La Municipalidad de Villa Regina informa que durante los días 5 y 6 de noviembre se desarrollará el Segundo Torneo Deportivo de Inclusión del Comahue de Goalball, organizado por el Consejo Local para la Personas con Discapacidad.
El mismo se disputará en el polideportivo Cumelen y la ciudad estará representada por el equipo ‘La Perla del Valle’ que competirá con otros equipos de Río Negro y Neuquén.
El goalball es un deporte de equipo para jugadores con ceguera o baja visión severa. Se basa en el uso del sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota en juego y requiere una gran capacidad de orientación especial para saber estar situado en cada momento, en el lugar adecuado, con el objetivo de interceptar o lanzar la pelota.
El objetivo fundamental que se persigue con este proyecto es proporcionar información importante a comunidad sobre la discapacidad visual, ofreciendo un ámbito social ameno y de diálogo que promueva la inclusión social y que permita, a futuro, crear un equipo de Goalball que represente a la ciudad de Villa Regina en competencias a nivel nacional.
La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.
El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.
Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.
El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.
José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.
Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».
El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.
La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.
Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.
En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.
Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.
También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.
Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.
Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.
El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.
El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.
El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.
Con tres jornadas con mucha emoción, el despliegue de la danza, la música y otras expresiones artísticas, finalizó anoche la Maratón Cultural, programa que lleva adelante la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro que tuvo como sede a Villa Regina. Durante tres noches, el Cine Teatro Círculo Italiano fue sede de las actuaciones…
Lejos quedaron las legislativas del 2017 que posicionaban a Martín Soria firmemente con vistas a la gobernación de Río Negro. Las excelentes elecciones que llevo a cabo María Emilia suponían para el FPV un paso adelante en ese camino. Sin embargo, el pasar del tiempo no edificó la candidatura del Presidente del PJ rionegrino, por el…
En el gobierno apuntan a Martín Menem por la dura derrota política que significó el fallo de la Corte Suprema a favor de las universidades y creen que le sobrevendió a Javier Milei un acuerdo con los jueces que no pudo garantizar.
En diciembre de 2025, un sector del gobierno buscó un acuerdo con los rectores luego de que el Congreso insistiera por primera vez en la historia contra un veto presidencial. Milei ya había vetado la ley de financiamiento universitario en 2024 y había logrado que 85 «héroes» le sostuvieran el veto en octubre de ese año.
Un año después y tras una serie de marchas multitudinarias, el Congreso votó una ley mejorada, que Milei volvió a vetar. Tras voltear el veto en ambas cámaras, el gobierno puso condiciones para cumplir la ley, por lo que los universitarios elevaron una demanda que llegó a la Corte.
En ese escenario, Santiago Caputo y Diego Santilli iniciaron negociaciones con Emiliano Yacobbitti, el hombre fuerte de la UBA, para llevar al Congreso una ley que dejara satisfechos tanto al sector universitario como al ministro de Economía, cuyo argumento es que financiar universidades atenta contra el superávit fiscal.
Emiliano Yacobitti, el hombre fuerte de la UBA.
La negociación consistía en que en febrero de 2026, en las sesiones extraordinarias, se votaría una ley nueva para acercar las partes con un financiamiento superior al que ofrecía el Ejecutivo en el Presupuesto 2026 pero que no comprometiera el superávit de Toto Caputo.
Pero Martin Menem pisó ese proyecto convencido de que tenía un acuerdo con la Corte, mecanizado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para planchar el fallo ad eternum. El presidente de la Cámara de Diputados le vendió al propio Milei que, gracias a sus vínculos con Horacio Rosatti, la Corte no fallaría en contra si les pagaban a los universitarios un aumento salarial este año y se comprometían a resolver las partidas en disputa en el Presupuesto 2027 que se trata a fin de este año.
La suma que proponía Menem era de 850 mil millones de pesos y el gobierno finalmente llegó a un acuerdo con los universitarios para pagar un aumento del 21% en julio y otra cuota de 3% en octubre. Pero los rectores se reservaron un detalle que ahora cobra mucha mayor relevancia: no desistieron de la demanda en la Corte pese a las presiones del subsecretario de Política Universitaria, Alejandro «Galleguito» Álvarez.
El gobierno aceptó cerrar esa paritaria pese a ese asterisco peligroso porque creía que, como vendía Menem, la Corte no fallaría en el corto plazo o quizás nunca.
Pero, como explicó LPO, la decisión de la Corte terminó de dejar en ridículo a Menem y Mahiques y es un mazazo para el programa económico de Milei y Toto Caputo. Rompe con un acuerdo no escrito que había entre el máximo tribunal y la administración libertaria de no fallar en cuestiones que pudieran afectar la planificación económica.
No te voy a decir feliz día, ni etiquetar en mensajes Kitch en las redes. Hoy es un día para saber escuchar y preguntarnos (los hombres) de qué manera pensamos a la mujer en nuestra sociedad. Lo digo para que vos no te quedes solo en el «feliz día», las rosas y los bombones. Porque…
Las justificaciones de Manuel Adorni respecto de su patrimonio siguen generando polémica, en particular sobre cómo repartió el Jefe de Gabinete los dólares que encontró en la casa que recibió como herencia de su padre.
Aunque el Jefe de Gabinete nunca precisó cuántos dólares encontró, se entiende a partir de sus afirmaciones, que ese dinero -junto a sus ahorros- sirvieron de base para los 200.000 dólares iniciales que luego invertiría con notable éxito en la criptomoneda Bitcoin.
Quienes siguen el caso sostienen que el 50% de los dólares hallados correspondían a la madre de los Adorni y el resto, en partes iguales a Manuel y a su hermano, el diputado provincial Francisco Adorni.
Agregan además, que la parte que recibió el Jefe de Gabinete puede haber sido un gran porcentaje de esos 200.000 dólares que sirvieron para apostar el mundo cripto. Se entiende que si ese hallazgo representó una parte ínfima, no hubiese sido necesario mencionar una historia tan improbable.
Mientras tanto, Francisco Adorni, ya rectificó dos veces su declaración jurada luego que le abrieran una causa judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En su primera rectificación incluyó una herencia de 21 millones de pesos que no había dado a conocer anteriormente ante la Oficina Anticorrupción.
Ese monto supone poco más que unos 14.000 dólares, un número quizás demasiado bajo para que corresponda al 25% que se distribuyeron los miembros de la familia Adorni. El diputado provincial incluyó esa herencia en la documentación un ítem que figura como «dinero efectivo en el país» y no precisa su origen.
LPO contó que tres días antes de que Manuel revelara el fortuito hallazgo de dólares, su hermano Francisco volvió a rectificar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. En esta nueva presentación, Adorni argumenta una menor valuación del 50% de su casa en City Bell. En la documentación anterior afirmaba que el valor fiscal de la propiedad era de 67.500.000 y ahora afirma que es de 52.600.000.
Florencia Retamoso, Francisco Adorni, Florencia Arietto y Diego Valenzuela.
Además, agregó cinco cajas de ahorro en las que tiene repartido poco más de 2 millones de pesos. Antes sólo había declarado dinero en efectivo.
Adorni es investigado por el fiscal Guillermo Marijuan por presunto enriquecimiento ilícito tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. El fiscal requirió información bancaria, impositiva y patrimonial del funcionario, y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, específicamente, datos sobre un crédito.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
