Se recuerda a los vecinos no ingresar a El Sauce por el paso a nivel

Se recuerda a los vecinos no ingresar a El Sauce por el paso a nivel

Se recuerda a los vecinos no ingresar a El Sauce por el paso a nivel

La Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos no ingresar a barrio El Sauce por el paso a nivel donde la Secretaría de Obras y Servicios procedió a la colocación de un paño de hormigón con badén lateral que evitará la acumulación de agua los días de lluvia.

En este sentido se recuerda que hasta el 21 de abril va a estar interrumpido el paso para evitar el acceso por ese lugar. El uso temprano del mismo sin la autorización de la Municipalidad traerá como consecuencia la rotura del hormigón.

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  • El peronismo analiza presentar un proyecto de «Ficha Sana» en respuesta a Ficha Limpia

     

    Los senadores peronistas analizan la posibilidad de presentar esta semana un proyecto de «Ficha Sana» para contrarrestar el impulso de los aliados al proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que se frustró el año pasado pero que el gobierno incorporó a la reforma política que empuja para eliminar las PASO.

    Como informó LPO, Patricia Bullrich le indicó al fueguino Agustín Coto que convoque para este martes a la comisión de Asuntos Constitucionales con el objetivo de darle tratamiento a la iniciativa oficialista, contemplando las propuestas de los senadores del PRO Martín Göerling y Andrea Cristina y la chubutense Edith Terenzi sobre Ficha Limpia.

    Aunque en el peronismo no creen que el gobierno tenga los votos para sancionar la reforma política, un grupo de senadores trabajó con hermetismo en un proyecto para neutralizar la discusión de Ficha Limpia, que consiste en prohibir la postulación de dirigentes políticos que hayan sido sentenciados por el Poder Judicial.

    Fuentes parlamentarias comentaron a LPO que la idea de los legisladores liderados por el formoseño José Mayans sería que cualquier candidato que se postule a un cargo electivo tenga que pasar un test psicotécnico. «Si para cualquier trabajo cualquier ciudadano tiene que rendir un examen psicológico, para ser presidente, gobernador, legislador o intendente, también», dicen.

    Bullrich suma Ficha Limpia a la eliminación de las PASO, para conseguir los votos aliados

    La idea estaría bastante avanzada. Uno de sus impulsores aclaró que se le daría intervención al equipo de psicólogos de la Corte Suprema, mueca o concesión del peronismo al Poder Judicial después de la discusión que se abrió en el bloque de senadores de UP por haber votado el pliego de Pablo Yadarola.

    Como sea, Ficha Limpia fue una bandera del PRO, sobre todo de Silvia Lospennato en la Cámara de Diputados, que complicó a Javier ante su base militante. Como el proyecto se había ideado para inhabilitar la candidatura de Cristina Kirchner, los activistas libertarios deseaban con fervor que la iniciativa macrista se convirtiera en ley.

    Silvia Lospennato, en Diputados.

    Frente a esa postura de sus seguidores, el Presidente sobreactuó su furia contra el kirchnerismo y llegó a decir en un acto en Parque Lezama que «quería presa» a Cristina. Sin embargo, en noviembre de 2024 Martín Menem acordó con la bancada peronista en la Cámara de Diputados dejar sin quórum la sesión en que se le daría media sanción al proyecto de Ficha Limpia, a cambio de continuar como titular del cuerpo. Lospennato lloró en el recinto.

    Durante el período de sesiones extraordinarias inmediatamente posterior, los diputados terminaron dándole media sanción a la iniciativa y el tema pasó al Senado, pero el 7 de mayo de 2025, el día de Evita, los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce terminaron volteando el proyecto junto a la oposición, después de una negociación que habría incluido gestiones de Sergio Massa y Santiago Caputo con Carlos Rovira.

    Ahora, los aliados del gobierno vuelven a la carga con la misma idea, pese a que Cristina cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111. El interbloque de José Mayans planea desactivar la jugada con un proyecto que desafía a Milei.

     

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    Las Milicias Digitales de la Ultraderecha: El Nuevo Terreno de la Violencia Paraestatal

    La evolución de las milicias digitales de la ultraderecha representa un nuevo desafío en la intersección de la política y la tecnología. Lo que comenzó como un fenómeno marginal en las redes sociales se ha convertido en una amenaza tangible para la seguridad y la democracia. A medida que estos grupos ganan poder y perfeccionan sus tácticas, es fundamental que tanto el Estado como la sociedad civil se preparen para enfrentarlos, tanto en el terreno digital como en el físico.

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    FELIZ DÍA: El salario docente en su peor momento de los últimos 20 años

     

    La evolución del salario docente argentino en 20 años: fuerte crecimiento hasta 2015, caída durante Cambiemos, recuperación parcial y nuevo derrumbe durante Milei.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Durante dos décadas, el salario docente argentino atravesó un recorrido que permite leer, casi como un espejo, los distintos modelos económicos que gobernaron el país. Creció con fuerza durante el ciclo de recuperación iniciado después de la crisis de 2001, alcanzó su máximo poder adquisitivo en 2015 y comenzó luego una larga etapa de retroceso que tuvo distintos ritmos y características hasta desembocar en un nuevo derrumbe durante el gobierno de Javier Milei. El resultado actual ayuda a explicar por qué cada vez menos jóvenes consideran la docencia una profesión capaz de ofrecerles una vida económicamente estable.

    El dato que disparó nuevamente la discusión es contundente: según el relevamiento, la cantidad de jóvenes que se inscriben en carreras docentes cayó 23% desde 2017, mientras que el 55% abandona durante el primer año. La pérdida de atractivo de la profesión no puede explicarse solamente por las condiciones dentro del aula. Hay detrás una cuestión material elemental: cuánto se paga por enseñar, cómo evolucionó ese ingreso frente a los precios y qué lugar ocupa el docente dentro de la estructura social argentina.

    De 2005 a 2015: la década en que el salario docente recuperó terreno

    Para analizar la evolución sin caer en la trampa de comparar pesos de distintos años, hay que mirar el salario real, es decir, el poder de compra del sueldo una vez descontada la inflación. Una investigación de CIPPEC reconstruyó una serie para el salario de bolsillo de un maestro de grado de jornada simple con diez años de antigüedad, tomando 2005 como base 100. El resultado muestra con enorme claridad el cambio de época.

    En 2005 el índice era 100. En 2006 pasó a 110,5; en 2007 llegó a 115,4; en 2008 a 122,2 y en 2009 a 124,2. Después de algunas oscilaciones, volvió a avanzar hasta alcanzar 131,8 en 2011, permaneció en niveles elevados durante los años siguientes y finalmente llegó a 135,8 en 2015, el máximo de toda la serie. Dicho de manera sencilla: el salario docente de 2015 tenía un poder adquisitivo aproximadamente 36% superior al de 2005.

    Gentileza C5N

    El fenómeno tampoco fue exclusivamente docente. Formó parte de una recuperación más amplia de los ingresos laborales posteriores a la crisis de 2001-2002, acompañada por una expansión del gasto educativo, la Ley de Financiamiento Educativo y una política nacional que buscó recomponer salarios y ampliar la inversión pública. CIPPEC había estimado que, entre 2003 y 2017, el salario docente había ganado en promedio 72% de poder adquisitivo, aunque esa medición incluía toda la recuperación que comenzó después del derrumbe de la convertibilidad.

    Hay otro dato que ayuda a poner en perspectiva aquel proceso. Un estudio de CIPPEC sobre financiamiento educativo señaló que entre 2002 y 2008 el salario docente real creció 84%, la mayor recuperación registrada desde los años noventa. Entre 2008 y 2015 el comportamiento fue bastante más irregular, pero entre puntas todavía hubo crecimiento.

    Por eso, cuando se habla de los salarios docentes de las últimas dos décadas, es necesario distinguir dos períodos muy diferentes. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se produjo la gran recuperación salarial que llevó al ingreso docente hasta su máximo real de 2015. No significa que todos los años hayan sido de aumento ni que todas las provincias hayan evolucionado de igual manera, pero sí que el ciclo completo terminó con un salario sustancialmente superior al de 2005.

    El quiebre de 2016: cuando comenzó la pérdida sostenida

    El cambio aparece inmediatamente después del máximo de 2015. En 2016 el índice cayó de 135,8 a 130,3; en 2017 tuvo una pequeña recuperación hasta 132,1, pero en 2018 se desplomó a 123,4 y en 2019 terminó en 114,5.

    La comparación resulta especialmente significativa porque permite identificar el período de mayor deterioro durante la gestión de Mauricio Macri. Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018, CIPPEC calculó una pérdida del 14% del poder adquisitivo, que llevó al salario docente a niveles reales similares a los de 2006.

    Los datos oficiales utilizados por el propio Estado argentino para analizar retrospectivamente ese período son todavía más contundentes: entre 2017 y 2019, el salario docente perdió aproximadamente 20% de poder adquisitivo en el nivel secundario y 26% en el nivel primario.

    No se trató únicamente de un problema de aumentos nominales insuficientes. La combinación de inflación, cambios en la política económica y reducción del gasto público produjo una erosión que convirtió las negociaciones salariales en una carrera permanente detrás de los precios. Un informe del Centro de Economía Política Argentina, al analizar la situación bonaerense, calculó que en 2018 el poder adquisitivo promedio del salario docente había quedado casi 12% por debajo del promedio de 2015, mientras que diciembre de 2018 mostraba una pérdida superior al 20% respecto de aquel año.

    Así, el modelo económico de Cambiemos marca el primer gran quiebre de la curva ascendente iniciada después de 2003.

    Pandemia, recuperación parcial y nuevo retroceso

    La llegada de Alberto Fernández no significó una recuperación inmediata. La pandemia produjo un shock particular sobre el sistema educativo y sobre las cuentas públicas. En la serie de salario real, el índice pasó de 114,5 en 2019 a 111,7 en 2020 y luego descendió hasta 109,6 en 2021.

    A partir de allí apareció una recuperación parcial: el índice subió a 111,4 en 2022, aunque volvió a bajar ligeramente a 110,8 en 2023. Es decir, el período 2020-2023 no logró recuperar el poder adquisitivo que los docentes habían perdido durante la segunda mitad de la década anterior.

    La fotografía completa es importante porque evita una simplificación política frecuente: el salario docente no recuperó durante el gobierno de Alberto Fernández el máximo alcanzado en 2015. Hubo recuperación en determinados años y provincias, particularmente durante 2022, pero el nivel nacional continuó muy por debajo de aquel pico.

    Y entonces llegó 2024.

    Milei y el derrumbe: de 110,8 a 92,6

    El dato más fuerte de toda la serie aparece justamente en el primer año completo de Javier Milei. El índice de salario docente real pasó de 110,8 en 2023 a apenas 92,6 en 2024, tomando 2005 como base 100. Es decir, en un solo año el poder adquisitivo quedó 7,4% por debajo del nivel de 2005 y aproximadamente 32% por debajo del máximo alcanzado en 2015.

    La magnitud del retroceso también aparece en los datos oficiales relevados durante 2024. En junio, el salario de bolsillo promedio de un maestro con diez años de antigüedad había caído 4,8% en términos reales respecto de diciembre de 2023 y 25% respecto de junio del año anterior. La dispersión provincial fue enorme: algunas jurisdicciones consiguieron aumentos reales, mientras otras sufrieron pérdidas superiores al 20%.

    Uno de los elementos centrales fue la decisión del Gobierno de no prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mecanismo mediante el cual la Nación transfería recursos a las provincias destinados a mejorar los salarios docentes. El fondo, creado en 1998, dejó de tener vigencia en enero de 2024 y el Gobierno de Milei decidió no renovarlo.

    La consecuencia no fue idéntica en todas las provincias porque algunas administraciones locales absorbieron total o parcialmente esos recursos. Pero el impacto sobre el sistema federal fue evidente: la Nación redujo su participación en el financiamiento salarial justamente cuando la inflación provocaba una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

    En marzo de 2025, además, el Gobierno nacional fijó en $500.000 el salario mínimo docente para el cargo testigo de maestro de grado, jornada simple y sin antigüedad, mediante la Resolución 381/2025. Al mismo tiempo, un informe de CIPPEC consignó que en marzo de ese año el salario bruto de un maestro de grado con diez años de antigüedad era de $910.943, mientras que la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes alcanzaba $1.100.266.

    Los datos provinciales disponibles hasta junio de 2025 muestran alguna recuperación respecto de 2024 en 13 de las 24 jurisdicciones, pero el panorama de fondo continúa siendo preocupante: 21 provincias todavía tenían salarios docentes reales inferiores a los de 2023, y todas las provincias, salvo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro, estaban por debajo de sus niveles de 2014.

    Veinte años después, el salario volvió al punto de partida

    La curva completa cuenta una historia que excede una discusión coyuntural sobre paritarias. En 2005 el salario real docente tenía un índice de 100; en 2015 había alcanzado 135,8; en 2019 había retrocedido a 114,5; en 2023 todavía estaba en 110,8; y en 2024 cayó a 92,6.

    La conclusión es difícil de esquivar: el mayor crecimiento real de los salarios docentes de estas dos décadas se produjo durante el ciclo económico iniciado después de la crisis de 2001 y extendido hasta 2015; la pérdida comenzó durante el modelo de Cambiemos, tuvo un deterioro adicional durante la pandemia y registró su caída más abrupta durante el programa de ajuste de Javier Milei.

    Y aquí aparece la conexión directa con la pregunta que plantea C5N: ¿por qué cada vez menos jóvenes quieren ser docentes? La respuesta no puede reducirse a una supuesta pérdida de vocación. Una profesión universitaria o terciaria que exige años de formación, responsabilidad sobre cientos de alumnos, trabajo fuera del horario escolar y una enorme carga emocional pierde atractivo cuando su remuneración real termina siendo inferior a la que tenía veinte años atrás.

    El problema, entonces, no es solamente que “nadie quiera ser maestro”. El problema es que la Argentina está dejando de ofrecer a sus maestros las condiciones materiales que alguna vez hicieron posible que la docencia fuera una vía relativamente segura de integración a las clases medias. El dato salarial explica buena parte de la crisis de las carreras docentes: cuando enseñar deja de garantizar un ingreso digno, el deterioro no queda encerrado en el recibo de sueldo del trabajador. Termina llegando al aula, a la formación de nuevos maestros y, finalmente, a la calidad y al futuro del sistema educativo público.

     

  • Endeudados pero fieles

     

    G. debe once millones de pesos en la tarjeta. Durante meses pagó el mínimo, después se atrasó y tuvo que refinanciar. Una de sus hijas perdió el trabajo y también quedó endeudada. A las dos las llaman los acreedores. “Tenemos una persecución ahí”, cuenta. Maestra de San Miguel, en el conurbano bonaerense, y dueña de un pequeño emprendimiento familiar, usó la tarjeta para sostener el colegio de sus hijas y el auto con el que va a trabajar: el nivel de vida. Hoy el pago mensual de la deuda equivale a la mitad de su sueldo.

    La situación le produce angustia, pero no modifica su apoyo a Javier Milei ni la lleva a reclamar que el Estado intervenga. “A mí nadie me puso una pistola en la cabeza y me dijo que pida préstamos o me financie”, dice, retomando casi literalmente la respuesta del presidente cuando le preguntaron por las familias endeudadas. Reconoce que “el problema base es que uno no llega a fin de mes”, pero se responsabiliza por haber usado demasiado la tarjeta y confía en que Milei arreglará una economía destruida por los gobiernos anteriores: “El presidente no tiene la culpa, el Estado no tiene la culpa. Sé que se está arreglando este desastre en el que estábamos todos hundidos”.

    A muchos de ellos, según nos contaron a fines de agosto, la deuda los afecta, a veces de manera dramática. ¿Cómo impacta esto en su adhesión política?

    La historia de G. condensa una paradoja que atraviesa a una parte de los votantes del “núcleo duro”, es decir, quienes eligieron a Milei en primera y segunda vuelta. Esta conversación es parte de una investigación que iniciamos en julio de 2024. Seguimos a cinco grupos de estos votantes mediante contactos periódicos a través de grupos de Whatsapp. A muchos de ellos, según nos contaron a fines de agosto, la deuda los afecta, a veces de manera dramática. Reconocen que dejó de ser una decisión excepcional para convertirse en el recurso con el que se pagan alimentos, servicios y gastos cotidianos. Pero ese reconocimiento no conduce necesariamente a pedir una regulación estatal ni a revisar su adhesión política.

    No se trata de votantes indiferentes a lo que ocurre. En los grupos hablan de salarios que no alcanzan, de clientes que dejan de pagar, de familiares perseguidos por financieras y de préstamos digitales tomados para cubrir otros préstamos. La novedad está en cómo ordenan esas experiencias. Un mismo participante puede describir una economía que empuja a las familias a endeudarse y, pocos minutos después, defender que cada deudor se haga cargo de esa situación sin ayuda pública. Muchos de estos votantes cruzaron un puente: dejaron atrás la expectativa de que el Estado se ocupe y llegaron a la orilla de una crítica radical a su intervención. Del otro lado, la deuda aprieta pero no basta para desandar el cruce.

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    La morosidad de los hogares creció con rapidez y el tema se instaló en la agenda pública. El Banco Central informó que la mora de las financiaciones a las familias pasó del 2,94% en febrero de 2025 al 12,8% en junio de 2026. En el Congreso se acumularon proyectos de refinanciación, regulación del crédito y desendeudamiento. El Gobierno rechazó intervenir: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza?”, preguntó Milei. Para el presidente, las deudas son acuerdos entre privados, y asistir a quienes no pueden pagarlas significaría trasladarles el costo a los demás.

    La Argentina conoció otras coyunturas en las que las deudas ingresaron en la esfera pública. Durante la expansión del consumo de 2003–2015, el crédito fue vivido principalmente como una vía de acceso a bienes y bienestar. Mientras las cuotas pudieran integrarse al presupuesto doméstico, la deuda se narraba como inclusión y movilidad, no como agravio, y no produjo un movimiento nacional de deudores de consumo, como investigaron Mariana Luzzi y Ariel Wilkis.

    Los hipotecados UVA muestran una trayectoria diferente. Aunque la mora se mantuvo comparativamente baja, la indexación del capital, la pérdida salarial y la sensación de pagar sin dejar de deber alimentaron una organización nacional. La politización se apoyó en una figura moralmente legítima, el deudor que seguía pagando; un bien socialmente valioso como es la vivienda única y una responsabilidad identificable: haber confiado en una política estatal cuyas condiciones se volvieron insostenibles. La politización feminista realizó otra operación. La consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” reunió obligaciones heterogéneas como tarjetas, alquileres, servicios, créditos informales y deudas familiares para mostrar sus efectos comunes sobre la autonomía y los cuidados. Su intervención buscó “sacar la deuda del clóset”: volver colectiva y narrable una experiencia habitualmente procesada mediante vergüenza y culpa, como investigaron Luci Cavallero y Verónica Gago en Una lectura feminista de la deuda: ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! (Tinta Limón)..

    Estos antecedentes muestran que endeudarse no conduce por sí mismo a la politización. Es necesario que la experiencia se desprivatice, que aparezca una interpretación compartida de sus causas, que se identifiquen actores responsables y que alguna organización traduzca la experiencia en una demanda. La coyuntura actual combina una extensión potencialmente mayor con una articulación más difícil: no existe un único contrato ni un bien visible que defender, sino tarjetas, préstamos personales, billeteras virtuales, servicios impagos y deudas informales destinadas, cada vez más, a sostener gastos corrientes. Esta dispersión dificulta la construcción de una identidad común, pero también vuelve menos plausible que todas las deudas puedan explicarse como decisiones plenamente libres.

    Gobierno y oposición suelen extraer conclusiones opuestas de esta situación. El oficialismo confía en que la deuda es un asunto individual que no erosiona su base. Parte de la oposición imagina que las cuotas impagas y los resúmenes de tarjeta contienen el principio de un desencanto. Nuestro seguimiento longitudinal de votantes mileístas muestra un panorama menos lineal. El Gobierno subestima la preocupación: la mayoría considera que el endeudamiento es un problema, lo padezca directamente o no. Pero la oposición saca conclusiones apresuradas: reconocer un problema común no implica compartir sus soluciones.

    Endeudarse para vivir

    De las respuestas de los participantes surgen tres maneras de experimentar y juzgar la deuda. No son perfiles sociales rígidos, sino posiciones construidas a partir de la situación material, la experiencia del entorno y ciertas ideas sobre responsabilidad y justicia.

    Diez de las veintinueve personas que respondieron sobre su experiencia personal o cercana describieron una situación crítica. Para ellas, el crédito dejó de financiar mejoras o consumos extraordinarios: sirve para comprar comida, pagar servicios o sostener aspectos básicos de la vida familiar.

    S, una enfermera sanjuanina de 50 años que realiza cuidados a domicilio, lo cuenta sin rodeos: “En mi familia la estamos pasando todos bastante mal: endeudados, no llegamos a fin de mes con el sueldo, hay cuentas que no se terminan de pagar, porque alcanza para comer y hasta ahí”. Para poner un plato en la mesa recurren a la tarjeta, a Mercado Pago, a préstamos y a aplicaciones de cuotas como Goucuotas.com..

    Entre estos participantes se repiten las quejas por las tarifas (que además tienen grandes diferencias regionales en el país) y por los salarios, muy por debajo del costo de vida. Un empleado chaqueño pide adelantos para pagar facturas de electricidad de 260.000 o 300.000 pesos. Una trabajadora informal de Villa María, Córdoba, resume: “Hay poco empleo, el poco empleo que hay te lo pagan chirolas y la luz te viene una fortuna”. La deuda no aparece como un contrato abstracto elegido en libertad, sino como la consecuencia de ingresos insuficientes.

    G., la docente citada al comienzo de la nota, explica esto con cifras. Durante meses pagó el mínimo de una deuda de cinco millones de pesos. Cuando dejó de hacerlo, refinanció y el monto ascendió a once millones. El crédito, que primero le permitió sostener consumos cotidianos, comenzó a absorber sus ingresos. Aun así conserva expectativas sobre el futuro: “Sí, me preocupa, pero tenemos la fe y la esperanza de que esto va a mejorar. Queremos que el país mejore”. La esperanza política no elimina la angustia económica; convive con ella.

    La Argentina conoció otras coyunturas en las que las deudas ingresaron en la esfera pública. La deuda se narraba como inclusión y movilidad, no como agravio.

    Un segundo grupo (ocho de los veintinueve) no atraviesa deudas críticas, pero observa el problema y lo considera grave. Algunos lo conocen por su trabajo: comerciantes que escuchan a sus clientes, empleados de agencias de cobro o profesionales en contacto con hogares morosos. “Sé de mucha gente que tiene que comprar comida con tarjeta o sacar crédito para pagar luz y gas”, dice una comerciante de Alta Gracia,  Córdoba.

    V., una joven trabajadora freelance, no conoce personalmente a nadie en esa situación, pero no la atribuye sólo a malas decisiones: “Se endeudan simplemente para llegar a fin de mes con los gastos cotidianos. Creo que es un problema más estructural”. En varias respuestas aparece también la preocupación por los préstamos ofrecidos desde billeteras virtuales. La rapidez y la escasa burocracia facilitan el acceso, vuelven más sencillo tomar deudas sin comprender sus tasas y condiciones.

    El tercer grupo (once de los veintinueve) interpreta el endeudamiento desde una moral de la responsabilidad individual. No registra deudas críticas propias ni cercanas. Algunos relativizan el problema o desconfían de las cifras, que consideran infladas por “los kirchneristas y la izquierda”. “El que se endeuda sabe dónde se mete; después verá cómo sale”, afirma un trabajador de mantenimiento. Haber atravesado deudas y pagarlas sin ayuda se convierte en la prueba de que los demás también pueden hacerlo.

    En estos relatos, el buen deudor ajusta sus gastos, busca otros ingresos y cumple sus compromisos; el mal deudor consume por encima de sus posibilidades y pretende trasladar las consecuencias de sus actos a otros. Una jubilada recuerda que su familia sólo se endeudó para comprar la casa: “Éramos muy conservadores y conscientes: si no teníamos, no gastábamos”. La preocupación por las aplicaciones reaparece, pero ahora como señal de falta de educación financiera o imprudencia personal.

    La distinción no es sólo económica. Es también moral: separa a quienes se adaptan, se privan y cumplen de quienes habrían gastado sin medir las consecuencias. Un jubilado de Lanús, en el Gran Buenos Aires, formula la pregunta que organiza esta mirada: “Yo no me endeudé, ¿por qué hay gente que está endeudada?”. La estabilidad propia se convierte en parámetro para juzgar situaciones muy distintas. Quedan aquí en segundo plano la informalidad laboral, las tasas, la caída de ingresos o la necesidad de financiar gastos básicos.

    La experiencia importa: quienes están asfixiados o ven de cerca la ruptura de la cadena de pagos reconocen con mayor facilidad su dimensión colectiva. Pero no determina por sí sola la posición política. Incluso entre quienes describen un problema estructural persisten el valor del esfuerzo, el rechazo al consumo superfluo y la desconfianza hacia el Estado.

    ¿Quién debe hacerse cargo?

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    Cuando la pregunta pasa del diagnóstico a las soluciones, la posición más extendida es la no intervención. Diecinueve de los treinta participantes que se pronunciaron sobre qué debería hacerse rechazaron que el Estado regule las tasas o refinancie las deudas. Siete defendieron alguna forma de regulación, mediación o prevención pública. Los cuatro restantes describieron el problema, pero no lograron formular una salida clara.

    Para la mayoría antiintervencionista, la deuda es un acuerdo libre entre privados. Rescatarla sería injusto con quienes pagan con esfuerzo y podría reducir la oferta de crédito. F., un estudiante universitario porteño que busca trabajo, advierte: “Regulando las tasas van a lograr que no existan más préstamos, porque los bancos, ¿para qué van a prestarle plata a la gente si después no pueden tener ganancias?”. Teme que, sin crédito formal, sólo queden los usureros.

    C., un albañil cordobés, reconoce que los servicios cuestan demasiado respecto de los salarios, pero insiste en la responsabilidad personal: “No creo que el Presidente sea quien deba hacerse cargo de la deuda de las personas. Cada uno sabe lo que hace, cómo administra su plata”. Otro participante lo formula como principio de justicia: “No tiene por qué el Estado -que somos todos- pagar la indulgencia de otra gente”.

    Esta posición no siempre implica negar la crisis. Algunos participantes aceptan que la gente se endeuda para llegar a fin de mes, pero sostienen que la tarea del Gobierno consiste en estabilizar la economía, bajar impuestos y recuperar los salarios, no en intervenir sobre contratos particulares. La solución es general y futura; las deudas son individuales y presentes.

    Quienes reclaman alguna acción estatal tampoco forman un bloque homogéneo. Sus propuestas van desde regular intereses abusivos y facilitar refinanciaciones hasta incorporar educación financiera en las escuelas. Una psicopedagoga de Lomas de Zamora en el Gran Buenos Aires rechaza la condonación, pero pide protección frente a bancos y prestamistas: “Muchas veces se desconoce cómo el interés va acrecentando la deuda. No que se condonen, pero sí que intervengan en cuanto a los intereses, que son exorbitantes”.

    Las vacilaciones de este grupo son reveladoras. Varias respuestas comienzan aceptando el principio oficialista -el Estado no debería “hacerse cargo”- y luego agregan excepciones. Un joven rosarino reclama campañas de prevención y educación económica. Otros diferencian entre perdonar una deuda y limitar intereses que juzgan abusivos. No abandonan el lenguaje de la responsabilidad individual: intentan complementarlo con alguna forma de protección.

    Gobierno y oposición suelen extraer conclusiones opuestas de esta situación. El oficialismo confía en que la deuda no erosiona su base. Parte de la oposición imagina que contiene el principio de un desencanto. Nuestro seguimiento muestra un panorama menos lineal.

    Otro participante ensaya una distinción: si alguien se endeuda para comprar algo que no puede pagar, el Estado no tiene por qué intervenir; si el crédito se usa para comer o pagar servicios, el problema ya no es sólo individual. En ese caso, propone regular las tasas o facilitar una refinanciación razonable. La responsabilidad personal no desaparece, pero deja de alcanzar como explicación.

    Los cuatro participantes sin una postura definida hablan de informalidad laboral, tarifas, apuestas en línea y falta de acceso al crédito formal. El problema existe y los preocupa, pero no encuentran palabras para convertirlo en una demanda. Esa dificultad también es políticamente significativa: entre vivir una crisis y reclamar una solución hay un trabajo de interpretación que no siempre llega a completarse.

    La deuda y la fidelidad política

    ¿Qué ocurre cuando la deuda afecta directamente a quienes continúan apoyando a Milei? Seis de los diez participantes que describen una situación crítica rechazan la intervención estatal. No niegan el agobio. Lo procesan mediante tres recursos que suelen combinarse: la responsabilidad personal, la confianza en que el plan de Milei dará resultados y la atribución retrospectiva de la crisis al kirchnerismo.

    G., la docente fuertemente endeudada, encarna esa combinación. Sabe que su familia no llega a fin de mes y que la deuda dejó de ser una excepción. Pero retoma el encuadre presidencial: nadie la obligó a usar la tarjeta. Su explicación es individual y colectiva a la vez. Se culpa por no haber administrado mejor las cuentas, pero atribuye la insuficiencia general de los ingresos al “desastre” recibido. El presente la afecta; la esperanza sigue puesta en el Gobierno.

    Otros participantes adoptan el lenguaje de la adaptación. M., trabajador de la industria del plástico, vive al día y recortó salidas y consumos para no entrar en default. Tiene una pequeña deuda por gastos imprevistos, pero se corrige cuando está a punto de lamentarse: “Seguiré viviendo al día, lamentablemente. Bah, lamentablemente no: es el camino también, hay que ser realista”. La rectificación condensa el esfuerzo por integrar la dificultad a una narrativa de sacrificio necesario.

    La identidad negativa, que activa una oposición tajante a todo lo que se asocie con el kirchnerismo, también organiza las responsabilidades. En un trabajo anterior mostramos que muchos votantes de Milei fueron acercando sus interpretaciones a las del Gobierno cuando un tema pasó a ser bandera de la oposición. Ocurrió con los jubilados: aun reconociendo la gravedad del problema, varios respaldaron el veto presidencial a un aumento porque lo leyeron como una maniobra opositora para desestabilizar. Con la deuda sucede algo semejante. La intervención estatal se asocia con el asistencialismo, los planes y el “regalar dinero”; rechazarla confirma la distancia con el kirchnerismo.

    Esto no significa que todos repitan mecánicamente al Gobierno. Los encuadres oficiales resultan eficaces porque se apoyan en disposiciones anteriores: el valor de cumplir, la memoria de crisis pasadas, el enojo con quienes reciben ayudas y el rechazo al kirchnerismo. La imagen de “la pistola en la cabeza” ofrece una forma breve de articular esas disposiciones. Permite reconocer el problema sin trasladar la responsabilidad al Gobierno y mantener abierta la promesa de que el orden macroeconómico terminará mejorando la vida cotidiana.

    Pero el alineamiento no es total ni irreversible. Algunos buscan soluciones intermedias que les permitan sostener el principio de responsabilidad sin aceptar tasas abusivas o salarios insuficientes. Proponen que el Estado ofrezca créditos razonables sin intervenir en los contratos privados. “No digo que regalen la plata”, aclara un trabajador, “sino una tasa normal para la situación actual de la mayoría”.

    S., la enfermera sanjuanina antes citada, tampoco quiere que el Estado pague las deudas familiares, pero exige una relación posible entre salarios y precios: “No podemos estar ganando 3.500 pesos la hora y pagar 16.000 el kilo de carne. No podemos ganar eso y pagar 70.000 o 100.000 pesos de luz, porque el sueldo no alcanza para nada”. Su respuesta no rompe con el ideal de hacerse cargo, pero redefine el problema: la responsabilidad individual sólo puede ejercerse si el trabajo permite vivir.

    La deuda, entonces, abre tensiones dentro del electorado de Milei, pero no produce por sí sola una ruptura. Para una parte de estos votantes, la experiencia negativa se acomoda dentro de marcos ya disponibles: la responsabilidad individual, la herencia recibida, el sacrificio transitorio y la confianza en un futuro ordenado. Para otros, obliga a buscar un punto intermedio entre la no intervención y la necesidad de protección.

    Las condiciones materiales importan, pero no hablan solas. Entre una factura impagable y una demanda política intervienen identificaciones políticas, encuadres asociados a esas identificaciones, ideas de justicia y formas de atribuir responsabilidades. Graciela sabe que no puede seguir pagando la tarjeta y sabe también que no es la única. Aun así, cuando piensa quién debe resolverlo, vuelve a la frase de Milei: nadie le puso una pistola en la cabeza. En esa distancia entre la experiencia compartida y la solución imaginada se juega, por ahora, una parte de la persistencia del apoyo libertario.

    Desde julio de 2024 seguimos periódicamente, mediante cinco grupos de WhatsApp, a votantes que apoyaron a Milei en ambas vueltas de 2023 y en su gran mayoría continuaban respaldándolo en agosto de 2026. Para esta nota analizamos las respuestas de 29 participantes a una consigna sobre endeudamiento y de 30 a otra sobre la posible intervención estatal. Los conteos son descriptivos y no buscan representar estadísticamente al electorado mileísta. 

    La entrada Endeudados pero fieles se publicó primero en Revista Anfibia.

     

  • AfD arrasa en Sajonia-Anhalt y roza la mayoría absoluta, según las encuestas a pie de urna

     

    Alternativa para Alemania ha arrasado este domingo en las elecciones regionales en Sajonia-Anhalt, según varias encuestas a pie de urna publicadas tras el cierre de los colegios. El partido de extrema derecha, encabezado en el land por Ulrich Siegmund, habría obtenido el 44,5% de los votos y quedado muy por delante de la CDU del ministro-presidente Sven Schulze, que habría recibido apenas un 18.5% del respaldo, de acuerdo con el sondeo de la televisión pública ARD.

    La estimación sitúa a Die Linke como tercera fuerza, con el 9,5%, por delante de Los Verdes, que logran el 9%, y del SPD, que queda en el 8%. BSW, el partido de la ‘rojiparda’ Sahra Wagenknecht, aparece en el 4,5%, por debajo de la barrera electoral del 5%, mientras que el FDP se hunde hasta el 2%.

    La proyección no permite aún confirmar si AfD alcanzará la mayoría absoluta que necesitaría para gobernar en solitario. La formación ultra aparece con entre 39 y 43 escaños, mientras que el umbral de la mayoría absoluta se sitúa en 42. El desenlace dependerá en buena medida de si BSW supera finalmente la barrera del 5% y obtiene representación parlamentaria. Si se queda fuera, sus votos no contarían para el reparto ordinario de escaños y el partido de extrema derecha tendría más opciones de alcanzar la absoluta.

    AfD ya había sido segunda fuerza en Sajonia-Anhalt en 2021, con el 20,8% de los votos. Cinco años después, la candidatura de Ulrich Siegmund duplica aquel resultado y deja a la CDU a más de 25 puntos. Se trata de un salto de dimensiones históricas. Según el portal especializado Europe Elects, sería el mayor avance logrado por un partido en unas elecciones alemanas desde la Segunda Guerra Mundial.

    El avance de la formación se explica, ante todo, por la movilización de antiguos abstencionistas. Según los datos provisionales de ARD, AfD habría captado 157.000 votos de personas que no habían participado en las elecciones anteriores, muy por encima de los 83.000 procedentes de la CDU. También sumó apoyos desde el FDP, con 19.000 votantes; Die Linke, con 11.000; el SPD, con 7.000; y Los Verdes, con 2.000.

    «Hemos hecho historia, hay que decirlo claramente”, declaró Siegmund a ARD. Sobre la posibilidad de negociar con otros partidos, pese a que la mayoría había descartado antes de las elecciones colaborar con AfD, Siegmund aseguró que su formación está abierta a cooperar, pero sólo bajo sus condiciones: “No vamos a renunciar a nuestras posiciones básicas por estar en el poder”.

    Borja Bauzá. Berlín

    Sven Schulze admitió la derrota de la CDU y felicitó a AfD por su victoria. “Vivimos en una democracia. Me gustaría felicitar al ganador de las elecciones”, declaró el ministro-presidente de Sajonia-Anhalt. Pidió también no hablar de un “día negro” para el land. “Yo digo: esto es democracia”, afirmó. Para el dirigente democristiano, la elevada participación muestra que los ciudadanos han querido enviar un mensaje que los partidos deberán escuchar: “El pueblo ha expresado su opinión”, sentenció.

     

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