Como desde hace nueve años, en este 2022 volvemos a proponer que en el Círculo Trentino se sigan desarrollando charlas mensuales dedicadas a diferentes temáticas.
Para este año la propuesta que presentamos tiende a ofrecer obras musicales y canciones que respondan, para cada encuentro, a una temática determinada como, por ejemplo: canciones que hablen sobre la libertad, que se refieran a grandes ciudades, fantasías instrumentales, que hagan referencia a la amistad, etc.
El séptimo encuentro lo realizaremos el domingo 30 de OCTUBRE a partir de las 19:30 hs, la temática será «El Cine y la Música» y estará a cargo del prof. Rodolfo Tonini.
Algo decisivo ha sucedido en la Argentina en estos últimos meses. Es difícil encontrarle un principio preciso porque es un proceso de acumulación: una paja y otra paja y otra paja hasta que al final llega la paja que quiebra el lomo del camello. O, como decimos en castellano, la gota que rebalsa el vaso. Pero está claro que para que una paja quiebre, que una gota rebalse, tiene que haber habido antes muchas gotas, muchas pajas.
Y sobraban, sin duda. Pero en los últimos meses se ordenaron y se potenciaron las unas a las otras. Está, por un lado, el flanco corruptela: allí la pajagota fue el descubrimiento de que al vocero y muchacho de confianza del presidente Milei le dio un ataque de súbita riqueza que le permitió comprarse casas, cascadas, vacaciones de lujo, flippers de colección pero no le permitió declarar nada al fisco: su amigo y jefe ya tuvo que echarlo y él sigue sin poder dibujar una declaración para el juez que lo espera, tan paciente. El affaire Adorni se junta con la estafa de criptomonedas de la pareja presidencial –el hermano y la hermana–, el juicio a su ex cabeza de lista electoral en la provincia de Buenos Aires por sus negocios con narcotraficantes, la prisión en Bolivia de su ex jefe de campaña digital por mandar sicarios a matar a su novia embarazada, y varios casos más. Paja y gota significan que la acumulación termina por hacer sentido: ahora muy poca gente duda de que este gobierno sea muuuuy corrupto.
Y está el flanco locura. La gotapaja es que se vuelve muy insoportable soportar a un señor cuya palabra más habitual –literalmente– es mierda, que usa sin cesar para atacar a sus inagotables enemigos, periodistas sobre todo pero no solamente. Es difícil imaginarse a un maestro de escuela gritando todo el tiempo a sus alumnos que son unos mandriles culo roto, un montón de mierda mal cagada, una basura puta rata, unos soretes. Así está la Argentina ahora: un presidente que no deja pasar un par de horas sin decir esas cosas, por twitter o por televisión, a alguien o a miles o a millones. Y la sospecha de que hay algo en él que no controla, sospecha que crece cada vez que da un discurso y se lanza a improvisar tonterías que se disuelven sin haber dicho nada o, en el mejor de los casos, logran contradecirse. Al maestro de escuela lo echarían. (Y además, pura y simple, la evidencia de que no hace su trabajo: en los últimos 30 días –agosto no es verano en Argentina– se pasó 25 sin ir a su oficina ni aparecer en público; nadie explicó nada. Tras casi tres años de gobierno todavía no fue a nueve de las 23 provincias argentinas; en cambio viajó 19 veces a Estados Unidos. El maestro ya está en la pura calle.)
Pero el flanco social, sobre todo: el flanco social. La gran pajagota: la que quebró todos los lomos, rebalsó todos los vasos. Los cientos de miles de empleos perdidos, las decenas de miles de empresas cerradas, los sueldos degradados, el hielo de una economía que funciona para cada vez menos. Cada mes hay más personas que “no consiguen llegar a fin de mes”: que perdieron sus trabajos o los mantienen pero no cobran suficiente, que no pueden pagar la comida carísima, los transportes carísimos, el gas y la electricidad carísimos, y entonces recortan más y más sus vidas para tratar de conservarlas. Quizá la mejor síntesis de este momento sea la “crisis de la morosidad”: más de la mitad de los argentinos tiene deudas que no puede pagar. Y muchas de esas deudas implican montos tristes: 300.000 o 400.000 pesos, 180 o 240 euros. Son personas –millones de personas– que se endeudan con una tarjeta de crédito o un prestamista digital para poder comprar la comida de los chicos, y después no consiguen reembolsarla porque al mes siguiente todo sigue igual. (En nombre de la “libertad de mercado”, el gobierno de Milei eliminó los topes de las tasas de interés. Los bancos, que toman el dinero de sus clientes a un interés del 20% anual, les cobran un 70 u 80% por prestárselo. Y los usureros digitales, tipo Mercado Pago, pueden cargarles un 500%, un 700%, lo que sea, y muchos lo pagan porque no saben o no tienen más remedio. Es un mercado libre.)
Así que así estamos: esa gota, esa paja, son lo más notable que ha sucedido en la Argentina en mucho tiempo. Este consenso bastante masivo de que tenemos un presidente loco, incoherente, dañino, rodeado de corruptos. Y sin embargo, aunque la mayoría está de acuerdo en todo esto, nadie está seguro de que no gane las elecciones de 2027: de que no sea reelegido.
La explicación es obvia: no hay ningún candidato que reúna los apoyos suficientes como para vencerlo. La única razón por la que uno como Milei ganó la elecciones de 2023 fue precisamente esa: el desprestigio de todos los demás. Eso se mantiene porque los candidatos siguen siendo más o menos los mismos.
Por eso es el momento de cambiar de pantalla. La oposición, las diversas oposiciones se dedicaron hasta ahora a tratar de poner en evidencia quién era Javier Milei y qué representaba. Ya lo lograron, grosso modo, pero ya no alcanza. Es hora de dejar de regodearnos en este placer masoquista que nos daba revolcarnos en el barro de su brutalidad, en la tristeza de preguntarnos cómo podía ser que la Argentina hubiera votado eso. Ok, ya lo votó, ya se jodió, ya se da cuenta: esa es la novedad. Ahora llegó el momento de lo más difícil: trabajar para concebir un candidato o candidata que sintetice todo el horror que tenemos ante lo que hicimos y ofrezca, sobre todo, el entusiasmo de armar algo mejor.
No es fácil: muy pocas veces lo supimos hacer. Esta vez, por lo menos, nos queda muy claro cuál es el castigo por no haber sabido. Supongo que eso debería ser un incentivo. Así que, digo: dejémonos de hacerle caso al trasnochado y repetir y despreciar cada una de sus tonterías; ignorémoslo, dentro de lo posible, y concentrémonos en construir su reemplazo.
Él supo. Lo más extraordinario que pasó en Argentina en mucho tiempo fue la aparición de un muñeco totalmente sorprendente que se llevó la mitad de los votos de aquellas elecciones. Nadie habría dicho que eso podría pasar. Ahora sabemos que pudo, o sea que puede. Por decirlo de una manera burda: es la hora de plasmar nuestro Milei. Sí, suena un poco horrible; mucho más horrible sonará si hay que aguantar al verdadero otros cuatro años, una vida.
Y debe ser, por supuesto, lo contrario de este en casi todo pero, sobre todo, debe tener un toque radicalmente propio, diferente, y unas propuestas claras y precisas. No de oposición o contraposición; no, cuatro o cinco propuestas decisivas sobre temas centrales, un compromiso auténtico: si ustedes me eligen, en los primeros 100 días vamos a hacer esto y esto y esto. Y una persona y un equipo –un gran equipo, muchos equipos– que resulten creíbles.
No es fácil, pero importa. Disculpen la grandilocuencia pero creo que es, por una vez, en serio, una cuestión de vida o muerte.
La compra de los cazas a Dinamarca fue apenas el comienzo. Desde abril de 2024, el Gobierno fue ampliando progresivamente el alcance del secreto militar: primero la operación contractual por los aviones, después las obras y materiales importados, luego el armamento y las capacidades complementarias y, ahora, también la exportación de componentes al exterior para mantenimiento y actualización. En el camino aparecen cientos de millones de dólares y decenas de miles de millones de pesos cuya documentación detallada dejó de estar sometida a las reglas ordinarias de publicidad.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
El Gobierno de Milei volvió a ampliar el alcance del secreto militar sobre el programa de los F-16, y la decisión publicada este 18 de agosto en el Boletín Oficial permite reconstruir una historia bastante más extensa que la simple adquisición de 24 aviones de combate a Dinamarca. Desde abril de 2024 hasta hoy, distintas decisiones presidenciales fueron colocando bajo confidencialidad buena parte de la cadena contractual, logística, edilicia y de sostenimiento necesaria para poner en funcionamiento el nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina.
El punto de partida fue el Decreto 370/2024, publicado el 29 de abril de 2024. Allí el Ejecutivo declaró secreto militar la operación contractual tramitada mediante el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, justamente el expediente asociado a la adquisición del sistema de armas F-16. La norma estableció además que, una vez declarado el secreto, el organismo contratante quedaba exceptuado de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
Sin embargo, el precio principal de la compra sí quedó expuesto públicamente. La Decisión Administrativa 252/2024 estableció que el contrato con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés tendría un valor de US$301.200.000, pagadero en cinco cuotas anuales, e incluiría 16 aeronaves monoplaza, 8 biplaza, componentes y servicios.
A esa cifra se sumó desde el comienzo otro componente mucho más difícil de reconstruir en detalle: el sistema de armas y equipamiento provisto por Estados Unidos. Las estimaciones difundidas durante la operación ubicaron ese paquete en torno de US$350 millones, llevando el costo inicial del programa a aproximadamente US$650 millones.
El secreto se expandió: de los aviones a las bases, motores y armamento
Cuatro meses después de la declaración inicial, el Gobierno dio un segundo paso. El Decreto 807/2024, publicado en septiembre de 2024, declaró secreto militar la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas del expediente original. La propia norma cita como fundamento que el Decreto 9390/63 considera secreto militar determinadas adquisiciones, construcciones y sus negociaciones y trámites.
Eso significó incorporar a la zona de confidencialidad algo que tiene una dimensión económica concreta: las obras necesarias para que los F-16 puedan operar en la Argentina. En 2024 se informó una previsión de $44.694 millones para la modernización y construcción de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto. La programación contemplaba desembolsos en distintos ejercicios presupuestarios y trabajos sobre instalaciones vinculadas con la operación de los nuevos cazas.
Pero el alcance no terminaba en pistas, hangares o edificios. La documentación pública que acompañó aquella decisión mencionaba material sensible relacionado con el sistema, incluyendo partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento.
En diciembre de 2024 llegó una nueva ampliación. El Decreto 1073/2024 declaró secreto militar las operaciones contractuales tramitadas mediante el expediente EX-2024-116082935-APN-EMGFAA#FAA. Y acá aparece un dato especialmente relevante: el propio texto oficial explica que la incorporación del sistema F-16 sería complementada mediante una Letter of Offer and Acceptance (LOA) dentro del programa estadounidense Foreign Military Sales, además de otra suscripción con la United States Navy, junto con contratos adicionales para incorporar equipos y capacidades complementarias.
Es decir: el segundo expediente no es simplemente una repetición administrativa del primero. Es el mecanismo utilizado para mantener bajo secreto las adquisiciones adicionales necesarias para completar el sistema de armas. La propia norma establece que los procedimientos quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones.
Ahora el secreto alcanza también al sostenimiento de los F-16
El decreto publicado este 18 de agosto agrega una nueva capa. El Decreto 735/2026 declara secreto militar la exportación del material relacionado con el sistema de armas correspondiente al expediente original y a los contratos adicionales. El texto menciona expresamente la posibilidad de que salgan del país partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y armamento de entrenamiento para tareas vinculadas con mantenimiento y actualización.
La decisión coincide con el comienzo de una nueva etapa operacional. El Gobierno informó oficialmente que el 30 de marzo de 2026 comenzaron los vuelos del sistema F-16 en el Área Material Río Cuarto, dentro del programa Peace Condor. La Fuerza Aérea señaló que el proceso incluye entrenamiento de pilotos y técnicos y que la puesta a punto de las instalaciones continúa.
La secuencia, entonces, es reveladora: primero se ocultó la operación contractual; después, las obras y las importaciones; luego, las compras adicionales y capacidades complementarias; y ahora, también la salida del país de componentes para mantenimiento y actualización.
No significa que el Gobierno esté vendiendo los aviones ni que cada salida de una pieza implique una operación comercial secreta. Por el contrario, resulta perfectamente compatible con el funcionamiento de un sistema de armas complejo que determinados motores, componentes o equipos deban ser enviados al exterior para inspección, reparación, actualización o intervención técnica. Lo que cambia es el grado de información pública disponible sobre qué se envía, a quién, por cuánto, bajo qué contrato y con qué frecuencia.
Y ahí aparece el verdadero problema periodístico.
US$650 millones y una cuenta que todavía no terminó
La compra de los 24 F-16 fue presentada como una operación de aproximadamente US$301,2 millones, pero el propio Gobierno y distintas fuentes periodísticas explicaron que el programa completo debía contemplar también armamento, equipamiento y capacidades complementarias, llevando la estimación inicial a unos US$650 millones.
Además, el gasto no terminó con la firma del contrato. En junio de 2026 se informó que Argentina ya había abonado tres de las cinco cuotas correspondientes a la compra de las aeronaves, por aproximadamente US$180 millones, mientras que el Presupuesto 2026 contempla otros $20.000 millones para trabajos de modernización y actualización tecnológica en Tandil y Río Cuarto.
Y existe una cuestión todavía más importante: comprar un avión de combate es apenas el comienzo del gasto. El sistema necesita horas de vuelo, combustible, repuestos, capacitación, mantenimiento, infraestructura, simuladores, armamento, actualización de software y componentes, además de servicios técnicos y logísticos.
El propio Gobierno informó en abril de 2026 que el programa apunta a alcanzar una capacidad operacional completa y que la capacitación de pilotos y técnicos se realiza con participación de la empresa estadounidense Top Aces. También presentó al Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 como una pieza estratégica para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el sostenimiento de la flota.
Por eso el nuevo decreto es importante: el secreto ya no acompaña solamente la compra de los cazas, sino que comienza a envolver su ciclo de vida.
Hay además una contradicción que merece ser discutida. El secreto militar tiene una razón legítima cuando se trata de proteger información cuya divulgación pueda afectar la seguridad nacional. El propio Decreto 9390/63 contempla como materia secreta determinadas adquisiciones, construcciones y negociaciones militares.
Pero secreto militar no debería ser sinónimo de cheque en blanco. Una cosa es no publicar las características técnicas sensibles de un misil o los detalles operativos de una aeronave; otra diferente es que la ciudadanía no pueda conocer cuánto dinero público se gastó, qué empresa fue contratada, qué obra se adjudicó, cuánto se pagó, qué mecanismo de contratación se utilizó o qué órgano de control intervino.
De hecho, el propio Congreso viene planteando preguntas sobre el financiamiento y el sostenimiento de los F-16. En documentación parlamentaria aparecen interrogantes sobre con qué fondos se costearán los aviones, cómo se financiará su mantenimiento y qué recursos se utilizarán para adquirir otros equipos destinados a completar el sistema de armas.
La investigación documental deja así una conclusión concreta: los F-16 no costaron solamente US$301,2 millones y tampoco terminaron de pagarse cuando llegaron los primeros seis aviones. Existe un programa mucho más amplio, con infraestructura, armamento, capacitación, capacidades complementarias, mantenimiento y futuras actualizaciones.
Una parte de esa información puede y debe permanecer protegida por razones de defensa. Pero otra parte es información económica y administrativa sobre recursos públicos, y allí la discusión sobre transparencia permanece plenamente vigente.
El desafío, entonces, no es revelar dónde está cada misil ni publicar información que pueda comprometer la seguridad de la Fuerza Aérea. Es mucho más sencillo: determinar cuánto dinero público está involucrado en el programa F-16, quién lo recibe, mediante qué contratos, qué obras se ejecutaron, qué compras se hicieron y qué controles existen sobre ellas.
Porque si la cuenta total puede superar ampliamente los US$650 millones, la pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuestan los aviones; es cuánto terminará costando realmente el sistema F-16 completo y cuánto de esa cuenta podremos conocer los argentinos.
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