Sin servicio de Balsa

 

G. debe once millones de pesos en la tarjeta. Durante meses pagó el mínimo, después se atrasó y tuvo que refinanciar. Una de sus hijas perdió el trabajo y también quedó endeudada. A las dos las llaman los acreedores. “Tenemos una persecución ahí”, cuenta. Maestra de San Miguel, en el conurbano bonaerense, y dueña de un pequeño emprendimiento familiar, usó la tarjeta para sostener el colegio de sus hijas y el auto con el que va a trabajar: el nivel de vida. Hoy el pago mensual de la deuda equivale a la mitad de su sueldo.

La situación le produce angustia, pero no modifica su apoyo a Javier Milei ni la lleva a reclamar que el Estado intervenga. “A mí nadie me puso una pistola en la cabeza y me dijo que pida préstamos o me financie”, dice, retomando casi literalmente la respuesta del presidente cuando le preguntaron por las familias endeudadas. Reconoce que “el problema base es que uno no llega a fin de mes”, pero se responsabiliza por haber usado demasiado la tarjeta y confía en que Milei arreglará una economía destruida por los gobiernos anteriores: “El presidente no tiene la culpa, el Estado no tiene la culpa. Sé que se está arreglando este desastre en el que estábamos todos hundidos”.

A muchos de ellos, según nos contaron a fines de agosto, la deuda los afecta, a veces de manera dramática. ¿Cómo impacta esto en su adhesión política?

La historia de G. condensa una paradoja que atraviesa a una parte de los votantes del “núcleo duro”, es decir, quienes eligieron a Milei en primera y segunda vuelta. Esta conversación es parte de una investigación que iniciamos en julio de 2024. Seguimos a cinco grupos de estos votantes mediante contactos periódicos a través de grupos de Whatsapp. A muchos de ellos, según nos contaron a fines de agosto, la deuda los afecta, a veces de manera dramática. Reconocen que dejó de ser una decisión excepcional para convertirse en el recurso con el que se pagan alimentos, servicios y gastos cotidianos. Pero ese reconocimiento no conduce necesariamente a pedir una regulación estatal ni a revisar su adhesión política.

No se trata de votantes indiferentes a lo que ocurre. En los grupos hablan de salarios que no alcanzan, de clientes que dejan de pagar, de familiares perseguidos por financieras y de préstamos digitales tomados para cubrir otros préstamos. La novedad está en cómo ordenan esas experiencias. Un mismo participante puede describir una economía que empuja a las familias a endeudarse y, pocos minutos después, defender que cada deudor se haga cargo de esa situación sin ayuda pública. Muchos de estos votantes cruzaron un puente: dejaron atrás la expectativa de que el Estado se ocupe y llegaron a la orilla de una crítica radical a su intervención. Del otro lado, la deuda aprieta pero no basta para desandar el cruce.

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La morosidad de los hogares creció con rapidez y el tema se instaló en la agenda pública. El Banco Central informó que la mora de las financiaciones a las familias pasó del 2,94% en febrero de 2025 al 12,8% en junio de 2026. En el Congreso se acumularon proyectos de refinanciación, regulación del crédito y desendeudamiento. El Gobierno rechazó intervenir: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza?”, preguntó Milei. Para el presidente, las deudas son acuerdos entre privados, y asistir a quienes no pueden pagarlas significaría trasladarles el costo a los demás.

La Argentina conoció otras coyunturas en las que las deudas ingresaron en la esfera pública. Durante la expansión del consumo de 2003–2015, el crédito fue vivido principalmente como una vía de acceso a bienes y bienestar. Mientras las cuotas pudieran integrarse al presupuesto doméstico, la deuda se narraba como inclusión y movilidad, no como agravio, y no produjo un movimiento nacional de deudores de consumo, como investigaron Mariana Luzzi y Ariel Wilkis.

Los hipotecados UVA muestran una trayectoria diferente. Aunque la mora se mantuvo comparativamente baja, la indexación del capital, la pérdida salarial y la sensación de pagar sin dejar de deber alimentaron una organización nacional. La politización se apoyó en una figura moralmente legítima, el deudor que seguía pagando; un bien socialmente valioso como es la vivienda única y una responsabilidad identificable: haber confiado en una política estatal cuyas condiciones se volvieron insostenibles. La politización feminista realizó otra operación. La consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” reunió obligaciones heterogéneas como tarjetas, alquileres, servicios, créditos informales y deudas familiares para mostrar sus efectos comunes sobre la autonomía y los cuidados. Su intervención buscó “sacar la deuda del clóset”: volver colectiva y narrable una experiencia habitualmente procesada mediante vergüenza y culpa, como investigaron Luci Cavallero y Verónica Gago en Una lectura feminista de la deuda: ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! (Tinta Limón)..

Estos antecedentes muestran que endeudarse no conduce por sí mismo a la politización. Es necesario que la experiencia se desprivatice, que aparezca una interpretación compartida de sus causas, que se identifiquen actores responsables y que alguna organización traduzca la experiencia en una demanda. La coyuntura actual combina una extensión potencialmente mayor con una articulación más difícil: no existe un único contrato ni un bien visible que defender, sino tarjetas, préstamos personales, billeteras virtuales, servicios impagos y deudas informales destinadas, cada vez más, a sostener gastos corrientes. Esta dispersión dificulta la construcción de una identidad común, pero también vuelve menos plausible que todas las deudas puedan explicarse como decisiones plenamente libres.

Gobierno y oposición suelen extraer conclusiones opuestas de esta situación. El oficialismo confía en que la deuda es un asunto individual que no erosiona su base. Parte de la oposición imagina que las cuotas impagas y los resúmenes de tarjeta contienen el principio de un desencanto. Nuestro seguimiento longitudinal de votantes mileístas muestra un panorama menos lineal. El Gobierno subestima la preocupación: la mayoría considera que el endeudamiento es un problema, lo padezca directamente o no. Pero la oposición saca conclusiones apresuradas: reconocer un problema común no implica compartir sus soluciones.

Endeudarse para vivir

De las respuestas de los participantes surgen tres maneras de experimentar y juzgar la deuda. No son perfiles sociales rígidos, sino posiciones construidas a partir de la situación material, la experiencia del entorno y ciertas ideas sobre responsabilidad y justicia.

Diez de las veintinueve personas que respondieron sobre su experiencia personal o cercana describieron una situación crítica. Para ellas, el crédito dejó de financiar mejoras o consumos extraordinarios: sirve para comprar comida, pagar servicios o sostener aspectos básicos de la vida familiar.

S, una enfermera sanjuanina de 50 años que realiza cuidados a domicilio, lo cuenta sin rodeos: “En mi familia la estamos pasando todos bastante mal: endeudados, no llegamos a fin de mes con el sueldo, hay cuentas que no se terminan de pagar, porque alcanza para comer y hasta ahí”. Para poner un plato en la mesa recurren a la tarjeta, a Mercado Pago, a préstamos y a aplicaciones de cuotas como Goucuotas.com..

Entre estos participantes se repiten las quejas por las tarifas (que además tienen grandes diferencias regionales en el país) y por los salarios, muy por debajo del costo de vida. Un empleado chaqueño pide adelantos para pagar facturas de electricidad de 260.000 o 300.000 pesos. Una trabajadora informal de Villa María, Córdoba, resume: “Hay poco empleo, el poco empleo que hay te lo pagan chirolas y la luz te viene una fortuna”. La deuda no aparece como un contrato abstracto elegido en libertad, sino como la consecuencia de ingresos insuficientes.

G., la docente citada al comienzo de la nota, explica esto con cifras. Durante meses pagó el mínimo de una deuda de cinco millones de pesos. Cuando dejó de hacerlo, refinanció y el monto ascendió a once millones. El crédito, que primero le permitió sostener consumos cotidianos, comenzó a absorber sus ingresos. Aun así conserva expectativas sobre el futuro: “Sí, me preocupa, pero tenemos la fe y la esperanza de que esto va a mejorar. Queremos que el país mejore”. La esperanza política no elimina la angustia económica; convive con ella.

La Argentina conoció otras coyunturas en las que las deudas ingresaron en la esfera pública. La deuda se narraba como inclusión y movilidad, no como agravio.

Un segundo grupo (ocho de los veintinueve) no atraviesa deudas críticas, pero observa el problema y lo considera grave. Algunos lo conocen por su trabajo: comerciantes que escuchan a sus clientes, empleados de agencias de cobro o profesionales en contacto con hogares morosos. “Sé de mucha gente que tiene que comprar comida con tarjeta o sacar crédito para pagar luz y gas”, dice una comerciante de Alta Gracia,  Córdoba.

V., una joven trabajadora freelance, no conoce personalmente a nadie en esa situación, pero no la atribuye sólo a malas decisiones: “Se endeudan simplemente para llegar a fin de mes con los gastos cotidianos. Creo que es un problema más estructural”. En varias respuestas aparece también la preocupación por los préstamos ofrecidos desde billeteras virtuales. La rapidez y la escasa burocracia facilitan el acceso, vuelven más sencillo tomar deudas sin comprender sus tasas y condiciones.

El tercer grupo (once de los veintinueve) interpreta el endeudamiento desde una moral de la responsabilidad individual. No registra deudas críticas propias ni cercanas. Algunos relativizan el problema o desconfían de las cifras, que consideran infladas por “los kirchneristas y la izquierda”. “El que se endeuda sabe dónde se mete; después verá cómo sale”, afirma un trabajador de mantenimiento. Haber atravesado deudas y pagarlas sin ayuda se convierte en la prueba de que los demás también pueden hacerlo.

En estos relatos, el buen deudor ajusta sus gastos, busca otros ingresos y cumple sus compromisos; el mal deudor consume por encima de sus posibilidades y pretende trasladar las consecuencias de sus actos a otros. Una jubilada recuerda que su familia sólo se endeudó para comprar la casa: “Éramos muy conservadores y conscientes: si no teníamos, no gastábamos”. La preocupación por las aplicaciones reaparece, pero ahora como señal de falta de educación financiera o imprudencia personal.

La distinción no es sólo económica. Es también moral: separa a quienes se adaptan, se privan y cumplen de quienes habrían gastado sin medir las consecuencias. Un jubilado de Lanús, en el Gran Buenos Aires, formula la pregunta que organiza esta mirada: “Yo no me endeudé, ¿por qué hay gente que está endeudada?”. La estabilidad propia se convierte en parámetro para juzgar situaciones muy distintas. Quedan aquí en segundo plano la informalidad laboral, las tasas, la caída de ingresos o la necesidad de financiar gastos básicos.

La experiencia importa: quienes están asfixiados o ven de cerca la ruptura de la cadena de pagos reconocen con mayor facilidad su dimensión colectiva. Pero no determina por sí sola la posición política. Incluso entre quienes describen un problema estructural persisten el valor del esfuerzo, el rechazo al consumo superfluo y la desconfianza hacia el Estado.

¿Quién debe hacerse cargo?

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Cuando la pregunta pasa del diagnóstico a las soluciones, la posición más extendida es la no intervención. Diecinueve de los treinta participantes que se pronunciaron sobre qué debería hacerse rechazaron que el Estado regule las tasas o refinancie las deudas. Siete defendieron alguna forma de regulación, mediación o prevención pública. Los cuatro restantes describieron el problema, pero no lograron formular una salida clara.

Para la mayoría antiintervencionista, la deuda es un acuerdo libre entre privados. Rescatarla sería injusto con quienes pagan con esfuerzo y podría reducir la oferta de crédito. F., un estudiante universitario porteño que busca trabajo, advierte: “Regulando las tasas van a lograr que no existan más préstamos, porque los bancos, ¿para qué van a prestarle plata a la gente si después no pueden tener ganancias?”. Teme que, sin crédito formal, sólo queden los usureros.

C., un albañil cordobés, reconoce que los servicios cuestan demasiado respecto de los salarios, pero insiste en la responsabilidad personal: “No creo que el Presidente sea quien deba hacerse cargo de la deuda de las personas. Cada uno sabe lo que hace, cómo administra su plata”. Otro participante lo formula como principio de justicia: “No tiene por qué el Estado -que somos todos- pagar la indulgencia de otra gente”.

Esta posición no siempre implica negar la crisis. Algunos participantes aceptan que la gente se endeuda para llegar a fin de mes, pero sostienen que la tarea del Gobierno consiste en estabilizar la economía, bajar impuestos y recuperar los salarios, no en intervenir sobre contratos particulares. La solución es general y futura; las deudas son individuales y presentes.

Quienes reclaman alguna acción estatal tampoco forman un bloque homogéneo. Sus propuestas van desde regular intereses abusivos y facilitar refinanciaciones hasta incorporar educación financiera en las escuelas. Una psicopedagoga de Lomas de Zamora en el Gran Buenos Aires rechaza la condonación, pero pide protección frente a bancos y prestamistas: “Muchas veces se desconoce cómo el interés va acrecentando la deuda. No que se condonen, pero sí que intervengan en cuanto a los intereses, que son exorbitantes”.

Las vacilaciones de este grupo son reveladoras. Varias respuestas comienzan aceptando el principio oficialista -el Estado no debería “hacerse cargo”- y luego agregan excepciones. Un joven rosarino reclama campañas de prevención y educación económica. Otros diferencian entre perdonar una deuda y limitar intereses que juzgan abusivos. No abandonan el lenguaje de la responsabilidad individual: intentan complementarlo con alguna forma de protección.

Gobierno y oposición suelen extraer conclusiones opuestas de esta situación. El oficialismo confía en que la deuda no erosiona su base. Parte de la oposición imagina que contiene el principio de un desencanto. Nuestro seguimiento muestra un panorama menos lineal.

Otro participante ensaya una distinción: si alguien se endeuda para comprar algo que no puede pagar, el Estado no tiene por qué intervenir; si el crédito se usa para comer o pagar servicios, el problema ya no es sólo individual. En ese caso, propone regular las tasas o facilitar una refinanciación razonable. La responsabilidad personal no desaparece, pero deja de alcanzar como explicación.

Los cuatro participantes sin una postura definida hablan de informalidad laboral, tarifas, apuestas en línea y falta de acceso al crédito formal. El problema existe y los preocupa, pero no encuentran palabras para convertirlo en una demanda. Esa dificultad también es políticamente significativa: entre vivir una crisis y reclamar una solución hay un trabajo de interpretación que no siempre llega a completarse.

La deuda y la fidelidad política

¿Qué ocurre cuando la deuda afecta directamente a quienes continúan apoyando a Milei? Seis de los diez participantes que describen una situación crítica rechazan la intervención estatal. No niegan el agobio. Lo procesan mediante tres recursos que suelen combinarse: la responsabilidad personal, la confianza en que el plan de Milei dará resultados y la atribución retrospectiva de la crisis al kirchnerismo.

G., la docente fuertemente endeudada, encarna esa combinación. Sabe que su familia no llega a fin de mes y que la deuda dejó de ser una excepción. Pero retoma el encuadre presidencial: nadie la obligó a usar la tarjeta. Su explicación es individual y colectiva a la vez. Se culpa por no haber administrado mejor las cuentas, pero atribuye la insuficiencia general de los ingresos al “desastre” recibido. El presente la afecta; la esperanza sigue puesta en el Gobierno.

Otros participantes adoptan el lenguaje de la adaptación. M., trabajador de la industria del plástico, vive al día y recortó salidas y consumos para no entrar en default. Tiene una pequeña deuda por gastos imprevistos, pero se corrige cuando está a punto de lamentarse: “Seguiré viviendo al día, lamentablemente. Bah, lamentablemente no: es el camino también, hay que ser realista”. La rectificación condensa el esfuerzo por integrar la dificultad a una narrativa de sacrificio necesario.

La identidad negativa, que activa una oposición tajante a todo lo que se asocie con el kirchnerismo, también organiza las responsabilidades. En un trabajo anterior mostramos que muchos votantes de Milei fueron acercando sus interpretaciones a las del Gobierno cuando un tema pasó a ser bandera de la oposición. Ocurrió con los jubilados: aun reconociendo la gravedad del problema, varios respaldaron el veto presidencial a un aumento porque lo leyeron como una maniobra opositora para desestabilizar. Con la deuda sucede algo semejante. La intervención estatal se asocia con el asistencialismo, los planes y el “regalar dinero”; rechazarla confirma la distancia con el kirchnerismo.

Esto no significa que todos repitan mecánicamente al Gobierno. Los encuadres oficiales resultan eficaces porque se apoyan en disposiciones anteriores: el valor de cumplir, la memoria de crisis pasadas, el enojo con quienes reciben ayudas y el rechazo al kirchnerismo. La imagen de “la pistola en la cabeza” ofrece una forma breve de articular esas disposiciones. Permite reconocer el problema sin trasladar la responsabilidad al Gobierno y mantener abierta la promesa de que el orden macroeconómico terminará mejorando la vida cotidiana.

Pero el alineamiento no es total ni irreversible. Algunos buscan soluciones intermedias que les permitan sostener el principio de responsabilidad sin aceptar tasas abusivas o salarios insuficientes. Proponen que el Estado ofrezca créditos razonables sin intervenir en los contratos privados. “No digo que regalen la plata”, aclara un trabajador, “sino una tasa normal para la situación actual de la mayoría”.

S., la enfermera sanjuanina antes citada, tampoco quiere que el Estado pague las deudas familiares, pero exige una relación posible entre salarios y precios: “No podemos estar ganando 3.500 pesos la hora y pagar 16.000 el kilo de carne. No podemos ganar eso y pagar 70.000 o 100.000 pesos de luz, porque el sueldo no alcanza para nada”. Su respuesta no rompe con el ideal de hacerse cargo, pero redefine el problema: la responsabilidad individual sólo puede ejercerse si el trabajo permite vivir.

La deuda, entonces, abre tensiones dentro del electorado de Milei, pero no produce por sí sola una ruptura. Para una parte de estos votantes, la experiencia negativa se acomoda dentro de marcos ya disponibles: la responsabilidad individual, la herencia recibida, el sacrificio transitorio y la confianza en un futuro ordenado. Para otros, obliga a buscar un punto intermedio entre la no intervención y la necesidad de protección.

Las condiciones materiales importan, pero no hablan solas. Entre una factura impagable y una demanda política intervienen identificaciones políticas, encuadres asociados a esas identificaciones, ideas de justicia y formas de atribuir responsabilidades. Graciela sabe que no puede seguir pagando la tarjeta y sabe también que no es la única. Aun así, cuando piensa quién debe resolverlo, vuelve a la frase de Milei: nadie le puso una pistola en la cabeza. En esa distancia entre la experiencia compartida y la solución imaginada se juega, por ahora, una parte de la persistencia del apoyo libertario.

Desde julio de 2024 seguimos periódicamente, mediante cinco grupos de WhatsApp, a votantes que apoyaron a Milei en ambas vueltas de 2023 y en su gran mayoría continuaban respaldándolo en agosto de 2026. Para esta nota analizamos las respuestas de 29 participantes a una consigna sobre endeudamiento y de 30 a otra sobre la posible intervención estatal. Los conteos son descriptivos y no buscan representar estadísticamente al electorado mileísta. 

La entrada Endeudados pero fieles se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

Una de las pocas causas por corrupción durante el gobierno de Javier Milei que avanza en la justicia tiene como escenario Tandanor, el estátegico astillero estatal. 

La Policía Federal realizó cinco allanamientos por orden del juez federal Sebastián Casanello, cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. En los procedimientos fueron secuestrados exactamente 367.110 dólares, encontrados entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, que se desempeñaba como gerente comercial de Tandanor. 

La Justicia intenta determinar si Gallé le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonarle una deuda que su compañía mantenía con el astillero estatal. La deuda rondaba los 200 mil dólares. 

Según la hipótesis que reconstruyen los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra investigada alcanza al menos los 220 mil dólares. Pero los allanamientos dejaron una pista todavía más comprometedora. Los investigadores encontraron un recibo manuscrito entre los involucrados por 100 mil dólares y 12,7 millones de pesos. También secuestraron cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, contratos, una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. 

La Cámara confirmó la exclusión de los querellantes de Libra y se cae la causa

La causa nació de una auditoría interna realizada en Tandanor luego del recambio de autoridades. Las irregularidades detectadas terminaron en una denuncia de la propia empresa y Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. 

El episodio atraviesa una empresa que LPO viene siguiendo desde el comienzo del gobierno libertario. Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. 

Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión. 

Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Hernández despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados y contrató a BDO para realizar una auditoría. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión, precisamente el área que concentraba información sensible sobre el funcionamiento de la compañía. 

La decisión generó una crisis interna. Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina y una de las integrantes del directorio, terminó alejándose de la empresa en medio de diferencias con el rumbo que había tomado la conducción. 

La gestión de Hernández ocurrió además mientras dentro de Tandanor crecían las sospechas de que el gobierno preparaba el terreno para rematar activos de la empresa. El astillero no solamente tiene capacidad industrial estratégica: ocupa más de 30 hectáreas en uno de los terrenos más codiciados de Buenos Aires. 

El interés inmobiliario siempre sobrevoló la discusión. Frente a Tandanor se encuentra el gigantesco desarrollo Solares de Santa María en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. La posibilidad de liberar las tierras del astillero multiplicó las sospechas sobre qué había realmente detrás del interés libertario por desprenderse de la compañía. 

Hernández finalmente dejó el cargo y en su lugar desembarcó Mauricio González Botto, otro hombre directamente vinculado a Posse. Antes de llegar a Tandanor, González Botto había tenido bajo su órbita el universo de las empresas públicas y participado del diseño inicial de las privatizaciones del gobierno. 

Ahora, mientras el gobierno vuelve a mover las fichas alrededor del futuro del astillero, la Justicia reconstruye qué ocurrió puertas adentro durante aquella etapa. Los 367 mil dólares, el recibo escrito a mano y los movimientos bancarios secuestrados dejaron de ser una auditoría administrativa para convertirse en una causa federal por cohecho.

 

 

El costo de discutir el modelo minero apareció antes que el cobre. El economista Hugo Berozzi, que trabajó durante seis años en el Fondo de Garantías de San Juan, fue despedido esta semana, pocos días después de poner la lupa sobre las 57 páginas del acuerdo que el gobierno de San Juan firmó con el proyecto de cobre Vicuña. Elaboró un informe que presentó un calculo de cuánto puede dejar de recaudar la provincia en las próximas décadas. 

Berozzi analizó el acta compromiso que San Juan y Vicuña firmaron el 5 de agosto y que luego fue ratificada por la Legislatura provincial por 27 votos contra nueve. El gobernador Orrego presentó como uno de los principales logros del acuerdo un aporte de 250 millones de dólares para financiar obras. Los desembolsos serán progresivos y estarán sujetos a certificados de avance. La lectura del economista fue bastante menos celebratoria. Según su análisis, los 250 millones funcionan como un adelanto vinculado al impacto ambiental y sustituyen contribuciones futuras. 

Argumentó que el acta considera saldadas con ese aporte las obligaciones económicas adicionales que la provincia podría imponer durante la vida útil contemplada para el emprendimiento, estimada en 71 años. 

Desde el gobierno de Orrego desmintieron estos cálculos. «No es correcto plantear que San Juan cambió USD 250 millones por regalías futuras. Son dos conceptos distintos. Los USD 250 millones son un aporte cierto y no reembolsable que comienza a estar disponible desde 2026 para financiar infraestructura. Las regalías son independientes: Vicuña deberá pagar el 3% sobre el valor bruto de comercialización cuando comience la explotación. Además, desde el sexto año de producción deberá pagar el aporte adicional del 1,5% acordado con la Provincia», explicaron a LPO desde el gobierno provincial. 

Y defendieron el cobro anticipado. «No es correcto comparar directamente USD 250 millones de hoy contra ingresos potenciales que recién existirían cuando la mina produzca. Durante los años de construcción San Juan todavía no tiene producción ni exportaciones de Vicuña sobre las cuales cobrar regalías. En cambio, la Provincia consiguió USD 250 millones ciertos y anticipados, que comienzan a estar disponibles desde 2026». 

«La estimación de que el 1,5% durante los primeros cinco años podría representar unos USD 309 millones depende de cuándo comience la producción y de cuánto efectivamente produzca. Comparar USD 309 millones futuros y contingentes contra USD 250 millones anticipados sin considerar tiempo y riesgo no demuestra una pérdida para San Juan», agregaron las autoridades.

La discusión también se extendió a las regalías. Berozzi afirmó que la legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos, pero el esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida del proyecto. 

El caso Vicuña destapó el lado oscuro del RIGI: beneficios fiscales para subsidiar importaciones

Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares en valor presente, tomando como referencia las reservas proyectadas y una tasa de descuento del 9,2%. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años, tal como reveló El Destape. 

La legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos. El esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida útil. Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años.

Desde el gobierno de Orrego lo desmintieron: «San Juan no renuncia al 1,5% durante toda la vida del proyecto. El esquema acordado reemplaza ese aporte durante los primeros cinco años de producción por los USD 250 millones anticipados. A partir del sexto año de explotación, Vicuña paga el 1,5% durante el resto de la vida útil del proyecto, además de las regalías correspondientes», explicaron.

Y aportaron un dato relevante sobre que llevó a tomar la decisión del pago anticipado. «Los antecedentes muestran por qué es importante que los USD 250 millones no dependan de que la mina empiece a producir. Con Pascua-Lama se habían comprometido USD 70 millones en 20 cuotas y sujetos al avance del proyecto. Cuando la construcción se paralizó, los pagos también se interrumpieron y terminaron ingresando aproximadamente USD 17 millones. Con Vicuña se buscó evitar ese riesgo: asegurar USD 250 millones antes de depender de la producción futura».

En el centro de toda esta discusión está Vicuña Corp, la sociedad formada por BHP y Lundin Mining para desarrollar Josemaría y Filo del Sol. La compañía proyecta una inversión inicial de 9.700 millones de dólares. Se trata del mayor proyecto de cobre del país, ubicado en el norte sanjuanino, cerca de la frontera con Chile. El gobierno de Javier Milei lo exhibe como una de las grandes vidrieras del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). 

Escándalo en San Juan: Caputo le regaló una línea de alta tensión a la minera Vicuña

La electricidad abrió otro frente alrededor del proyecto. Vicuña necesita 260 MW para la primera fase de Josemaría y obtuvo prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. De acuerdo con cálculos de Cammesa, representa alrededor del 71% de la capacidad total de una infraestructura de 854 MVA. La prioridad alcanza además a la futura línea Rodeo-Chaparro y a la estación transformadora Chaparro. El horizonte previsto es de 25 años. 

Hay una particularidad difícil de esconder detrás de los números: la línea Nueva San Juan-Rodeo no fue construida por Vicuña. Tiene unos 162 kilómetros, fue diseñada para operar en 500 kV y recibió financiamiento nacional, provincial y de los usuarios sanjuaninos mediante fondos específicos. Sobre una infraestructura levantada durante años con recursos públicos se monta ahora una prioridad privada para abastecer a uno de los proyectos del RIGI. 

La decisión provocó la reacción de otros jugadores mineros. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán objetaron distintos aspectos del esquema. Los Azules cuestionó especialmente que una prioridad durante 25 años sobre infraestructura existente pueda convertirse, en los hechos, en una exclusividad sobre un corredor estratégico. El ente regulador provincial también advirtió que la capacidad eléctrica disponible debe contemplar la demanda futura de San Juan y no solamente la expansión minera. 

El campamento de Vicuña en San Juan.

No hay altruismo en esa guerra. Cada minera pelea por la energía que necesita para su propio proyecto. Pero detrás de esa pulseada aparece un problema que excede a las compañías. Una infraestructura financiada colectivamente se vuelve escasa justo cuando llegan las inversiones que prometen transformar la provincia. Si un solo jugador captura buena parte de esa capacidad, el límite puede alcanzar después a otros emprendimientos mineros, industrias, productores agrícolas y localidades del norte sanjuanino. 

El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, junto con Beijing Chengdong y la santafesina RAFA. El proyecto contempla importar desde China una ciudad modular para alojar inicialmente unas 2.500 camas. Por la rotación de trabajadores podría atender entre 3.500 y 5.000 personas y, cuando el proyecto alcance otra escala, la demanda podría llegar a 12.000 trabajadores. 

El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, que importará desde China una ciudad modular para alojar unas 2.500 camas. Los fabricantes argentinos calcularon que producir los módulos en el país habría generado unos 500 empleos directos.

Los fabricantes argentinos calcularon que la obra supone alrededor de 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero. Sostienen que producir los módulos en el país habría generado entre 400 y 500 empleos directos. El armado de las estructuras importadas dejaría cerca de 50 puestos vinculados al montaje y la logística. 

La diferencia estuvo en el precio. La oferta china habría rondado los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. Son 18 millones de diferencia en un emprendimiento cuya inversión inicial alcanza los 9.700 millones. Para la minera es ahorro. Para los proveedores argentinos, la cuenta incluye también acero, trabajo, salarios e impuestos que podrían haberse generado dentro del país. 

Desde la provincia se cuidaron de aclarar que «se habla de 400 a500 empleos que «se podrían haber generado en Argentina, pero es una estimación de los fabricantes que perdieron la licitación, no empleos existentes que hayan sido eliminados» y agregar que «según los datos informados por Vicuña, actualmente existen más de 2.500 empleos directos e indirectos: 95% de los trabajadores son argentinos y 83% sanjuaninos» para el proyecto.

Y además, siempre según el gobierno provincial, «alrededor del 60% de los proveedores activos son empresas de San Juan y, para el montaje de esta etapa del campamento, más del 90% de la mano de obra será sanjuanina».

Ahí el caso Vicuña se conecta con un fenómeno mucho más grande. El RIGI acumula 22 proyectos aprobados con inversiones anunciadas por 47.073 millones de dólares. Hay además 18 iniciativas en evaluación y una rechazada. Los proyectos aprobados y en análisis informaron inversiones potenciales por 186.195 millones. Sin embargo, los activos computables de las iniciativas ya autorizadas suman sólo 30.799 millones y los compromisos para ejecutar durante los primeros dos años alcanzan 11.807 millones. Entre el anuncio y el desembolso todavía corre un río ancho. 

Ahora, es cierto que la minería genera los dólares que la Argentina necesita. En los primeros siete meses de 2026 las exportaciones minerales alcanzaron los 5.340 millones de dólares, contra 3.200 millones del mismo período de 2025. El superávit comercial minero saltó de 3.088 millones a 5.227 millones de dólares, un crecimiento del 69,2%. Es el argumento más sólido de quienes sostienen que el sector puede convertirse en uno de los grandes proveedores de divisas de la próxima década. 

Pero los primeros movimientos concretos del RIGI muestran la otra cara. Hasta julio, los proyectos adheridos habían importado bienes por unos 171 millones de dólares. Sólo en agosto ingresaron otros 140 millones, más del doble del récord mensual anterior y equivalentes al 43% de todo lo importado hasta julio. 

Esta semana el Gobierno dio otro paso en esa dirección. Una resolución de la Secretaría de Minería reemplazó certificados de importación por declaraciones juradas digitales y simplificó el acceso a las exenciones previstas por la Ley de Inversiones Mineras. Podrán ingresar equipos especiales usados o reacondicionados y una misma máquina podrá utilizarse en distintos proyectos del mismo beneficiario. La medida no pertenece formalmente al RIGI, que ya dispone de sus propias exenciones aduaneras. Sin embargo, contempla específicamente a los Vehículos de Proyecto Único incluidos dentro del régimen. 

El resultado es una autopista cada vez más ancha para importar maquinaria, equipos e insumos con ventajas fiscales mientras los proveedores argentinos reclaman una barrera de contención para no mirar la inversión desde la banquina.