SEGUNDA FECHA CAMPEONATO NOCTURNO DE KARTING 2020

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, alertó por el cierre de unas 5.335 empresas en el territorio bonaerense durante el gobierno de Javier Milei. Son, en promedio, 232 PyMes por mes que bajan la persiana para siempre.

López publicó una serie de datos en las redes sociales en los que se destaca que, entre noviembre del 2023 y septiembre del 2025 -último registro disponible-, un total de 5.335 empresas dejaron de operar en la provincia. Al tiempo que se registran siete meses consecutivos de cierres.

«Aunque el impacto fue generalizado -con la excepción de Neuquén-, Buenos Aires concentra más daño por su estructura productiva: aporta casi el 50% del valor industrial del país», explicó el funcionario, quien recodó que 3 de cada 10 empresas que cerraron en el país estaban instaladas en el territorio bonaerense.

El gobierno de Kicillof denuncia que los datos de capacidad instalada son peores que en la pandemia

Tal como afirma el ministro, la provincia aporta nada menos que el 48,9% al Producto Bruto Interno (PBI) industrial. Le siguen muy lejos la Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (10,3%) y Córdoba (7,7%).

«No hay misterio. La apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real golpean de lleno a la industria, el comercio, y derivan en la caída del entramado empresarial», sostuvo López.

No hay misterio. La apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real golpean de lleno a la industria, el comercio, y derivan en la caída del entramado empresarial.

Los reportes sobre los cierres de empresas se suceden a diario. En las últimas horas trascendió el cierre de GEPSA, agroindustrial especializada en la producción de alimento balanceado, cuyos trabajadores permanecen en estado de alerta. La empresa instalada en Pilar anunció el cierre de su planta y 80 trabajadores esperan los telegramas de despidos.

En ese distrito del norte del conurbano también cerró a finales de 2025 la empresa de porcelanatos ILVA. Durante varios días los 300 trabajadores despedidos protestaron con quema de gomas en la puerta de la fábrica.

Verónica Magario, Alexis Guerrera y Pablo López.

En tanto, la petroquímica Sealed Air confirmó el despido de 65 trabajadores, luego de que inicialmente se anunciaran alrededor de 90 desvinculaciones. La misma suerte corrió la empresa mayorista Lustramax, dedicada a la fabricación y distribución de artículos descartables para papeleras, higiene institucional y catering y que tiene su planta en el Parque Industrial de Tortuguitas, Malvinas Argentinas, cesanteó a 29 operarios.

Aunque el impacto fue generalizado, Buenos Aires concentra más daño por su estructura productiva: aporta casi el 50% del valor industrial del país.

Pero la crisis no alcanza solo a las PyMES. La multinacional Lamb Weston bajó las persianas de la planta ubicada en Munro, en Vicente López, y despidió a unas 100 personas.

Una multinacional anunció el cierre de una de sus principales fábricas como parte de una reorganización mundial de su red industrial. La compañía fabricante de papas fritas concentrará su producción en Mar del Plata.

La actividad industrial se desplomó en noviembre con una caída que se acerca a los dos dígitos

Semanas atrás, el gobierno de Kicillof puso el ojo en el uso de la capacidad instalada, que cayó a 61%, un rango que la ubica por debajo de 2020, el año del confinamiento por la pandemia de covid. Por entonces, ese índice había caído al 61,8.

La capacidad instalada es la producción máxima que una planta puede sostener con la maquinaria y el personal disponibles. Cuando la utilización baja, las máquinas paran. Sin embargo, los costos fijos siguen. Los márgenes se comen con el tiempo. Menos producción hoy, menos inversión mañana y la amenaza del cierre.

Los datos oficiales muestran que el 2019, la capacidad instalada de la industria era del 62,8%, y en 2020, el año de la pandemia, descendió a 61,8%. Después hizo un pico -modesto- en 2022 del 66% pero ahora están en el 61%.

El Intendente Marcelo Orazi acompañó al Secretario de Estado de Cultura de Río Negro Ariel Ávalos durante su visita a distintas instituciones de la ciudad, oportunidad en la que dialogaron con sus referentes y se interiorizaron sobre las actividades y proyectos en marcha. También fue el marco para ultimar detalles para la realización del programa…

El gobierno entró en emergencia este martes ante el riesgo que no se pueda sancionar el Presupuesto antes de fin de año, como exige la ley. El problema surgió porque, como reveló LPO, los radicales y otros aliados descubrieron que en el artículo 30 hay un fuerte ajuste a todo el sistema de educación y ciencia.

En Diputados se logró eliminar el artículo 75, que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de discapacitados, pero el artículo 30 fue aprobado. Por eso, algunos senadores aliados quieren modificarlo. Si esto ocurriera, el Presupuesto debería volver a Diputados y tratarse entre el 29 y 30. «No hay manera, ya nos licenciaron, hay diputados que ya se fueron de vacaciones», afirmó a LPO un diputado libertario.

Esta situación se suma a la dificultad que ya existe para la sesión de este viernes 26 de diciembre en el Senado. «Hay senadores que no están consiguiendo vuelos para viajar a Buenos Aires en Navidad», reconoció a LPO un senador aliado. 

Por ley, el presupuesto debe sancionarse en el año previo a su ejecución. Por eso, la urgencia oficialista. Ante las dificultades, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mandó a estudiar el tema y encontraron un antecedente para zafar.

Incómodos con el ajuste en educación y ciencia, los radicales votan el Presupuesto a libro cerrado: «Que pase rápido»

En el 2002, el entonces presidente Eduardo Duhalde sancionó el presupuesto en marzo de aquel año porque la crisis de diciembre del 2001 devoró la tarea parlamentaria con una sucesión frenética de asambleas legislativas para designar presidentes.

Un diputado libertario confirmó a LPO que, en efecto, Menem ya maneja dos fechas tentativas para sesionar por si el Senado introduce modificaciones al proyecto: serían el 30 de diciembre o el día de Reyes. 

El gobierno necesita de manera desesperada el Presupuesto por las autorizaciones para tomar deuda y para que quede firme la derogación del candado a los canjes de deuda que metió Guzmán, que introdujo Caputo en el texto, como reveló LPO en exclusiva. Con vencimientos por más de USD 14 mil millones en el 2026, Caputo necesita tomar deuda para pagar deuda y si no le alcanza, hacer un canje. Para eso, necesita el presupuesto.

Por eso, la ex ministra Patricia Bullrich intenta evitar un escenario tan apretado y por estas horas agota el celular tratando de asegurar los 37 votos para sancionar de una vez el Presupuesto este viernes. El resultado es incierto y hasta el jefe del bloque peronista, José Mayans, no arriega un desenlace. «No tiene certezas», comentó a LPO un senador que conversó con el formoseño.

Menem ya maneja dos fechas tentativas para que sesione Diputados, ante la posibilidad que el Senado introduzca modificaciones al proyecto: serían el 30 de diciembre o el día de Reyes. 

Más entusiastas parecían en el bloque del peronismo díscolo de Convicción Federal, liderado por el puntano Fernando Salino. Este martes conversó por zoom con sus pares Carolina Moisés, Guillermo Andrada, Fernando Rejal y Sandra Mendoza, y programó otro más para el mismo viernes, para definir una estrategia para modificar el artículo 30, que deroga el financiamiento del 6 por ciento del PBI para educación, el 1 por ciento para la Ciencia, los recursos para Educación Técnica y los fondos para Defensa.

El problema de la oposición, que expresa por un lado los intereses de los gobernadores y por otro las demandas de docentes enardecidos por el recorte, es que Patricia Bullrich tal vez busque blindar la votación en particular por capítulos, igual que Menem y Gabriel Bornoroni en Diputados. El artículo 30 se encuentra dentro del Capítulo 2, el correspondiente a los gastos, y contempla no solo el ajuste en educación y ciencia sino también préstamos del BID para las provincias o el incremento moderado para las universidades que rechazaron los rectores porque cuentan con la ley aprobada y una reciente cautelar otorgada por la Justicia.

Los senadores Guillermo Andrada y José Mayans.

Los senadores se topan ahora con la misma mamushka soviética de Luis Toto Caputo que los diputados la semana pasada: o votan todo junto o rechazan todo junto. Pese a que el efecto candado diseñado por el ministro de Economía detonó hace siete días el Capítulo 11 y voló por los aires la derogación de la ley de universidades y la emergencia en discapacidad, en esta ocasión puede beneficiar a Bullrich, por la presión de los gobernadores.

Se les soltó el patín

Al cierre de esta nota, la UCR no había definido cuál sería su postura aunque, como adelantó LPO, los miembros de ese bloque manifestaron su incomodidad por tener que votar el artículo 30. 

Cerca de Eduardo Vischi, líder de los radicales en el Senado y hombre del correntino Gustavo Valdés, confirmaron a LPO que están coordinando una reunión por zoom antes de de la sesión del viernes, para ver qué hacen. Pero el clima no es bueno. LPO reveló que el exgobernador está furioso con la Casa Rosada porque los dos legisladores que tienen los libertarios en Corrientes, no votaron el presupuesto de su hermano, Juan Pablo Valdés.

La situación es tan extrema que el único antecedente que se recuerda de un Presupuesto que no fue votado en el año previo a su ejecución fue el de 2002, sancionado en marzo de ese año bajo la presidencia provisional de Duhalde tras el estallido de la Convertibilidad y la caída de Fernando de la Rúa.

Además de Vischi, Valdés tiene ascendencia sobre Mercedes Valenzuela y el propio Carlos «Camau» Espínola, que ingresó por el peronismo pero preside un interbloque de aliados del oficialismo.

La situación es tan extrema que el único antecedente que se recuerda de un Presupuesto que no fue votado en el año previo a su ejecución fue el de 2002, sancionado en marzo de ese año bajo la presidencia provisional de Duhalde tras el estallido de la Convertibilidad y la caída de Fernando de la Rúa.

Los casos de Cristina Kirchner en 2009 y Alberto Fernández en 2021, que se quedaron sin presupuesto, mostraron límites políticos de esos gobiernos pero en ambos casos se eligió el camino de la reconducción, más conocida como prórroga.

Milei, por su parte, ya gobernó en 2024 con el presupuesto de 2023 por un acuerdo con Sergio Massa en medio de las elecciones presidenciales y repitió la maniobra en 2025 para manejar las partidas a discreción, después de mandar a José Luis Espert a retirar el proyecto.