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DEMOLEDOR: En América Latina un millonario tiene 4000 veces más posibilidades de llegar al poder que un ciudadano común
Un nuevo informe de Oxfam una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, que realizan labores humanitarias en 90 países, pone números a un fenómeno que atraviesa a toda la región: la concentración extrema de la riqueza no solo profundiza la desigualdad económica sino que también condiciona la calidad democrática. Mientras un puñado de milmillonarios acumula fortunas comparables al PBI de varios países, crece su capacidad para influir sobre gobiernos, leyes, medios de comunicación y decisiones públicas.
Por Roque Pérez para NLI
La discusión sobre la desigualdad suele presentarse como un problema exclusivamente económico. Sin embargo, el informe «Riqueza sin control, democracia en riesgo: por qué América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal», elaborado por Oxfam, sostiene que el verdadero desafío es mucho más profundo: la concentración de la riqueza está derivando en una concentración del poder político que amenaza el funcionamiento mismo de las democracias.
Los números son contundentes. América Latina y el Caribe cuentan actualmente con 109 milmillonarios que concentran una riqueza conjunta de 622.900 millones de dólares, una cifra comparable al Producto Bruto Interno combinado de Chile y Perú. En apenas un año, esas fortunas crecieron cerca de un 39%, unas dieciséis veces más rápido que la economía regional.
Las personas milmillonarias poseen hasta 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos o acceder directamente a espacios de decisión que el ciudadano promedio
Cuando el dinero compra influencia
El informe sostiene que el problema no es únicamente la existencia de grandes fortunas, sino la capacidad que esas fortunas tienen para convertirse en influencia política permanente.
Según Oxfam, las personas milmillonarias poseen hasta 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos o acceder directamente a espacios de decisión que el ciudadano promedio. Ese poder también se ejerce mediante el financiamiento de campañas, el lobby empresarial, la presión sobre organismos estatales y el control de medios de comunicación.
La consecuencia es un círculo difícil de romper: quienes acumulan riqueza pueden influir sobre las reglas económicas, obteniendo aún mayores beneficios y consolidando posiciones dominantes.
El informe cita investigaciones internacionales que atribuyen más de una cuarta parte del retroceso democrático registrado entre 1990 y 2019 al aumento del poder corporativo, capaz de moldear regulaciones, bloquear competidores e influir sobre la opinión pública.
Un mapa de los sectores que concentran el poder
Otro aspecto llamativo del trabajo es que la riqueza de los grandes patrimonios latinoamericanos no está distribuida de manera uniforme.
El 65% del patrimonio de los milmillonarios de la región se concentra en apenas tres sectores:
Finanzas y servicios de inversión (27,45%), medios y telecomunicaciones (20,63%) y energía y recursos naturales (17,45%). Detrás aparecen la agroindustria, la tecnología, los conglomerados industriales y otros rubros con menor participación.
Para Oxfam, esta composición no es casual. Se trata de mercados con altas barreras de entrada, fuerte concentración económica y enorme capacidad para influir sobre regulaciones, precios y políticas públicas.
En otras palabras, el poder económico y el poder político terminan alimentándose mutuamente.
Un debate que interpela a la Argentina
La publicación adquiere especial relevancia en un contexto regional donde distintos gobiernos impulsan reducciones impositivas para grandes patrimonios, flexibilización de controles financieros y procesos de desregulación económica.
Mientras el discurso oficial suele presentar estas medidas como incentivos para la inversión privada, el informe advierte que la disminución de la progresividad fiscal puede fortalecer aún más la concentración de riqueza y reducir la capacidad de los Estados para financiar educación, salud, infraestructura y políticas sociales.
La organización propone avanzar hacia un nuevo pacto fiscal, con impuestos más progresivos sobre grandes fortunas, combate efectivo a la evasión y mayor transparencia sobre la influencia corporativa en las decisiones públicas.
Mucho más que una discusión económica
El informe deja planteada una pregunta incómoda para toda la región: ¿puede existir una democracia plenamente representativa cuando una pequeña élite concentra recursos suficientes para condicionar el debate público, financiar campañas, controlar medios y participar directamente en la elaboración de las reglas del juego?
La respuesta de Oxfam es clara. La desigualdad extrema no solo produce pobreza o exclusión social: también erosiona la representación política, debilita las instituciones y transforma el poder económico en una herramienta capaz de moldear el funcionamiento mismo de la democracia.
Discapacidad sin respaldo: Milei elimina las compensaciones para pasajes gratuitos y pone en riesgo un derecho básico
El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El ajuste llega a quienes más dependen del Estado
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
Colocación de decrementadores en semáforos
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El Bapro de Kicillof logró financiarse a una tasa más baja que el Galicia y el BBVA
Mientras en buena parte de la city financiera persiste la idea de que Axel Kicillof representa un riesgo para los mercados, los inversores parecieron tener otra opinión cuando llegó el momento de prestar dinero. Banco Provincia colocó deuda por el equivalente a casi 100 millones de dólares y consiguió financiamiento en moneda estadounidense al 4,25 por ciento anual, una tasa inferior a la obtenida recientemente por el Galicia y el BBVA.
La entidad que preside Juan Cuattromo superó ampliamente las expectativas iniciales de la operación. El objetivo era captar alrededor de 70 millones de dólares, pero la demanda permitió adjudicar el equivalente a casi 100 millones.
En la Clase V, denominada en dólares, se colocaron 31,7 millones de dólares a una tasa fija del 4,25 por ciento anual. En la Clase VI, denominada en pesos, se adjudicaron 93.650 millones de pesos a una tasa equivalente a TAMAR más 4 por ciento. Ambos instrumentos tienen un plazo de 12 meses.
La comparación con otras emisiones recientes resulta llamativa. BBVA consiguió financiamiento al 5 por ciento anual, Banco Galicia colocó 53 millones de dólares al 4,75 por ciento y Banco Nación debió convalidar una tasa del 5,50 por ciento. En otras palabras, el banco controlado por la provincia de Buenos Aires logró endeudarse más barato que entidades privadas y que el principal banco público nacional.
El Banco Nación emite un bono para financiar más préstamos hipotecarios
Consultado por LPO, Cuattromo destacó que se trata de la tercera emisión realizada por la entidad y vinculó el resultado a un proceso de fortalecimiento financiero que comenzó años atrás. «Desde 2001 hasta 2019 el Banco se encontraba con déficit de capital y con un ratio de liquidez por fuera de los estándares. A partir de 2019 comenzó un proceso de capitalización, mejoró su ratio de liquidez y eso le otorgó mucha solidez», afirmó.
El titular de la entidad agregó que el fortalecimiento del banco estuvo acompañado por una estrategia más amplia de la administración bonaerense. «La Provincia de Buenos Aires hizo un importante trabajo en la estructuración del mercado de capitales. Todo esto permitió que el Banco alcanzara niveles de solidez que evidentemente fueron premiados por el mercado», señaló.
El dato adquiere relevancia porque contradice uno de los argumentos más repetidos en algunos informes políticos y financieros de los últimos meses. Si el mercado realmente estuviera castigando cualquier activo asociado al gobernador bonaerense, sería difícil explicar por qué aceptó prestarle a Banco Provincia a una tasa menor que a varios de sus competidores.
«Es el resultado de una gestión exitosa del Banco Provincia en un contexto bastante adverso tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde hay mucho ruido en los mercados debido a la política internacional de Donald Trump», afirmó Martín Burgos, director de la consultora Lado B.
Para el economista, la colocación también tiene una lectura política. «Es una señal muy importante porque se disipa la idea del riesgo Kuka. El gobierno provincial demuestra solvencia tanto técnica como política», sostuvo.
En la misma línea, Cuattromo rechazó las lecturas que buscan asociar la gestión bonaerense con un mayor riesgo para los inversores. «Tanto el Banco como la Provincia, durante la gestión de Axel Kicillof, siempre han cumplido sus compromisos. Por eso es lógico que el mercado convalide ambas gestiones», afirmó.
