitado de maniobra. Puede gastarlo en gestos, declaraciones y confrontaciones simbólicas, consumo improductivo, autonomía que se evapora sin dejar nada concreto. O bien, puede invertirlo deliberadamente en un objetivo preciso y tangible, inversión de autonomía. La pregunta, para Escudé, no es si ceder autonomía sino para qué y a cambio de qué.
Escudé no sólo inspiró esa política desde afuera. Fue asesor especial del canciller Guido Di Tella durante la presidencia de Menem y contribuyó directamente al diseño de la estrategia argentina frente al bloque occidental. La teoría y la práctica tenían la misma firma. Di Tella sintetizó esa lógica con una expresión que quedó en la historia de la diplomacia argentina: las «relaciones carnales» con Estados Unidos. No era una metáfora accidental, era la descripción exacta de una política que apostaba a que la cercanía con Washington terminaría rindiendo frutos concretos. En Malvinas, esos frutos nunca llegaron. El propio canciller lo admitió: con Gran Bretaña iban a normalizar las relaciones en todos los temas menos en uno, el de la soberanía de las islas.
Milei llegó treinta años después con la misma lógica, pero más radicalizada. Lo que Juan Gabriel Tokatlian denominó hiperoccidentalismo, no es simplemente alinearse con Estados Unidos: es una práctica que combina acoplamiento a los intereses estratégicos de Washington, acomodamiento a sus preferencias para evitar roces y un engagement activo que busca recompensas futuras. No es un relato ni una promesa. Es un modus operandi que se despliega en cada votación en la ONU –como el voto en contra, junto a Estados Unidos e Israel, de declarar la esclavitud africana como crimen de lesa humanidad–, en la distancia tomada de China, en la declaración de guerra –aunque informal– a Irán, en el abandono por parte de argentina de la OMS, en cada gesto hacia la Casa Blanca.
La diferencia con Menem es que Milei logró algo que su predecesor no: que el alineamiento se traduzca en resultados concretos. El hiperoccidentalismo libertario ya tiene un historial verificable de éxitos: el salvataje del tesoro estadounidense antes de las elecciones de 2025 y, hace apenas días, la intervención directa de Washington en la justicia estadounidense para que Argentina no pagara 16.000 millones de dólares en el juicio por la expropiación de YPF. Dos veces en que Trump movió fichas a favor de Milei. En ese contexto, que Malvinas aparezca como el próximo capítulo de ese intercambio no es inverosímil.
Entonces: ¿Es posible que la alianza de Milei con Trump nos ayude a recuperar las Malvinas?
Antes de responder, conviene pensar en qué mundo avanzaría esa posibilidad.
No es el mundo de 1990, cuando Menem apostó a Washington en un tablero unipolar donde Estados Unidos era el único jugador que importaba. Es un mundo en guerra: Medio Oriente en llamas, una disputa entre China y Estados Unidos que atraviesa cada región del planeta, una OTAN que rediscute sus compromisos y un multilateralismo en crisis terminal. Trump ya se fue de la OMS, ya ignoró a la ONU, ya amenazó con abandonar la propia OTAN. Las instituciones que durante décadas funcionaron como red de contención para los países pequeños están debilitadas o directamente rotas. Los tratados tienen cláusulas de retiro voluntario y hay una presidencia dispuesta a usarlas. En ese contexto, cualquier acuerdo bilateral firmado hoy con Washington vale lo que vale la palabra de quien lo firma.
América Latina es una de las pocas regiones del planeta que puede llamarse, todavía, una zona de paz. Tener una base militar estadounidense en el extremo sur del continente pone en duda hasta cuándo. Argentina, y por osmosis la región, dejaría de ser un país ajeno a los conflictos globales para convertirse en una pieza de la arquitectura militar de una potencia nuclear en disputa activa con otras potencias nucleares. Lo que hoy es un acuerdo bilateral mañana puede ser una obligación. Lo que hoy parece una ganancia puede convertirnos en un blanco.
La soberanía formal estaría ahí, bandera argentina, gobernación argentina, pasaportes argentinos en Puerto Argentino. Pero soberanía formal y soberanía real son dos cosas distintas. Recuperar las islas con una base adentro no es exactamente lo que Perón negoció en 1974, ni lo que los soldados del 82 creyeron que estaban defendiendo. Conviene leer la letra chica antes de firmar el contrato.
***
Hay una pregunta que el campo nacional y popular lleva años sin poder responder: ¿qué haríamos con Malvinas si pudiéramos recuperarlas?
No es una pregunta retórica. Es la pregunta que el trascendido de noviembre de 2025 volvió urgente, porque la respuesta que circuló desde ese espacio fue, en el mejor de los casos, la indignación. Y la indignación no es una política.
Durante los gobiernos kirchneristas, Malvinas funcionó como una bandera eficaz, se acumularon resoluciones favorables en foros regionales, se renovó el reclamo ante las Naciones Unidas, se construyó una narrativa de descolonización que encontró eco en América Latina. No era una estrategia equivocada para su época: el multilateralismo estaba en su momento de mayor esplendor, el Comité de Descolonización de la ONU era un foro con peso real, y acumular apoyos regionales tenía sentido en un mundo que todavía creía en las instituciones. El problema es que ese mundo ya no existe. Hoy el tablero internacional vuelve a valorar la fuerza militar y el poder duro por sobre los consensos multilaterales. En ese nuevo tablero, décadas de resoluciones favorables no valen lo que valían. Al contrario: mientras Argentina acumulaba declaraciones y «fuertes rechazos», el Reino Unido avanzaba en silencio, consolidando infraestructura militar, otorgando licencias pesqueras y habilitando inversiones petroleras.
Ni la posición británica ni la de Estados Unidos, que siguió siendo el aliado más importante de Londres en la disputa, se movieron un centímetro. En los términos de Escudé –el mismo Escudé que en 2012 declaró que el kirchnerismo era en los hechos más realista periférico de lo que su propio discurso admitía– fue consumo puro de autonomía: capital político gastado en gestos sin construir una palanca real de presión sobre los únicos actores que podían cambiar algo.
Después de 2015, ni siquiera eso. Malvinas fue desapareciendo del debate público grande sin que nadie lo decidiera explícitamente. No fue una decisión estratégica sino una fatiga. Y en ese silencio, el tema quedó disponible para que otros lo recuperaran con una lógica completamente distinta.
Milei no inventó esta negociación. La encontró sobre la mesa, huérfana.
Después de la guerra, cuarenta y tres años de democracia no alcanzaron para avanzar en la soberanía argentina en Malvinas por la vía diplomática. Esa deuda acumulada es lo que hoy le da oxígeno a una negociación que, si se cierra, va a plantear muchas preguntas incómodas.
