La Municipalidad de Villa Regina informa que durante los días 5 y 6 de noviembre se desarrollará el Segundo Torneo Deportivo de Inclusión del Comahue de Goalball, organizado por el Consejo Local para la Personas con Discapacidad.
El mismo se disputará en el polideportivo Cumelen y la ciudad estará representada por el equipo ‘La Perla del Valle’ que competirá con otros equipos de Río Negro y Neuquén.
El goalball es un deporte de equipo para jugadores con ceguera o baja visión severa. Se basa en el uso del sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota en juego y requiere una gran capacidad de orientación especial para saber estar situado en cada momento, en el lugar adecuado, con el objetivo de interceptar o lanzar la pelota.
El objetivo fundamental que se persigue con este proyecto es proporcionar información importante a comunidad sobre la discapacidad visual, ofreciendo un ámbito social ameno y de diálogo que promueva la inclusión social y que permita, a futuro, crear un equipo de Goalball que represente a la ciudad de Villa Regina en competencias a nivel nacional.
La tensión entre el gobierno provincial y los tribunales cordobeses alcanzó su punto de máxima ebullición. En una movida inédita, que quiebra la histórica diplomacia subterránea entre el poder político y el judicial, cerca de un millar de jueces, camaristas y fiscales presentaron formalmente una batería de recursos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La jugada es el paso previo y obligatorio para activar una ola de amparos constitucionales que amenaza con dinamitar el esquema de ajuste fiscal que diseñó Martín Llaryora. El malestar en los pasillos de Tribunales I debe leerse en clave de resistencia ante la avanzada de Llaryora sobre el Poder Judicial.
La ofensiva de los magistrados apunta al corazón de la motosierra provincial: el incremento de los aportes personales destinados a sostener la deficitaria Caja de Jubilaciones y el salto en las alícuotas de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), la obra social estatal.
De acuerdo con el cálculo de los camaristas, jueces y altos funcionarios judiciales, el salario real de los magistrados cordobeses es equivalente al 50% de los que paga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El incremento de los aportes puso la equivalencia en el 77% respecto de los federales. Pero como la carga horaria es mayor en la Justicia provincial, el cálculo es que el salario provincial está en un 50% en relación al federal.
La ofensiva de los magistrados apunta al corazón de la motosierra provincial: el incremento de los aportes personales destinados a sostener la deficitaria Caja de Jubilaciones y el salto en las alícuotas de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), la obra social estatal
Para El Panal asoma un problema fiscal: que la Justicia tumbe la emergencia previsional que Llaryora hizo sancionar en diciembre del año pasado: el TSJ ya obligó al Ejecutivo provincial a morigerar del 8% al 6% la alícuota extra que fijó la ley previsional para los aportes personales. Aunque es un planteo individual, el fallo marca el GPS judicial.
La presentación masiva de estos recursos administrativos colocó al TSJ en una posición de máxima presión política. El alto cuerpo, habituado a surfear las crisis con el peronismo cordobés sin romper platos, se encuentra ahora desbordado por sus propias bases. Si la cúpula judicial rechaza los recursos, habilitará de inmediato la vía judicial.
La guerra está declarada. Aunque la presentación de este millar de recursos administrativos no quemó las naves, sí debilitó los puentes y dejó expuesta la factura entre el poder político y los magistrados provinciales.
Para dialogar, camaristas y jueces reclaman un cronograma por escrito de devoluciones para recuperar en un plazo razonable el 90% de equiparación con los salarios que fija la Corte Suprema. Envalentonados, quieren, además, que se caiga el límite de 30 años de antigüedad para la liquidación de haberes
El próximo sábado se realizará la presentación del libro ‘Godofredo Viajero’ de la escritora reginense Julieta Langa, quien actualmente reside en Alemania. La cita es en la Oficina de Informes Turísticos de 15,30 a 16,30 horas para la prensa, docentes de nivel inicial, primario, del Instituto de Formación Docente, estudiantes o lectores aficionados. Se realizará…
Una encuesta de Carlos Sicchar, uno de los consultores que suele trabajar para el oficialismo cordobés, encendió luces amarillas en El Panal: Martín Llaryora conserva un núcleo duro, pero una eventual unificación opositora pondría a la reelección del gobernador en un escenario de máxima tensión política.
El trabajo, realizado entre el 16 y el 18 de mayo sobre 1.000 casos en toda la provincia, muestra un dato que inquieta al Gobierno: aunque Llaryora sigue siendo el dirigente con mayor intención de voto individual, la fragmentación opositora es hoy su principal aliada.
En el escenario de «todos contra todos», el gobernador alcanza 31% de intención de voto, mientras que Luis Juez aparece con 14%, Rodrigo de Loredo con 9% y Gabriel Bornoroni con 4%. Más atrás quedan la izquierda y García Elorrio, ambos con 3%. Pero el dato central está en otro lado: el 13% todavía no sabe a quién votar y otro 9% asegura que votaría en blanco.
En otras palabras, si Juez, De Loredo y La Libertad Avanza lograran confluir en un armado común, la suma opositora quedaría prácticamente en línea con el gobernador y abriría una pelea completamente distinta hacia 2027.
Llaryora tiene piso, pero la gran duda es cuál es su techo. Sicchar lo plantea de manera explícita en las conclusiones preliminares del informe: «Martín Llaryora logra retener su núcleo duro, estableciendo un piso competitivo sólido».
Ese dato explica buena parte de la estrategia política que viene desplegando el gobernador desde comienzos de año. Mientras el Gobierno de Milei profundiza el ajuste, Llaryora aceleró las recorridas por el interior provincial, reforzó el vínculo con intendentes y volvió a poner el eje en la gestión territorial.
En El Panal, se baraja como principal hipótesis adelantar las elecciones provinciales para abril o mayo de 2027. Pese al poco tiempo, consideran que todavía hay tiempo para reconstruir una mayoría electoral más amplia. Pero admiten que el desafío ya no pasa solamente por conservar el aparato político que construyó el peronismo cordobés en más de dos décadas de poder. Ahora necesitan reconectar con sectores medios que comenzaron a tomar distancia.
La encuesta ofrece una pista precisa sobre dónde está ese problema.
El segmento de indecisos aparece concentrado principalmente en mujeres, menores de 30 años y hogares de ingresos medio-bajos. El 57% de los indecisos son mujeres y el 31% tiene entre 16 y 30 años. Además, la mayor parte pertenece a hogares que no logran superar cómodamente la línea de pobreza.
Ese universo es justamente el que más sufrió el deterioro económico de los últimos meses.
El informe también registra un cambio importante en el clima político general de Córdoba. Javier Milei, que había alcanzado niveles de aprobación cercanos al 61% a comienzos de año, cayó al 48%, mientras que la desaprobación subió al 46%.
En cambio, Llaryora logró sostener su evaluación positiva pese a las crisis con docentes, jubilados y las altas tarifas de luz y agua. Según el estudio, el gobernador tiene 49% de aprobación y 42% de desaprobación, mejorando incluso cuatro puntos su imagen negativa respecto de la medición anterior.
Ese diferencial es el principal activo político del cordobesismo: la percepción de gestión provincial todavía resiste mejor que la evaluación nacional.
Pero el problema para el oficialismo es que la oposición, aun desordenada, empieza a detectar que existe una oportunidad real de disputar el poder.
Luis Juez conserva volumen político después de haber quedado a apenas tres puntos de derrotar al PJ en 2023. Rodrigo de Loredo sigue siendo el radical con mejor instalación provincial y apuesta a un perfil menos confrontativo. Y Gabriel Bornoroni intenta capitalizar el peso electoral que todavía mantiene Milei en Córdoba y convertirse en el armador de una coalición libertaria-pro. La pelota está en esa cancha.
La encuesta de Sicchar deja otro mensaje para Llaryora: el gobernador deberá seducir a ese electorado independiente, joven y golpeado económicamente que hoy mira la política con distancia y todavía no decidió su voto.
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