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Discapacidad sin respaldo: Milei elimina las compensaciones para pasajes gratuitos y pone en riesgo un derecho básico
El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El ajuste llega a quienes más dependen del Estado
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
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El peronismo lanzó un programa para el campo
El espacio político del peronismo federal que lideran Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achaval presentó hoy en Entre Ríos el «Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria» con el que apunta a cerrar la grieta con el campo.
En un nuevo encuentro regional, esta corriente del peronismo de centro -que había hecho su presentación en Parque Norte el pasado 1 de mayo- reunió a 1600 participantes en Concepción del Uruguay, en el marco de un debate sobre el vínculo con el sector agroindustrial y las economías regionales.
De la jornada formaron parte más de 40 intendentes de distintas provincias, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, dirigentes políticos, representantes del sector productivo, universidades y organizaciones sociales.
El documento denominado «Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria» se orienta a impulsar una agenda integral para el desarrollo del sector agroindustrial argentino.
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La propuesta plantea la necesidad de revisar los factores que afectan la competitividad de la producción, avanzar en mejoras de infraestructura logística, promover la innovación y el desarrollo tecnológico, debatir una nueva ley de semillas y una ley de riego, así como fortalecer las cadenas de valor vinculadas al agro y las economías regionales.
Durante el encuentro, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz destacó la importancia de que «las decisiones del peronismo que viene se tomen en función de representar y reflejar a la Argentina federal».
En ese sentido, remarcó que el espacio busca profundizar el debate iniciado en Parque Norte sobre «los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro», y sostuvo que resulta imprescindible discutir la relación del peronismo con el sector agroindustrial y las economías regionales como motores del desarrollo nacional.
Por su parte, el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, sostuvo que el desafío del peronismo es ofrecer una alternativa frente a «un modelo de país financiero y primario» impulsado por el Gobierno nacional.
«Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos», afirmó.
Además, cuestionó que mientras el oficialismo «defiende un solo empleo, el del Jefe de Gabinete» (Manuel Adorni), el peronismo debe defender «a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que están perdiendo el trabajo por culpa de Milei».
Finalmente, Guillermo Michel advirtió que el debate que atraviesa hoy a la Argentina «no es solamente sobre un programa económico, sino sobre el modelo social que se quiere construir».
En ese sentido, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei al sostener que busca «peruanizar la economía argentina», consolidando una sociedad cada vez más desigual, con una clase media debilitada y una creciente pérdida de capacidades industriales y de movilidad social ascendente.
En el encuentro denominado «El Peronismo Debate para ser Alternativa Nacional» también fueron parte el intendente de Pilar, Federico Achával, y la diputada nacional de Unión por la Patria Kelly Olmos, ambos integrantes de este nuevo sector del peronismo federal.
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