La Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos no ingresar a barrio El Sauce por el paso a nivel donde la Secretaría de Obras y Servicios procedió a la colocación de un paño de hormigón con badén lateral que evitará la acumulación de agua los días de lluvia.
En este sentido se recuerda que hasta el 21 de abril va a estar interrumpido el paso para evitar el acceso por ese lugar. El uso temprano del mismo sin la autorización de la Municipalidad traerá como consecuencia la rotura del hormigón.
La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.
La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.
La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.
El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.
Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.
Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.
El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.
Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.
La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.
Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.
En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.
La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores.
«En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector.
El jefe del bloque de senadores del PRO, Martín Goerling Lara, confirmó que apoyarán la remoción de Manuel Adorni en el caso de que Javier Milei lo sostenga en el cargo.
«Espero que no lleguemos a esa instancia. Si llegamos a esa instancia el PRO va a acompañar la moción de censura o remoción», adelantó el senador misionero, en línea con el pedido que bajó la semana pasada Mauricio Macri.
«A esta altura mantener al jefe de Gabinete es un capricho», dijo Goerling en declaraciones a Infobae. «Yo pensé que a esta altura el Presidente habría tomado la decisión correrlo del cargo, es lo que estamos pidiendo», agregó el senador, que confirmó el adelanto de LPO de que el oficialismo quiere voltear la sesión del jueves.
LPO reveló que, antes de viajar a Estados Unidos para ver el Mundial, Macri le pidió a los diputados del PRO que voten la interpelación, pero la orden generó tensión porque el jefe de bloque Cristian Ritondo no quiere saber nada con pelearse con Milei. Este miércoles Fernando De Andreis, muy cercano al expresidente, dijo que no descartan acompañar la interpelación.
Los aliados del gobierno en el Congreso están reclamando a Milei que lo eche a Adorni porque de lo contrario no van a poder sesionar sobre ningún tema. De hecho, la interpelación de Adorni no figura en el temario de la sesión del Senado de este jueves, pero en el oficialismo saben que ni bien abra el debate, el peronismo irá por la cabeza del jefe de gabinete.
Maxi Abad
En ese sentido, desde el radicalismo en el Senado le salieron a pedir a Milei que eche a Adorni antes de tener que acompañar al kirchnerismo en el pedido de remoción. «Hay unanimidad en que Adorni no tiene que estar más en el gobierno», declaró el bonaerense Maxi Abad.
«Hay unanimidad en que Adorni no tiene que estar más. Incluso dentro del gobierno muchos lo piensan aunque no lo digan», afirmó el radical, que repitió que «el gobierno tiene la pelota» para evitar el daño que le generaría la remoción del jefe de Gabinete.
Abad explicó que en el bloque radical todavía no hay una postura definida sobre qué camino tomar, pero todos coinciden en que Adorni debe irse. «El gobierno tiene en sus manos terminar este tema porque esto le produce una profunda debilidad institucional. No hay que perder más tiempo», aconsejó Abad.
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Cada vez que nos encontramos hurgando las estanterías de una librería o las de una biblioteca, los elementos paratextuales de un libro como la tapa y la breve reseña de la contratapa pueden acercarnos o alejarnos de una nueva lectura. Ahora bien, cuando un libro ya está en nuestras manos la seducción puede despertarse de…
Martín Llaryora decidió apelar al manual de supervivencia de su mentor, Juan Schiaretti, y reactivó formalmente el histórico pacto de convivencia política con Mauricio Macri.
En medio de una delicada crisis política, el mandatario cordobés concretó un fuerte giro hacia el plano amarillo con la incorporación de dos figuras de peso identificadas con el PRO a la conducción del Banco de Córdoba (Bancor): el exministro de Economía de la Nación Hernán Lacunza, y el empresario industrial Ércole Felippa, quien condujo Fadea durante el Gobierno de Macri.
La jugada excede por completo los andariveles de la gestión financiera. Las llegadas de Lacunza al directorio y de Felippa a la vicepresidencia son parte de una maniobra de altísimo voltaje político para oxigenar al Gobierno. En momentos donde la gestión provincial acumula frentes de conflicto internos, Llaryora busca refugio en la histórica sintonía que la provincia mantiene con el universo fundacional del PRO.
Durante el mandato presidencial de Macri (2015-2019), el entonces gobernador Juan Schiaretti tejió una sólida y blindada alianza con el líder del PRO, basada en la mutua necesidad y el fuerte sentimiento antikirchnerista del electorado cordobés. Es un entendimiento histórico que se remonta al exilio de Schiaretti en Brasil, donde fue cobijado por el grupo Macri.
Aquel entendimiento -que los radicales locales siempre denunciaron como un «pacto» que les impidió ganar la provincia- garantizó gobernabilidad para ambos lados de la grieta. Macri trataba a Córdoba como su «cuna política» y» Schiaretti le garantizaba gobernabilidad en el Congreso a través de sus diputados.
Con el arribo de Lacunza, Llaryora revive esa sociedad política informal, reactivando los viejos canales de diálogo con el macrismo en un contexto de dispersión nacional.
La decisión de sumar a Felippa -exjefe de la Unión Industrial de Córdoba y expresidente de Fadea con Macri- y a Lacunza no es casual. El exministro de María Eugenia Vidal y del tramo final de Cambiemos a nivel nacional ya venía orbitando la provincia; el año pasado había sido el expositor estrella en las jornadas de negocios organizadas por el propio banco provincial, donde terminó de consolidar los lazos con la primera línea del oficialismo cordobés.
Los números que maneja la entidad financiera también explican el apuro político. Si bien los balances del primer trimestre mostraron una recuperación con utilidades netas por $9.176 millones (revirtiendo el rojo del trágico 2025), la verdadera alarma que encendió los despachos oficiales es el índice de morosidad, que trepó al 8,54%.
La crisis golpea a través de tarjetas de crédito y préstamos personales. En ese escenario de vulnerabilidad económica y tensión social, Llaryora sabe que la estabilidad de los números no alcanza si no está respaldada por un esquema de gobernabilidad robusto y con fuerte gestualidad al círculo rojo cordobés.
De hecho, al anunciar los cambios en el banco, Llaryora dijo: «Contar con un banco provincial fuerte, moderno y competitivo es una decisión estratégica para el presente y el futuro de los cordobeses».
El RIGI fue presentado como la gran autopista de las inversiones. El Súper RIGI, como su carril rápido. Pero en las primeras escenas aparece otra postal: caños de la India, módulos de China, grúas, excavadoras y equipos importados con beneficios fiscales. La industria mira la lista de compras y pregunta cuánto de esa fiesta queda en el país.
La discusión ya no es abstracta. El régimen tiene proyectos aprobados, otros en evaluación y una promesa de escala que seduce al Gobierno. Pero también dejó expuesta una grieta económica más profunda. Las grandes inversiones pueden traer divisas y empleo. Pero también pueden funcionar como campamentos cerrados, con proveedores externos, baja demanda industrial local y beneficios tributarios que paga el Estado.
El caso más ruidoso apareció en San Juan. El proyecto cuprífero Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, prevé una inversión de unos 18.000 millones de dólares hasta 2040. La primera etapa demanda 7.000 millones para poner en marcha el yacimiento Josemaría y luego avanzar hacia Filo del Sol. El objetivo es producir unas 400.000 toneladas anuales de cobre durante 25 años.
Pero la primera gran compra encendió las alarmas. El campamento Batidero fue adjudicado a un consorcio liderado por PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA. La obra contempla una ciudad modular importada desde China para alojar inicialmente 2.500 camas. Por la rotación minera, podría albergar entre 3.500 y 5.000 trabajadores. Con el avance del proyecto, la demanda podría escalar hasta 12.000 personas y requerir 6.000 plazas.
La industria local puso el grito en el cielo. La Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada sostiene que la obra implica 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero que llegarían listas para ensamblar. Según los números que manejan los proveedores nacionales, fabricar el campamento en Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos. Con el esquema importado, quedarían unos 50 puestos vinculados al montaje y la logística.
El campamento Batidero fue adjudicado a un consorcio liderado por PowerChina. La obra contempla una ciudad modular importada desde China para alojar inicialmente 2.500 camas. Fabricarlo en la Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos, ensamblarlo apenas unos 50 puestos.
El ahorro tampoco parece mover la aguja del megaproyecto. La oferta china rondó los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. La diferencia es de 18 millones. En una inversión total de 18.000 millones, representa apenas 0,1%. «Si la minería no sirve para desarrollar la economía local, la verdad es que no tiene mucho sentido», dijo Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular.
Render del campamento Batidero que Vicuña importará completo de China.
La pelea no queda en la minería. El puerto de Timbúes en Santa Fe sumó otra señal. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación autorizó, por Resolución 37/2026, una modificación del esquema de importaciones del proyecto portuario aprobado bajo el RIGI en noviembre de 2025. La empresa podrá ampliar y actualizar el listado de bienes importados con beneficios tributarios y aduaneros.
En la lista aparecen grampas para grúas, cucharas de almejas, excavadoras y autoelevadores. El proyecto apunta a construir una terminal multimodal sobre la Vía Navegable Troncal, en una zona clave del complejo agroexportador.
«La pregunta que recorre todo el RIGI es si el Estado resigna impuestos para hacer viable una inversión, qué sentido tiene que esa ventaja termine financiando trabajo industrial afuera», comentó a LPO el directivo de una importante constructora.
Por eso, la UIA salió a pedir cambios en el Súper RIGI. La entidad que conduce Martín Rappallini reclamó que el 20% de contenido local no sea una consigna decorativa. Quiere que se aplique a bienes con valor agregado nacional y no se diluya en servicios, movimiento de suelos, obras civiles o contrataciones que igual se harían en el mercado interno.
La pregunta que recorre todo el RIGI es si el Estado resigna impuestos para hacer viable una inversión, qué sentido tiene que esa ventaja termine financiando trabajo industrial afuera.
El texto que logó media sanción en diputados no conformó a los industriales. La redacción habla de bienes, servicios y obras. También habilita la contratación local siempre que la oferta esté disponible y reúna condiciones de mercado en precio y calidad. En una economía con crédito caro y competencia importada subsidiada, esa cláusula parece papel mojado.
El reclamo industrial tiene un dato político adicional. Las provincias mineras vienen pidiendo bastante más que la Nación. El RIGI exige un piso nacional del 20% para compras locales. En varias jurisdicciones, las exigencias van del 50% al 90% entre compre y empleo local. Santa Cruz tiene una regla 90/10 para mano de obra en industrias estratégicas y un piso del 50% para proveedores. Salta, Jujuy y Catamarca tienen umbrales cercanos al 70%. San Juan impulsó metas del 80% para trabajadores locales y 60% para compras a proveedores provinciales.
El mapa muestra una contradicción. La Nación arma un régimen amplio para atraer dólares. Las provincias buscan que esos dólares no pasen como un tren nocturno por el territorio. Las mineras y energéticas, en cambio, piden armonización.
Mientras tanto, la dinámica de los proyectos RIGI tiene dos movimientos. Traen dólares y también los sacan. En la fase inicial ingresa capital, deuda o aportes para cumplir el plan de inversión. Pero al mismo tiempo salen divisas para importar maquinaria, módulos, caños, equipos y tecnología. El saldo de corto plazo puede ser menos virtuoso de lo que aparece en las planillas oficiales.
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