La Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos no ingresar a barrio El Sauce por el paso a nivel donde la Secretaría de Obras y Servicios procedió a la colocación de un paño de hormigón con badén lateral que evitará la acumulación de agua los días de lluvia.
En este sentido se recuerda que hasta el 21 de abril va a estar interrumpido el paso para evitar el acceso por ese lugar. El uso temprano del mismo sin la autorización de la Municipalidad traerá como consecuencia la rotura del hormigón.
Desde que se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el VIH, impuesto en 1988, la pandemia mató a más de 25 millones de personas en todo el planeta. Lo que la convierte en una de las epidemias más destructivas de la humanidad. El primero de diciembre de todos los años las organizaciones sociales,…
El Intendente Marcelo Orazi participó el sábado del acto académico de entrega de diplomas a 147 alumnos que finalizaron sus estudios en distintas disciplinas en el Instituto Crecer. En la oportunidad estuvo acompañado por la Legisladora Marcela Ávila, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, entre otros funcionarios….
El gobierno de Jorge Macri sumó a nueve bancos al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de la Ciudad, una iniciativa que nació de un proyecto presentado por el legislador opositor Leandro Santoro y terminó convertida en ley después de una negociación con el Ejecutivo porteño.
La medida busca atender uno de los problemas que más creció en los últimos meses: las familias que acumularon deudas de tarjetas y préstamos y ya no pueden sostener las cuotas.
Banco Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano adhirieron al programa. La incorporación de las entidades amplía considerablemente el alcance de una herramienta que hasta ahora dependía de conseguir que los bancos aceptaran las condiciones fijadas por la Ciudad.
El esquema permite refinanciar deudas en mora originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales. El plazo será de hasta 24 meses y la tasa fija no podrá superar el 35% nominal anual. El trámite se realizará directamente ante el banco o entidad financiera adherida.
El programa surgió de la Ley 6.959, sancionada por la Legislatura porteña el 18 de junio. El proyecto original fue presentado por Santoro junto con los legisladores Alejandro Grillo y Claudia Neira.
Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día.
La norma tiene como objetivo facilitar la refinanciación de las deudas de consumo, evitar la exclusión del sistema crediticio y reducir la carga financiera sobre los hogares porteños.
La ley alcanza a las deudas registradas hasta el 1° de junio pasado. Para ingresar, el deudor deberá encontrarse en situación 2 o 3 del Banco Central, es decir, acumular entre 60 y 180 días de atraso.
Además, los ingresos del grupo familiar deberán ser inferiores a diez salarios mínimos y el pago mensual de las deudas deberá representar más del 30% de los ingresos del hogar.
También se exige acreditar domicilio real en la Ciudad durante al menos los últimos dos años. No podrán ingresar quienes tengan más de un inmueble, vehículos de menos de cinco años de antigüedad -salvo que acrediten su utilización para trabajar-, embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro.
Tampoco quienes posean activos financieros superiores a la deuda que pretenden refinanciar o hayan comprado divisas durante el período en que se generaron los compromisos impagos.
Para conseguir que los bancos entren al programa, la Ciudad puso además una ficha propia sobre la mesa. Las entidades adheridas tendrán una reducción del 50% de Ingresos Brutos sobre los intereses que perciban por estas refinanciaciones.
Es el incentivo fiscal que permitió convertir el acuerdo político en una herramienta con participación del sistema financiero.
«Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día», afirmó Jorge Macri.
La decisión marca una diferencia política con el gobierno de Milei. Mientras la Ciudad diseñó una regulación, ofreció un beneficio fiscal y fijó condiciones para la refinanciación, Luis Caputo sostuvo que el endeudamiento de las familias es un tema entre privados y descartó una asistencia directa del Estado.
El jefe de Gobierno destacó además que la iniciativa fue trabajada «en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable».
La decisión marca una diferencia política con el gobierno de Javier Milei en dos terrenos sensibles. El primero es la intervención estatal frente al salto de la morosidad. Mientras la Ciudad diseñó una regulación, ofreció un beneficio fiscal y fijó condiciones para la refinanciación, Luis Caputo sostuvo que el endeudamiento de las familias es un «tema entre privados» y descartó una asistencia directa del Estado. «Tampoco hay mucho en lo que nosotros podamos hacer ahí», dijo el ministro.
Pero hay una segunda diferencia, esta vez estrictamente política. Macri tomó un proyecto impulsado por Santoro, principal referente opositor en la Ciudad, lo negoció con la Legislatura y lo convirtió en una política del Ejecutivo.
La operación tiene, por supuesto, una lectura política. Santoro consiguió instalar desde la oposición una iniciativa que terminó convertida en política pública y Jorge Macri se quedó con la ejecución y la incorporación de los bancos. En el medio quedaron las familias endeudadas, que son finalmente las que explican el acuerdo. La mora hizo algo que la política nacional viene encontrando bastante más difícil: sentar al oficialismo y a la oposición alrededor de la misma mesa.
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos hacer un uso correcto de los Puntos Limpios distribuidos en distintos sectores de la ciudad. Al respecto, se recuerda que en estos contenedores se depositan, por separado: papel y cartón; plásticos; metal y vidrio. En los Puntos Limpios…
Febrero tiene 28 días por una combinación de decisiones tomadas hace más de dos mil años, supersticiones romanas, reformas políticas y la necesidad de corregir el calendario.
Por Redacción de NLI
El calendario romano fue transformándose durante siglos hasta dar origen a la estructura que todavía utilizamos, con febrero como el mes más corto del año.
Hay algo tan cotidiano en nuestras vidas que prácticamente nadie se detiene a preguntárselo: ¿por qué febrero tiene 28 días mientras los demás meses tienen 30 o 31? La respuesta parece estar a simple vista en cualquier calendario, pero cuando se intenta reconstruir cómo llegamos hasta esa distribución aparecen reyes romanos, supersticiones acerca de los números pares, reformas impulsadas por Julio César, errores acumulados durante siglos y hasta una modificación relacionada con el nombre del emperador Augusto. La particularidad de febrero, por lo tanto, no responde a una necesidad natural según la cual ese mes debería ser más corto que los demás, sino a una combinación bastante más humana de religión, política, astronomía y decisiones tomadas en la Antigüedad.
Lo primero que conviene aclarar es que nuestro calendario no nació tal como lo conocemos. El calendario gregoriano, que actualmente utilizan la mayoría de los países, es el resultado de una larguísima evolución en la que diferentes sociedades intentaron encontrar una manera de dividir el tiempo de acuerdo con los movimientos del Sol y de la Luna. Los romanos heredaron y modificaron sistemas anteriores, y posteriormente Julio César introdujo una reforma que dio origen al calendario juliano, sobre el cual se construyó siglos después el calendario gregoriano. Por eso, cuando miramos febrero y nos preguntamos por qué tiene 28 días, en realidad estamos observando una pequeña supervivencia de decisiones tomadas hace más de dos milenios.
Cuando los romanos ni siquiera tenían enero y febrero
Una de las primeras sorpresas aparece cuando retrocedemos hasta los orígenes del calendario romano. Según la tradición antigua, el primer calendario romano habría tenido diez meses, comenzando en marzo y terminando en diciembre, con un total de alrededor de 304 días. El invierno quedaba en buena medida fuera de la estructura regular del calendario, algo que puede parecernos absurdo actualmente pero que tenía cierta lógica en una sociedad cuya organización económica estaba profundamente vinculada con los ciclos agrícolas y con las estaciones de actividad en el campo. De hecho, los nombres que todavía utilizamos para septiembre, octubre, noviembre y diciembre conservan la huella de aquel sistema: septem, octo, novem y decem significan siete, ocho, nueve y diez en latín, porque originalmente ocupaban esas posiciones dentro del año.
Con el tiempo, la necesidad de contar también el período invernal llevó a incorporar enero y febrero, tradicionalmente asociados a una reforma atribuida al rey Numa Pompilio. Allí comienza a aparecer la explicación de por qué febrero terminó convirtiéndose en el mes extraño que conocemos actualmente. El calendario romano no estaba diseñado simplemente para que todos los meses tuvieran una cantidad idéntica de días; existían consideraciones religiosas y simbólicas que influían en la manera de distribuirlos, y los números pares no gozaban de la misma consideración que los impares dentro de determinadas concepciones romanas.
La consecuencia fue bastante curiosa: al intentar organizar un año lunar de aproximadamente 355 días, se buscó que la mayoría de los meses tuvieran una cantidad impar de jornadas, considerada más favorable, mientras que febrero quedó como la excepción, con 28 días, porque era un mes asociado a rituales de purificación y expiación y ocupaba una posición particular dentro del calendario romano.
Febrero no fue elegido por la astronomía
Esto permite desmontar una idea bastante extendida: febrero no tiene 28 días porque la naturaleza haya determinado que ese mes deba ser más corto. La duración de los meses es una construcción humana y, aunque debe guardar alguna relación con los ciclos astronómicos para que el calendario no se despegue completamente de las estaciones, la división concreta en doce meses de 28, 29, 30 y 31 días es histórica y cultural.
El problema es que un año solar no dura exactamente 365 días. La Tierra necesita aproximadamente 365 días y un cuarto para completar su órbita alrededor del Sol, de modo que cualquier calendario que quiera mantenerse sincronizado con las estaciones necesita realizar correcciones periódicas. Si simplemente se utilizaran 365 días todos los años sin agregar ninguna corrección, con el paso de los siglos las fechas comenzarían a desplazarse respecto de los equinoccios y solsticios. La solución que terminó imponiéndose fue incorporar periódicamente un día adicional. Ese es el origen del 29 de febrero de los años bisiestos, aunque la historia de cómo se llegó a esa solución es bastante más complicada.
Julio César tuvo que arreglar un calendario que estaba desfasado
Para el siglo I antes de Cristo, el calendario romano se había convertido en un problema serio. Las reglas de intercalación eran complejas y dependían en parte de decisiones de autoridades religiosas, lo que había generado una acumulación de desajustes. El calendario ya no coincidía correctamente con las estaciones y existía una diferencia creciente entre las fechas oficiales y el ciclo solar.
Fue entonces cuando Julio César impulsó una reforma monumental. Con asesoramiento astronómico, especialmente del matemático y astrónomo alejandrino Sosígenes, se diseñó un calendario solar mucho más estable, conocido posteriormente como calendario juliano. La reforma estableció un año de 365 días y añadió un día extra cada cuatro años para aproximarse a la duración real del año solar.
Pero para poner en funcionamiento el nuevo sistema fue necesario realizar una corrección extraordinaria. El año de la reforma llegó a tener una duración excepcional de 445 días, debido a la incorporación de períodos adicionales destinados a recuperar el desfase acumulado. Los historiadores lo conocen como el annus confusionis, el “año de la confusión”, y aunque hoy pueda parecer una extravagancia, fue una manera de volver a colocar el calendario en una posición compatible con las estaciones.
La distribución de los meses quedó entonces mucho más cerca de la estructura que conocemos actualmente, con febrero conservando sus 28 días en los años comunes y 29 en los bisiestos. La rareza había sobrevivido a la gran reforma porque, de algún modo, resultaba práctico utilizar ese mes más corto como espacio para introducir la corrección adicional.
Y después apareció otro emperador
La historia todavía tiene una vuelta más, aunque en este punto conviene separar lo que está sólidamente documentado de una explicación popular que circula desde hace siglos. Existe una conocida tradición según la cual el mes de agosto habría recibido un día adicional para no quedar por debajo de julio, que había sido rebautizado en honor a Julio César y tenía 31 días. Según ese relato, Augusto habría querido evitar que su propio mes pareciera inferior al de César y habría tomado un día de febrero para llevar agosto a 31.
La explicación es atractiva porque encaja perfectamente con la imagen de la política romana, pero los especialistas advierten que no existe evidencia sólida de que esa haya sido realmente la razón de la distribución moderna de los días. La estructura de los meses ya había sufrido modificaciones anteriores y la historia del calendario es bastante más compleja que una supuesta competencia personal entre dos emperadores.
Es un buen ejemplo de cómo las explicaciones históricas pueden simplificarse hasta convertirse en una anécdota popular que sobrevive porque resulta fácil de recordar, aunque la evidencia disponible sea más complicada.
El día que inventamos porque el año no alcanza
El 29 de febrero constituye, en cierto sentido, una de las soluciones más ingeniosas que desarrolló la humanidad para resolver una contradicción entre el tiempo astronómico y el tiempo que necesitamos para organizar nuestras vidas. El año no dura exactamente 365 días, pero tampoco podemos trabajar con calendarios que tengan una fracción de día, porque necesitamos que las fechas puedan ser contadas mediante jornadas completas.
La solución consiste en acumular esa fracción hasta reunir aproximadamente un día entero y agregarlo periódicamente al calendario. En el sistema moderno, los años divisibles por cuatro suelen ser bisiestos, aunque existe una excepción importante: los años que terminan en dos ceros no lo son, salvo que sean divisibles por 400. Esa regla forma parte de la reforma gregoriana introducida en 1582 para corregir una pequeña desviación que todavía persistía en el calendario juliano.
La diferencia puede parecer mínima, pero demuestra algo fundamental: incluso una fracción relativamente pequeña de tiempo puede convertirse en un problema gigantesco cuando se acumula durante siglos.
¿Y por qué no hacemos todos los meses iguales?
Desde una perspectiva moderna, la pregunta parece inevitable: si estamos diseñando un calendario, ¿por qué no hacer doce meses exactamente iguales y olvidarnos del problema?
La dificultad está en que doce meses de igual duración no encajan perfectamente ni con el año solar ni con las tradiciones históricas que fueron formando nuestro calendario. Además, los meses dejaron de ser simples divisiones matemáticas para convertirse en unidades culturales profundamente arraigadas: tienen nombres, fiestas, aniversarios, períodos escolares, estaciones, ciclos laborales y tradiciones que se remontan a generaciones.
Cambiar la estructura del calendario significa cambiar una de las formas más profundas mediante las cuales una sociedad organiza el tiempo.
Hubo numerosos proyectos para reformar el calendario a lo largo de la historia, especialmente durante los siglos XIX y XX, pero ninguno consiguió reemplazar de manera generalizada el sistema de doce meses heredado de la tradición romana y reformado posteriormente por el calendario juliano y el gregoriano.
Una rareza romana que todavía organiza nuestra vida
Lo fascinante de febrero es que su particularidad no desapareció con Roma. El Imperio cayó, las lenguas cambiaron, los sistemas políticos se transformaron, Europa atravesó siglos de guerras y revoluciones, aparecieron los Estados nacionales y la humanidad desarrolló relojes atómicos capaces de medir el tiempo con una precisión inimaginable para los antiguos romanos.
Sin embargo, seguimos esperando que febrero tenga 28 días.
Cada cuatro años, salvo las excepciones establecidas por la regla de los años seculares, agregamos uno más. La estructura básica del calendario que utilizamos para organizar nuestras vidas conserva así una herencia que atraviesa más de dos milenios de historia.
Y quizás esa sea la parte más interesante de toda esta historia: cuando miramos un calendario colgado en una pared, estamos observando mucho más que una herramienta para saber qué día es. Estamos viendo una acumulación de decisiones tomadas por sociedades antiguas que intentaron ordenar el tiempo, corregir sus errores y hacer coincidir sus instituciones con los movimientos del cielo.
Febrero quedó atrapado en esa historia como el mes diferente, el que recibió menos días, el que se convirtió en el lugar donde podía agregarse una jornada adicional y el que, por una combinación de tradiciones religiosas, decisiones políticas y necesidades astronómicas, terminó teniendo una duración que ningún otro mes posee.
Por eso, la próxima vez que alguien pregunte por qué febrero tiene solamente 28 días, la respuesta no debería ser simplemente que “porque el calendario es así”. Febrero tiene 28 días porque durante miles de años la humanidad estuvo intentando resolver un problema que parece sencillo, pero que en realidad consiste en hacer coincidir tres cosas que nunca encajan perfectamente: el movimiento de la Tierra, las matemáticas y nuestra necesidad de dividir el tiempo en unidades comprensibles.
Y en esa larga historia, los romanos dejaron una pequeña rareza que todavía aparece cada vez que llega febrero: un mes que parece incompleto, pero que en realidad es uno de los testimonios más persistentes de cómo las sociedades aprendieron a domesticar el tiempo.
En 1911, décadas antes de la ley de sufragio femenino, Julieta Lanteri consiguió votar en Buenos Aires gracias a una batalla judicial contra un sistema que había dado por sentado que las mujeres no eran ciudadanas.
Por Alcides Blanco para NLI
El 26 de noviembre de 1911, en el atrio de la parroquia San Juan Evangelista de La Boca, ocurrió algo que para la Argentina de aquel tiempo parecía sencillamente imposible: una mujer se presentó ante una mesa electoral y votó. No fue una escena preparada por el Estado ni una concesión de las autoridades. Fue el resultado de una pelea individual contra una estructura jurídica que había construido la ciudadanía en masculino y que, precisamente por no haber imaginado que una mujer pudiera reclamar sus derechos políticos, había dejado un pequeño resquicio legal. Esa mujer se llamaba Julieta Lanteri y su historia fue durante décadas mucho menos conocida de lo que merece.
Lanteri había nacido en Italia en 1873 y llegó a la Argentina siendo niña. En un país que todavía discutía qué lugar debían ocupar las mujeres en la vida pública, logró ingresar al Colegio Nacional de La Plata y posteriormente estudiar Medicina, una carrera prácticamente vedada para ellas. También obtuvo el título de farmacéutica. Su trayectoria profesional ya era, por sí misma, una ruptura con las convenciones de su época, pero Lanteri no estaba dispuesta a limitar su lucha al ámbito universitario. Entendía que la igualdad no podía existir mientras las mujeres fueran consideradas aptas para estudiar y trabajar, pero incapaces de intervenir en las decisiones políticas.
El día en que descubrió que la ley no decía que las mujeres no podían votar
La historia de su primer voto parece casi un argumento de película porque nació de una lectura minuciosa de una norma. En 1911, la Municipalidad de Buenos Aires convocó a los vecinos a actualizar sus datos para el padrón electoral destinado a las elecciones municipales. Los requisitos establecidos contemplaban edad, residencia, profesión o actividad económica y pago de impuestos, pero no establecían expresamente que el elector debiera ser hombre.
Lanteri entendió inmediatamente la importancia de aquella omisión. No se limitó a reclamar públicamente: recurrió a la Justicia y consiguió ser reconocida como ciudadana e incorporada al padrón. El 16 de julio de 1911 se convirtió en la primera mujer incorporada a un padrón electoral argentino y, meses después, pudo presentarse a votar.
El 26 de noviembre llegó a la mesa ubicada en la parroquia San Juan Evangelista. Los hombres que esperaban para votar observaron sorprendidos cómo aquella mujer se incorporaba a la fila. El presidente de mesa era el historiador Adolfo Saldías, quien recibió su voto. La escena quedó registrada en fotografías que hoy forman parte del patrimonio del Archivo General de la Nación: Lanteri, vestida de blanco y con sombrero, frente a una mesa electoral dominada por hombres.
La imagen tiene una fuerza extraordinaria precisamente porque no muestra una multitud de mujeres reclamando detrás de una bandera. Muestra a una sola mujer parada frente a una institución. Y eso alcanza para explicar la dimensión del desafío.
No hubo una revolución armada, ni una reforma constitucional, ni una multitud ocupando las calles. Hubo una ciudadana que leyó una norma y decidió preguntarse por qué un derecho que la ley no le prohibía expresamente debía serle negado.
La trampa del sistema: cuando cerraron el agujero
El triunfo duró poco. La reforma electoral de 1912, conocida como Ley Sáenz Peña, estableció el voto secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos varones y vinculó el padrón electoral con los registros militares. La nueva legislación cerró el camino que Lanteri había encontrado. El sistema había aprendido de su propia contradicción: si una mujer podía ser incorporada al padrón porque la norma no decía explícitamente que estaba excluida, entonces había que construir una exclusión más precisa.
Y Lanteri volvió a desafiarlo.
En lugar de aceptar que la puerta se había cerrado, buscó otra. Si las mujeres no podían votar, razonó, había que preguntarse si existía alguna norma que les prohibiera ser candidatas. En 1919 se presentó como candidata a diputada nacional por el Partido Feminista Nacional, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en disputar formalmente un cargo electivo en la Argentina. Su plataforma no era simbólica: proponía derechos laborales, protección de la maternidad, igualdad civil, protección de los hijos y reformas sociales.
Aquello permite comprender que Lanteri no estaba interesada solamente en conseguir que las mujeres pudieran colocar una boleta dentro de una urna. Su proyecto era mucho más amplio: quería transformar a las mujeres de sujetos pasivos de las decisiones políticas en protagonistas de esas decisiones.
En 1910 había participado además de la organización del Primer Congreso Internacional Femenino realizado en Buenos Aires y desarrolló una intensa actividad en defensa de los derechos civiles y políticos. Su militancia incluía cuestiones vinculadas con la educación, el trabajo, la maternidad, la infancia y la lucha contra la trata de mujeres.
El contraste con su época resulta notable. Mientras buena parte de la sociedad todavía discutía si una mujer debía estudiar una carrera universitaria o ejercer determinadas profesiones, Lanteri ya estaba planteando una cuestión mucho más profunda: qué sentido tenía una democracia que excluía políticamente a la mitad de su población.
Una muerte que dejó una pregunta abierta
El final de su vida agregó otra capa de misterio a una historia que ya parecía extraordinaria. Julieta Lanteri murió el 23 de febrero de 1932, cuando fue atropellada por un automóvil en la esquina de Diagonal Norte y Suipacha. Tenía 58 años. La muerte fue considerada oficialmente como un accidente, pero con el tiempo surgieron dudas y sospechas alrededor del episodio, especialmente porque Lanteri había recibido amenazas y mantenía una intensa actividad política. El conductor del vehículo fue identificado como David Klappenbach, vinculado a la Legión Cívica. Las circunstancias nunca quedaron definitivamente esclarecidas.
No corresponde convertir esas sospechas en una certeza histórica que la documentación disponible no permite demostrar. Pero tampoco es necesario borrar la existencia de esas dudas. La muerte de Lanteri quedó rodeada de interrogantes, y su desaparición contribuyó a que durante mucho tiempo su figura perdiera espacio frente a otras protagonistas de la lucha por los derechos políticos de las mujeres.
El sufragio femenino argentino llegaría finalmente décadas después. La ley que reconoció los derechos políticos de las mujeres fue sancionada en 1947 y el voto femenino se ejerció en elecciones nacionales en 1951. Para entonces, Lanteri llevaba casi veinte años muerta.
Pero hay una diferencia fundamental entre esperar a que la historia conceda un derecho y obligar a la historia a discutirlo.
Lanteri hizo lo segundo.
Su primer voto no cambió por sí solo el sistema electoral argentino. Tampoco logró convertirse en diputada. No consiguió que las mujeres votaran inmediatamente ni pudo ver concretada la conquista por la que había luchado. Sin embargo, su gesto dejó expuesta una contradicción que ya no podía ocultarse: una democracia que hablaba de ciudadanía mientras excluía a las mujeres tenía una deuda imposible de disimular.
Por eso aquella fotografía de 1911 conserva una potencia que excede largamente la anécdota. Allí está Lanteri, vestida de blanco, frente a una mesa electoral. A su alrededor, hombres que parecen observar una escena extraordinaria. Para nosotros, más de un siglo después, la situación puede parecer absurda. Pero justamente ahí reside su valor histórico.
Los derechos que hoy parecen naturales casi siempre tuvieron un momento en el que alguien tuvo que desafiar la idea de que eran imposibles.
Julieta Lanteri hizo eso mucho antes de que el Estado argentino estuviera preparado para reconocerlo.
Y quizá por eso su historia no debería recordarse solamente como la de “la primera mujer que votó”. Fue también la historia de una mujer que entendió algo elemental y profundamente revolucionario: que muchas veces el poder se sostiene no solamente por las leyes que existen, sino también por aquellas prohibiciones que todos creen que existen aunque nadie se haya tomado el trabajo de escribirlas.
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