“La obra es fuerte porque la realidad es fuerte”: dos actrices de la UNA actúan sobre (y contra) la trata de personas

 

Junio sigue ardiendo rojo en la memoria y, como cada año, una vez más diversas organizaciones realizarán una jornada político cultural en la Estación Darío y Maxi este miércoles 25 de junio de 16 a 21.30, al cumplirse 23 años de la Masacre de Avellaneda, en la que, el 26 de junio de 2002 los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense, que ese día actuó bajo las órdenes del ex presidente Eduardo Duhalde. Una vez más, se seguirá reclamando juicio y castigo a los responsables políticos. Habrá paneles de debate, una asamblea transfeminista, olla popular, muraleadas, intervenciones culturales, feria autogestiva, muestra fotográfica, música en vivo y una transmisión en vivo de medios alternativos. Enterate de la grilla de actividades. Por ANRed.

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Compartimos la grilla de actividades

MIÉRCOLES 25 DE JUNIO: JORNADA CULTURAL EN LA ESTACIÓN DARÍO Y MAXI

16 HS: Apertura de las actividades.

16HS Anfiteatro de la Estación.

PANEL. Bloque 1: Criminalización de la protesta (La Ciega, Archivo Popular de la memoria, Polo Obrero, La Retaguardia).

PANEL. Bloque 2: La lucha sigue: Nuevas formas de resistencia. Anfiteatro de la Estación (Coordinadora de Jubiladxs, FPDS, El Orejano, FPDS CP, Coordinadora por el Cambio Social, Testimonio por Palestina, Trabajadorxs Hospital Garrahan, Asamblea por el Agua de Mendoza).

16 HS Salida de la Estación.Asamblea Transfeminista Plurinacional Piquetera.

16 HS:Patio y salida de la Estación.Comienzo de Corredor gráfico y Muraleadas.

17 HS:EscenarioTocarán: La Delio Valdez, Quinteto Negro La Boca, Javier Ortega y DJ Pharuk, Les Ñeris, Presidentes Muertos, Norma Aguirre-La Ferni-Mario Tassa.

18 HS: Hall de la EstaciónComienzo de Transmisión en vivo de Medios Alternativos. Antena Negra TV, FM La Tribu, Radio Zona Libre, La Chispa Prensa, Radionauta.

19 HS:Salida de la Estación.Olla Popular.

19:30:EscenarioActo Central junto a Familiares y Compas de Darío y Maxi, Organizaciones e invitadxs.

20:30:Escenario Homenaje a Vicente Zito Lema. Proyecciones de Daniel Malnati. Lecturas por Natalia Bericat.

21:30:Cierre de la Actividad.

23 Años. ¡Justicia por Darío y Maxi!

Memoria para luchar. Organización para vencer.

Las consignas de las jornadas serán #DarioyMaxi, #DarioyMaxipresentes, #MasacredeAvellaneda, #JunioArdeRojo y #EstacionDarioyMaxi.

Junio sigue ardiendo rojo en la memoria

Darío Santillán (21 años, de Quilmes) y Maximiliano Kosteki (22 años, de Guernica) fueron asesinados el 26 de junio de 2002 por policías durante una manifestación en el Puente Pueyrredón, en la localidad de Avellaneda, al sur del conurbano bonaerense. Un crimen que la Policía Bonaerense y el gobierno el entonces presidente Eduardo Duhalde intentaron ocultar, tergiversando los hechos para eludir su responsabilidad material y política. Estos dos crímenes de Estado provocaron una crisis política que apresuró la salida del gobierno del presidente interino Duhalde, quien convocó a elecciones a Presidente para el año siguiente.

En todos estos años, la lucha popular por conseguir que se castigue a los culpables materiales y políticos no cesó. Hasta el momento, solo fueron condenados quienes ejecutaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki: los exefectivos de la Policía Bonaerense Alfredo Fanchiotti (excomisario) y Alejandro Acosta (excabo), quienes fueron condenados a prisión perpetua.

Pero el año pasado, familiares y compañeros/as de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, junto a la abogada querellante y organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, realizaron una conferencia de prensa para «dar a conocer el repudio a la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal N°3, a cargo del Juez Martín Andrea García Díaz, que ordenó liberar al Cabo Alejandro Acosta, uno de los asesinos de Darío y Maxi«.

«En este contexto, el poder judicial avanza con la libertad de Acosta para dar un claro mensaje: la represión policial tiene impunidad gracias al aval judicial, político y mediático. Un pacto con aires a obediencia debida y punto final», denunciaron en ese momento.

En este marco, este miércoles 25 de junio volverán a reclamar contra la impunidad de los autores materiales de la masacre y seguirán reclamando juicio y castigo a los responsables políticos.

Porque junio siempre arde rojo en la memoria.

 

 

Organizaciones sociales realizan desde las 11 de este martes 10 de junio un corte en el acceso al Puente Pueyrredón y cortes, movilizaciones y concentraciones en 17 provincias. Reclaman aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la ampliación del programa, la continuidad del Monotributo Social y la entrega inmediata de alimentos a los comedores populares. Convocan la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA. En Avellaneda, el gobierno nacional desplegó un fuerte operativo de la Policía Federal. El Gobierno continúa sin respuestas ni voluntad para convocar al diálogo. «Este Gobierno empobrecedor ha paralizado el ingreso de lo que era el Potenciar Trabajo (hoy Volver al Trabajo y Acompañamiento Social) en $78.000. Es una vergüenza. Nuestras compañeras, a pesar de todo eso, no han abandonado los barrios ni las tareas. Seguimos haciendo los comedores, los merenderos y sosteniendo los espacios de cuidado. Porque sabemos que nuestra presencia en los territorios en los barrios es importante para que no crezca el delito y el narco», remarcó Analía, del FOL. Por ANRed.

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Desde las 11 de este martes 10 de junio, organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA, llevan adelante un corte en el acceso al Puente Pueyrredón y cortes, movilizaciones y concentraciones en otros diferentes puntos de 17 provincias.

Es en el marco de una Jornada Nacional de Lucha conjunta «por trabajo y salario», en reclamo del aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo, Vital y Móvil, ampliación del programa, continuidad del Monotributo Social y la devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares.

En el acceso al Puente Pueyrredón, ubicado en la localidad bonaerense de Avellaneda, el ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, desplegó un fuerte operativo de la Policía Federal, que bloquea el ingreso al puente, uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, de parte de una importante columna de organizaciones y movimientos sociales.

Allí, Analía, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), dentro de la Coordinadora por el Cambio Social – una de las organizaciones que se plegó a la jornada de lucha – denunció:  «este Gobierno empobrecedor ha paralizado el ingreso de lo que era el Potenciar Trabajo, que lo subdividió en los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, que hoy en día están en $78.000, que es una vergüenza. Nuestras compañeras, a pesar de todo eso, no han abandonado los barrios ni las tareas. Seguimos haciendo los comedores, los merenderos y sosteniendo los espacios de cuidado. Porque sabemos que nuestra presencia en los territorios en los barrios es importante para que no crezca el delito y el narco».

Por su parte, en declaraciones a Prensa Obrera, Mercedes Martínez, dirigente nacional de la CUBA-MTR, también desde el Puente Pueyrredón, expresó: «estamos pidiendo el aumento de los planes sociales que hoy no cubren ni dos garrafas de gas. $78.000 no le alcanzan a nadie«.

En tanto, Pablo Giachello, dirigente del Partido Obrero, señaló al mismo medio: «hoy los sectores más golpeados se están movilizando, rompiendo nuevamente el protocolo de Bullrich. Crece la movilización popular semana a semana y el movimiento piquetero hoy vuelve a ocupar el Puente Pueyrredón», remarcó.

Si bien, en un principio desde las organizaciones sociales confirmaron a este medio que una delegación con representantes de cada una de las organizaciones se trasladaría al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, donde les prometieron que serían recibidos/as por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez, finalmente la propuesta de reunión se cayó y, así, el gobierno nacional continúa manteniendo la misma postura de falta de respuestas ni de voluntad de diálogo con las organizaciones y movimientos sociales.

La jornada se multiplica en diferentes puntos de 17 provincias, como es el caso de la Ciudad de Salta, donde organizaciones concentran frente al departamento del Gobierno salteño.

 

 

 

A muchos causan sorpresa o extrañeza los sucesivos viajes de Milei a Israel. Sin embargo, se trata del perfeccionamiento de relaciones que políticos argentinos mantienen, sobre todo con el Mossad, desde hace décadas. Con la pantalla de una empresa de seguridad llamada SIA, Security and Intelligence Addvising, agentes del Mossad, operan en el país desde antes del 2000. Por Koly Bader, para ANCAP.

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En su inicial página web (https://siacorp.com/ ) incluso se presentaban como EX Mossad y en 2014 sacaron este detalle de su descripción. Antes de ese cambio su dirección era Avda. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1793, ciudad de Buenos Aires. Hoy registran una dirección en Tel Aviv: 5 Druyanov St., 12º Floor Tel Aviv 63143, y en Buenos Aires en Gurruchaga 440 4º piso C1414DHJ. También tienen filiales en Brasil, Colombia, Chile, México, Portugal, Uruguay, Rusia, España y Estados Unidos. Según su página web.

Durante el gobierno de Julio Miranda en Tucumán, el gobernador, a instancias del entonces senador José Alperovich, los contrató para entrenar al Grupo Cero de la policía provincial. El Decreto 344/1 del 14 de noviembre de 2003, Expte. Nº 2214/110-D- 2003, Establece la contratación de los servicios de una organización privada de inteligencia. Según reza el decreto para “servicios de seguridad e inteligencia en el despacho del titular del Poder Ejecutivo y en dependencias de la Gobernación, como así también en la sede de la Representación Oficial de la Provincia en la Capital Federal.”

Operaciones del Mosad no son nuevas en América Latina. Agentes del Mosad han tenido responsabilidad directa en el tráfico de armas a Ecuador, Panamá y Colombia y operaron en Venezuela para derrocar a Hugo Chávez por medio de sus agentes Víctor Manuel García, pretendido gerente de una compañía encuestadora que se adjudicó la dirección civil del movimiento militar contra Chávez, reconociendo que su comando de dirección lo tenía en Fuerte Tiuna, sede de la SIA.

El Mossad es posiblemente la organización criminal más importante del planeta dejando incluso en segundo lugar a la popular CIA. Sus agentes son especialistas en técnicas de tortura, método “investigativo” que en Israel es legal en tanto se trate de árabes o palestinos. Es el único estado del planeta que se atrevió a legitimar la tortura por medio de resoluciones de su Suprema Corte de Justicia. Estos agentes son tenidos también como elevadamente entrenados y especializados en la falsificación de pruebas, documentos y hechos destinados a utilizarse en procesos judiciales para inculpar de cualquier delito grave a quien se considere “enemigo” si su carácter de tal no implicó violación de la ley alguna. (*)

Instalado el Mossad en Tucumán, cuando José Alperovich resultó electo gobernador, son ellos los que registraron con aparatos electrónicos el despacho del gobernador y hasta su casa particular. Dos de ellos fueron todo el tiempo guardaespaldas de Alperovich casi hasta el final de sus tres mandatos.

Por su parte, el propio Alperovich viajó varias veces a Israel en supuestas vacaciones y su esposa Beatriz Rojkes , electa senadora nacional, hizo su primer viaje oficial a su patria de origen como la llamó.

A la DAIA le gusta decir que José Alperovich fue el primer gobernador judío y Beatriz Rojkes la primera presidente judía de Argentina. Fue vice presidenta del senado por mandato de CFK y ante un viaje de la presidenta y Armando Boudou, ejerció el cargo por algunas horas. Era además presidenta del PJ tucumano.

No obstante, las relaciones con el Estado de Israel nunca fueron transparentes. Pocos saben que Argentina es firmante, por medio de Alberto Fernández, de la “Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto” (IHRA por sus siglas en inglés). Se trata de un puntuado que define el antisemitismo en una forma tan ambigua que cualquier crítica a Israel puede ser tomada como antijudía o antisemita. Es preferible usar el termino antijudío ya que los pueblos semitas se originaron en el Cercano Oriente y el Cuerno de África. Los países actuales con mayor población semita incluyen a Etiopía, Eritrea, Israel, los países árabes (como Arabia Saudita, Irak, Jordania, Líbano, Siria, Yemen, Palestina, Egipto, etc.) y partes de África del Norte. Tradicionalmente, se consideraba que descendían de Semita, hijo de Noé en la Biblia. Este grupo incluye a árabes, hebreos (judíos), arameos, acadios, fenicios, y otros.

Pero sigamos. Tan ambigua es la definición del IHRA que en 2020 se emitió la “Declaración de Jerusalén sobre el Antisemitismo” (DJA ).Es un documento que pretende delinear los límites del discurso y la conducta antisemita, en particular con respecto al sionismo , Israel y Palestina. Su creación fue motivada por el deseo de confrontar el antisemitismo y por las objeciones a la Definición de Antisemitismo de la IHRA , que, según los críticos, reprime las críticas legítimas al gobierno israelí y restringe la libertad de expresión] La redacción de la declaración se inició en junio de 2020 bajo los auspicios del Instituto Van Leer en Jerusalén por ocho coordinadores, la mayoría de los cuales eran profesores universitarios. Una vez finalizada, la declaración fue firmada por unos 200 académicos de diversos campos y publicada en marzo de 2021.

Siendo la Argentina el país de América Latina con la más grande comunidad judía, no es extraño el especial interés de Israel en este país. Lo que, claro, no justifica nada y mucho menos la preferencia de políticos argentinos en sus métodos represivos y, en general, las políticas de un estado claramente violatorias de todo principio reconocido por la humanidad.

La historia sigue con la adquisición por argentina del programa informático Pegasus, de la inteligencia israelí, creado para el espionaje de todo tipo por medio de los artefactos electrónicos de uso masivo hoy en día.

En el gobierno de Alberto Fernández y de la mano de su ministro del Interior Wado De Pedro, se firmó un convenio con la firma israelí Mekorot. De esta forma, hasta ahora, las provincias que han firmado convenios con Mekorot para la gestión del agua son: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa y Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut. Estos acuerdos se han establecido para la elaboración de planes maestros hídricos y la implementación de asesoramiento técnico en la gestión del agua. Nada menos. Y con seguridad será una de las empresas que participe de las privatizaciones, por ejemplo, de Aysa

En los viajes de Milei a Israel se vino consolidando y ampliando estas “relaciones carnales” con el estado genocida. En su ultima visita firmó un memorándum de acuerdo. En un hecho que el gobierno caracterizó en su página web como: “histórico sin precedentes, Javier Milei, y el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmaron en Jerusalén, el Memorándum “En Defensa de la Libertad y la Democracia Contra el Terrorismo y el Antisemitismo”, donde “se comprometen a afianzar los lazos en la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo, impulsando la defensa de las libertades y la democracia”. Según el diario The Jerusalem Post, que se basó en una entrevista con el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rabino y guía espiritual de Milei, “el Memorándum implica una cooperación sin precedente en contra del terrorismo, investigaciones en cibercrimen, establecer carriles aduaneros “fast-track, lanzamientos satelitales conjuntos y centros de tecnología hídrica en el río Paraná”.

Paralelamente y por denuncia del periodista de derecha Alconada Mon, el diario La Nación publica el «Plan de Inteligencia Nacional» de la SIDE, señalando que podría permitir el espionaje interno, incluyendo a periodistas, economistas y cualquier persona que critique al gobierno de Milei. Además, ha revelado haber recibido amenazas tras exponer este plan. La Comisión Bicameral del Congreso también ha expresado preocupaciones sobre la ambigüedad y los riesgos que plantea el plan. En notas posteriores, el cronista del diario La Nación agregó dos elementos significativos. Por un lado, en enero de 2025 el Director General de Operaciones de la casa de los espías, Diego Kravetz, firmó una directiva, también secreta, en la que ordenó “identificar y monitorear” a los “grupos sociales vulnerables” y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”.

Posteriormente la revista Crisis amplia la información y consigna, con facsímiles del documento:

Dice Crisis: El tercer Lineamiento Estratégico lleva por nombre “Poder integral de la Nación” y se refiere a las “amenazas y oportunidades que pudieran impactar en el progreso integral de los factores de poder, la institucionalidad republicana, la libertad, la vida y el patrimonio de sus habitantes”. La primera observación tiene que ver con el término “factores de poder” de la Nación, que se repite varias veces sin que haya especificación alguna sobre a qué actores apunta.

Y mucho, mucho más que apunta claramente a la inteligencia interna.

Casi simultáneamente y al retornar Milei de Israel, firma un decreto dirigido a habilitar a la Policía Federal a más espionaje e incluso habilitar detenciones sin orden de juez. Patrullaje en redes sociales sin orden judicial: La PFA podrá realizar tareas de «prevención del delito» en espacios digitales públicos, como redes sociales abiertas y sitios web, sin necesidad de autorización previa de un juez.

Detenciones sin autorización judicial: La reforma permite a la PFA detener a personas por hasta 10 horas si no pueden acreditar su identidad y existen «circunstancias debidamente fundadas» que hagan presumir que han cometido o podrían cometer un delito. Estas detenciones deberán notificarse a un juez, y los detenidos tendrán derecho a comunicarse con un familiar o persona de confianza. Sin embargo, especialistas han criticado la vaguedad de los criterios, señalando que podría habilitar detenciones arbitrarias basadas en sesgos policiales, una práctica que ha sido condenada en el pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI): Inspirado en el FBI y la Policía Federal de Brasil, el DFI se enfocará en delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas y las redes criminales urbanas. Este departamento contará con subáreas especializadas, como Agencias Federales de Investigación y una unidad dedicada al combate del narcotráfico.

Además, se prevé un aumento en el despliegue de agentes en provincias, especialmente en ciudades con alta incidencia delictiva como Rosario, para fortalecer la presencia federal.

Nada de esto es casual. Aun cuando lo dispuesto es relacionado por la prensa con el FBI, se trata exactamente de la forma de operar del Mossad y las fuerzas de seguridad israelíes.

No queremos ignorar las múltiples denuncias de la llamativa presencia permanente de soldados israelíes en el sur con el justificativo de “vacaciones”. Un verdadero lujo para simples soldados.

Fuente: https://noticiasancap.org/2025/06/20/la-larga-historia-del-mossad-en-argentina-las-instrucciones-para-la-side-la-pf-y-los-viajes-de-milei/

 

 

A comienzos de junio la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la sentencia dictada en diciembre de 2023 a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca por la cual fueron condenados cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el homicidio de Rafael Nahuel. El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda mientras escapaba, junto a otros manifestantes, de una persecución brutal en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche. En diálogo con ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), afirmó que “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

Si bien no se logró el cambio de calificación legal que pretendían las querellas y que hubiera permitido condenas mayores al desestimar la figura de “exceso en la legítima defensa”, lo resuelto por el máximo tribunal penal del país ratifica lo que organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace años: los desalojos de comunidades originarias se realizan con exceso en el uso de la fuerza del estado y provocan daños irreversibles en quienes se manifiestan y reclaman por sus derechos.

Así ocurrió con el brutal operativo que provocó la muerte de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado por una bala de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en 2017 mientras la comunidad Lafken Winkul Mapu intentaba preservar sus tierras.

Cabe recordar que el hecho fue juzgado en debate oral y público realizado a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca –con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava- durante los últimos meses de 2023, cuando cinco integrantes de la PNA resultaron condenados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y en exceso de legítima defensa. Cuatro de ellos, como partícipes necesarios y el quinto, como autor del disparo letal.

Todos recibieron, según su grado de participación en el crimen, la máxima pena para el delito imputado pero ninguno fue condenado a penas superiores a 5 años y 8 meses de prisión ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado y en exceso de legítima defensa.

Tal como sostuvieron desde el inicio de la causa las querellas de la APDH –en su carácter de organización de la sociedad civil- y la de la familia de la víctima, nunca se probó la necesidad de defensa de los prefectos con sus armas reglamentaria porque, en rigor, nunca existió agresión de los manifestantes.

No obstante, luego de la sentencia de 2023 existía la posibilidad de que, en instancia revisora, se revirtieran las condenas y se absolviera a los cinco integrantes del Grupo Albatros, tal como lo solicitaron ante la Cámara Federal de Casación Penal las defensas y en un contexto político propicio para el otorgamiento de beneficios a los agentes de seguridad involucrados en graves casos de violencia institucional.

De allí que la reciente confirmación de la condena por parte del máximo tribunal penal del país no deja de representar un avance porque, tal como sostiene el vicepresidente de la APDH nacional, Guillermo Torremare, “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

“Hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados”, agregó.

“Hoy es muy fácil encontrar artículos periodísticos de la época en los que se afirmaba la inocencia de los agentes de seguridad y el supuesto ejercicio de legítima defensa frente a las agresiones de los integrantes de la comunidad mapuche que resistían el desalojo, pero nunca se aportó una sola evidencia que diera cuenta de esa realidad. Más bien lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse”, amplió Torremare.

Y concluyó: “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del estado”.

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Fuente: https://www.andaragencia.org/el-fallo-de-casacion-sobre-el-asesinato-de-rafael-nahuel-es-una-critica-al-accionar-punitivo-del-estado/

La entrada “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel es una crítica al accionar punitivo del estado” se publicó primero en Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes (( i )).

 

 

La administración de Donald Trump tomó la decisión de atacar instalaciones militares dentro de Venezuela, según publicó el diario Miami Herald.

El artículo se fundamentó en “fuentes con conocimiento de la situación, mientras Estados Unidos se prepara para iniciar la siguiente etapa de su campaña contra el cartel de la droga de los Soles”.

Los ataques planeados, también reportados por el Wall Street Journal, buscarán destruir instalaciones militares utilizadas por la organización de narcotráfico que, según Estados Unidos, está encabezada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y dirigida por altos miembros de su régimen.

Las fuentes se negaron a contestar si Nicolás Maduro es un objetivo, pero una de ellas afirmó que le queda poco tiempo.

“Maduro está a punto de verse atrapado y pronto podría descubrir que no puede huir del país, aunque quisiera. Lo peor para él es que ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, plenamente conscientes de que una cosa es hablar de la muerte y otra muy distinta verla venir”, indicó el diario de Miami.

Luego recuerda que Washington duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a 50 millones de dólares.

Asimismo, actualmente ofrece 25 millones de dólares por la captura de algunos de sus principales colaboradores, entre ellos el ministro del Interior, Diosdado Cabello, presunto responsable de las operaciones del cartel.

Otra figura clave del régimen que enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos es el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Al anunciar en agosto la decisión de duplicar la recompensa de 25 millones de dólares por Maduro, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que aquel “lidera el Cártel de los Soles”.

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Panorama de conflictos sindicales. El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, moviliza este miércoles 25 de junio desde las 12 al ministerio de Desregulación del Estado. Mientras, la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la «modernización laboral». El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido, modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos. Hoy se movilizaron trabajadores estatales porteños para exigir recomposición salarial urgente. El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo, que cumplieron 120 días de ocupación en defensa de 250 puestos de trabajo, realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. Por Mario Hernández.

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A pesar de la ofensiva gubernamental la burocracia sindical cegetista banca a Milei en su peor momento político: mientras, más de 70 organizaciones marcharán contra el gobierno

El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, convocó a una conferencia de prensa el lunes 23 de junio en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en Avenida Jujuy 1074, Ciudad de Buenos Aires.

En la conferencia se explicaron los detalles y motivos para manifestar sus reclamos al Gobierno Nacional, que tendrán como epicentro el ministerio de Desregulación del Estado con una masiva movilización el miércoles 25 de junio.

Las organizaciones concentrarán ese día desde las 12:00 en Carlos Pellegrini y Sarmiento para dirigirse a la sede del Ministerio, ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788. Hasta el momento, adhirieron al frente y la movilización los integrantes de la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas. Por otro lado, apoyan sindicatos como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).A su vez, también se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como «criminal». También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que «desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura».

El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido

El Gobierno Nacional publicó este lunes el marco regulatorio de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs) que nacen tras las modificaciones en las indemnizaciones laborales dispuestas en la Ley Bases. Con esta modalidad, el trabajador podría aportar dinero de su salario todos los meses para su futura hipotética desvinculación. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, cada sector podrá incluirlo o no en su Convenio colectivo de trabajo.

Las partes podrán sustituir la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional».Estos sistemas podrán reemplazar a la indemnización por antigüedad, que equivale a un mes de sueldo bruto por cada año trabajado. Según se desprende de la mencionada Ley Bases, del Decreto que la reglamentó en septiembre pasado y de la Resolución 1071/2025 de este lunes, el Fondo de Cese Laboral podrá administrarse bajo alguna de las siguientes modalidades:

• Régimen de Cuentas Bancarias de Cese Laboral.
• Régimen de Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Cese Laboral.
• Régimen de Fideicomisos Financieros de Cese Laboral.

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son patrimonios que se forman con los aportes que realizan los inversores suscribiendo cuota partes y convirtiéndose, en consecuencia, en cuota partistas. Intervienen dos tipos de entidades: la sociedad gerente y la sociedad depositaria, que administran y custodian los activos respectivamente.

Traidores: la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la modernización laboral

La mesa chica cegetista avaló la participación de Gerardo Martínez en la instancia de diálogo multisectorial que comenzará este martes en la Casa Rosada para debatir con funcionarios, gobernadores, legisladores y empresarios una propuesta de «modernización laboral».

La decisión, que se adoptó el lunes en una reunión realizada en la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), significa un aval a la presencia de Gerardo Martínez (UOCRA), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, en la instancia de diálogo anunciada hace un año por Javier Milei para consensuar 10 puntos que se convertirán en proyectos para que trate el Congreso.

El Consejo de Mayo, presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue citado para este martes, a las 9:30, en la Casa Rosada: además de Martínez, participarán Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carolina Losada por el Senado de la Nación, Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados y Martín Rappallini (UIA) en representación de las entidades empresariales. Además, se sumará el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Algunos dirigentes de la CGT se oponían a sentarse con el Gobierno mientras sigan «el ajuste, el cepo a las paritarias y la reglamentación del derecho de huelga», pero finalmente se aprobó la presencia en el Consejo de Mayo y se acordó que Martínez lleve al diálogo los reclamos de la CGT, que exceden la agenda de trabajo que propondrá el Gobierno.

Entre las demandas de la CGT para llevar al Consejo de Mayo figuran «defender la consigna producción, desarrollo y trabajo, las paritarias libres, la situación de los jubilados y la no reglamentación del derecho de huelga», entre otros puntos.

Según explicó Martínez, la idea es que a partir de la segunda reunión del Consejo de Mayo se incorporen expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para facilitar los acuerdos.

De los 15 participantes a la reunión de FATSA, sólo Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), planteó una postura crítica sobre la presencia de la CGT en el diálogo con el Gobierno.

El dirigente es uno de los impulsores de una marcha que se realizará este miércoles hasta el ministerio que encabeza Federico Sturzenegger, en avenida Roque Sáenz Peña 788, para reclamar contra la desregulación del transporte y otras áreas.

Pero en el debate cegetista, que se extendió durante dos horas y media, se analizó la situación generada por la convocatoria oficial al Consejo de Mayo y cada sindicalista presente, aun con sus reparos, acordó que la CGT debía participar.

Los dirigentes gremiales que participaron del encuentro fueron los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri, Julio Piumato (judiciales), Jorge Sola (seguro), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Argentino Geneiro (gastronómicos), Oscar Rojas (maestranza), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Plaini (canillitas).

Fuentes sindicales aseguraron que también fue invitado Abel Furlán (UOM), pero no concurrió. El titular del gremio metalúrgico exigió la semana pasada a la CGT que en forma urgente se discuta un plan de lucha «sostenido y escalonado» contra el ajuste y la «proscripción» de Cristina Kirchner. Entre los presentes tampoco estuvieron otros miembros del sindicalismo kirchnerista como Sergio Palazzo (bancarios) o Laura Lorenzo (SMATA), reemplazante de Mario Manrique, quien renunció en octubre pasado a la CGT por profundas diferencias con la estrategia ante el gobierno de Javier Milei.

Gerardo Martínez fue incluido por el Gobierno entre los integrantes del Consejo de Mayo, pero hasta ahora no tenía el aval orgánico de la CGT. El líder de la UOCRA dijo hace 48 horas: «Nadie del Gobierno habló conmigo. En su momento nos dijeron que el Poder Ejecutivo iba a decidir quiénes iban a representar tanto al sector empresarial como al sindical, pero ahora indudablemente me veo en la obligación de una consulta. No voy a decidir por mi cuenta algo así y se necesita el aval de una parte importante de la CGT».

El sindicalista admitió que la eventual participación de la CGT en el Consejo de Mayo sería «un desafío para poder llegar a lo que pretendemos, que es la trilogía desarrollo, producción y trabajo, un capítulo aún desconocido por este gobierno».»Necesitamos un acople entre el sector productivo y el trabajo dentro de un diálogo sustentable y no discrecional», agregó, tras lo cual insistió: «Yo no pedí ni busco estar ahí (en el Consejo de Mayo), pero si se aprueba será una oportunidad para ser la voz de la CGT y que todas las propuestas salgan por consenso».

El gobierno sienta a la CGT en la mesa donde se comienza por discutir una de las exigencias del nuevo acuerdo con el FMI: la reforma laboral, dándole una mano a Milei en su peor momento.

Sin un discurso que logre imponerse en una agenda dominada por el justicialismo, la semana pasada el gobierno se vio obligado a ensayar muestras de independencia mediática para intentar retomar la centralidad. Además de la entrevista que el presidente brindó al periodista oficialista, Esteban Trebucq, luego de su viaje de 10 días por Europa e Israel, el martes pasado el legislador electo y vocero presidencial, Manuel Adorni, retomó sus conferencias de prensa después de más de dos semanas sin presentaciones.

A la misma hora, Karina Milei, encabezó una reunión de la mesa chica: Guillermo Francos, Santiago Caputo, Eduardo «Lule» Menem y Lisandro Catalán, donde expuso los lineamientos políticos de una gestión atravesada por la condena a Cristina Fernández.

Son todos eventos por retomar desesperadamente el control de la agenda política, perdida por primera vez en 18 meses de gobierno.

Este es el marco en el que se reactivó en tiempo récord el Pacto de mayo firmado en Tucumán casi un año atrás con el propósito de conformar un organismo multisectorial para avanzar en la ejecución de una refundación institucional que permita al oficialismo llevar adelante reformas estructurales que de otra forma no podría implementar por su escasa presencia en el Congreso. La propuesta del gobierno se recostará en la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, con la que buscarán reducir la participación del Estado en los acuerdos paritarios y volver a la implementación del Decreto que limita el derecho de huelga rechazado por la Justicia entre otras.

¿Por qué la Justicia suspendió el decreto de Milei que limitaba el derecho de huelga?

Ante un planteo de la CGT, la jueza del Trabajo Moira Fullana, suspendió con una medida cautelar la aplicación de dos artículos claves del DNU 340/25 con que el gobierno de Javier Milei volvió a poner en jaque el derecho a huelga. «La norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal», dice la resolución. También hace hincapié en que no está justificada la excepcionalidad, ni la necesidad ni la urgencia, ya que el Congreso funciona con normalidad y de este modo el Poder Ejecutivo está ejerciendo facultades que son legislativas. A quien le parezca que esto ya lo leyó o escuchó, es así, porque la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionalidad de aspectos del DNU 70/23, de los inicios del gobierno libertario, porque coartaba la libertad sindical y el derecho a distintas medidas, negociaciones y huelgas.

El DNU 340 amplía el listado e incluye servicios de telecomunicaciones, todas las actividades de la aeronáutica comercial, los servicios aduaneros y migratorios, el cuidado de menores y todos los niveles de educación, además del transporte marítimo de personas y/o mercaderías y/o cargas. Entre los servicios trascendentales –que según la ley actual se pueden determinar de acuerdo a los criterios de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo– mezcla todo tipo de transporte terrestre y subterráneo, producción de medicamentos e insumos, actividades industriales, radio y televisión, servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos, entre otros.Como es ostensible, la decisión del gobierno insiste con un tema que estaba saldado ante un escenario de conflictividad laboral creciente. El argumento es que quieren cuidar la recaudación asociada al equilibrio fiscal, pero a lo que apuntan es a aplicar el ajuste, que es lo que genera la reacción de trabajadores y trabajadoras. La restricción del derecho a huelga va en la misma línea de la represión del derecho a la protesta.

El amparo de la CGT

Estos son algunos de los planteos que planteó la Central sindical en su amparo y a los que la jueza, en principio, tomó como válidos, aunque en un fallo posterior deberá resolver la cuestión de fondo:*»Con el Congreso Nacional en pleno y normal funcionamiento, se implementa una reforma sustantiva, regresiva y permanente en una de las manifestaciones estructurantes del sistema de relaciones colectivas de trabajo y la acción colectiva de autotutela, mediante un decreto de necesidad y urgencia».

*»El Poder Ejecutivo vuelve a dictar una norma en otro acto de autoridad, con un contenido material idéntico al del DNU 70/23 con el agregado de una actividad esencial, en un descarado intento de sustraerse de la declaración de invalidez constitucional ya declarada (para otro conjunto normativo) por la Justicia Nacional del Trabajo. Es que, ya de manera reiterada a propósito del DNU 70/23 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en sus diversas salas y composiciones durante la feria de enero, de manera enérgica no ha avalado la impropia utilización de la Constitución Nacional que parte del orden de saber que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativo’ (art. 99, inc.3, CN), en el intento de modificar el conjunto normativo del derecho individual y colectivo del trabajo de manera regresiva permanente’».

*»Pero, además por su contenido, estigmatiza la huelga y está teñido de notoria antisindicalidad y antijuricidad. Con perplejidad advertimos que se retrocede en términos de debate democrático, al alterar los consensos compartidos por la comunidad respecto del derecho de huelga. La Constitución Nacional como nuestra carta de navegación que supo orientar el pensamiento y la acción de la representación política, parece haber sido sustraída de la práctica institucional».

*»Es retroceder 150 años, pretender que, porque los derechos no son absolutos, 4.368.764 de trabajadores de nuestro país, el 66% de los trabajadores registrados del sector privado a quienes se les aplica (desde el 21 de mayo de 2025) (…) deberán garantizar el 75% o 50% de las prestaciones habituales. Todo ello en un contexto, en el que integrantes del Poder Ejecutivo reiteran a diario que la pauta salarial que se negocia en forma colectiva no puede superar el 1% mensual y dicha imposición (así funciona en la práctica, puesto que no se homologan los acuerdos que superan la «pauta») es fuente de una conflictividad que no distingue sectores al ser generalizada».

* «Tanta desmesura, no puede ser ni avalada ni tolerada, no sólo por los trabajadores y su representación, sino por toda la comunidad, por la sociedad en su conjunto. Está en crisis el derecho a la protesta, está en crisis el derecho a garantizar que quienes trabajan tengan protección, que esta pueda ser mejorada y que, quienes no lo tienen puedan acceder a puestos de trabajo decente. Con las disposiciones que se impugnan se instauran dos principios inversos al orden constitucional y al entramado institucional y de protecciones de la libertad sindical: a) el Poder Ejecutivo puede emitir disposiciones legislativas y, b) todas las huelgas pueden ser limitadas excepto las que se determinen. Para que ello no se convalide, acudimos al último resguardo de la vigencia de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos».

La cautelar

La jueza Fullana refresca algo harto señalado en fallos laborales previos sobre el DNU 70/23. «Es preciso recordar –dice– que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional dispone que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros’».

Lo señala para explicar que no habría razones que justifiquen un DNU ya que «a la fecha del dictado de la norma impugnada, por efectos del Decreto 140/25 y desde el 1 de Marzo de 2025 el Congreso de la Nación Argentina tiene abiertas las Sesiones Ordinarias, dicha circunstancia, resulta a mi modo de ver, elemento suficiente para tener por verosimilizado el derecho». «En el presente caso, reitero, el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo», subraya.

Luego advierte, además, que «la norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal». Su decisión es suspender los artículos 2° y 3° del DNU en cuestión.El gobierno ya anunció que apelará el fallo. La estrategia es reproducir, repetir, una discusión que ya estaba judicialmente saldada. Es a lo que apuestan para desgastar las protestas y generar confusión.

Monedas de canje 

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos, en busca de reducir la intervención estatal en la elección de autoridades internas de los gremios. El secretario general del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, se quejó por lo que consideró una decisión «unilateral«.

«Lo lógico es que, si hay una iniciativa que tiene que ver con un sector comunitario como es la representación de los trabajadores, tendría que haber convocado para anunciar su intención».»Veremos si en una discusión se puede zanjar los entredichos, pero tomar medidas unilaterales nos parece totalmente perjudicial en una democracia», remarcó.En concreto, el Gobierno restringió la intervención de la autoridad de aplicación únicamente a situaciones de acefalía sin resolución estatutaria, escenario en el que podrá designar un funcionario con mandato limitado a 120 días hábiles para convocar a elecciones, que son prorrogables de ser necesario.

El referente gremial también habló sobre la intervención estatal en las paritarias y concluyó: «Por un lado el Poder Ejecutivo determina que no se va a meter más en las elecciones, pero por otro lado genera un condicionamiento absurdo y unilateral en materia de negociación libre de salarios. Se contradice, hay muchos errores de gestión».Otra «vuelto» sería mantener el aporte obligatorio a los sindicatos de todos los trabajadores sindicalizados o no cuando se actualiza un acuerdo salarial.

Se movilizarán trabajadores estatales porteños para exigir la recomposición salarial «urgente»

«En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo, tanto los trabajadores de planta como los monotributistas del Gobierno de la Ciudad no llegamos a fin de mes. El salario queda cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas», manifestaron desde ATE Capital, que organizó una marcha para el martes 24 desde las 11:00.

En la misma línea, indicaron que los monotributistas de dependencias porteñas «recibieron aumentos del 8% en febrero y 9% en mayo» (17,7% acumulado), pero al descontar el importe que pagan para el monotributo e Ingresos Brutos, «los ingresos reales son muy bajos», mientras que los salarios iniciales de las personas de planta «se acercan peligrosamente a la línea de indigencia».

«La suma fija no remunerativa de $60.000, congelada desde agosto de 2024, perdió drásticamente su valor. Actualizada por inflación, debería alcanzar al menos los $140.000. Con salarios que no alcanzan y condiciones laborales precarias, las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad seguimos en lucha. Exigimos respuestas urgentes. Queremos vivir y trabajar con dignidad», concluyeron. 

120 días de ocupación por 250 puestos de trabajo

El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. El miércoles se cumplieron cuatro meses de la ocupación de la planta que sostienen desde que la empresa líder del sector gráfico anunciara su cierre y diera comienzo a un curioso e inédito pedido de «auto quiebra» que para los trabajadores implica un «cierre fraudulento» para eludir el pago de sus indemnizaciones.

Se trata de más de 250 trabajadores que, según denuncia la Comisión interna la empresa «dejó en la calle y sin un peso». El reclamo de los trabajadores que, con aval de la justicia, custodian los bienes de la firma, va dirigido al gobierno provincial que, dicen, tiene la llave para garantizar la continuidad productiva. Sebastián Rodríguez, delegado general, señaló que «estamos haciendo un planteo a la provincia para que intervenga y active un plan de salvataje». Los obreros aseguran estar «en condiciones de producir manuales escolares, boletas electorales, revistas y folletería para los municipios».

Fuentes: Página 12, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Perfil, Infobae, El Destape, Indymedia Trabajadoras/es, Infogremiales.