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Los jueces Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah anularon este jueves una serie de allanamientos y embargos dispuestos por el juez Sebastián Casanello en la causa que investiga la contratación de una empresa de Martín Aguirre, socio de Martín Menem, para la prestación de servicios a la intervención de Osprera, la obra social de los peones rurales.

Aguirre, comparte el paquete accionario de TR Nutrition, dedicada a la venta complementos nutricionales, con el presidente de la Cámara de Diputados, pero también es dueño de la firma de consultoría informática HTECH Innovation. En efecto, Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan indagan la empresa de tecnología por dos facturas que rondan los 260 millones de pesos.

Tal como informó LPO, el socio de Menem fue citado a indagatoria junto a los interventores que designó el gobierno, Virginia Montero y Marcelo Petroni, un abogado ligado a Lule Menem.

Las defensas de los imputados apelaron y la causa llegó a la Sala II de la Cámara Federal porteña, donde se desempeñan Roberto Boico y Farah. Como Martín Irurzun cumplió 75 años el pasado 18 de julio sin que Javier Milei mandara su pliego de prórroga al Senado, los camaristas tuvieron que sortear un tercer juez entre los tres integrantes de la Sala I, Mariano Llorens, Pablo Yadarola y Bertuzzi, nombrados en sus cargos después de una traumática votación para el kirchnerismo en la Cámara Alta.

Un socio de Martín Menem embargado y a indagatoria por corrupción en la obra social de los peones rurales

Por azar en el sorteo, Bertuzzi terminó siendo el magistrado que desempató a favor de los interventores y Aguirre, todos cercanos a los primos Menem.

Bertuzzi anudó con este fallo, una seguidilla de cuatro definiciones a favor del gobierno a una semana de que el decreto de su nombramiento se publicara por Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y Juan Bautista Mahiques.

Eduardo Farah.

Primero confirmaron el apartamiento de las querellas en la causa LIBRA, dejando el caso al borde del archivo porque el fiscal Eduardo Taiano mantiene la investigación planchada. Luego, votó junto a Llorens para enterrar la pesqiusa por el endeudamiento perpetrado por Mauricio Macri y Luis Toto Caputo en 2018, con un dictamen contundente del fiscal Franco Picardi. Y el lunes pasado votó también el archivo de la causa por el espionaje que se instrumentó desde la AFI y que descubrió la ex interventora Cristina Camaño en los discos rígidos de las computadoras de la central de inteligencia.

En Comodoro Py, señalan que Bertuzzi «se está apurando a pagar al contado su designación», en referencia a los favores que le está haciendo al gobierno de Milei y su antiguo promotor, el ex presidente Mauricio Macri.

Bertuzzi se está apurando a pagar al contado su designación, dicen en referencia a los favores que le está haciendo al gobierno de Milei.

Más extraño es el caso de Farah, que ingresó a la cámara por impulso del peronismo, responde al auditor Javier Fernández y viene desmarcándose de los compromisos que el kirchnerismo le reclamaría. Auditor de la Nación desde 2001, Fernández solía decir que su conducción era Cristina Kirchner y que ejercía ascendencia sobre Farah.

El voto del camarista es otro elemento más en el desconcierto de los peronistas. «Hay un vínculo entre Javier Fernández y Cristina pero juega para él mismo y Farah está ahí gracias a nosotros, que lo repusimos, pero en la mayoría de los casos jugó para el orto», resumió una fuente del Congreso.

El único que votó contra Montero, Petroni y Aguirre fue Boico. Farah justificó su decisión diciendo que tenía a la vista razones suficientes para proponer al acuerdo la nulidad de las órdenes de allanamiento realizadas.

Con todo, el único que votó contra Montero, Petroni y Aguirre fue Boico. Farah justificó su decisión diciendo que tenía «a la vista razones suficientes para proponer al acuerdo la nulidad de las órdenes de allanamiento realizadas en el marco del legajo de investigación N° 1, y de lo obrado en su consecuencia, porque la actividad procesal que las integra, fundamenta y ejecuta se llevó a cabo con exclusión de la intervención de las defensas, sin que existiera una justificación legal para ello».

Bertuzzi, por su parte, consideró los procedimientos dispuestos por Casanello como «inadmisibles». «Aun si este accionar fue efectuado con el objetivo de perseguir un delito o de aportar pruebas que den cuentan de su comisión, resulta inadmisible el resultado de un procedimiento ilegal o contrario a derecho», planteó.

El 30 de agosto de 2025 LPO había revelado la escandalosa vinculación del socio de Martín Menem con la intervención de la obra social de los peones rurales. «Petroni es el que firmaba los acuerdos pero quien manejaba atrás era Sergio Aguirre, que es socio de Martín Menem», afirmó en ese momento un abogado al tanto de la situación de Osprera.

Este medio también reveló que Marijuan había accedido a mensajes de Whatsapp entre Petroni y Aguirre. En uno de ellos, el interventor escribió: «Eso lo tienen que saber Martín y Lule», y en otro fue más directo: «Nosotros somos Lule y Karina».

 

 

El gobierno dio marcha atrás con una desregulación que había celebrado apenas cuatro meses atrás. La Comisión Nacional de Valores (CNV) prohibió el uso de cheques y eCheqs para ingresar y retirar fondos de las cuentas comitentes y dispuso que las transferencias sean la única vía habilitada. 

En el mercado lo leyeron como un cepo reforzado. Pero detrás de la decisión aparece una razón menos doctrinaria: la recaudación del impuesto al cheque se desplomó y Economía decidió cerrar una puerta que había abierto la propia CNV. 

La Resolución General 1166 establece que los fondos que ingresan a una ALyC deben provenir de una cuenta bancaria a la vista del propio cliente o de una CVU vinculada a su CUIT. Para retirar el dinero ocurre lo mismo. La CNV justificó la decisión por la necesidad de garantizar la disponibilidad inmediata, evitar rechazos de cheques y fortalecer los controles frente a «posibles conductas disvaliosas». 

La explicación oficial, sin embargo, deja afuera el elefante de la habitación. En mayo, la CNV había dictado las resoluciones 1139 y 1141, que incorporaron el cheque electrónico y permitieron que los eCheqs circularan sin límites en la cantidad de endosos, siempre que pudiera garantizarse su trazabilidad. La regulación mantenía un máximo de dos pagos por día y cliente, pero no ponía límites a los endosos de los cheques electrónicos que ingresaban al circuito. 

Las tasas cortas ya son negativas en términos reales y vuelve el riesgo de dolarización

Ahí apareció el agujero fiscal. La transmisión de cheques mediante endoso está contemplada entre las operaciones exentas del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. Empresas comenzaron a utilizar eCheqs para fondear sus cuentas en sociedades de Bolsa, colocar esos pesos en instrumentos de muy corto plazo y luego retirarlos mediante transferencia. La secuencia podía completarse en unas 48 horas y permitía evitar el costo del impuesto al cheque. 

El mecanismo creció justo cuando la recaudación comenzó a mostrar números cada vez más raquíticos. En términos reales, los ingresos por el impuesto al cheque cayeron 11% interanual en junio, 6,3% en julio y 9% en agosto. 

En un primer momento, el Gobierno atribuyó el deterioro a la caída de la actividad. Pero un informe de ARCA y el aumento del volumen de endosos pusieron el foco sobre la nueva operatoria. Economía pidió entonces cerrar el grifo. 

La crítica apunta a una contradicción incómoda para un gobierno que hizo de la desregulación una bandera. En mayo habilitó una herramienta que facilitaba el movimiento de fondos por fuera del circuito bancario tradicional y en septiembre la eliminó cuando comprobó su costo fiscal. 

La marcha atrás encendió a las sociedades de Bolsa. Franco Tealdi, managing partner de IEB Córdoba, calificó la decisión como una «HORRIBLE medida» en mayúscula y apuntó además contra el comportamiento de los bancos. «Los bancos ‘retienen por las dudas’ el impuesto a débitos y créditos aún cuando fondeás a ACDI (después tenés que reclamarlo). No hay incentivos para que las PyMes operen en el mercado mediante ALyCs. Inentendible y espero que corrijan», afirmó.  El experto Christian Buteler eligió una ironía más política: «¿Volvió Kicillof?». 

La crítica apunta a una contradicción incómoda para un gobierno que hizo de la desregulación una bandera. En mayo habilitó una herramienta que facilitaba el movimiento de fondos por fuera del circuito bancario tradicional y en septiembre la eliminó cuando comprobó su costo fiscal. 

El torniquete no apareció por una pulsión regulatoria sino porque la alquimia financiera comenzó a perforar una caja que el Tesoro necesita cuidar. Pero existe otra lectura en la City, sintetizada con menos diplomacia por la cuenta conocida como «Pájaro Loco»: «Bien CNV. Los curros que metían las ALyCs con los cheques ya era joda». 

Esa mirada pone el foco sobre el uso de una franquicia pensada para facilitar operaciones del mercado de capitales como vehículo para evitar un impuesto. La exención terminó funcionando en algunos casos como un atajo para administrar tesorería empresaria y no necesariamente para financiar inversión productiva. 

La pelea también es por quién se queda con esos pesos. Los bancos habían cuestionado la operatoria porque las ALyCs les estaban quitando depósitos y parte del negocio de tesorería corporativa. Los fondos que antes permanecían dentro del sistema bancario podían entrar mediante eCheqs al mercado de capitales y terminar estacionados en money markets o cauciones. 

Fuentes del mercado reconocieron a LPO que los bancos venían reclamando contra ese circuito. Con la nueva resolución, buena parte de esos fondos vuelve a pasar obligatoriamente por las cuentas bancarias. 

Por eso la decisión tiene ganadores y perdedores bastante definidos. Las ALyCs pierden una herramienta que se había vuelto atractiva para empresas y pymes. Los bancos recuperan terreno en el manejo de la liquidez corporativa. Y el Estado procura recuperar recaudación obligando a que los movimientos vuelvan a transitar por un canal alcanzado por el impuesto a los débitos y créditos. La medida golpea especialmente a las pymes que utilizaban cheques como parte habitual de su circuito comercial.