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Llaryora busca recuperar Colón, el distrito libertario clave para su reelección
Con la necesidad de recuperar para el peronismo cordobés el estratégico departamento Colón, segundo partido de la provincia y el mayor aglomerado del área metropolitana de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora desplegó a dos figuras de pesos para arrinconar a los intendentes que ocupan ese territorio, casi todos aliados a La Libertad Avanza.
Los intendentes de las principales ciudades de ese distrito (Jesús María, Río Ceballos, Villa Allende, Mendiolaza y La Calera) ya viajaron a Casa Rosada junto con Gabriel Bornoroni, quien construye su propia territorialidad para disputar la Gobernación en 2027, probablemente en el primer cuatrimestre del año.
Para contrarrestar el movimiento, Llaryora dispuso que el peronista Gustavo Brandan tome a su cargo la relación con los intendentes, y que haga foco en los de Colón, y designó como ministro de Cooperativas a Gabriel Frizza, exintendente de Jesús María por el PRO. En esa ciudad gobierna el Federico Zárate, el delfín de Luis Picat, el diputado nacional radical que se desafilió para sumarse a LLA.
Brandán, que fue intendente de Colonia Caroya y ministro de Cooperativas, asumirá en las próximas horas como secretario de Gobierno, en reemplazo del designado jefe de Gabiente Manuel Calvo; mientras que Frizza juró como titular de Cooperativas este jueves. En el interior de Córdoba, las cooperativas son un Estado paralelo porque proveen agua, electricidad, internet y servicios financieros.
A todos esos intendentes no peronistas de Colón, La Libertad Avanza ya les hizo saber que si no se suman a la alianza libertaria le plantarán un candidato que podría hacerlos perder. Se sabe que los electorados liberatrio y del PRO son idénticos. Hay bemoles en La Calera, pero la lógica es la misma: condicionar a los jefes comunales que buscarán su reelección.
Estos intendentes tienen tres alternativas: adelantar las elecciones municipales 30 días respecto de las provinciales, pegarlas a la fecha que decida Llaryora o postergarlas hasta octubre, y especular con que LLA sea derrotada en la elección provincial y quede desinflada. Esta es la apuesta del llaryorismo: que los no peronistas dejen la elección local para el segundo semestre de 2027.
«Ponemos dos pesos pesados a armar la ingeniería electoral de Colón», confiaron a LPO en El Panal respecto del tándem Brandan-Frizza. En 2023, Llaryora llevó como vicegobernadora a Myrian Prunotto, también de Colón, y ganó por un puñado de votos (41,2% sobre los 40,1% de Juez). Pero en 2025, en la elección legislativa nacional, LLA sumó 45% y relegó a Schiaretti a los 2,5 puntos.
El ascenso de Frizza también se lee un gesto hacia los votantes del PRO. Se suma al desembarco de Hernán Lacunza y del empresario Ércole Felipa en el directorio del Banco de Córdoba. En El Panal tienen claro que deben iniciar un juego de seducción al 15% de votantes liberales/conservadores que en elecciones provinciales suelen pendular hacia el peronismo. Al menos eso pasó cuando al frente estaba Juan Schiaretti.
Mahiques coloniza el fuero comercial para ayudar a Tapia y Toviggino
Juan Bautista Mahiques prepara el bordado final de la protección judicial para Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino en la causa que tramita contra la AFA, en el fuero comercial local, por la denuncia de Guillermo Tofoni.
Como informó LPO, esta semana se publicó el decreto de designación de Javier Cosentino como juez de la Sala C en la Cámara de Apelaciones del fuero comercial, pero hasta el 16 de julio había sido el titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 9, donde quedó radicada la denuncia.
En efecto, Cosentino fue el magistrado que desestimó el embargo preventivo que reclamó Tofoni por los partidos amistosos disputados hace más de 5 años, antes que Tapia y Toviggino optaran por cortar el contrato con el empresario despechado y otorgarle el negocio al productor Javier Faroni. Tras el fallo del juez, Tofoni apeló y ahora la Sala C tendrá que resolver, justo donde recaló Cosentino.
Fuentes judiciales deslizaron que el juez votado por el Senado el jueves pasado debería excusarse. El presidente de la sala es Eduardo Machin y, por ahora, venían subrogando Alejandra Tévez y Matilde Ballerini, quien cumpliría 75 años el próximo 6 de septiembre y solicitó hace meses la prórroga en su cargo al gobierno.
La estrategia de Tapia y Toviggino para plantear la nulidad de las causas
Atento, Mahiques apuró el lunes al senador Juan Carlos Pagotto, titular de la comisión de Acuerdos, para que convoque a audiencia pública para que defienda su pliego Ballerini el 4 de agosto. Entre el receso y las dificultades de Patricia Bullrich para conseguir las voluntades suficientes para sesionar, al oficialismo se le acota el margen de maniobra para aprobar nombramientos de jueces.
Para cubrir la otra subrogancia, el gobierno logró que los senadores le otorguen estado parlamentario a la postulación de Valeria Pérez Casado, quien curiosamente compartió con Cosentino el desenlace del caso Indalo, la empresa de Cristóbal López.
Tapia y Toviggino.
En la causa de Oil Combustibles, el juez que dictó la quiebra, decretó la intervención de la petrolera y le otorgó la operación inicial a YPF fue Javier Cosentino, cuando estaba al frente del Juzgado Comercial Nº 8 y luego en las actuaciones del proceso. En tanto, Pérez Casado intervino en las etapas posteriores y la liquidación de fondos.
Pero los pergaminos de esta candidata de Mahiques se fundarían en su actuación durante la quiebra de Cresta Roja, mientras se desempeñaba al frente del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 18. «Cresta Roja es la Ciccone del macrismo», dijo un camarista a LPO.
En el fuero comercial comentan también que Mahiques y la AFA no estarían dejando ningún detalle librado al azar, ni siquiera el sorteo para las subrogancias hasta que se aprueben las designaciones de los jueces para la Sala C.
Su apreciación se basa en las quejas de los ex dueños de la firma, Rasic Hermanos, que acusaron a Mauricio Macri por el despojo de sus bienes. Cuando el Juzgado Comercial le entregó la empresa al consorcio Proteinsa SA, compuesto por Ovoprot, Tanacorsa y apoyado por el banco BTG Pactual, Karina Rasic, hija de los fundadores, acusó al gobierno de dársela a un amigo del colegio de Marcos Peña, tal como reveló Noticias.
Pérez Casado, además, es miembro de la agrupación Compromiso Judicial, un sector de la magistratura con lazos históricos con el macrismo y el radicalismo. Allí milita José Luis López Castiñeira, un camarista de la Sala II del fuero contencioso administrativo federal que cultiva un vínculo muy cercano con el ministro de Justicia.
En el fuero comercial comentan también que Mahiques y la AFA no estarían dejando ningún detalle librado al azar, ni siquiera el sorteo para las subrogancias hasta que se aprueben las designaciones de los jueces para la Sala C. Desde el 4° Piso de Roque Sáenz Peña 1211, dicen que, ante cualquier demora, podrían salir sorteados la propia Ballerini, quien ya viene ocupando una de las vocalías vacantes, o Jorge Djivaris, ex funcionario del gobierno porteño al que promovieron a la Sala B de la cámara para contribuir eventualmente en la causa Correo, tal como informó LPO.
Por lo demás, los colegas de Cosentino se preguntan quién lo reemplazará en el juzgado N° 9. Su olfato indica que, por sorteo, podría tocarle la función a Pedro Giudice, flamante juez del fuero en cuya jura estuvieron Mahiques, la consejera Alejandra Provitola y el presidente de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, quien admitió el recurso de queja de la defensa de los presuntos testaferros de Toviggino, junto a Mariano Borinsky, para que la competencia de la causa recaiga en el juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
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