Se viene una semana de movilizaciones globales y locales por Palestina

 

El gobierno provincial anunció una obra de casi 33 mil millones para duplicar la calzada de la Ruta 67, una vía fundamental para el transporte entre la capital neuquina y la zona industrial de Vaca Muerta.

La licitación fue publicada este viernes y contempla una obra que se extenderá desde la Ruta 22 (exAutovía Norte) hasta el cruce con la Ruta 51. La iniciativa fue presentada por el gobernador Rolando Figueroa como parte de un plan más amplio para optimizar los accesos a Neuquén capital y responder a los reclamos de sectores productivos y comunidades de la región.

La Ruta 67 fue construida años atrás como alternativa a la congestionada Ruta 7, pero el avance de la industria petrolera y la expansión urbana transformaron esta vía en una arteria crítica. Actualmente, el tránsito pesado y los vehículos particulares conviven en condiciones que han generado embotellamientos y numerosos siniestros viales.

La nueva obra busca corregir esa situación duplicando la calzada y ordenando el flujo vehicular, contará con un presupuesto de 32.909.676.964, 39 pesos y el plazo previsto para su ejecución es de dos años. Según explicó el Ejecutivo, los recursos provienen del redireccionamiento de fondos conseguido tras recortes en áreas no prioritarias del Estado.

Vecinos, trabajadores del sector petrolero y transportistas señalaron en distintas reuniones con autoridades provinciales la necesidad urgente de contar con caminos más seguros y eficientes. Esta obra representa una respuesta concreta a esa demanda, en una zona donde el desarrollo económico avanza a gran velocidad.

Las empresas interesadas en participar podrán presentar sus ofertas hasta el 7 de julio. Los pliegos están disponibles de forma gratuita a través del sitio oficial de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), y la apertura de sobres se realizará ese mismo día en la sede del gobierno provincial.

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Desde hace varias semanas, la provincia de Tierra del Fuego es epicentro de un conflicto gremial de alta intensidad. Trabajadores metalúrgicos llevan adelante una huelga por tiempo indeterminado, con piquetes en las plantas fabriles y masivas movilizaciones en las ciudades de Ushuaia y Río Grande. Para este miércoles los gremios anunciaron una huelga general. Por ANRed.

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El detonante de las protestas fue el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la baja de aranceles a productos importados, una decisión que pone fin al régimen de promoción industrial que históricamente rigió en la isla. Según estimaciones oficiales, la medida dejaría a 6 mil familias sin sustento y su continuidad podría provocar la pérdida de hasta 80 mil empleos, e incluso una posible despoblación de la provincia.

En paralelo, la presencia militar estadounidense suma tensión geopolítica al escenario. La instalación de una base y la reactivación de un radar en la región han generado preocupación por la vulneración de la soberanía nacional, dada la proximidad con las islas Malvinas.

Mientras tanto, el sector empresarial ya negocia una reconversión que implicaría abandonar la producción local para pasar a ser importadores. El sector textil fue el primero en comenzar con el cierre de fábricas.

Aunque el recorte que implica la «promoción industrial» representa apenas el 0,2 % del PBI, la iniciativa responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno nacional ha adoptado una estrategia dual frente al conflicto. Por un lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsa una ofensiva represiva con la creación de un “comando unificado” que implica un total uso de las fuerzas federales para reprimir y la aplicación del “protocolo antipiquetes” en la provincia. Por otro, avanza en negociaciones con empresarios para facilitar la transición productiva.

El dirigente sindical Oscar Martínez rectificó la medida de fuerza para el miércoles y arengó en una de las concentraciones de trabajadores, «Defendemos los puestos de trabajo y nuestra decisión de habitar la isla» y luego agregó «Conciliación, las pelotas. En la Tierra del Fuego empieza la resistencia obrera».

Mientras tanto, la tensión social y política continúa en aumento en el extremo sur del país.

 

 

Un giro en la búsqueda del joven Emanuel Centeno se dio en las últimas horas, tras los doce allanamientos realizados en viviendas de su familia y las declaraciones del ministro de Seguridad del Chubut. El joven de 28 años desapareció hace un mes en la ciudad de Gaiman y se lo ha buscado especialmente en la zona del río Chubut, sin resultados positivos.

El titular de Seguridad chubutense, Héctor Iturrioz, aseguró que “estamos investigando un homicidio”, lo que conmocionó la localidad que aun mantenía esperanzas de encontrar con vida al joven que debe recibir medicación por epilepsia.

El funcionario provincial aseguró que “hay elementos que nos llevan a cambiar la orientación de la investigación, pero esos datos están en manos del fiscal”.

Allanamientos y un joven apuñalado

Tras la desaparición de Centeno el pasado 20 de abril de la casa donde vivía con su abuela en la ciudad de Gaiman, se llevaron a cabo búsquedas por tierra y agua en proximidades del río Chubut en toda la zona del Valle chubutense.

El viernes pasado, el avance de la causa impactó por los doce allanamientos simultáneos que se realizaron en la casa donde vivía, en las de allegados y en la vivienda del hermano del joven desaparecido. Allí, se indicó, se encontraron prendas con manchas de sangre y una gorra que solía usar Centeno.

A las pocas horas, otro hecho impactó a la comunidad: un joven encapuchado atacó a puñaladas a otro que se encontraba en esa vivienda.

El cambio en la investigación

Según adelantó el ministro de Seguridad y Justicia el giro en la investigación está relacionado con los elementos secuestrados en esos allanamientos y otros incorporados a la causa.

La complejidad de la investigación, además de los elementos probatorios y los testimonios obtenidos, permitirían a la fiscalía avanzar en el encuadre de homicidio y la orientación hacia dos o tres jóvenes del entorno de Centeno, según se pudo saber de fuentes judiciales.

Emanuel Centeno es un joven de 28 años que debe recibir medición por su epilepsia y cuenta con gran aprecio en la ciudad de Gaiman, que se encuentra conmocionada primero por la desaparición y ahora por los elementos que indicarían que fue asesinado.

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Un hombre de 43 años que se desempeña como chofer de una aplicación de viajes está en grave estado tras ser baleado durante un robo en la provincia de Córdoba mientras los delincuentes son intensamente buscados por la Policía.   

Según medios locales, el asalto ocurrió en la calle Pedernera al 2500 en el barrio Corral de Palos, en la zona sudeste de la capital provincial, mientras que el Fiat Cronos de la víctima apareció abandonado en un descampado de la zona sudeste de la ciudad de Córdoba.   

Además, señalaron que el hombre fue hallado por los uniformados con un corte en la cabeza y un disparo en el abdomen, por lo cual fue trasladado hacia el Hospital San Roque. 

Fuentes policiales informaron que el chofer de la app de viajes arribó al centro de salud con una herida cortante en la cabeza y una herida de arma de fuego en el abdomen, por lo que quedó internado en grave estado, a la espera de una evolución en su salud.   

La reconstrucción de los hechos apuntan a que el hombre fue citado a través de la aplicación al mencionado barrio de la ciudad y al llegar fue baleado por dos delincuentes que le robaron el auto.   

Luego, la Policía halló el Fiat Cronos negro abandonado a unas cuadras del lugar del asalto. El vehículo apareció en un descampado sobre la calle Pedro Escobar, a la altura del barrio Las Lilas. Finalmente, en el auto también estaba el revólver calibre 38 que habrían utilizado los ladrones para herir al conductor. Ambos todavía se encuentran prófugos.

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Nación avanzó con en el cierre definitivo del fideicomiso que durante más de una década gestionó los créditos del plan Pro.Cre.Ar, uno de los programas más emblemáticos de acceso a la vivienda. A través de una nueva resolución, el ministerio de Economía activó el operativo que terminará de desarmar la estructura legal y administrativa del sistema creado en 2012.

Esta etapa final llega más de seis meses después de que el fideicomiso fuera disuelto formalmente. Ahora, el foco está en reordenar el destino de los bienes, tierras e ingresos que aún quedan bajo su órbita. Mientras tanto, el Banco Hipotecario seguirá siendo responsable de cobrar y administrar los préstamos ya otorgados, pero con un nuevo contrato y bajo condiciones pactadas por el Estado.

La medida instruye qué hacer con los inmuebles que no llegaron a ser utilizados en obras: muchos de ellos serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y otros podrán pasar a manos de provincias, municipios o institutos de vivienda. Es parte del reordenamiento que busca poner fin a un modelo que ya no se utilizará más.

Por otro lado, el dinero recaudado por las cuotas que aún se están pagando irá directamente al Tesoro Nacional, una vez deducidos los gastos operativos. Además, se contempla la posibilidad de vender aquellas carteras de crédito que muestran bajo nivel de cobranza, especialmente aquellas con recupero menor al 40%.

En paralelo, las causas judiciales en las que esté involucrado el viejo fideicomiso serán ahora responsabilidad legal de una dependencia del Ministerio de Economía, cerrando así todos los frentes del programa. Con esta resolución, el Estado da el golpe final al andamiaje jurídico del Pro.Cre.Ar y marca el fin de una etapa en la política habitacional argentina.

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Un joven de 22 años, detenido en enero en General Roca, está acusado de formar parte de una célula yihadista y difundir mensajes de odio con llamados a la violencia en nombre del Estado Islámico.

David Nazareno Ávila no es un caso más. Según la Justicia Federal, no solo compartía propaganda del grupo terrorista en redes sociales, sino que pedía ayuda para fabricar explosivos y atacar en territorio argentino. Las pruebas en su contra son alarmantes: mensajes en árabe, contactos con presuntos proveedores de armas y declaraciones donde expresaba su deseo de convertirse en mártir.

Con base en esta evidencia, los fiscales María Claudia Frezzini y Santiago Marquevich pidieron la elevación a juicio oral. Lo acusan de integrar una organización cuyo fin es imponer el terror, combatir ideas ajenas con violencia y promover el odio contra comunidades por razones de religión, nacionalidad o política.

La investigación comenzó mucho antes de su detención, tras detectar publicaciones en Instagram, TikTok y Facebook, además de intercambios en WhatsApp y Telegram. En estos espacios, Ávila difundía ejecuciones y atentados, alababa al Estado Islámico y alentaba a otros a sumarse a su causa.

Uno de los mensajes clave, fechado el 6 de octubre de 2024, revela sus intenciones, «la paz sea contigo hermano mío. ¿Dime cómo puedes ayudarme a atacar al gobierno sionista argentino?”, “tengo un contacto que me vende armas, pero necesito apoyo financiero (…) ¿me enseñarán a hacer explosivos para atacar?»

Luego publicó “quiero ser mártir en Argentina. En Argentina tenemos un gobierno sionista que apoya a Israel y debe pagar por sus pecados sionistas. Quiero llevar a cabo un ataque (…). Quiero aprender a hacer explosivos», 

El Estado Islámico, al que Ávila habría adherido, figura en el registro oficial de organizaciones terroristas del país. Para los investigadores, su vinculación iba más allá de la admiración ideológica: formaba parte de la estructura, recibía apoyo y se estaba preparando para actuar.

El juicio oral podría marcar un antes y un después en el abordaje del extremismo digital en Argentina. Las autoridades buscan enviar un mensaje claro: la radicalización en redes, aunque silenciosa, puede convertirse en una amenaza real si no se frena a tiempo.

Investigación del Ministerio Público Fiscal

Según informó el Ministerio Público Fiscal que en marzo de 2024, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación, dio aviso a la UFECO respecto a la existencia de una persona que compartía y difundía propaganda yihadista del autoproclamado Estado Islámico a través de redes sociales.

En virtud de ello, la unidad especializada en combatir el crimen organizado inició una investigación preliminar y, en abril del año pasado, efectuó la denuncia junto con la Fiscalía Federal de Campana ante el Juzgado Federal de esa ciudad, dado que en el sumario surgió que el sospechoso había mantenido reuniones en un centro comercial de Escobar, partido bonaerense comprendido en su jurisdicción. En esta ocasión, también se corroboró que Ávila había formado parte, por dos meses, del Ejército Argentino como voluntario en el Regimiento de Caballería y Exploración de Montaña 4 de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, aunque de allí lo echaron por cuestiones de competencia, rendimiento y disciplina, ya que, entre otras cosas, lo descubrieron hurtando en un supermercado.

El juez federal Adrián González Charvay delegó la investigación en el MPF que encomendó realizar tareas investigativas a la Central de Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina (PNA). La fuerza federal hizo seguimientos y observaciones en forma encubierta, escuchas telefónicas, análisis de las redes sociales y designó un “agente encubierto digital” para interactuar con el sospechoso y/o los restantes integrantes de los canales y grupos de mensajería que integraba.

En base a los elementos de prueba reunidos, el MPF solicitó el 7 de enero pasado el allanamiento de los domicilios vinculados al sospechoso, ubicados en la localidad rionegrina de General Roca.

En aquellos procedimientos, realizados por personal de la PNA, se le incautó su teléfono celular, en el que se encontró la prueba fotográfica y de mensajería clave.

De esta manera, el 9 de enero se dispuso la detención de Ávila, mientras que el 14 de ese mes se le recibió declaración indagatoria.

Luego, se le dictó su procesamiento con prisión preventiva, que fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal de San Martin, luego que fuera apelado por la defensa. Asimismo, se declinó la competencia en razón del territorio para que continue interviniendo el Juzgado con jurisdicción en la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, dado que la maniobra delictiva encontró su origen allí y también se desarrolló en dicho ámbito espacial.

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