Esta propuesta convocó tanto a participantes de anteriores seminarios, como a nuevos ciudadanos con ganas de aprender a preparar cockteils.
Estuvo presente la Directora de Turismo, María Luján Musso, quien brindó unas palabras en el inicio del seminario e hizo llegar los agradecimientos por parte del Intendente Marcelo Orazi.
La historia del vino, diferentes cepas, fundamentos de bar y coctelería, fueron las principales bases del seminario, junto con las técnicas de preparación de cócteles y tragos con vinos rionegrinos. Fue una tarde de diversión y experimentación, utilizando elementos de nuestra región.
Todos los y las asistentes, recibirán su certificado el día domingo, en el escenario mayor, del anfiteatro Cono Randazzo, en el cierre de esta gran fiesta popular.
Hoy jueves 04 de junio a las 11:30 hs la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Regina realizará un toque de sirena durante un minuto, así como otros cuarteles en todo el país en memoria de los camaradas bomberos de la Policía Federal, caídos en acto de servicio el pasado 02 de junio cuando combatían…
El Senado le dio estado parlamentario este jueves a los más de 60 pliegos de jueces que envió Javier Milei al Congreso la semana pasada, entre los cuales se cuentan los nombres de Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte Suprema, y Ana Juan, la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que investiga la causa Libra.
Además, se habilitaron los pliegos de María Julia Sosa, secretaria del juez Julián Ercolini, y Laura Kvitko y Jessica Sircovich, secretarias del camarista Mariano Borinsky. El plan del oficialismo es aprobar esos dictámenes en comisión y convocar a audiencias públicas para mediados de mayo.
Por otra parte, la ex senadora Lucila Crexell obtuvo la aprobación de su pliego como embajadora argentina en Canadá con 45 votos a favor, 26 en contra y la abstención de Pablo Cervi. La neuquina se llevó el rechazo del interbloque peronista en pleno, junto al de su colega Julieta Corroza, quien se opuso por instrucción del gobernador Rolando Figueroa.
Pero mientras la sesión no tenía mayor atractivo que los discursos de los senadores contra la presentación de Federico Sturzenegger este miércoles, cuando defendió el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la mirada ya está puesta en la audiencia por la que deberá pasar Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el próximo 16 de abril.
En ese sentido, el pliego de la prórroga que Mahiques consiguió de parte de Milei para continuar en su cargo en la Cámara de Casación, después que cumpla 75 años en noviembre próximo, ya cosechó las impugnaciones de ACIJ e INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales). Las organizaciones solicitaron que se rechace el pliego porque «no se puede otorgar un nuevo nombramiento a quien no fue nombrado con anterioridad».
En efecto, Mahiques llegó a la Casación Federal luego de un traslado efectuado en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, desde su cargo original en un fuero de la Justicia ordinaria.
Juan Carlos Pagotto y Anabel Fernández Sagasti.
Sin embargo, la Corte Suprema declaró inconstitucional ese tipo de traslados en 2020, en el fallo «Bertuzzi», otro juez trasladado por Macri. «Validar un nuevo nombramiento implicaría perpetuar una situación inconstitucional que debe ser corregida inmediatamente por el Senado de la Nación», advierten las organizaciones.
El fallo del máximo tribunal estableció que los traslados no pueden equipararse a los nombramientos y, por eso, sus detractores alegan que «no se puede prorrogar un cargo al que se accedió de manera provisoria». «La única vía constitucional para que Carlos Mahiques pueda continuar en la Cámara Federal de Casación Penal luego de los 75 años es presentarse al concurso que el Consejo de la Magistratura inicie cuando se produzca la vacante», desafían ACIJ e INECIP.
El gobierno de Maximiliano Pullaro avanzó con la licitación del nuevo sistema integrado de salud laboral para los trabajadores estatales, dicho de manera fácil, el mecanismo para controlar presentismo, resúmen en los gremios. El dato curioso es que solo hubo un solo interesado en el pliego para un negocio de mil millones de pesos.
Según el acta oficial, a la que accedió LPO, únicamente cotizó SML Consultores Médicos, una firma vinculada a la aseguradora Experta, que de esta manera quedó en posición de quedarse con un contrato millonario para gestionar el control médico y el ausentismo en toda la administración pública provincial.
El dato no es menor. En el mercado de la medicina laboral y los riesgos del trabajo operan al menos unas quince empresas con capacidad técnica para prestar el servicio. Sin embargo, ninguna de ellas se presentó. Ni siquiera Colonia Suiza, una de las compañías líderes que trabaja con ART y grandes empleadores.
En el sector no dudan en vincular esa ausencia masiva con las condiciones del pliego. «Es imposible cumplir con lo que piden con ese presupuesto», explicó a LPO un operador con años en el negocio de los seguros.
La licitación contempla la cobertura integral de la salud laboral de toda la administración pública provincial, incluyendo docentes, policías, empleados administrativos, pasantes y becarios.
Pero además, según deslizan fuentes del sector, exige una presencia territorial extrema de agentes sanitarios: piden capacidad de respuesta en cada punto de la provincia donde haya un trabajador estatal, o sea, en todos lados, señaló una fuente al tanto del pliego que habló con LPO.
La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones. O saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared.
Eso implica, en la práctica, montar una red de prestadores médicos que cubra no solo las grandes ciudades sino también pueblos y localidades pequeñas, donde la presencia de profesionales es más escasa y los costos operativos se disparan.
«La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones», resumieron y agregaron «o saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared».
Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional
Las estimaciones de las empresas médicas locales ubican el costo razonable del servicio por encima de los 2.500 millones de pesos, más del doble del monto que trascendió como referencia oficial. Incluso algunas ofertas habrían superado ampliamente ese número, lo que refuerza la idea de un desfasaje entre las exigencias técnicas y el presupuesto previsto.
En el negocio de la salud señalan al radical Julián Galdeano como el que encargado de armar la licitación. «En definitiva hizo su trabajo» ironizó un empresario de la ciudad de Santa Fe. Galdeano es el secretario de Vinculación Institucional de la provincia.
Los ganadores eran accionistas de la aseguradora La Caja y se hicieron del control pleno en 2015 tras la salida de Generali que fue rebautizada como Experta. En ese movimiento también reordenaron su sociedad con los D’Onofrio en La Estrella Seguros de Retiro, una caja histórica del sistema previsional.
Desde entonces, ambos grupos manejan un entramado que combina seguros laborales, ART, servicios médicos y de retiros ocupando una porción importante del mercado. De esa manera, debajo de Experta armaron una estructura propia de medicina laboral.
La sociedad madre es SML y la ART es SML Consultores Médicos, dedicada a servicios de salud ocupacional y control de ausentismo. Es decir, el mismo grupo que asegura a los trabajadores también interviene en el monitoreo de su presentismo, cerrando un circuito completo de negocio.
Ahí es donde aparece la licitación santafesina: SML Consultores Médicos no es una firma aislada sino una pieza de ese engranaje. El contrato para controlar el presentismo estatal termina así en manos de un holding que integra seguros, salud y gestión laboral asociado a los D’Onofrio, socios con Werthein en los negocios.
Ahora en Santa Fe, el resultado es una licitación formalmente abierta pero sin competencia real, en un servicio clave para la gestión de los recursos humanos del Estado. Un esquema que en los gremios estatales miran con desconfianza y temen que el sistema se convierta en una ART que no tenga como objetivo primario velar por la salud laboral.
El líder de los Camioneros, Pablo Moyano, se reunió este lunes con Axel Kicillof a quien le pidió que interceda en el conflicto por amenazas de despidos a recolectores. En La Plata, Julio Alak, dijo que despediría a 150 trabajadores y en Villa Gesell, el intendente Gustavo Barrera amenazó con echar a unos 40.
Durante la reunión, Moyano le explicó a Kicillof el contexto de la situación y el gobernador ordenó a dos de sus ministros: Carlos Bianco (Gobierno) y Walter Correa (Trabajo) para que articulen con los intendentes una salida del conflicto sin que haya despidos.
Fuentes cercanas a Moyano explicaron que durante la reunión se acordó que el conflicto no debe solucionarse despidiendo trabajadores ni recortando servicios esenciales.
Bianco y Correa armarán en las próximas horas una mesa de diálogo para buscar una salida al conflicto luego que las negociaciones entre los intendentes y el gremio quedaran trabadas.
La idea es evitar que el conflicto escale en otros distritos de la provincia. Desde Camioneros sostienen que existe el peligro de una catarata de despidos si los intendentes Alak y Barrera deciden finalmente despedir a los recolectores. «Todos están mirando cómo se resuelve lo de Gesell y La Plata», dijo a LPO una fuente del gremio.
Existe un acuerdo en que si los dos intendentes avanzan con despidos el resto de los jefes municipales irá por el mismo camino y el conflicto se va a provincializar.
Por lo pronto, Moyano le dejó en claro a Kicillof que el gremio no va a aceptar ningún despido y que si algún intendente avanza con despidos, el gremio paralizará la recolección en toda la provincia.
Días atrás, Moyano ordenó movilizaciones en la capital provincial y en Gesell, dos distritos gobernados por intendentes cercanos a Kicillof.
Los intendentes buscan reducir los gastos al extremo ante el derrumbe de la coparticipación y la recaudación por tasas. En ese contexto se da la amenaza de despidos y la posibilidad de tocar los convenios que tenían con empresas recolectores, controladas históricamente por Camioneros.
El femicidio ocurrido en Luis Beltrán pone en alerta a la comunidad rionegrina. La provincia se encuentra entre las regiones con tasas más altas de femicidios. A 48 horas del asesinato la Justicia está investigando el femicidio de Marisa Coliman, ocurrido en la localidad de Luis Beltrán ubicada en el Valle Medio de la provincia…
Horacio Rosatti habilitó a los consejeros de la Magistratura en representación del Congreso y el estamento de los abogados para que hundan provisoriamente la acordada de la Corte Suprema, firmada por sus colegas Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, para cambiar el mecanismo de selección de los jueces.
Detrás de la decisión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. Un experimentado funcionario judicial explicó a LPO que el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando detrás de la bandera de lo «técnico» un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios que las asesoran en la selección de los jueces.
Por eso, un tema absolutamente críptico para el ciudadano de a pie, es tapa de los grandes diarios y por eso también las asociaciones de empresas más concentradas, como el G6, salieron a respaldar públicamente la movida de Lorenzetti y Rosenkrantz, que antes de sumarse a la Corte eran abogados de muchas de esas mismas empresas.
No se trata de teorías conspirativas. Luego de la decisión del Consejo de la Magistratura de postergar el tema, el establishment más concentrado hizo conocer su desagrado. El Grupo de los Seis (G6), integrado por la Sociedad Rural, la UIA, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Bancos, emitió un poco usual comunicado apoyando la acordada de Rosenkrantz y Lorenzetti.
«El G6 insta al Consejo de la Magistratura, en el marco de sus funciones y atribuciones, a aprobar con celeridad el reglamento propuesto, lo que constituiría un paso concreto hacia el fortalecimiento institucional del país», ordenaron las cámaras que reúnen a los grandes actores del poder económico.
Detrás de discusión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. El proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios en la selección de los jueces.
Estas tensiones quedaron en evidencia durante la reunión del Consejo de la Magistratura de este miércoles. Cuando se analizaron los temas que se tratarán en el plenario previsto del próximo 15 de abril, la iniciativa de Rosenkrantz fue postergada. Con los sofisticados modos de la justicia, el abogado César Grau, identificado con el kirchnerismo, planteó que se había emocionado con el discurso que dio Rosenkrantz este lunes cuando presentó la iniciativa y propuso que el expediente se incluyera en el orden del día pero «no para votarlo, sino para habilitar el pase a la comisión de Reglamentación». Un elogio para enterrarlo.
En ese momento, en lo que pareció un movimiento cordionado, Rosatti respondió que se trataba de un proyecto que debía ser analizado en detalle y profundidad, según relató a LPO uno de los consejeros presentes. Esta jugada enfrió el pedido de tratamiento perentorio formulado por Rosenkrantz y las empresas que representaba. La postura de Rosatti contó con el respaldo de los representantes de los académicos, que responden a Diego Molea, el juez Diego Barroetaveña y los abogados Jimena De la Torre y Alberto Maques, quienes responden a Mauricio Macri y Daniel Angelici, respectivamente.
El consejero de los abogados, César Grau.
Pero la discusión no terminó allí. Más tarde, al reunirse la comisión de Selección, presidida por Fernanda Vázquez, que accedió a su silla por la lista de la minoría de los abogados pero con el auspicio de Molea, se criticó el apuro de Lorenzetti y Rosenkrantz por modificar el reglamento vigente, bajo el argumento de eliminar la «partidización» y la «discrecionalidad».
De La Torre adelantó que está «absolutamente de acuerdo con todos los términos de la acordada» pero aclaró que el tema «deberá discutirse en la comisión de Selección y la de Reglamentación y, en todo caso, votarse en plenario». Una manera de alargar el debate. De La Torre agregó que ella es autora de uno de los 14 proyectos sobre el tema, otra manera de avisarle que son los consejeros los que discuten cómo mejorar los mecanismos de selección de jueces y son muchas las ideas en danza, no sólo las de Rosenkrantz y Lorenzetti.
Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos pero entiendo que hay muchas cosas para modificar. Es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos.
Esa advertencia coincidió con una pregunta demoledora que un diputado le hizo en los últimos días a un juez de la Corte: «¿Nosotros podemos meternos con las sentencias?». La respuesta por la negativa solo ameritó una lacónica onomatopeya del legislador: «Ah».
En la misma sintonía, el consejero Maques objetó este miércoles la premura de Rosenkrantz y Lorenzetti. «Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos», afirmó y agregó: «es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos».
Maques es hombre de Angelici y, por propiedad transitiva, pertenecería al mismo esquema que termina en la figura de Karina Milei, quien definió el ascenso de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y detonó la aspiración de Ricardo Lorenzetti.
Santiago Viola, representante del Ejecutivo en el Consejo.
Lorenzetti quedó del lado perdedor en la discusión por el Ministerio de Justicia, ya que como reveló LPO, respaldaba junto a los principales jueces de Comodoro Py la designación de Guillermo Montenegro.
Que se instale el tema de la necesidad de «limitar» la intervención política en la selección de jueces, justo cuando el flamante ministro Juan Bautista Mahiques remite al Senado el pliego para que de manera excepcional se extienda por cinco años la calidad de juez de la Cámara de Casación Federal de su papá, Coco Mahiques, no parece casualidad.
Una impugnación a la que contribuye el ministro cuando de manera pública oficia como un abogado de los Milei en la causa por la criptoestafa $Libra, proponiendo cursos de acción para anular las pruebas contra el presidente y su hermana. En esa misma sintonía, parece inscribirse la decisión de Mahiques de promover el ascenso a jueza de Ana Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, que instruye la causa $Libra. Un verdadero escándalo.
Le sirve además el tema a Lorenzetti para raspar a su eterno rival por la postulación de su hijo, Emilio Rosatti, como juez federal de Santa Fe. En el Palacio Talcahuano podía percibirse este miércoles la bronca contenida contra la publicación de Clarín que reveló que el heredero del presidente de la Corte no había sacado la nota más alta para el orden de mérito, donde había quedado 9º, pero luego de la entrevista terminó más arriba. Precisamente el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz busca limitar el peso de las entrevistas personales en la selección del orden de mérito de los que compiten por la calidad de juez.
Es por eso, que el deslizamiento más impactante es el que concretó Rosenkrantz, que de pasar los últimos tres años formando mayoría con Rosatti, pasó a alinearse con Lorenzetti. «Acaso ese cambio se explique por la confrontación de Milei con Clarín por las trabas para la fusión Telecom-Telefónica», analizó un consejero consultado por LPO. Rosenkrantz, antes de ser juez, fue abogado del grupo de medios al que Milei quiere imponer un draconiano pliego de condiciones para aprobarle la fusión, como reveló LPO en exclusiva.
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Esta propuesta convocó tanto a participantes de anteriores seminarios, como a nuevos ciudadanos con ganas de aprender a preparar cockteils.
Estuvo presente la Directora de Turismo, María Luján Musso, quien brindó unas palabras en el inicio del seminario e hizo llegar los agradecimientos por parte del Intendente Marcelo Orazi.
La historia del vino, diferentes cepas, fundamentos de bar y coctelería, fueron las principales bases del seminario, junto con las técnicas de preparación de cócteles y tragos con vinos rionegrinos. Fue una tarde de diversión y experimentación, utilizando elementos de nuestra región.
Todos los y las asistentes, recibirán su certificado el día domingo, en el escenario mayor, del anfiteatro Cono Randazzo, en el cierre de esta gran fiesta popular.
