La Municipalidad de Villa Regina informa que durante los días 5 y 6 de noviembre se desarrollará el Segundo Torneo Deportivo de Inclusión del Comahue de Goalball, organizado por el Consejo Local para la Personas con Discapacidad.
El mismo se disputará en el polideportivo Cumelen y la ciudad estará representada por el equipo ‘La Perla del Valle’ que competirá con otros equipos de Río Negro y Neuquén.
El goalball es un deporte de equipo para jugadores con ceguera o baja visión severa. Se basa en el uso del sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota en juego y requiere una gran capacidad de orientación especial para saber estar situado en cada momento, en el lugar adecuado, con el objetivo de interceptar o lanzar la pelota.
El objetivo fundamental que se persigue con este proyecto es proporcionar información importante a comunidad sobre la discapacidad visual, ofreciendo un ámbito social ameno y de diálogo que promueva la inclusión social y que permita, a futuro, crear un equipo de Goalball que represente a la ciudad de Villa Regina en competencias a nivel nacional.
La Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Villa Regina confirmó que el martes 29 de junio se depositarán los aguinaldos a los empleados municipales, los cuales se acreditarán el miércoles 30. Difunde esta nota
La Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó un paquete de reformas que promete cambiar de raíz el funcionamiento del mercado de capitales. El organismo, junto al Ministerio de Desregulación, impulsa un esquema que elimina en gran parte la aprobación previa de emisiones y la reemplaza por un modelo basado en la presentación de información. En la práctica, se trata de un giro profundo: menos control antes de salir al mercado y más responsabilidad posterior.
El propio Gobierno lo presenta como un «Big Bang» financiero. La iniciativa se materializa a través de seis resoluciones (de la 1132 a la 1137) que fueron sometidas a consulta pública y que apuntan a agilizar la emisión de instrumentos. El objetivo oficial es reducir tiempos y facilitar el acceso al financiamiento, en un mercado históricamente chico y con baja profundidad.
Uno de los cambios más significativos es que los Fondos Comunes de Inversión abiertos dejarán de requerir autorización previa. En la misma línea, instrumentos como fideicomisos financieros, obligaciones negociables y fondos cerrados podrán contar con autorización automática bajo ciertos umbrales. La lógica es simple: menos trámites, más velocidad.
Pero detrás de esa promesa de dinamismo aparece una tensión central. La CNV se corre del mostrador y deja de filtrar qué sale al mercado. En lugar de revisar cada emisión antes de su lanzamiento, el organismo pasará a concentrarse en la supervisión posterior, lo que modifica el equilibrio entre regulación y autorregulación.
En el propio mercado reconocen el cambio de lógica. «No va a estar más el confort de la autorización de la CNV», señalan operadores, que advierten que el nuevo esquema exige mayor responsabilidad por parte de los actores privados. Estudios jurídicos, estructuradores e intermediarios deberán asumir un rol más activo en la validación de las operaciones.
No va a estar más el confort de la autorización de la CNV.
Ese corrimiento implica, en los hechos, un traslado del riesgo. Si antes existía una instancia que podía detectar inconsistencias antes de que un instrumento llegara al público, ahora ese filtro desaparece. El sistema pasa a depender más de la calidad de la información y del comportamiento de quienes participan del mercado.
Al mismo tiempo, la reforma amplía el universo de inversores que pueden acceder a estos instrumentos, al reducir los requisitos para ser considerado inversor calificado. Esto puede aportar volumen, pero también implica que más personas queden expuestas a productos complejos en un entorno donde no siempre cuentan con la información o la formación necesaria.
No es la primera vez que la CNV avanza en flexibilizaciones que amplían el universo de participantes sin un refuerzo equivalente en materia de educación financiera. Meses atrás, el organismo habilitó a adolescentes desde los 13 años a operar en una gama más amplia de fondos comunes de inversión, una decisión que generó cuestionamientos desde distintos sectores por la exposición temprana a instrumentos financieros más complejos.
En ese momento, especialistas advirtieron sobre los riesgos de confundir inversión con juego, en un contexto marcado por el crecimiento de la ludopatía online entre menores. El ex titular de la CNV, Alejandro Vanoli, llegó a calificar la medida como «un acto de irresponsabilidad» si no está acompañada por una política masiva de educación financiera. El antecedente vuelve a poner en discusión el enfoque actual del organismo: mayor acceso y desregulación, pero con interrogantes sobre la capacidad real de los nuevos participantes para evaluar riesgos.
El enfoque actual de la CNV es mayor acceso y desregulación, pero abre interrogantes sobre la capacidad real de los nuevos participantes para evaluar riesgos.
No es un punto menor en un contexto en el que se multiplican las promesas de rentas rápidas, esquemas poco transparentes y ofertas difíciles de auditar. Con menos filtros previos, el riesgo de que circulen instrumentos de calidad dudosa crece, especialmente si la supervisión posterior no logra ser efectiva.
La apuesta oficial es que la velocidad compense la falta de control. El interrogante es si acelerar los tiempos alcanza cuando el problema de fondo no es el trámite, sino la confianza. En los hechos, el esquema descansa en que el mercado se discipline solo, algo que en economías con mayor desarrollo puede funcionar, pero que en Argentina tiene antecedentes más frágiles.
La discusión de fondo, sin embargo, excede lo regulatorio. En un contexto donde el ingreso real sigue tensionado y el ahorro es limitado, crece la tentación de buscar rendimientos rápidos. Esa combinación -más oferta de instrumentos, menos control previo y necesidad de hacer rendir la plata- puede ser terreno fértil para promesas exageradas o engañosas.
En el medio de la feroz refriega de la Corte Suprema por el caso del lobbysta judicial Santiago Busaniche, el ministro Ricardo Lorenzetti abrió un conflicto nuevo. Esta vez con el gobierno de Santa Fe, al que cuestionó por haber designado seis ministros de su máximo tribunal sobre siete durante la gestión de Maximiliano Pullaro.
Lorenzetti dijo el domingo en una entrevista con Clarín que hay un puente entre integrantes de un gobierno que luego pasan a su máxima magistratura. «Lamentablemente se va a generalizar como una costumbre. Por ejemplo en Santa Fe que nunca tuvo ese problema, hubo una fuerte presión sobre la Corte Provincial, ya que el gobernador designó seis de los siete miembros. ¡Seis de los siete! No es normal», declaró.
En distintos ámbitos de la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe las ironías explotaron. «Qué interesante que Lorenzetti descubrió la discrecionalidad en las designaciones. Lástima que no le pasó antes. Su última esposa es secretaria del juzgado federal de Rafaela, de donde él es oriundo, y en esos tribunales hay unos cuantos allegados que ingresaron por su influencia», dijo a este medio un funcionario de la Justicia Federal.
En el gobierno provincial manifestaron no tener ningún deseo de responder a Lorenzetti. «Que diga lo que quiera», señaló un ministro del gabinete a LPO. Más cerca del despacho de Pullaro desacreditan el shock moral y son más directos. «La calentura de Lorenzetti es por otra cosa. El ministro hizo unos cuantos movimientos para que uno de los candidatos a la Corte de Santa Fe fuera su hijo Pablo. Y no ocurrió». Pablo Lorenzetti es camarista civil, comercial y laboral en Rafaela de la Justicia provincial.
Es curioso como se dan las cosas, Lorenzetti impulsó junto a Rosenkrantz un proyecto para modificar la selección de jueces como una iniciativa que se interpretó en tribunales, en parte, como una jugada para dejar en una situación incómoda al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por el envío del pliego de su hijo Emilio para que sea juez en Santa Fe. Ahora es su hijo el que aparece en discusión. No es una novedad la perpetuidad de dinastías familiares en cargos claves de la justicia, como sucede con el clan Mahiques.
La calentura de Lorenzetti es por otra cosa. El ministro hizo unos cuantos movimientos para que uno de los candidatos a la Corte de Santa Fe fuera su hijo Pablo. Y no ocurrió.
Como sea, los que más revisan lo influyente que es Lorenzetti en Rafaela son funcionarios de la Justicia Federal que están en circunscripciones santafesinas. Hace un mes se difundió el proyecto de reglamento para concurso de jueces elaborado por Rosenkrantz y Lorenzetti, con el propósito declarado de que evite que se digiten nombramientos. Pero en Rafaela indican que en la prosecretaria administrativa del juzgado federal de esa ciudad es Mara Perrén, la esposa del ministro desde 2016. Perrén, según refieren allí a LPO, ingresó en marzo de 2014 y fue efectivizada en 2018.
También aseguran que Tomás Vietto que ingresó en marzo de 2014 es amigo de Pablo Lorenzetti, el hijo mencionado del cortesano. El juzgado federal de Rafaela fue habilitado en febrero de 2014 mientras Lorenzetti era presidente de la Corte.
El gobernador Maxi Pullaro en una visita a los integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe.
En la coalición oficialista santafesina piensan que si Lorenzetti se molesta porque Pullaro remitió seis candidatos a la Corte provincial él mismo debería haber dicho no a su postulación en su momento. Refrescando la memoria indican que Lorenzetti fue designado en la Corte nacional por Néstor Kirchner en el año 2004. De los siete integrantes del máximo tribunal argentino, afirman, Kirchner había nombrado cinco.
Un ministro de Pullaro que prefiere el off dice que le parece llamativo que Lorenzetti haya salido a cuestionar al procedimiento de renovación de la Corte de Santa Fe en dos medios el fin de semana. «En la provincia todo se hizo con el máximo consenso, con una aprobación de amplias mayorías legislativas, que incluyeron a la oposición». Dicen también que sin los escándalos de designaciones recientes en la Justicia Federal que tuvo a dos jueces de Rosario al borde del jury en los últimos 16 meses.
En la provincia todo se hizo con el máximo consenso, con una aprobación de amplias mayorías legislativas, que incluyeron a la oposición.
También recuerdan que el muy cuestionado juez federal Gastón Salmain fue designado sin haber tenido más antecedentes en el campo judicial que haber sido echado por unanimidad por la Corte Suprema de la Nación en 2002 por haber ofrecido un soborno a una secretaria para direccionar un expediente al tribunal laboral donde él trabajaba. Y que tras ser designado Lorenzetti se hizo presente en Rosario en su ceremonia de jura.
La semana pasada la Cámara Federal de Casación rechazó el pedido del lobista judicial Santiago Busaniche, implicado en causas de corrupción junto a los jueces federales Bailaque y Salmain, para anular las causas en su contra. Este medio reveló el fin de semana que Carlos Mahiques recibió fuertes presiones para votar en favor del planteo de Busaniche de parte del entorno de Lorenzetti. La votación fue por mayoría, por dos votos a uno, y desniveló Mahiques.
El domingo Lorenzetti declaró que conceder la prórroga que Mahiques pide para permanecer otros cinco años más en su cargo en Casación, ya que superó los 75 años, es ilegítimo e ilegal.
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