Sin servicio de Balsa

La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.

La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.

La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.

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El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.

Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.

La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.

La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.

Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.

El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.

Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.

La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.

Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.

En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.

La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica. 

La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.

Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores. 

«En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector. 

El Municipio de Villa Regina, a través de la Dirección de Cultura, presenta el Reglamento vigente para la participación en el concurso de Vidrieras en adhesión a la 42º Fiesta Provincial de la Vendimia 2022. Objetivo: Premiar a la mejor vidriera, acompañando a los festejos que se realizarán los días 18, 19, y 20 de…

En un giro sorprendente de la guerra de los estadios La Nación terminó vendiéndole el control del Movistar Arena a Diego Finkelstein y a Live Nation, sus rivales en el negocio de los shows musicales.

La jugada es impactante porque el grupo de los Saguier intentó evitar de todas las maneras posibles que avance la construcción del nuevo Luna Park que habían ganado Filkenstein y Live Nation, porque lo veía como una amenaza existencial a la programación del Movistar Arena. 

Con la captura del Movistar Arena y asociado a la mayor productora de espectáculos musicales del mundo, Finkelstein se erige así en el actor central del negocio del entertainment en la Argentina.

Diego Finkelstein y Live Nation son dueños de le edición local del Loolapalooza, y semanas atrás se quedaron con la participación mayoritaria en la productora Dale Play, que maneja a artistas como Duki o Bizarrap. Además, Live Nation firmó un acuerdo con River Plate a cambio de la exclusividad para realizar shows en el estadio de Núñez, lo que limita aún más la cantidad de espacios clase A disponibles en la Ciudad.

La Nación informó la operación mediante un comunicado en el que se aclaró que el Movistar seguirá estando a cargo del management actual y el estadio continuará abierto a distintas productoras. Sin embargo, en hay preocupación entre los productores de espectáculos.

Guerra de arenas: Clarín y La Nación le ganaron a Finkelstein la concesión de Costa Salguero

El Movistar es uno de los principales recintos cerrados de la Ciudad y la especulación entre los artistas es que la prioridad será para los artistas vinculados a Dale Play y Finkelstein. 

Live Nation y Finkelstein se quedaron con la operación del Luna Park en noviembre de 2024 tras una puja con La Nación. En ese momento el Arzobispado eligió la propuesta liderada por Finkelstein que incluye una inversión de 34 millones de dólares para renovar a fondo el mítico estadio techado y llevarlo a una capacidad de 13 mil espectadores.

El Movistar es uno de los principales recintos cerrados de la Ciudad y la especulación entre los artistas es que la prioridad será para los artistas vinculados a Dale Play y Finkelstein. 

El proyecto contempla la conservación de la fachada histórica, pero adentro implica una renovación y modernización total para casi triplicar su capacidad actual. Si se concreta será por lejos el arena meas atractivo de Buenos Aires y uno de los más modernos del mundo, pero fue frenado por la Justicia, aduciendo argumentos conservacionistas. La Nación realizó un cobertura intenta del tema, alineada con sus intereses en que no avance la obra. 

Habrá que ver ahora si la venta del Movistar a Finkelstein y Live Nation destraba las obras en el Luna Park, ya que La Nación fue el medio que más argumenó para que no avance la remodelación.

La parálisis de la obra indignó además al arzobispo Jorge García Cuerva, que administra la propiedad que la familia Lectoure donó a la Iglesia. García Cuerva viene lidiando con el corto casi total de fondos que el gobierno de Milei hizo a la Iglesia y contaba con estos fondos.

El contrato de concesión prevé un mínimo de ganancia de un millón de dólares y un porcentaje por cada espectáculo que se realice en el Luna Park. Como el estadio está cerrado, los dueños reciben sólo la garantía.

«La Iglesia está muy enojada y analiza retirar la concesión si el proyecto no avanza», explicó a LPO una fuente del sector.