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EXCLUSIVO: Una Comisario ascendida por Bullrich entre las mujeres que le “prestaron” plata a Adorni
El entramado de préstamos que rodea al vocero presidencial suma ahora un dato que complejiza aún más el cuadro: una de las mujeres que habría aportado dinero fue ascendida durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad. Documentación oficial revela vínculos que abren interrogantes sobre relaciones, favores y circuitos de financiamiento poco transparentes.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La trama financiera que involucra a Manuel Adorni continúa sumando capítulos incómodos. A partir dela Declaración Jurada del funcionario, donde se detalla que el actual vocero presidencial habría recibido 100.000 dólares en préstamos de al menos dos mujeres, ,adre e hija, ahora se agrega un elemento que tensiona aún más la situación: una de ellas cuenta con antecedentes dentro de la estructura de seguridad del Estado y fue beneficiada con un ascenso durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo la órbita directa de Patricia Bullrich.
El dato no es menor. Según surge del Decreto 1308/2016, firmado por Mauricio Macri y por entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Graciela Isabel Molina de Cancio —quien revestía como Comisario— fue ascendida al rango de Comisario Inspector dentro del Escalafón Seguridad. Se trata de un ascenso formal dentro de la Policía Federal Argentina, que la ubica en una posición jerárquica relevante dentro de la fuerza.
La coincidencia entre ese nombre y el de una de las personas señaladas como prestamistas en la operatoria que rodea a Adorni abre preguntas inevitables. ¿Cuál es la naturaleza del vínculo entre el funcionario y una integrante de las fuerzas de seguridad con ascenso político-administrativo? ¿Se trata de una relación personal, profesional o de otro tipo? Hasta el momento, no hay explicaciones públicas que despejen estas dudas.
Préstamos, hipotecas y relaciones
La investigación periodística que tomó estado público describe un esquema en el cual Adorni habría recurrido a financiamiento privado para afrontar operaciones inmobiliarias, incluyendo la hipoteca de un departamento en Caballito. En ese contexto, aparecen dos mujeres como prestamistas de una suma considerable en dólares, lo que ya de por sí genera interrogantes sobre la trazabilidad de esos fondos y las condiciones en que se otorgaron.
Sin embargo, la incorporación del dato sobre Molina de Cancio modifica el eje de análisis. Ya no se trata únicamente de préstamos entre particulares, sino de la posible participación de una figura con recorrido dentro de la estructura estatal y con un ascenso otorgado en un contexto político específico. La relación entre poder político, fuerzas de seguridad y financiamiento privado comienza a dibujar un mapa más complejo y difícil de justificar como una simple operatoria personal.
El peso de los antecedentes
El Decreto 1308/2016 no deja lugar a interpretaciones: el ascenso de Molina de Cancio fue parte de una serie de promociones dentro de la fuerza durante la gestión de Cambiemos. En aquel entonces, Patricia Bullrich consolidaba su influencia sobre el aparato de seguridad, promoviendo cuadros de confianza en puestos clave.
En ese marco, la aparición de una de esas figuras en una operatoria financiera vinculada a un funcionario del actual gobierno libertario no puede leerse como un dato aislado. Por el contrario, sugiere la persistencia de vínculos y redes que atraviesan gestiones y espacios políticos, conectando a actores que, en apariencia, pertenecen a universos distintos pero que en los hechos podrían compartir circuitos de confianza.
Silencio oficial y preguntas abiertas
Hasta ahora, desde el entorno de Adorni no hubo aclaraciones sustantivas sobre estos vínculos ni sobre el origen preciso de los fondos recibidos. Tampoco se explicó por qué una funcionaria policial con trayectoria y ascenso formal habría decidido otorgar un préstamo de tal magnitud, ni bajo qué condiciones se habría realizado dicha operación.
El silencio, en este contexto, lejos de despejar dudas, las amplifica. Porque lo que está en juego no es solo la situación patrimonial de un funcionario, sino la posible existencia de relaciones cruzadas entre política, seguridad y financiamiento privado que podrían comprometer la transparencia institucional.
En un gobierno que llegó con la promesa de terminar con los privilegios y la “casta”, la aparición de este tipo de vínculos vuelve a poner en cuestión el discurso oficial. Y deja flotando una certeza incómoda: detrás de la retórica antiestablishment, los nombres, los contactos y los mecanismos parecen ser, muchas veces, los de siempre.
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La Justicia suspendió las elecciones en la UOM por denuncias de irregularidades e injerencia de barras
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió el congreso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que estaba previsto para este miércoles y en donde Abel Furlán buscaba su reelección al frente del gremio.
El fallo hizo lugar a la cautelar pedida por la lista opositora a Furlán en la filial Campana, que denunció «un plan premeditado para concretar el fraude» en los comicios seccionales desarrollados a principios de marzo, a partir de la «adulteración de padrones» y «hostigamiento» por parte de «barras bravas».
La elección de Campana es determinante ya que el triunfo en esa seccional es el que le permite a Furlán postularse a la reelección como secretario General del gremio a nivel nacional. El oficialismo se había proclamado ganador con el 85% de los votos.
Pero, de inmediato, presentó su objeción en la Justicia la lista naranja que encabezó Ángel Derosso, que fue secretario de organización de la seccional hasta diciembre de 2025, cuando renunció por diferencias con Furlán.
«Tras el cierre de los comicios el 4 de marzo, se celebró inmediatamente el Congreso de Delegados para proclamar las supuestas autoridades electas sin las notificaciones correspondientes, en franca contravención al Reglamento Electoral, lo que evidencia la urgencia del Sr. Furlan para detentar un cargo que no resultó concebido legítimamente», señala la denuncia de la lista naranja, a la que tuvo acceso LPO.
La oposición denunció irregularidades como falta de acceso y adulteración de padrones, intimidaciones a los fiscales de la lista naranja para forzarlos a rubricar actas contra su voluntad y cambio de lugares de votación.
Furlán enfrenta un inédito desafío en su seccional de la UOM
En ese marco, acusaron el «hostigamiento por parte de miembros de la junta electoral seccional Campana y de barras bravas que portaban camisetas azules que formaron un vallado en las inmediaciones de la sede sindical para que no puedan votar libremente los afiliados».
En el expediente al que tuvo acceso LPO, aparecen declaraciones de operarios que denuncian no haber podido emitir su voto en la planta de Tenaris por no figurar en el padrón mientras que, en la sede del gremio, acusaron que un grupo de personas les impidieron el acceso. Muchos de esos testimonios son de trabajadores con más de 20 años de antigüedad.
«En el gremio no se podía pasar por la cantidad de gente que a simple vista no eran afiliados», dijo un operario en su testimonio, donde definió como «muy turbia» la jornada electoral en la seccional Campana.
Imagen que forma parte del expediente judicial y que muestra el acceso vallado a la sede de la UOM Campana.
«No pude ingresar a la sede gremial a votar porque estaba vallado y barras bravas impedían el acceso», declaró otro operario. «Fue fraudulenta la votación», acusaron en otro testimonio.
Frente a eso, este martes los camaristas Víctor Pesino y Dora González resolvieron suspender el congreso de elección de autoridades nacionales del gremio «hasta tanto se dicte pronunciamiento definitivo en estas actuaciones».
También ordenaron a la UOM nacional y a la Junta Electoral Seccional Campana a «abstenerse de proclamar resultado y, en su caso, de poner en posesión de sus cargos a cualquier autoridad que hubiese sido elegida como consecuencia de esos comicios».
Por eso, requirieron que se preserve todo el material electoral utilizado en el proceso de la seccional Campana, especialmente el padrón y registro de firmas de los votantes, para ser presentados ante el Tribunal.
Como contó LPO, en la lista opositora dicen que surgieron por el disconformidad con la gestión de Furlán por cuestiones vinculadas con el manejo del gremio y la obra social, pero especialmente por el malestar que genera la falta de paritarias. En el oficialismo, por su parte, dicen que es una lista armada por Techint.
Como sea, la controversia se da en medio de la causa que investiga a Furlán por posible defraudación y asociación ilícita a partir del contrato celebrado con la firma USEM S.A., que dirige la ex concejal camporista de Zárate Soledad Calle, cercana al líder metalúrgico y con un rol muy activo en la UOM.
Allanaron la sede de la UOM en una causa que involucra a Furlán por presunta asociación ilícita
Por ese contrato -que trascendió que es por más de $100 millones por mes- la semana pasada se allanó la sede central de la UOM.
Cerca de Furlán sostienen que se trata de «una operación» electoral y una maniobra de sectores a los que desplazaron del manejo de los fondos. En tanto, este martes, 47 de las 53 seccionales de la UOM salieron con un comunicado de apoyo al secretario General.
«Las profundas transformaciones internas que Abel Furlán promovió en su primera gestión parecen haber afectado tanto intereses económicos externos como puesto en contradicción un viejo modelo sindical con las ideas de renovación, profesionalización y transparencia en nuestro sindicato», señalaron las seccionales que apoyan la reelección de Furlán.
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