La Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos no ingresar a barrio El Sauce por el paso a nivel donde la Secretaría de Obras y Servicios procedió a la colocación de un paño de hormigón con badén lateral que evitará la acumulación de agua los días de lluvia.
En este sentido se recuerda que hasta el 21 de abril va a estar interrumpido el paso para evitar el acceso por ese lugar. El uso temprano del mismo sin la autorización de la Municipalidad traerá como consecuencia la rotura del hormigón.
Mientras en buena parte de la city financiera persiste la idea de que Axel Kicillof representa un riesgo para los mercados, los inversores parecieron tener otra opinión cuando llegó el momento de prestar dinero. Banco Provincia colocó deuda por el equivalente a casi 100 millones de dólares y consiguió financiamiento en moneda estadounidense al 4,25 por ciento anual, una tasa inferior a la obtenida recientemente por el Galicia y el BBVA.
La entidad que preside Juan Cuattromo superó ampliamente las expectativas iniciales de la operación. El objetivo era captar alrededor de 70 millones de dólares, pero la demanda permitió adjudicar el equivalente a casi 100 millones.
En la Clase V, denominada en dólares, se colocaron 31,7 millones de dólares a una tasa fija del 4,25 por ciento anual. En la Clase VI, denominada en pesos, se adjudicaron 93.650 millones de pesos a una tasa equivalente a TAMAR más 4 por ciento. Ambos instrumentos tienen un plazo de 12 meses.
La comparación con otras emisiones recientes resulta llamativa. BBVA consiguió financiamiento al 5 por ciento anual, Banco Galicia colocó 53 millones de dólares al 4,75 por ciento y Banco Nación debió convalidar una tasa del 5,50 por ciento. En otras palabras, el banco controlado por la provincia de Buenos Aires logró endeudarse más barato que entidades privadas y que el principal banco público nacional.
Consultado por LPO, Cuattromo destacó que se trata de la tercera emisión realizada por la entidad y vinculó el resultado a un proceso de fortalecimiento financiero que comenzó años atrás. «Desde 2001 hasta 2019 el Banco se encontraba con déficit de capital y con un ratio de liquidez por fuera de los estándares. A partir de 2019 comenzó un proceso de capitalización, mejoró su ratio de liquidez y eso le otorgó mucha solidez», afirmó.
El titular de la entidad agregó que el fortalecimiento del banco estuvo acompañado por una estrategia más amplia de la administración bonaerense. «La Provincia de Buenos Aires hizo un importante trabajo en la estructuración del mercado de capitales. Todo esto permitió que el Banco alcanzara niveles de solidez que evidentemente fueron premiados por el mercado», señaló.
Desde 2001 hasta 2019 el Banco se encontraba con déficit de capital y con un ratio de liquidez por fuera de los estándares. A partir de 2019 comenzó un proceso de capitalización, mejoró su ratio de liquidez y eso le otorgó mucha solidez.
El dato adquiere relevancia porque contradice uno de los argumentos más repetidos en algunos informes políticos y financieros de los últimos meses. Si el mercado realmente estuviera castigando cualquier activo asociado al gobernador bonaerense, sería difícil explicar por qué aceptó prestarle a Banco Provincia a una tasa menor que a varios de sus competidores.
«Es el resultado de una gestión exitosa del Banco Provincia en un contexto bastante adverso tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde hay mucho ruido en los mercados debido a la política internacional de Donald Trump», afirmó Martín Burgos, director de la consultora Lado B.
Para el economista, la colocación también tiene una lectura política. «Es una señal muy importante porque se disipa la idea del riesgo Kuka. El gobierno provincial demuestra solvencia tanto técnica como política», sostuvo.
En la misma línea, Cuattromo rechazó las lecturas que buscan asociar la gestión bonaerense con un mayor riesgo para los inversores. «Tanto el Banco como la Provincia, durante la gestión de Axel Kicillof, siempre han cumplido sus compromisos. Por eso es lógico que el mercado convalide ambas gestiones», afirmó.
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El Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo esquema de descuentos automáticos sobre salarios estatales mediante el Decreto 352/2026 publicado hoy, una medida presentada como una “modernización administrativa” pero que, en los hechos, profundiza un fenómeno cada vez más visible en la Argentina de Milei: la financierización extrema del ingreso de los trabajadores públicos.
El mecanismo habilita a bancos, mutuales, cooperativas y otras entidades autorizadas a cobrar créditos, cuotas y consumos directamente desde el recibo de sueldo de empleados estatales nacionales. Es decir: el dinero puede ser retenido antes incluso de que el trabajador vea depositado su salario. En un país donde la caída del poder adquisitivo empuja a millones a endeudarse para sobrevivir, el Estado pasa a convertirse en garante directo del negocio financiero.
La medida aparece en un contexto económico particularmente delicado. Con salarios públicos deteriorados por la inflación, recortes presupuestarios y pérdida sostenida del consumo, el endeudamiento dejó de ser una herramienta excepcional para transformarse en una condición estructural de supervivencia. Tarjetas, préstamos personales, refinanciaciones y créditos de corto plazo son hoy parte del paisaje cotidiano de amplios sectores asalariados.
En ese escenario, el decreto funciona como una señal política clara: en lugar de discutir recomposición salarial o recuperación del ingreso, el Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.
Un Estado al servicio del cobro automático
El decreto reglamenta un sistema de “códigos de descuento” aplicable a trabajadores de la Administración Pública Nacional. La lógica parece técnica, pero sus consecuencias son profundamente políticas. Cuanto más automatizado y garantizado es el cobro de préstamos y cuotas, menor es el riesgo para financieras y entidades crediticias.
Y cuando el riesgo baja, el negocio crece.
El sistema de descuento por haberes es especialmente codiciado por bancos y mutuales porque reduce casi a cero la posibilidad de incobrabilidad. No importa si el trabajador llega ajustado a fin de mes: la cuota se descuenta antes. El acreedor cobra primero; el asalariado administra lo que queda.
La paradoja es brutal. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de “libertad económica” y retiro estatal, el aparato público se transforma en una estructura de aseguramiento para el circuito financiero privado.
En otras palabras: el Estado se corre de áreas sociales, pero permanece firme cuando se trata de garantizar el flujo de pagos hacia bancos y entidades de crédito.
Salarios débiles, deuda fuerte
La financierización del salario no es nueva en Argentina, pero sí adquiere una intensidad particular en esta etapa. La combinación entre caída de ingresos, apertura económica, tarifazos y recesión genera un terreno ideal para la expansión del crédito de supervivencia.
Ya no se toma deuda para crecer o invertir. Se toma deuda para comer, pagar servicios o llegar al día 20.
En ese marco, el decreto oficializa una lógica preocupante: asumir que el endeudamiento permanente del trabajador estatal es un dato normal del funcionamiento económico. La discusión deja de ser cómo mejorar salarios y pasa a ser cómo hacer más eficiente el cobro de las cuotas.
El problema no es solamente económico. También es político y social. Un trabajador altamente endeudado tiene menos margen de conflicto, menos capacidad de organización y mayor dependencia del ingreso mensual. El salario deja de ser una herramienta de autonomía para convertirse en un flujo parcialmente comprometido de antemano.
El trasfondo silencioso del modelo Milei
La medida encaja además con una dinámica más amplia del modelo económico actual: licuación salarial, retracción del consumo y expansión de mecanismos financieros de corto plazo.
En medio de una economía paralizada, muchas entidades encuentran en el descuento automático sobre haberes uno de los pocos negocios relativamente seguros. Y el Gobierno parece decidido a fortalecer ese esquema.
Detrás del lenguaje administrativo del decreto aparece una definición de fondo: frente a una sociedad crecientemente endeudada, el Estado ya no interviene para limitar la dependencia financiera sino para facilitarla.
Porque cuando el salario no alcanza, la deuda deja de ser una excepción. Y cuando el Estado garantiza el cobro de esa deuda, la precariedad económica se institucionaliza.
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