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Imputan a Garro en la causa de loteos ilegales en La Plata
Ex intendente de La Plata, Julio Garro, fue imputado y notificado formalmente en la causa que lleva el fiscal Juan Menucci en el marco de una investigación que lo señala por presuntas irregularidades vinculadas a loteos ilegales para barrios privados.
La denuncia es por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Asimismo, la acusación contempla una eventual afectación ambiental de incidencia colectiva.
El ex intendente -que ejerció entre 2015 y 2023, durante la gestión de Juntos por el Cambio- concurrió personalmente a la citación, donde se le informaron detalladamente los cargos que pesan en su contra y los derechos constitucionales que lo asisten.
Imputaron y allanaron al ex intendente Garro por el desarrollo de 400 loteos de barrios ilegales
La causa penal se originó a partir de una denuncia impulsada por el actual intendente de La Plata, Julio Alak, a través de la secretaria de Justicia de la comuna, Marina Mongiardino.
La presentación judicial requirió investigar la omisión deliberada de los controles necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legales en la comercialización de barrios cerrados.
También fueron notificados de las imputaciones los ex funcionarios Oscar Negrelli -ex secretario de Coordinación-, María José Botta -ex titular de Planeamiento- y Marcela Rogg -ex directora general de Planeamiento-, y se espera que en los próximos días sigan otros, como el ex secretario de Obras Públicas Luis Barbier.
Según la acusación, se facilitaron desarrollos habitacionales sin la autorización de la provincia de Buenos Aires, desoyendo las objeciones de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y avanzando sobre el cordón frutihortícola de la región.
Crisis en el cierre de LLA en La Plata porque Garro le quiere prestar su partido a los Passaglia
La investigación busca determinar si las resoluciones adoptadas durante la gestión local entre los años 2015 y 2023 desobedecieron una orden del gobierno bonaerense que prohibía autorizar urbanizaciones sin la correspondiente convalidación legal y técnica.
Quien investigaba la denuncia era el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, pero fue recusado ante la jueza Marcela Garmendia por «demoras e inacción» en la instrucción, por lo que durante la feria judicial el Ministerio Público Fiscal designó a Menucci.
De acuerdo con los datos aportados por la actual administración municipal en su denuncia, los loteos bajo sospecha serían unos 450, de los cuales 250 no podrían regularizarse.
Passerini espera el aval de Santilli para salir de la asfixia financiera
El horizonte de la gestión de Daniel Passerini puede ser muy distinto si Diego Santilli firma el expediente a través del cual habilita a la Municipalidad de Córdoba a tomar una deuda internacional que le permitirá al intendente capitalino postergar hasta la próxima gestión el pago correspondiente al saldo de la deuda en dólares que tomó Ramón Mestre y que, luego, Martín Llaryora rolleó.
Se trata de un paquete de asistencia de 100 millones de dólares con dos años de gracia que tiene como garantía la coparticipación federal. Por este punto, lo debe autorizar la Jefatura de Gabinete y, en paralelo, el Ministerio de Economía de la Nación. Lo que deben hacer los ministros es autorizar que la coparticipación federal (de la Municipalidad y de la Provincia) funcione como garantía del préstamo que tendrá que devolver el próximo intendente. La autorización no implica ningún desembolso para el Estado nacional, pero le daría a la gestión de Passerini oxígeno financiero.
La deuda original que tomó Mestre era de 150 millones de dólares (unos 180 millones finales al sumarse intereses). Hasta ahora, Passerini pagó unos 100 millones. La nueva deuda permitiría saldar los bonos de Mestre (75 millones de dólares) y que Passerini transite el último año y medio de gestión con un horizonte financiero despejado. En la gestión, una situación así le permitiría al peronismo capitalino recuperar la iniciativa política y facilitarle a Llaryora la reelección, hoy en jaque por el deterioro de las cuentas municipales.
Es una paradoja: cuando era intendente y rolleó la deuda, Llaryora logró un aire financiero que le facilitó su ajustado triunfo en 2023. Como se recordará, en aquella elección fue clave el aval del electorado de la ciudad de Córdoba. La bomba le explotó a su sucesor (Passerini); y ahora, por el impacto en la gestión municipal, las esquirlas hieren la reelección de Llaryora. Todo lo que no funciona en la ciudad capital se le reprocha a él. Entonces, para salvar su reelección, Llaryora debe salvar las finanzas de Passerini.
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Ya está en eso. Dispuso 130 mil millones de pesos a través de la Agencia de Inversión para obras de asfalto, cordón cuneta, desagües y señalética en la ciudad de Córdoba. El pago de ese préstamo es con fórmula fernet: 70/30. El porcentaje mayor lo afronta la Provincia; y el resto queda para la Municipalidad capitalina. Las obras ya fueron licitadas y comenzarán en agosto, lo que le dará impulso antes de las elecciones de 2027, que quizá se hagan en abril/mayo. Pero lo importante para el plan electoral del PJ es refinanciar la deuda en dólares.
Se espera que en los próximos días Santilli autorice a Llaryora a ser el garante de la deuda de Passerini. «No hay recursos nacionales, sólo una caución sobre la coparticipación federal que recibe la Provincia. Asimismo, la Ciudad pone en garantía su propia coparticipación. Técnicamente, no debería haber objeciones de Santilli, pero esto es política», dice un funcionario municipal al tanto de las negociaciones.
De estas participan funcionarios top de ambas administraciones cordobesas. Passerini y su secretario de Administración, Sergio Lorenzetti; y el jefe de Gabinete de Llaryora, Manuel Calvo, y el ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta.
El aval para la toma de nueva deuda servirá para pagar los bonos Mestre que están en poder del Grupo Moneda, actualmente en manos del brasileño Patria Investmets. El jefe de Moneda en Chile es Pablo Echeverria, el administrador de la fortuna de Sebastián Piñeira. Hay tres pagos pendientes consecutivos desde septiembre, cada uno por unos 25 millones de dólares.
