La Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos no ingresar a barrio El Sauce por el paso a nivel donde la Secretaría de Obras y Servicios procedió a la colocación de un paño de hormigón con badén lateral que evitará la acumulación de agua los días de lluvia.
En este sentido se recuerda que hasta el 21 de abril va a estar interrumpido el paso para evitar el acceso por ese lugar. El uso temprano del mismo sin la autorización de la Municipalidad traerá como consecuencia la rotura del hormigón.
La compra de los cazas a Dinamarca fue apenas el comienzo. Desde abril de 2024, el Gobierno fue ampliando progresivamente el alcance del secreto militar: primero la operación contractual por los aviones, después las obras y materiales importados, luego el armamento y las capacidades complementarias y, ahora, también la exportación de componentes al exterior para mantenimiento y actualización. En el camino aparecen cientos de millones de dólares y decenas de miles de millones de pesos cuya documentación detallada dejó de estar sometida a las reglas ordinarias de publicidad.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
El Gobierno de Milei volvió a ampliar el alcance del secreto militar sobre el programa de los F-16, y la decisión publicada este 18 de agosto en el Boletín Oficial permite reconstruir una historia bastante más extensa que la simple adquisición de 24 aviones de combate a Dinamarca. Desde abril de 2024 hasta hoy, distintas decisiones presidenciales fueron colocando bajo confidencialidad buena parte de la cadena contractual, logística, edilicia y de sostenimiento necesaria para poner en funcionamiento el nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina.
El punto de partida fue el Decreto 370/2024, publicado el 29 de abril de 2024. Allí el Ejecutivo declaró secreto militar la operación contractual tramitada mediante el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, justamente el expediente asociado a la adquisición del sistema de armas F-16. La norma estableció además que, una vez declarado el secreto, el organismo contratante quedaba exceptuado de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
Sin embargo, el precio principal de la compra sí quedó expuesto públicamente. La Decisión Administrativa 252/2024 estableció que el contrato con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés tendría un valor de US$301.200.000, pagadero en cinco cuotas anuales, e incluiría 16 aeronaves monoplaza, 8 biplaza, componentes y servicios.
A esa cifra se sumó desde el comienzo otro componente mucho más difícil de reconstruir en detalle: el sistema de armas y equipamiento provisto por Estados Unidos. Las estimaciones difundidas durante la operación ubicaron ese paquete en torno de US$350 millones, llevando el costo inicial del programa a aproximadamente US$650 millones.
El secreto se expandió: de los aviones a las bases, motores y armamento
Cuatro meses después de la declaración inicial, el Gobierno dio un segundo paso. El Decreto 807/2024, publicado en septiembre de 2024, declaró secreto militar la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas del expediente original. La propia norma cita como fundamento que el Decreto 9390/63 considera secreto militar determinadas adquisiciones, construcciones y sus negociaciones y trámites.
Eso significó incorporar a la zona de confidencialidad algo que tiene una dimensión económica concreta: las obras necesarias para que los F-16 puedan operar en la Argentina. En 2024 se informó una previsión de $44.694 millones para la modernización y construcción de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto. La programación contemplaba desembolsos en distintos ejercicios presupuestarios y trabajos sobre instalaciones vinculadas con la operación de los nuevos cazas.
Pero el alcance no terminaba en pistas, hangares o edificios. La documentación pública que acompañó aquella decisión mencionaba material sensible relacionado con el sistema, incluyendo partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento.
En diciembre de 2024 llegó una nueva ampliación. El Decreto 1073/2024 declaró secreto militar las operaciones contractuales tramitadas mediante el expediente EX-2024-116082935-APN-EMGFAA#FAA. Y acá aparece un dato especialmente relevante: el propio texto oficial explica que la incorporación del sistema F-16 sería complementada mediante una Letter of Offer and Acceptance (LOA) dentro del programa estadounidense Foreign Military Sales, además de otra suscripción con la United States Navy, junto con contratos adicionales para incorporar equipos y capacidades complementarias.
Es decir: el segundo expediente no es simplemente una repetición administrativa del primero. Es el mecanismo utilizado para mantener bajo secreto las adquisiciones adicionales necesarias para completar el sistema de armas. La propia norma establece que los procedimientos quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones.
Ahora el secreto alcanza también al sostenimiento de los F-16
El decreto publicado este 18 de agosto agrega una nueva capa. El Decreto 735/2026 declara secreto militar la exportación del material relacionado con el sistema de armas correspondiente al expediente original y a los contratos adicionales. El texto menciona expresamente la posibilidad de que salgan del país partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y armamento de entrenamiento para tareas vinculadas con mantenimiento y actualización.
La decisión coincide con el comienzo de una nueva etapa operacional. El Gobierno informó oficialmente que el 30 de marzo de 2026 comenzaron los vuelos del sistema F-16 en el Área Material Río Cuarto, dentro del programa Peace Condor. La Fuerza Aérea señaló que el proceso incluye entrenamiento de pilotos y técnicos y que la puesta a punto de las instalaciones continúa.
La secuencia, entonces, es reveladora: primero se ocultó la operación contractual; después, las obras y las importaciones; luego, las compras adicionales y capacidades complementarias; y ahora, también la salida del país de componentes para mantenimiento y actualización.
No significa que el Gobierno esté vendiendo los aviones ni que cada salida de una pieza implique una operación comercial secreta. Por el contrario, resulta perfectamente compatible con el funcionamiento de un sistema de armas complejo que determinados motores, componentes o equipos deban ser enviados al exterior para inspección, reparación, actualización o intervención técnica. Lo que cambia es el grado de información pública disponible sobre qué se envía, a quién, por cuánto, bajo qué contrato y con qué frecuencia.
Y ahí aparece el verdadero problema periodístico.
US$650 millones y una cuenta que todavía no terminó
La compra de los 24 F-16 fue presentada como una operación de aproximadamente US$301,2 millones, pero el propio Gobierno y distintas fuentes periodísticas explicaron que el programa completo debía contemplar también armamento, equipamiento y capacidades complementarias, llevando la estimación inicial a unos US$650 millones.
Además, el gasto no terminó con la firma del contrato. En junio de 2026 se informó que Argentina ya había abonado tres de las cinco cuotas correspondientes a la compra de las aeronaves, por aproximadamente US$180 millones, mientras que el Presupuesto 2026 contempla otros $20.000 millones para trabajos de modernización y actualización tecnológica en Tandil y Río Cuarto.
Y existe una cuestión todavía más importante: comprar un avión de combate es apenas el comienzo del gasto. El sistema necesita horas de vuelo, combustible, repuestos, capacitación, mantenimiento, infraestructura, simuladores, armamento, actualización de software y componentes, además de servicios técnicos y logísticos.
El propio Gobierno informó en abril de 2026 que el programa apunta a alcanzar una capacidad operacional completa y que la capacitación de pilotos y técnicos se realiza con participación de la empresa estadounidense Top Aces. También presentó al Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 como una pieza estratégica para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el sostenimiento de la flota.
Por eso el nuevo decreto es importante: el secreto ya no acompaña solamente la compra de los cazas, sino que comienza a envolver su ciclo de vida.
Hay además una contradicción que merece ser discutida. El secreto militar tiene una razón legítima cuando se trata de proteger información cuya divulgación pueda afectar la seguridad nacional. El propio Decreto 9390/63 contempla como materia secreta determinadas adquisiciones, construcciones y negociaciones militares.
Pero secreto militar no debería ser sinónimo de cheque en blanco. Una cosa es no publicar las características técnicas sensibles de un misil o los detalles operativos de una aeronave; otra diferente es que la ciudadanía no pueda conocer cuánto dinero público se gastó, qué empresa fue contratada, qué obra se adjudicó, cuánto se pagó, qué mecanismo de contratación se utilizó o qué órgano de control intervino.
De hecho, el propio Congreso viene planteando preguntas sobre el financiamiento y el sostenimiento de los F-16. En documentación parlamentaria aparecen interrogantes sobre con qué fondos se costearán los aviones, cómo se financiará su mantenimiento y qué recursos se utilizarán para adquirir otros equipos destinados a completar el sistema de armas.
La investigación documental deja así una conclusión concreta: los F-16 no costaron solamente US$301,2 millones y tampoco terminaron de pagarse cuando llegaron los primeros seis aviones. Existe un programa mucho más amplio, con infraestructura, armamento, capacitación, capacidades complementarias, mantenimiento y futuras actualizaciones.
Una parte de esa información puede y debe permanecer protegida por razones de defensa. Pero otra parte es información económica y administrativa sobre recursos públicos, y allí la discusión sobre transparencia permanece plenamente vigente.
El desafío, entonces, no es revelar dónde está cada misil ni publicar información que pueda comprometer la seguridad de la Fuerza Aérea. Es mucho más sencillo: determinar cuánto dinero público está involucrado en el programa F-16, quién lo recibe, mediante qué contratos, qué obras se ejecutaron, qué compras se hicieron y qué controles existen sobre ellas.
Porque si la cuenta total puede superar ampliamente los US$650 millones, la pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuestan los aviones; es cuánto terminará costando realmente el sistema F-16 completo y cuánto de esa cuenta podremos conocer los argentinos.
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La centrales obreras, movimientos sociales y agrupaciones de endeudados realizaron este jueves una multitudinaria marcha al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento familiar para cubrir el pago de servicios y alimentos.
Los manifestantes acusaron con una preocupación central la precarización del endeudamiento, que registra un acelerado traspaso de los bancos a las billeteras virtuales como Mercado Pago, que impone tasas de interés siderales y que son acusadas de «usureras» por algunas entidades de defensa del consumidor.
La CGT y las dos CTA alertaron una morosidad récord y le exigieron al gobierno de Javier Milei un plan para refinanciar deudas, regulación de las tasas de interés y un programa enfocado en aliviar el peso del endeudamiento en las pymes.
«No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática», alertó el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, que reclamó que el Gobierno ponga «límites a la usura».
Según datos del Banco Central, más de 20 millones de personas están endeudadas. En el caso de la morosidad con billeteras virtuales, un informe del CEPA reveló que saltó de 7,3% en noviembre de 2024 a 30,1% en junio de 2026.
El préstamo fue una forma de parar la situación social. Ahora ya el préstamo sobrepasó porque hay más de 20 millones de personas en problemas. Hay 5 millones de usuarios que están en la refinanciación, que están al borde de la asfixia.
«La marcha al Gobierno no le interesa porque son perversos, creo que hasta disfrutan de ver al pueblo sufrir», dijo a LPO Osvaldo Bassano, director de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc), que alertó que sobre un estallido social de no haber respuestas al reclamo de los endeudados.
«Tenés al Ejecutivo que dice que no hay ningún problema, al Legislativo que tiene un montón de proyectos bloqueados y al Poder Judicial que no resuelve a favor de los consumidores. ¿Cómo terminan resolviendo los pueblos cuando no tienen canalizada la solución? Esto termina en la calle, con violencia y con un desquicio social. Este es el problema serio que tenemos hoy», sostuvo Bassano.
Y agregó: «El préstamo fue una forma de parar la situación social, ahora ya el préstamo sobrepasó porque hay más de 20 millones de personas en problemas. Hay 5 millones de usuarios que están en la refinanciación, que están al borde de la asfixia».
El dirigente de Adduc advirtió que las altas tasas de Mercado Pago no están siendo reguladas por el Banco Central, por lo que el Estado está siendo cómplice de intereses «usurarios». «No hay que descartar que en un futuro algún funcionario termine siendo solidariamente responsable por los daños que hubiese causado», dijo.
Por su parte, el titular de la Asociación Civil de Usuarios Bancarios (Acuba), Gerónimo Rossi, también puso de relieve el peso del endeudamiento con billeteras virtuales que en la entidad denominan como «prestamistas virtuales».
«Le asignan nombres comerciales como ‘billeteras virtuales’ o ‘proveedores de pago’ y en realidad son los canales que usan para llegar a la gente para darles préstamos a un solo click, prestamos de urgencia que la gente toma y no repara en el costo que termina pagando en tasas de interés respecto de los préstamos», dijo Rossi a LPO.
Para el dirigente de Acuba ese mecanismo, a diferencia del tradicional préstamo que se toma en una sede física, «está viciando la voluntad, porque un consumidor que está urgido, encuentra un salvavidas de plomo en su celular, con un scoring dudoso».
Los bancos tienen que ganar un poco menos para que esto mejore y el Estado tiene que poner lo suyo porque los créditos son muy caros porque los intereses están gravadísimos con impuestos y todo eso lo paga el consumidor
Ahí, Rossi hizo foco en la responsabilidad de quien presta: «¿Quién fue el que valorizó o tuvo en cuenta las capacidades crediticias de esas personas? No sabemos si es algún algoritmo, si tiene una base sustentable. Acá hay una proliferación de créditos masivos de fácil acceso sin ningún control».
Al advertir que «la gente está endeudándose para consumos de gastos corrientes», el titular de Usuarios Bancarios dijo que la principal causa del sobreendeudamiento es «el atraso de los ingresos familiares frente a la enorme cantidad de aumentos de precios que hubo sin control».
Frente a eso, detalló que hay bancos que ya empezaron a dar refinanciaciones a sus clientes «con tasas considerablemente más bajas que las de una tarjeta de crédito o un préstamo personal».
«Los bancos tienen que ganar un poco menos para que esto mejore y el Estado tiene que poner lo suyo porque los créditos son muy caros porque los intereses están gravadísimos con impuestos y todo eso lo paga el consumidor. Si los bancos están ofreciendo refinanciaciones a tasas más bajas, quiere decir que se puede», agregó.
En tanto, el ex diputado y actual titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores, Ricardo Vago habló de «la problemática de la instantaneidad del teléfono». «Hay poco trabajo, endeudamiento, apuestas online. El teléfono es mágico en el sentido es que es un instante», dijo a LPO.
En la entidad presidida por Vago vienen trabajando en proyectos que, además de regular las tasas y las fintech, buscan dotar de mayor peso a las asociaciones de consumidores a la hora de «intimar a la empresa cobradora a trasparentar sus números de interés para que el deudor conozca cómo inflan los números y permita una discusión en igualdad».
Por esta situación, varias organizaciones de defensa de usuarios y consumidores se reunirán este viernes en el Congreso con el diputado Esteban Paulón.
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