El ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, fue citado a indagatoria en la causa donde se investiga si recibió coimas a cambio de direccionar la licitación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Deberá presentarse ante la Justicia el 15 de diciembre.
Junto con D’Onofrio también deberán presentarse a declarar a lo largo de este mes ocho empresarios que habrían pagado los sobornos. Todos fueron señalados por el fiscal de La Plata Álvaro Garganta, quien lleva adelante la investigación del caso.
El fiscal Garganta encontró evidencias para indagar al ex titular de Transporte acerca de presuntos acuerdos con siete empresas para garantizarles la adjudicación del servicio de VTV a cambio de coimas. Las compañías beneficiarias fueron Sistema Integral del Automóvil SA, VTV Sud SA, Carpes All SA, SGS Argentina SA, VTV Norte SA, Applus Iteuve Argentina SA y VTV Noroeste SA.
D’Onofrio viene de ser procesado y embargado en 350 millones de pesos por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en otro expediente donde se investigan maniobras de corrupción con las multas de tránsito y la VTV, por el presunto delito de lavado de activos de origen ilícito.
En esa causa el exministro fue acusado de «sustraer de las arcas del Estado provincial y los respectivos municipios, los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito (…) acumulando siderales sumas de dinero invertidas luego para la adquisición de bienes muebles e inmuebles».
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La causa en cuestión inició el 5 de septiembre de 2024, a partir de una denuncia que indicaba que D´Onofrio era el líder -junto a la concejal Pilar Pombo- de una «estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funcionarios y establecimientos de jerarquías».
El texto también aseguró que el objetivo de esta asociación era «sustraer de las arcas del Estado provincial y los municipios los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito instalados a lo largo del territorio bonaerense, para acumular siderales sumas de dinero invertidas para la adquisición de bienes muebles e inmuebles bajo una falsa apariencia lícita».
Según la acusación de Garganta, estos funcionarios que obedecían a D’Onofrio «actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como «gestores» a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado».
Estos «gestores» ofrecían la posibilidad de eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que el infractor debía pagar. Esto generó graves pérdidas económicas a Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. Esta modalidad generó una caída en sus recaudaciones de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales debido a estas prácticas fraudulentas.
